Algo se rompió en la relación entre el gobierno provincial y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Rafael Gutiérrez. Pudo ser el día que el magistrado con más presidencias en el tribunal criticó la foto de presos a lo Bukele que mostró el Ejecutivo, e insinuó que esa podría haber sido la causa de los cuatro homicidios narco casi simultáneos que sufrió Rosario. O tal vez fueron otras negociaciones que pretendió encarar y no llegaron a buen puerto.
Que las amistades ya no son tales quedó claro después de la última reunión del domingo a las 7.30 en la Casa Gris. El gobierno venía de criticar los privilegios de los que tienen coronita, y el presidente de la Corte había advertido públicamente que se iba a ir de su función cuando tuviese ganas.
Con esos antecedentes llegaron a una cumbre en la que se proponían hablar de tres temas: pedir más partidas presupuestarias, que se cubran las vacantes que siguen creciendo y que se firmen los decretos de designaciones y ascensos en el escalafón judicial que perjudica a unos 500 empleados desde hace varios meses.
Nada podía salir bien. Ahora se conoció otro dato que abona la tensa reunión que tuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro y tres de sus ministros con los cuatro miembros de la Corte que están cuestionados por superar el límite de edad que establece la ley. Aunque sobre ese cuestionamiento se mantienen distintas interpretaciones que hacen que la cuestión siga siendo opinable.
Un llamado casi a la medianoche
La noche anterior al encuentro en la Casa Gris, cuando ya dos de los ministros rosarinos -Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi- habían viajado a Santa Fe para estar a tiempo en la tempranera reunión, un llamado al teléfono del ministro de Gobierno de la provincia, Fabián Bastia, terminó de calentar los ánimos.
Fue el sábado, poco antes de la medianoche, cuando el titular del Tribunal de Cuentas de la provincia, el contador Oscar Biagioni, se comunicó con el ministro político del gobierno para ponerlo al tanto de un dato. No es usual que exista esa comunicación ni que pase nada vinculado a lo administrativo los días del fin de semana ni en esos horarios. Pero con esta gestión, nada es seguro.
En ese llamado, Biagioni le reportaba a Bastia que había tenido un requerimiento, una averiguación telefónica de un funcionario de la Corte. El ministro en ese momento estaba junto al gobernador en un viaje de Esperanza a Santa Fe.
El propio presidente Gutiérrez le había solicitado en persona, o al teléfono, alguna información que pudiera afectar al gobernador Pullaro o a alguno de sus ministros, que probablemente pensaba usar en la reunión que iban a tener al día siguiente.
“No busque macanas, pídanos la información que quiera a nosotros”, lo sorprendió Bastia en la reunión al presidente de la Corte que estaba sentado enfrente, rompiendo el tono de respeto del principio.
“Este tarambana de Biagioni”, fue la respuesta de Gutiérrez, que no pensó que las intimidades cada vez son más difíciles de ocultar adentro de los despachos.
Este cruce ocurrido en la reunión del domingo tampoco había trascendido, y se suma al reproche por el avocamiento de la Corte con la causa Vicentin, que implicó que estuviera retenida siete meses sin demasiada justificación. En el medio se abortó un acuerdo que parecía estar preparado. El resultado es que entre pase de manos e intentos varios, un concurso preventivo de la empresa lleva ya seis años de proceso.
“Explicame lo de Vicentin”, le preguntó Bastia a Gutiérrez cuando el diálogo ya había dejado atrás los temas institucionales.
El ministro tenía más que presente que detrás de esa gestión hubo medios, estudios y gente relevante, como el ex secretario general de la Presidencia Juan Manuel Olmos.
Una vez conocido el dato se supo también hasta el momento exacto en el que ese pedido fue trasladado al presidente de la Corte. Fue antes o después de un acto público que presidió en Santa Fe el entonces presidente Alberto Fernández, el 15 de junio de 2022, con motivo del inicio de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas.
En ese momento se rumoreaba que Gutiérrez podía ser nominado a la Corte nacional si el gobierno que iba a suceder a Fernández quedaba en manos del peronismo. Un pedido en esas circunstancias tenía muchas chances de ser aceptado.
Mientras el gobierno santafesino espera gestos voluntarios para el retiro de los cuatro miembros de la Corte, volvió a reclamar gestos de ejemplaridad de los funcionarios a cargo del Poder Judicial. Dos cuestiones les reclaman: que aporten al IAPOS y que revisen el actual régimen de enganche de los sueldos judiciales que se pagan con fondos del Estado santafesino, pero que define la Justicia nacional.
“Pareciera que el único vínculo que tiene el Poder Judicial con el resto de los santafesinos es el presupuesto”, dijo Bastia en una entrevista en Aire de Santa Fe. Con relación a eso cada vez es más firme la versión de que no se habilitarán nuevas partidas presupuestarias y que se deberán paralizar las obras en marcha administradas por la Corte.
Cola para retirarse
Como mar de fondo, se suman nuevas bajas en el Poder Judicial antes de que se promulgue (probablemente este viernes) la reforma al sistema previsional. En los Tribunales de Rosario hay colas para tramitar el beneficio antes del viernes. La presentación de carpetas para acogerse a la jubilación venía siendo de a una o dos por semana, y esta última hubo entre 25 y 30 renuncias de empleados que quieren acogerse al retiro con las condiciones del anterior régimen.
Cuando el Ejecutivo firme los cambios que este jueves Diputados convertirá en ley, quienes no tengan el trámite aprobado en los últimos seis meses deberán iniciar otro expediente bajo las nuevas condiciones.
Uno que entendió lo que se viene es el camarista santafesino Armando Drago, que había iniciado su trámite jubilatorio hace más de treinta años y fue apuntado por el gobierno como un caso testigo de los magistrados que especulan con asegurarse las condiciones del anterior régimen y reteniendo la firma de sus trámites. Le cuestionaron que a pesar de tener aprobado el beneficio con tanta anticipación seguía en funciones y cobraba el sueldo de activo, a pesar de superar largamente los 80 años.
Drago además enfrentaba un pedido de juicio político por su desempeño como integrante del Tribunal Electoral en las últimas elecciones, presentado por el diputado Palo Oliver.
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