La cumbre entre el gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe fue pródiga en declaraciones sobre los tres temas institucionales que se trataron: el presupuesto anual ya gastado, las vacantes que no se cubren y las designaciones frenadas. Hubo una parte que no había trascendido y que ahora empezó a conocerse: son detalles de los otros temas que formaron parte de las casi dos horas de reunión y que permiten reconstruir imperdibles diálogos que marcan el tono de una relación que parece cortada.
“Ya están notificados”, como dicen en la jerga judicial. Los cuatro ministros de la Corte santafesina que superan la edad límite ya saben lo que quiere el gobierno, ahora depende de ellos que el final sea por consenso y diálogo o al estilo Milei, un modelo que miran en Santa Fe para concretar este recambio. El presidente de la Nación le mandó sin preámbulo un telegrama al juez de la Corte nacional Juan Carlos Maqueda avisándole que a fin de año se tiene que ir porque el 29 de diciembre cumple los 75 años. Y hasta envió los pliegos al Senado para reemplazarlo.
El gobierno santafesino está seguro que le asisten argumentos legales desde lo técnico para justificar con fallos anteriores que no hay segundas interpretaciones para forzar amparos ni otras salidas. Aclaran que nunca tomaron en cuenta el límite de la Constitución provincial que establece los 65 años, porque ese detalle del artículo que lo contiene fue declarado inconstitucional en 1999 por la gestión de un ex ministro de la Corte, Casiano Rafael Iribarren, al que mencionan ahora con sorna como “el padre de la pronta jubilada de 55 años” María Eugenia Iribarren, ex fiscal regional de Rosario.
Sobre el pedido de juicio político al único ministro de la Corte no afectado por el límite de edad, Daniel Erbetta, en el gobierno parecieran no tomarlo muy en cuenta. Aseguran no haber leído los fundamentos que todavía están en manos de una comisión legislativa. Se especuló que ese podría haber sido un recurso para incomodar al sexto cortesano, y es algo que todavía está abierto, mientras transcurre el plazo para que sea o no desestimada la presentación del diputado Palo Oliver.
Para los otros cuatro miembros de la Corte “los plazos están corriendo, el tiempo está pasando, el proceso sigue andando y las leyes se deben cumplir”, dicen en el gobierno. Medio en broma, calman la ansiedad de los que buscan cambios rápidos señalando: “Hay fechas que no son tan precisas como la de un cumpleaños, pero llegan igual. Están todos notificados, ahora sólo falta el fallo”.
Las tensiones de un domingo
En el inicio de la reunión del domingo último en la Casa de Gobierno de Santa Fe, el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez llevó la voz cantante e intentó primerear lanzando un dardo. Mirando de frente al gobernador y a los tres ministros que lo acompañaron, pareció apresurado, aunque todavía no eran las 8:
—Vamos a aclarar lo que ustedes dijeron sobre que tenemos coronita.
—No empecemos con eso porque vos dijiste ‘me voy cuando yo quiera’. Y eso es un acto de irresponsabilidad total —le devolvieron.
—Bueno, viste cómo son los periodistas, que te apuran —intentó, para tirar la culpa para otro lado.
—Las instituciones hay que tenerlas muy presentes. La legitimidad de origen de ustedes en una República no está en discusión. Al gobernador y a los diputados y senadores los eligieron por el voto, y a los jueces los designa un mecanismo constitucional. Pero hay un límite, un marco legal. El gobernador no se puede quedar hasta el 20 de diciembre de 2027, porque su mandato termina el 10. El límite es la ley —le explicaron, como en una clase.
Hubo un pasaje de buen trato:
—Todo lo bueno que ustedes entregaron a los santafesinos no está en discusión, entendiendo que cumplieron de buena fe lo que creían que debían hacer. Pero la ley es un límite, tengan presente eso. Hay límites para todos.
Se hizo un largo silencio mientras servían café y llegaban las masas secas.
“Explicá lo de Vicentin”
También hubo reproches casi personales a quien preside el tribunal este año por décimo tercera vez, Rafael Gutiérrez, por algunos asuntos en el desempeño de su cargo.
El santafesino venía de exhibir algunos fallos de cuatro o cinco causas con los que pensaba demostrar que el trabajo de la Corte de los últimos tiempos estaba al día:
—Vos lo que tenés que explicar es qué hiciste con la causa Vicentin, que te la trajiste sin ningún impulso procesal que lo habilitara. Y la tuviste siete meses durmiendo sin que nada lo justificara, entiendo que motivado por intereses de algunas personas, medios y estudios jurídicos, más allá de que el que lo pidió fue Juan Manuel Olmos (secretario General de la Presidencia en la gestión de Alberto Fernández). Y después la tuviste que devolver porque quienes te acompañan hoy dijeron que no correspondía.
—Atendemos todas las causas —intentó contestar Gutiérrez, incómodo.
—La Justicia no son ustedes, es todo. Esos pocos expedientes que te llegan es tu trabajo, es tu responsabilidad —le dijeron mientras ordenaba los papeles que había llevado.
Todos tomaron agua.
