El Club Ministerio de Obras Públicas (MOP) lleva varias décadas envuelto en la polémica por su irregular funcionamiento. Ahora el municipio busca que el Concejo apruebe un convenio que reglamentaría el uso y la explotación del predio, en una ordenanza que se encamina a ser tratada en la próxima sesión. Pero desde la oposición entienden que el convenio busca “blanquear” una serie de irregularidades producidas en tierras públicas destinadas para uso recreativo, donde no solo funciona “un formidable negocio de guarderías náuticas” sino que también se pusieron en marcha una serie de obras y modificaciones sin los permisos correspondientes a lo largo de todos estos años. Además, aseguran que el convenio dejaría abierta la posibilidad para que en el lugar se instale un boliche bailable, rubro que alguna vez funcionó en el predio. Sesión caliente en puerta.
La historia tiene un inicio reciente que puede situarse en abril de este año, cuando desde el Ejecutivo enviaron al Concejo un expediente que propone regularizar la situación del club. En estos meses la iniciativa se trabajó en la comisión de Planeamiento y Gobierno. Ahora, con el proceso electoral finalizado, el oficialismo busca acelerar la iniciativa y todo indica que en la sesión del próximo jueves se trataría en el recinto, donde estarían los votos para su aprobación, aunque no exenta de cuestionamientos.
Es que los llamados de atención por irregularidades producidas en ese predio vienen de hace tiempo. Se trata de tierras públicas cedidas por el gobierno nacional a la Municipalidad para la ampliación del Parque Nacional a la Bandera. En concreto, el club cuenta con una cesión precaria con vencimiento en 2030 para que los trabajadores del ministerio de Obras Públicas puedan usarlo con fines deportivos, culturales y recreativos. Sin embargo, desde algunos sectores denuncian que ese permiso ya debería haberse caído por el incumplimiento de esa condición.
“Lo que nosotros venimos diciendo es que esa cesión se debería haber caído hace rato porque si algo hizo el club MOP es desvirtuar el objeto por el cual se le cedieron precariamente esas tierras. El objeto es bien claro y en ninguna parte aparecía la posibilidad de explotar comercialmente un boliche bailable, como se hizo con Taura, ni tampoco un negocio formidable de guarderías náuticas”, comentó la concejala Fernanda Gigliani, quien viene denunciando esas irregularidades desde que asumió su banca en 2011.
En declaraciones a Suma Política, la edil de Iniciativa Popular consideró que el convenio enviado por el Ejecutivo busca “blanquear” las ilegalidades cometidas hasta el momento. “Yo entiendo que las situaciones no pueden estar eternamente sin resolverse en Rosario, pero pedimos que en algún momento se resuelvan para el lado de la justicia, porque si no siempre estamos premiando al que hace las cosas mal”, expresó y agregó: “Si esa cesión vence en 2030, por qué no discutir entre los rosarinos qué queremos hacer con esas tierras que son públicas”.
Previamente hubo otros intentos por dar un marco de legalidad al uso de ese espacio. En 2010, el entonces intendente Miguel Lifschitz presentó un proyecto para emplazar en ese lugar un complejo de guarderías náuticas y otro gastronómico, pero fue rechazado por el Concejo. Por aquellos años, los concejales Alberto Cortés y Héctor Cavallero ya habían denunciado la realización de obras sin permiso en el predio. Dos años después, Mónica Fein volvió a la carga con ese expediente, pero nunca se llegó a tratar. Para Gigliani, la gran diferencia del convenio presentado por Javkin es que se asume que todo se hizo irregularmente “buscando regularizar todas las obras que se hicieron sin permiso”.
Irregularidades
Las irregularidades planteadas por la oposición son varias. Una de las denuncias tiene que ver con la puesta en marcha de obras en el predio sin contar con las habilitaciones correspondientes. Puntualmente, Gigliani sostiene que en uno de los lugares donde hoy están asentadas las camas para las lanchas, previamente había una suerte de bosque que fue desmontado con ese fin: “Nos encontramos con un montón de reformas que se hicieron en donde cualquier hijo de vecino requeriría, como mínimo, un permiso de edificación. Y no tuvieron ningún tipo de autorización”.
Desde la Municipalidad están al tanto de esa situación. De hecho, el convenio presentado incluye una multa por una infracción de 2014, cuando se corroboró que se habían talado ocho árboles en ese lugar, aunque desde la oposición sostienen que son más. Por ese hecho, las autoridades del club deberán cumplir con la entrega de 1.280 ejemplares a la Dirección Municipal de Parques y Paseos. “Tengo los expedientes de cuando denunciamos esa situación. Desde el Municipio me decían que eran tareas de escamonda y ahora resulta que hay una orden de reparación ambiental”, cuestionó la concejala.
