El próximo miércoles diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario serán acusados en el Centro de Justicia Penal por graves delitos perpetrados al amparo de sus funciones. Se trata de los mismos policías imputados a principios de año por robar dinero y mercaderías, plantar armas, ingresar en casas particulares sin orden judicial, practicar detenciones sin motivos legales y fraguar actas de procedimiento como síntesis de un raid extendido durante dos años. El caso expone por un lado un nuevo fenómeno, distinto de las prácticas de corrupción y de violencia institucional conocidas, y por otro exhibe las consecuencias de la mano dura alentada por el sensacionalismo periodístico y la demagogia punitiva.
El grupo tiene un integrante notorio: el oficial Luis Alberto Pais, de 44 años. Este policía saltó a la fama en 2022 cuando ingresó sin orden de allanamiento a un estudio jurídico de Cañada de Gómez supuestamente para detener a un ladrón. Los restantes son Marcelo Gabriel Buljubasich, de 40 años; Stella Maris Campi, de 50; Gastón Nicolás Mendoza, de 37; Agustina Noelia Molina, de 23; Gisela Lorena Noni, de 34; Melani Rocío Pabon, de 28; Brian Facundo Pereyra, de 30; Jaquelina Roldán, de 31, y María Eva Tenallia, de 40.
Los diez policías fueron imputados entre diciembre de 2024 y enero de 2025 por abuso de autoridad, robo, hurto, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de armas y apremios ilegales. La fiscalía presentó catorce hechos en ese primer tramo de la investigación; ahora agregará “más de diez con los mismos protagonistas y los mismos delitos”, según adelanta un investigador.
Pais fue el único imputado en la totalidad de los hechos, que habría cometido primero como segundo a cargo de un tercio del Comando Radioeléctrico y después como jefe, no bien ascendió a oficial. La fiscalía describió un patrón de conducta reiterado, un combo de allanamientos ilegales, armas plantadas y actas de procedimiento por delitos inexistentes. Estos procedimientos son prácticas harto conocidas de la corrupción policial y sirvieron para la cobertura de los delitos. Pero aquí no se termina la causa.
La teoría clásica de la “manzana podrida” —la corrupción explicada por la acción de individuos y no de prácticas consolidadas que los trascienden— no puede esgrimirse para la coyuntura reciente del Comando Radioeléctrico de Rosario. En otra investigación, la fiscalía de Rosario acaba de imputar al jefe de esa sección, comisario Diego Santamaría, y al subinspector Sergio López, administrador, como integrantes de una asociación ilícita que entre 2023 y 2025 se apropió de dinero que los santafesinos aportaron para el combustible de los patrulleros. Tremendo ejemplo para los subordinados. El Comando Radioeléctrico estuvo atravesado así por dos redes de corrupción al mismo tiempo: una en la cúpula, conectada con la jefatura de la Unidad Regional II, y otra en el nivel medio e inferior, el de los policías operativos en la calle.
Estas redes tuvieron características distintas por sus modalidades y formas de organización. El naftagate fue un modo de recaudación de la caja negra tradicional (hay denuncias al respecto desde la década de 1990), e involucró a jefes que fueron designados o ratificados con la condición de reproducir la práctica corrupta. Los diez policías ahora nuevamente imputados, en cambio, no conformaron un elenco estable sino que se combinaron ocasionalmente según coincidencias de sus turnos de servicio, como lo expresa el investigador: “No integraron un mismo tercio. A lo largo del tiempo integraron distintos tercios y se fueron reencontrando”. Pero lo distintivo de este caso es que los policías se lanzaron a cometer robos, como lo haría una banda de delincuentes; la participación de Pais, a la luz de su historia, imprime a la causa un sentido que va más allá de los hechos.
Ensayo y error
El 10 de marzo de 2022 Luis Alberto Pais ingresó al estudio del abogado Luis Rossini, en Cañada de Gómez, con su arma reglamentaria desenfundada y sin orden de allanamiento. El motivo alegado fue la persecución de Emanuel Cabrera, quien registraba antecedentes por robos. El episodio aparece ahora como una prefiguración de los delitos policiales perpetrados en Rosario, y merece un análisis.