“Tu hija y tu esposa”
En el contraataque apareció en escena una información que había sido filtrada en la semana desde sectores gremiales judiciales a los medios. Decía que entre los casi 500 casos de empleados del Poder Judicial que esperaban una firma para ascender en el escalafón figuraban dos que tocaban al Ejecutivo: una hija del ministro de Gobierno, Fabián Bastía, y la esposa del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ambos presentes en la reunión con la Corte.
—¿Y qué problema hay? —contestó el propio Bastía—. No vinimos a gobernar para nuestras familias, sino para los santafesinos. Esas designaciones tendrán que esperar como otras tantas, contestó confirmando el dato.
Cuando se discutió sobre el informe que el gobierno le pidió a la Corte en enero y fue contestado escuetamente en febrero, se dio otra situación particular: quienes acompañaban a Gutiérrez no sabían o al menos no estaban tan al tanto de qué se trataba el pedido.
—¿Qué mandaron, qué pidieron? —quiso saber Roberto Falistocco.
—Me entero ahora —intervino María Angélica Gastaldi.
—El lunes les hacemos llegar la respuesta completa —intentó cerrar ese tramo de la discusión Gutiérrez, ante la mirada sorprendida de Eduardo Spuler, el otro cortesano presente al que también le faltaba la misma información.
Lo solicitado tiene que ver con un detalle exhaustivo sobre productividad por fueros, cuántas causas tiene, cuánto tiempo estuvo en trámite un expediente, cuántas sentencias sacaron, cuánto tiempo de atraso llevan, cuántos asuntos esperan fallo, si se tardó en una solución, por tribunal, por circunscripción, cual es la realidad de cada pueblo. La respuesta que consideran haber recibido con evasivas en el gobierno fue enviada por el secretario de la Corte, Eduardo Bordas, que depende directamente del presidente Gutiérrez.
—¿Para qué querés cubrir una vacante en Helvecia? —le preguntaron a Gutiérrez.
—El de Helvecia hay que cerrarlo, si tiene 150 causas, y que vayan a San Javier, respondió molesto el presidente de la Corte.
—¿Para qué tenés nueve jueces penales en la circunscripción de Reconquista, donde hay ocho fiscales que se ponen al hombro toda la investigación? (“No saben cómo turnarse para ir a pescar”, fue la salida ocurrente durante la reunión).
—Con tres alcanza —respondió el presidente de la Corte dándoles otra vez la razón.
“Y el juez al que salvaron?”
Llegó otro momento áspero cuando le cuestionaron a la Corte en pleno el caso Gonzalo Basualdo, el juez penal de Reconquista que por 6 votos a 4 fue salvado de que se le iniciara un jury de enjuiciamiento, sospechado de recibir dádivas del zar del juego Leonardo Peiti. Sólo Erbetta votó a favor del juicio y en contra los otros cinco miembros del supremo tribunal.
—Ahí está Basualdo, al que cuidaste del jury, al que protegiste.
—¿Cuidamos? —se sorprendió Gutiérrez.
—Sí, ustedes lo salvaron, un tipo al que investigó Matías Merlo (fiscal regional de Venado Tuerto, que reemplazó a Iribarren en Rosario). Pregúntenle a él que llevó adelante la investigación y hasta pudo probar en qué moneda cobraba la coima, en dólares era.
“Aporten al Iapos”
Sin tanto espacio en la reunión, pero otro asunto que formó parte de los cuestionamientos del gobierno hacia la Corte, fue el de los aportes que desde el Poder Judicial no se hacen al IAPOS.
—Es una vergüenza, es un sistema de salud solidario de los empleados y funcionarios públicos de la provincia. Y ellos no pagan —cuestionó en los medios el ministro Fabián Bastía, al día siguiente de la reunión.
—”Existe la acordada”, es lo que contestan desde el Poder Judicial.
—“Pero la hicieron ustedes”, les responden.
“En un sistema solidario todos contribuimos para tener un servicio independiente de los ingresos. Ellos tienen prepaga, no pagan Ganancias los que ingresaron antes del 2017, están enganchados a nivel nacional por los sueldos, pero cobran y se jubilan en Santa Fe”, completan el cuadro de cuestionamiento.
En el mismo paquete de reproches resaltan que el tope de las jubilaciones en la provincia está impuesto por el 80 % del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de antigüedad, pese a que ese valor lo determina una escala salarial que para todo el Poder Judicial se fija a nivel nacional.
En ese marco piden que “al menos se analice” que los jueces provinciales se desenganchen de los magistrados a nivel federal.
“No me parece justo —declaró Bastía a los medios de Rosario— que el tope en materia previsional haya estado fijado por una política salarial que establece la Corte nacional y pagamos en nuestra jurisdicción con los impuestos de los santafesinos. Tenemos que hacer Justicia, porque cuando un beneficio pierde razonabilidad se convierte en privilegio”.
“Esperamos actos ejemplares. No está bien que los jueces ni aporten al IAPOS y que opten por prepagas privadas y otros sistemas de salud. Tampoco comparto que no paguen Ganancias. Tiene que haber ejemplaridad”, resumió como para que quede claro que las diferencias se profundizan.
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