Entrada la noche del jueves, después de la sesión en que asumieron los nuevos concejales y concejalas de la ciudad, y de un cuarto intermedio, los que seguirán en el Concejo hasta 2027 y los que dejarán sus bancas el próximo miércoles volvieron al recinto para afrontar la última sesión ordinaria del año. En el temario hubo tres ejes que se llevaron buena parte de la jornada. El primero fue la modificación del Inventario y la Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico. El tema viene siendo analizando por el municipio en los últimos años, en búsqueda de simplificar y reorganizar el catálogo de 5.580 propiedades que hoy tienen distintos grados de protección en la ciudad.
En concreto, el mensaje del Ejecutivo propone la descatalogación de 936 lotes, dejando un total de 4.644 con protección. Es una actualización que va de la mano del Plan de Sostenibilidad Patrimonial aprobado por el Concejo semanas atrás. En ese marco, desde el oficialismo Fiatti explicó que la descatalogación tiene que ver con inmuebles que ya tenían un mecanismo de protección indirecta, que ya estaban “alterados de una forma muy profunda”, o eran inmuebles dispersos por fuera del área central, que no revisten interés desde el punto de vista urbano. “El sentido de la reforma es que más inmuebles tengan un grado máximo de protección y eso se multiplica por tres”, remarcó.
Desde la oposición, el principal reparo es que hubo poco tiempo para revisar la totalidad de los inmuebles. “Es un expediente que lleva menos de un mes. Pedimos la posibilidad de tener dos semanas más para analizarlo, porque no pudimos ver la totalidad de los inmuebles”, cuestionó Romero. “Es un trabajo que no se hizo de manera conjunta ni con la Facultad de Arquitectura, ni con el Colegio de Arquitectos. Estamos descatalogando 900 inmuebles sin que ningún sector de la oposición pudiera ver si la ciudad está perdiendo patrimonio”, añadió el peronista.
Durante la sesión se mencionaron algunos casos puntuales, como el de la Casa Garibay, legado del arquitecto Jorge Scrimaglio, así como también el Cine Diana, en barrio Saladillo, o el Cine Lumière, en el barrio Industrial. “La política del intendente viene siendo mala en términos urbanísticos e ineficiente en términos prácticos”, cuestionó Monteverde. Finalmente, la actualización del catálogo se aprobó con 18 votos a favor, 7 en contra y las abstenciones de Caruana, Irizar y Prence.
Presupuesto
Minutos antes de la medianoche, se comenzó a tratar el Presupuesto 2026. En líneas generales, el Ejecutivo prevé recursos por 1.230.314 millones de pesos para el próximo año, contra 1.230.056 millones de gastos. La cuenta arroja un superávit financiero que supera los 257 millones, algo que en el recinto se presentó como una marca de la gestión: es el quinto año consecutivo que el gobierno presenta presupuestos con superávit. Además, el 63,7 % del gasto —unos 756.560 millones— tendrá una finalidad social. De ese total, el 26,4 % estará destinado al sistema de salud, el 21,22 % al mantenimiento urbano y el 12,41 % a obras públicas.
Mariano Roca, encargado de la presentación del proyecto en el presupuesto, también destacó la Ordenanza General Impositiva (OGI). “Estamos cumpliendo la palabra porque al contrario de lo que muchas voces decían con la autonomía, la ciudad de Rosario no está creando ningún nuevo tributo ni ninguna nueva tasa. O sea que la estructura de ingresos de la ciudad es la misma que viene siendo”, remarcó. En ese sentido destacó el amplio debate en torno a los dos expedientes: “Nos parece la forma de transparentar los números públicos y de administrar el dinero de los rosarinos de forma responsable”.
La oposición acompañó el presupuesto en general, aunque con algunos reparos en la votación particular. Desde el peronismo, Romero planteó que el presupuesto no deja de ser una “ficción” atada a pautas nacionales de difícil cumplimiento. “Se prevé una inflación del 10 por ciento anual, menos de un 1 por ciento mensual. Me permito descreer”, consideró. En líneas similares se pronunció Jésica Pellegrini, que cuestionó la falta de recepción de sus propuestas en relación a modificaciones en la normativa.
Una de las pocas intervenciones de La Libertad Avanza en la sesión fue por el presupuesto. Franco Volpe cuestionó los criterios de distribución de los fondos, algo que en el espacio leen como una forma de “sostener estructuras políticas” antes que para cubrir otros servicios que consideran más urgentes. “La secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos recibe 8.700 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo recibe solo la mitad: 4.300 millones de pesos”, ejemplificó.
No obstante, adelantó su acompañamiento a la normativa remarcando la importancia del presupuesto como herramienta para un gobierno. Algo curioso teniendo en cuenta que Javier Milei, principal referencia política, se mantiene con valores presupuestarios de 2023, justamente, por la falta de aprobación del presupuesto nacional. Eso se lo recordó la concejala Rey, en un discurso encendido que también abordó cuestiones vinculadas a los casos de corrupción que salpican al gobierno.
Facultad para aumentar
El tercer eje en cuestión tuvo que ver con el pedido de la intendencia para extender la facultad que tiene de fijar la tarifa del transporte urbano de pasajeros sin pasar por el Concejo. En concreto, se propuso modificar el artículo 3 de la ordenanza 10.857, que autoriza al municipio a actualizar de manera automática la tarifa de colectivo, únicamente en los meses impares y hasta un 90 por ciento de lo establecido según el último estudio de costos que realiza el Ente de la Movilidad de Rosario. La ordenanza fue aprobada en 2023 por un año y prorrogada uno más. Ese período vence en enero de 2026 y el pedido es para extender esa facultad hasta enero de 2027, con posibilidad de prorrogarla otro más.
La primera en referirse al tema fue Rey que reclamó “coraje y decisión política” para exigir los fondos correspondientes al gobierno nacional. “Esto lo quiero decir con todo el respeto que me merece la investidura del intendente Pablo Javkin, pero cada vez que viene Javier Milei a Rosario parece una quinceañera enojada. Le tiene que pedir lo que corresponde”, cuestionó. “Mínimamente, para querer aumentar el boleto de colectivo primero hay que tomarse uno. Y además de acompañar al intendente, puedo prestarle mi tarjeta Sube”, añadió.
Desde el bloque de Ciudad Futura argumentaron su postura con números, recordando que en diciembre de 2023, al aprobarse la facultad, el boleto costaba 240 pesos y dos años después la tarifa subió a 1.540 pesos. “Es un 560 por ciento de aumento en dos años. Nada aumentó tanto como sí aumentó Javkin el boleto”, criticó Ferrero. “La inflación fue del 241 por ciento. Sucedió lo que dijimos que iba pasar: cargar todo el costo sobre los usuarios”, añadió.
Sobre el final, Carlos Cardozo hizo un repaso de los argumentos oficialistas para reclamar esa facultad que generaron gritos, cuestionamientos cruzados, idas y vueltas y ausencias en el recinto. Para las dos de la mañana, el pedido del municipio salió con 16 votos positivos y 10 negativos, que vinieron de los bloques peronistas, de Ciudad Futura y del Frente Amplio por la Soberanía.
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