Cabrera no tenía pedido de captura ni acababa de cometer un delito; no existió la flagrancia después invocada para justificar la intervención de Pais. El fiscal Santiago Tosco lo acusó por violación de domicilio, abuso de autoridad y amenazas simples en dos ocasiones y el juez Carlos Pareto le impuso prisión preventiva por 40 días.
La reacción promovida en principio por allegados a Pais y sobre todo el escándalo mediático siguiente impidió ver los claroscuros. Parte de la intrusión del policía en el estudio jurídico fue filmada y sugiere un oscuro conocimiento previo con el supuesto ladrón al que quería detener. La lógica de los procedimientos que ahora se cuestionan —el acoso a personas vinculadas con el delito y minusválidos legales— extiende su sombra sobre el hecho. En el video Pais negó conocer a Cabrera, con lo que la excusa para su intervención fue un absurdo: estacionamiento en doble fila.
El episodio tuvo difusión nacional y los medios de comunicación cristalizaron el estereotipo: “Perseguía a un ladrón y terminó preso”, proclamó el noticiero de Telefé. Mauro Szeta definió al hecho como “insólito” y tachó de “exagerada” la medida impuesta por el juez. El informe del noticiero incluyó un video filmado en la calle, frente al estudio jurídico, donde Pais tuvo expresiones intimidantes hacia el abogado Rossini (“No tenés idea de lo que es el miedo”).
La marcha de protesta de unas cincuenta personas por las calles de Cañada de Gómez fue elevada a “una pueblada” en los medios. Pero lo más significativo en ese acto fue que la mujer de Pais habló ante la concurrencia (y a través de los medios) e hizo un reclamo corporativo: “(Pais) se va a calzar los borcegos y va a seguir cazando delincuentes. La lucha continúa. Hoy por Luis y por todos los policías que luchamos día a día contra la delincuencia y contra la corrupción. Que nos dejen a los policías trabajar”. El discurso completo se puede seguir aquí.
El contexto puede aportar otros aspectos para comprender el hecho y la reacción mediática y política. En marzo de 2022 se realizaba el juicio contra Esteban Alvarado y parte de su banda, y la complicidad policial con el jefe narco estaba expuesta; un policía supuestamente honesto que persiguiera a los delincuentes proporcionaba en contraste una imagen deseable de la fuerza, y de hecho la entonces jefa de policía de la provincia, Emilce Chimenti, respaldó a Pais y dijo que en su lugar ella hubiera actuado de la misma manera.
Por otra parte la gestión de seguridad del gobernador Omar Perotti desbarrancaba ante el incremento de la violencia; Pais apareció en ese marco como un policía de mano dura que tropezaba con la burocracia judicial. Puertas adentro de la institución, la situación de un par en aparente desgracia ante la incomprensión de la sociedad podía sensibilizar a muchos policías y sintonizar con un persistente malestar a flor de piel por la falta de reconocimiento, los bajos salarios y la falta de recursos.
Pais aprovechó justamente la ocasión para hablar en nombre de la policía provincial: “Institucionalmente, uno siente que se está avasallando la labor del personal policial —declaró, con tono sereno y expresión afligida—. Falta el respaldo de las instituciones que deben brindar el respaldo para blanquear (sic) el trabajo del buen policía”. Blanquear se dice del procedimiento que legaliza o vuelve impune un beneficio proveniente del delito, pero el fallido pasó desapercibido.
La justicia tardó menos de un mes en sobreseer a Pais. La Legislatura de la provincia, en una resolución unánime, suspendió mientras tanto a Tosco cinco meses sin goce de haberes; el fiscal fue además escarnecido socialmente como protector de delincuentes, al igual que el estudio Rossini. La jefa de policía Chimenti, a su vez, le preguntó a Pais dónde quería trabajar y así llegó al Comando Radioeléctrico de Rosario, donde ahora se lo acusa por un impresionante raid delictivo. Como en un reino del revés, la actitud que debía ser sancionada se convirtió en un premio para el transgresor de la ley y el que pretendió llevarlo a juicio terminó castigado.
