El jefe de fotografía del diario local daba la orden cada vez que un cronista y un fotógrafo salían hacia la periferia para cubrir un hecho de violencia: “primero pasen por la comisaría”, decía, mientras fumaba en boquilla, de impecable saco y corbata. El narcotráfico tenía una escala insignificante por entonces, pero en las coberturas periodísticas ya regía la costumbre de que la policía estuviera al tanto de las excursiones de la prensa por determinadas zonas de la ciudad.
El antecedente se actualiza en un contexto mucho más dramático: el de las amenazas de muerte dirigidas a los periodistas “de todos los medios de Rosario”, según la bandera que apareció colgada el martes pasado en la reja de Canal 5. El caso remite a intimidaciones recientes y sobre todo se inscribe en la inseguridad cotidiana en Rosario y en los ataques contra instituciones emblemáticas.
Al día siguiente el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona, se reunió con el ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi. El dirigente gremial salió de gobernación con la promesa de que los medios de comunicación tendrán custodia policial y, además, de que las expediciones hacia “zonas difíciles” contarán con presencia policial “hasta que se termine la cobertura periodística, no como sucede actualmente que los compañeros muchas veces se encuentran trabajando y quedan abandonados a su suerte”.
Pero, ¿cuál sería una zona difícil en Rosario? Es cierto que hay barrios que registran mayor número de homicidios y donde los enfrentamientos entre bandas son acontecimientos públicos, pero la distinción entre zonas más y menos riesgosas se esfuma cuando alguien pasa a pie frente a los Tribunales Federales y balea una garita de seguridad. Por otra parte, mientras custodia a los periodistas, ¿qué respuestas daría el Estado a los vecinos de esas zonas supuestamente peligrosas? En realidad de lo que se trata es de recuperar el control del espacio público.
El orden es hoy una utopía, pero eso no significa que la ciudad se encuentre sumida en el caos. La violencia tiene sus regularidades y sus factores, y el trabajo del periodismo también debería ser observado en ese marco. Contra lo que a veces se plantea en la discusión pública, lo que se naturaliza no es la violencia sino el discurso punitivista y la terminología bélica que reduce un problema social a una cuestión policial.
Los repudios, la solidaridad con las víctimas, los reclamos al gobierno provincial para que cumpla sus promesas indican que los crímenes, las balaceras, la corrupción, no suceden ante la resignación de la sociedad, aun ante el escepticismo sobre las respuestas de la política. Pero esa preocupación, en el espacio mediático, parece frecuentemente detenerse en la indignación y en el reciclaje de lugares comunes. En 2014, cuando encabezó el primer “desembarco” de fuerzas federales en Rosario, Sergio Berni dijo que se proponía “pacificar los barrios más violentos”; la misión fracasó, pero la fórmula quedó instalada y el discurso político sobre la seguridad la repite hoy sin conciencia de lo que significa en términos de estigmatizar zonas amplias de la ciudad.
La bandera con las amenazas en la reja de Canal 5 produce diversos efectos en la discusión pública. El primero es que los periodistas se asumen como víctimas potenciales, también ellos, de la inseguridad. Como se comentó en la tertulia del viernes pasado del programa Apuntes y resumen, los periodistas se sienten amenazados al igual que cualquier vecino. La situación, sin embargo, no es novedosa y tiene un antecedente notorio en la irrupción de Lorena Verdún durante la presentación del libro Los monos, de Germán De los Santos y Hernán Lascano, un acto que la viuda de Claudio Cantero interrumpió a fuerza de gritos y amenazas.
Lo que se agrega es un cuestionamiento sobre los modos de la información. La pregunta es si un episodio como el de las amenazas debe difundirse -como sucedió, a nivel local y nacional- o más bien ser tratado con alguna restricción, por ejemplo sin publicación de imágenes. Pero justamente las imágenes suelen definir qué hechos son considerados noticias o reciben aire: en las amenazas a la prensa, los medios encontraron entonces un motivo de denuncia y también de atracción, lo que se vio en la viralización del trapo manuscrito con trazos en cuerpo grande, como tallados a golpes.
El miedo es el mensaje
La preocupación por “hacerle el juego” a quienes amenazan, con el espacio que los medios dedicaron al episodio, contiene entonces un cuestionamiento sobre los modos de ejercer el oficio. Pero también habría que preguntarse en qué medida contribuye el periodismo al renombre de los narcos y a la construcción de una imagen de la ciudad -en especial de barrios periféricos- como territorio de los narcos y escenario de una guerra caótica sin control, y preguntarse qué efectos tienen esos discursos en la difusión del miedo y la inseguridad. El periodismo podría cumplir una función para acotar el pánico ciudadano y problematizar las respuestas políticas ante el delito.
A partir de las amenazas surge además la añoranza por un pasado de paz y armonía social. Se extraña una época en que los periodistas eran supuestamente bienvenidos donde iban y no se encontraban, como hoy, con personas que en el mejor de los casos no quieren recibirlos. Es la misma nostalgia que, en otro plano, se expresa por un tiempo en que presuntamente existieron delincuentes menos violentos y en que el policía de la esquina atesoraba la confianza de la comunidad en las instituciones. Y es la misma ilusión sin mayor fundamento, porque basta recorrer cualquier período del pasado para notar las tensiones, los atentados y los cuestionamientos caracterizan históricamente al oficio del cronista policial.
Las “cuestiones positivas” que tranquilizaron al Sindicato de Prensa de Rosario después de su reunión con el ministro de Seguridad -el acompañamiento o vigilancia policial para las coberturas periodísticas, el tutelaje de los reporteros en “las zonas calientes” de Rosario- ya funciona de manera informal y hasta ha sido estudiado. En “Periodistas, clases sociales y territorios inseguros”, un capítulo del libro El delito televisado (2022), Natalí Schejtman y Lorena Retegui analizan la creciente dependencia de los equipos de noticias respecto de la policía: “en muchos casos, llaman a la policía para que los acompañen a hacer un vivo; adelantan móviles mientras están los efectivos en el lugar; no van a los lugares a priori sospechosos y acuden a fuentes policiales/judiciales (estables) o filman el lugar del homicidio y luego graban a los periodistas en otra zona más segura”.
El delito televisado se basa en entrevistas con periodistas de noticieros centrales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. El testimonio sobre la dependencia periodística de la policía pertenece a un entrevistado de Canal 5 de Rosario: “(…) vos llegás a lugares que son complejos y la única manera de cubrir esa noticia es que la policía te custodie y te habilite la entrada al lugar”. La policía no es solamente una fuente privilegiada -“La primera información que vos tenés y vos das es la que te da la fuente oficial que es la policía”, explica el mismo periodista- sino que es vista o invocada como una garantía física en el territorio, aun en el marco del desmoronamiento institucional que atraviesa a la policía santafesina.
La supervisión policial tiene consecuencias en los contenidos y en la producción de las noticias. En el pasado reciente, cuando los periodistas llegaban a los barrios en compañía de los policías, como pedía aquel jefe de fotografía para quien la buena presencia era tan importante como tener la foto del hecho, no tardaban en recibir devoluciones. Me acuerdo de un procedimiento por drogas en villa La Lata en el que un fotógrafo se internó en un pasillo como si fuera un policía más del operativo y salió eyectado al instante a la calle, con la campera cubierta de salivazos.
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