La pata judicial que encubrió el juego clandestino en Santa Fe no se comprende sin la pata política que impartió las órdenes para recaudar y proteger. La frase podría sintetizar uno de los tramos impactantes en los fundamentos del Tribunal que condenó a prisión al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al ex empleado Nelson Rodolfo Ugolini. Aunque no fue llevado a juicio, el fallo afecta al senador Armando Traferri ya que descarta que haya existido una persecución en su contra y lo sitúa en el máximo nivel de decisión de la organización criminal.
La contundencia del fallo de los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese consistió en validar la investigación del Ministerio Público de la Acusación, la utilización de la figura del imputado colaborador –a lo que dedicaron un extenso análisis- y juicios abreviados acordados en la causa. También en el apartado sobre “la pata política” incluido en el veredicto, introducido al destacar que “el área de alcance de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson Ugolini actuaba bajo el paraguas de estamentos integrados por personas cuya actividad, aunque no se encuentra bajo juzgamiento aquí, fue permanentemente aludida a lo largo del debate (…) siendo el eje central el senador Armando Traferri y personas de su entorno”.
Serjal fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida, como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo y peculado de servicios; Ugolini recibió una pena de cinco años de prisión e inhabilitación por diez años, como miembro de asociación ilícita y por cohecho pasivo. El Tribunal dictó para ambos la prisión preventiva.
La cuestión política fue jerarquizada en el debate por la defensa de Serjal en línea con el ataque contra la investigación. Ignacio Carbone y Renzo Biga plantearon que Peiti fue presionado y utilizado por la fiscalía para “meter en el lodo a Traferri” y que el trasfondo de la causa eran las orientaciones de Marcelo Sain, entonces ministro de Seguridad. En su alegato de clausura los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato demolieron el argumento, con el que también se defiende el propio senador.
“Lo que sí resultó sumamente notable fueron los vínculos políticos, es decir, las conexiones de Peiti, Serjal, Ponce Asahad e incluso Ugolini con el senador y su entorno –afirmaron los jueces en los fundamentos del fallo-. Esto se evidenció a través de numerosos contactos, conversaciones, encuentros y reuniones, los cuales fueron fehacientemente comprobados con respaldo objetivo, además de las admisiones de Peiti y Ponce Asahad en sus testimonios”.
Los jueces subrayaron que la prueba “caudalosa” obtenida por la fiscalía “acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional” para asegurar la impunidad de Peiti y recibir beneficios del juego clandestino. “También se incorporó información congruente con que el senador Traferri no solo habría ejercido un monitoreo permanente sobre la gestión de Serjal -respecto de quien según Ponce Asahad influyó para su nombramiento como Fiscal Regional- sino que también transmitía indicaciones concretas a la pata judicial”.
Entre esas instrucciones, los jueces citaron un dialogo de Traferri con Ponce Asahad, transmitido por el ex fiscal:
-Decide al Pato (por Patricio Serjal) que recaude. Recauden muchachos, recauden.
Los fiscales no desobedecieron, según quedó probado. Ponce Asahad relató que el dinero era entregado periódicamente por Peiti o bien por los abogados Aníbal Porri y Alberto Tortajada y que Serjal temía ser descubierto, por lo que iba a su casa para buscar el dinero “siempre muy camuflado, muy perseguido, entonces a lo mejor estaba lloviendo y andaba con una gorra y con lentes”.
“La injerencia política alcanzó un nivel de intervención jerárquica ante operativos de juego clandestino impulsados por el fiscal Matías Merlo” y frustrados por la organización, agregaron los jueces. La confidencia de Ugolini a la fiscal Melisa Serena sobre el enojo de Traferri con Ponce Asahad “demostró el ejercicio de disciplina por fuera de todo reparo normativo”. Un pedido de 100 mil dólares para engrosar el “spot” (Serjal tenía sus eufemismos como Peiti para nombrar las coimas) provocó otra intervención para poner orden: “¿Enloqueció?”, habría preguntado Traferri a Ponce Asahad.
El rol del senador también quedaría comprometido por la participación del diputado Darío Scataglini, “convocado por Traferri para participar en la concreción de convenios relacionados con el juego”. El Tribunal consideró además “sugestiva” y “no habitual” la fotografía donde el senador y los fiscales se mostraron sonrientes en la sede de la fiscalía Regional.
La intervención de Fernando Moschini fue observada como otra tarea de la “pata política”. Este abogado, que ya había defendido a acusados por juego clandestino en Casilda, irrumpió mediante un llamado de WhatsApp dirigido a Peiti en una audiencia relacionada con el juicio abreviado, el 13 de septiembre de 2021, y una semana después filtró los términos del acuerdo a la prensa. El incidente provocó una recriminación del abogado Luis Rossini: “¿Cómo va a llamar a un cliente mío en una audiencia?”. El abogado Oscar Romera contestó: “Traferri me pidió que lo haga”. El contexto, según el Tribunal, fue el intento de disuadir o cooptar a Peiti para ocultar “la arista política de la organización delictiva”.