El vuelto de la mano dura
Pais, aparentemente, no supo dónde se metía cuando ingresó al estudio jurídico. Según el diálogo registrado en el video, ignoraba que el estudio de Rossini es uno de los más conocidos en Cañada de Gómez y el sur de la provincia. Los domicilios a los que ingresó sin orden de allanamiento en Rosario tuvieron otro perfil y fueron en zonas de la ciudad a las que se representa como peligrosas o son periféricas: el barrio Santa Lucía, Vía Honda, Puente Gallego, barrio Godoy
A diferencia de casos conocidos por parte de integrantes de la Brigada Motorizada (protección a Sandra A. en el narcomenudeo respecto a bandas rivales) o del propio Comando (los “narcos de uniforme”, fiscal Franco Carbone dixit, que plantaron armas para favorecer a otra banda), los diez policías que comparecerán en una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal en general no protegieron a delincuentes: ellos mismos están acusados de convertirse en tales.
La excepción, hasta el momento, fue la irrupción en una casa de barrio Godoy cuyos dueños instalaron cámaras de vigilancia después de padecer una balacera de tiratiros. Los policías robaron el monitor y el DVR de las cámaras que habían registrado el ataque y comprometían a Rodrigo Luján Seguino, imputado por tentativa de homicidio a raíz del ataque. En este caso no hubo otras incidencias; el objeto de la intervención parece haber sido beneficiar a Seguino.
En el primer tramo de la investigación, los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci ya observaron que los policías eligieron “personas vulnerables” —en un caso robaron la pensión de un discapacitado— o que habían tenido conflictos con la ley, propios o de sus familiares. Los acusados parecen haber contado con las dificultades de las víctimas para acceder a la Justicia y con la burocracia del sistema penal: un hombre pasó 48 días preso sin causa, después que la patota policial rompiera la puerta de su casa en barrio Alvear; otro, detenido en villa La Bombacha, estuvo cinco meses en la cárcel hasta que la Justicia acreditó que le habían plantado las armas cuya portación le achacaba; otra arma plantada le costó dos meses de prisión a una pareja, allanada ilegalmente en barrio Tango. Como detalle lateral, la cantidad de armas que los policías plantaron en sus intervenciones podría ser la pista de un mercado negro todavía no investigado.
Otro factor de peso es la escasa respuesta del Ministerio Público de la Acusación a lo que en sus estadísticas registra como “policía o penitenciario/a presunto/a responsable que no se encuentra en funciones” o “policía o penitenciario/a presunto/a responsable en ejercicio de sus funciones”. El último informe de gestión del organismo indica que en 2024 hubo en Santa Fe 3.989 legajos (1.853 en Rosario) con esas valoraciones político criminales; sin embargo apenas hubo 390 audiencias (266 en Rosario) y 44 condenas (18 en Rosario). Complementariamente, y mientras la persecución del delito económico no produce resultados apreciables, el foco de la persecución penal en el microtráfico incrementa la violencia policial en los barrios de la ciudad. El informe “¿Paz para quién?”, presentado en octubre por investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y la Multisectorial contra la Violencia Institucional documentó la situación a través de entrevistas en seis barrios.
La prisión preventiva impuesta a Pais, a diferencia del episodio en Cañada de Gómez, no atrajo a los medios nacionales, no motivó ninguna resolución de los legisladores provinciales, no mereció comentarios de la política local. Pero el aval acrítico a un supuesto policía de mano dura fue una condición de posibilidad de los delitos que ahora se investigan. Los frutos de la mano dura fueron corrupción, abusos y violencia, y el sensacionalismo periodístico y la demagogia punitiva se combinaron en esa deriva.
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