Pero además, aseguran que en el lugar se instalaron cuatro tanques subterráneos de combustible, con capacidad de 15 mil litros cada uno, para el abastecimiento de las embarcaciones. Según la edil, eso se hizo sin autorización de la Secretaría de Energía de la Nación, ni tampoco con aval municipal, algo sumamente grave teniendo en cuenta los peligros que supone la manipulación de ese tipo de productos en términos ambientales, en una zona pegada al río Paraná.
Por otra parte, Gigliani señaló que la comisión directiva del club está “floja de papeles” y que la mayoría de los socios que fueron quedando en el club son “adherentes” que utilizan más que nada el servicio de guardería, es decir, con poca o nula vinculación al Ministerio de Obras Públicas: “Lo que hicieron desde la Municipalidad es ordenarle los papeles. No podían acreditar cómo se hacían las asambleas o cómo se votaba lo que se votaba”.
En ese marco se conoció que los socios que hacían uso de la guardería náutica de la institución recibían una factura que en su membrete tenía la inscripción “Servicios Náuticos VIP sociedad anónima”. Entre los nombres que aparecen vinculados a esa firma se encuentra el de Juan Manuel Ondarcuhu, titular de la empresa Servicios Portuarios (Sepor), que tiene la concesión de los muelles VI y VII del puerto de Rosario. De hecho, Ondarcuhu forma parte del directorio del puerto, en representación de las empresas concesionarias. Por este hecho, Gigliani realizó un pedido de informes que nunca fue respondido.
“La gran pregunta es cuál es la habilitación comercial que dio la Municipalidad de Rosario para explotar la guardería náutica por una sociedad anónima en tierras públicas. Esa autorización nunca la pudieron mostrar y estamos hablando de un negocio millonario en tierras públicas”, cuestionó.
Asimismo, la concejala no pierde de vista que en ese lugar funcionó durante muchos años el boliche bailable “Taura”, que también había sido denunciado oportunamente por las mismas incongruencias. La particularidad es que en febrero de 2022 se anunció oficialmente la reapertura de ese espacio, algo que finalmente no ocurrió ante el revuelo que despertó la noticia.
Ahora la posibilidad de que el lugar se apruebe como espacio bailable parece ser la llave de la discusión. El convenio enviado desde el Ejecutivo no lo contempla, pero según Gigliani, la decisión del PRO para dar su acompañamiento estaría sujeta a que se deje abierta la posibilidad de que el espacio pueda contar con actividad bailable. Se terminará de saber el próximo jueves en el recinto.
Voz oficial
En tanto, desde el oficialismo reconocieron que existe una suerte de vacío legal que el convenio enviado al Concejo busca saldar. Según explicaron, las obras realizadas en ese predio fueron autorizadas por órganos nacionales que tienen jurisdicción sobre la vía navegable y la costa, dado que hoy no existe una disposición que ordene cuáles son los usos y qué requisitos debe cumplir el club en la órbita municipal. En principio, la aprobación del convenio le daría ese marco.
“Lo que nosotros venimos a proponer desde el oficialismo es que discutamos un marco que diga qué es lo que se puede hacer y qué cosas no. Y que se regularice lo que está. Funciona una guardería, bueno, regularicemos eso de una forma que se habiliten las obras a nivel municipal y que se inscriban los planos. Es darle una formalidad y un determinado ordenamiento a un vínculo que hasta acá no lo tenía. Y siempre que uno regulariza hay en cierta medida que trazar una línea e ir para adelante”, explicó a este medio el concejal del oficialismo, Fabrizio Fiatti.
Además, detalló que en el convenio se exige que se registren las obras realizadas sin permiso, prohibiendo realizar modificaciones a futuro si no es con la autorización municipal. Asimismo, la iniciativa se incorpora formalmente al desarrollo de la costa del parque central, exigiendo conformar una pasarela con paseo público en el lugar.
Por último, Fiatti se refirió a la posibilidad de que el lugar se habilite como boliche bailable: “La postura del Municipio es que no haya actividad bailable en el lugar. Que eventualmente se pueda volver a analizar la situación si hay una modificación de regulación de la noche y se discute específicamente la actividad bailable sobre la costa. En esta discusión en particular, es que no haya actividad bailable”.
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