El rol de Peiti “era crucial como pagador de protección y como el nexo que articulaba las estructuras políticas y judiciales, porque también se pudo apreciar que se valía de las influencias del senador Armando Traferri y de su entorno político”; el senador “fue expuesto como quien coordinaba los contactos, e indicaba a quién contactar (Serjal), a quién disciplinar (Ponce), y qué estrategias implementar (Moschini/Scataglini) para asegurar que el negocio (el juego clandestino) continuara funcionando bajo la protección del poder estatal”.
Una confesión de parte
Peiti fue quien reveló la conexión política de la organización, desde su declaración ante fiscales de Rafaela en 2020 hasta la que hizo en el transcurso del juicio contra Serjal y Ugolini. “Si no tenés una conexión política no trabajás en mi rubro”, se justificó. Este empresario del rubro del entretenimiento, como prefiere definirse, afirmó que en 2016 chocó con la negativa del gobernador Miguel Lifschitz para los negocios a los que aspiraba en la Lotería de Santa Fe por lo que se acercó a Traferri por intermedio de Ricardo Héctor Paulichenco, secretario legislativo de la Cámara de Senadores de la provincia.
Peiti valoró a Paulichenco porque supuestamente tenía “llegada a los senadores de distintos departamentos”. Después de hacer migas en el tradicional Club del Orden de la ciudad de Santa Fe comenzó a entregarle una “ayuda mensual”, eufemismo por un pago de sobornos que oscilaba entre 3 mil y 5 mil dólares, según su testimonio; o el equivalente en pesos, moneda que también se aceptaba.
Los jueces recordaron en ese sentido otros pasajes de la declaración de Peiti. El entonces secretario de la Cámara de Senadores hizo de mediador cuando “el senador (Hugo) Rasetto se oponía a que funcionaran máquinas de juego en el departamento Iriondo”; para “destrabar” el conflicto, Peiti agregó “una buena ayuda” y concretamente, según dijo, “para que Rasetto permitiera el juego involucró una suma de entre 40.000 y 50.000 dólares”. El senador nunca contestó estos dichos, a diferencia del actual ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, quien querelló a Peiti por calumnias; apoderado general del Partido Justicialista de Santa Fe, Paulichenco falleció a los 57 años el 22 de diciembre de 2019.
Peiti aportó además 200 mil dólares para la campaña de Omar Perotti a la gobernación de la provincia, calificó a Traferri y al ex diputado Scataglini como hombres “fuertes” que controlaban respectivamente la cámara de senadores y diputados y dijo que su apuesta era quedarse con el control del juego on line una vez que fuera legalizado en Santa Fe. Pero el 21 de septiembre de 2020 Perotti otorgó por decreto la explotación del juego virtual a Boldt y al empresario Cristóbal López, y desde entonces Peiti se presenta como una víctima de la política provincial. Su colaboración con la organización criminal habría sido un negocio a pérdida pura.
Con la protección política y judicial con que contaba, Peiti extendió no obstante sus actividades en Rosario, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Casilda, Cañada de Gómez, Hughes, Melincué, Wheelwright, Reconquista, Avellaneda, Vera y Rafaela. A través de empresas distintas y con software de licencias de juego en paraísos fiscales como Curazao y Malta, también tuvo negocios en Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones y Mar del Plata y en Paraguay, Brasil y Ecuador.
Peiti también detalló sus contactos con el juez Gonzalo Basualdo, de Reconquista. El juez al que la Corte Suprema de Justicia de la provincia eximió de un jury en votación dividida le dijo que no le garantizaba impunidad “porque eran tres jueces que iban rotando, y no sabía a quién podían tocarle los allanamientos”. De los treinta y seis detenidos en 2020 por juego clandestino en el departamento General Obligado, solo fue condenado el ex comisario de Fortín Olmos Danilo Barrientos.
Serjal habló en el juicio y negó haberse enriquecido, lo que ejemplificó diciendo que viajó una vez a EEUU y lo pagó en doce cuotas con su tarjeta de crédito. Sin embargo, según un informe de la contadora Marina Marsili aumentó su patrimonio un 32 % durante el período investigado y adquirió dos vehículos y un lote. El abogado Rodolfo Minni, con quien se encontraba cuando iba a Buenos Aires para “cortar la semana”, apreció “un cambio económico sustancial” en Serjal. Pero el 14 de noviembre de 2019, cuando se reunió con Peiti en un hotel del barrio de Recoleta para pedir un aumento de la “cuota”, el entonces fiscal regional se hizo reintegrar los gastos de hotel, combustible y peaje por el Ministerio Publico de la Acusación, como si se tratara de un viaje de trabajo.
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