El presidente Javier Milei y su equipo pretenden reescribir la historia, también en materia de Servicios de Inteligencia. Los decretos (DNU) de la última semana buscan derribar la arquitectura democrática pacientemente desplegada durante décadas, y crear una nueva —muy parecida a la que dominó la Argentina en el siglo XX—, aunque adaptada tecnológicamente a los tiempos de la videovigilancia, la inteligencia artificial y hasta el escrutinio de personas y movimientos por el iris de los ojos. La sofisticación tecnológica va anclada con empresas proveedoras de Estados Unidos e Israel, el mundo elegido por el mandatario argentino.
El pacto democrático renovado luego de la crisis terminal de 2001 tuvo entre sus pilares dos leyes clave: la de Defensa y la creación de la Secretaría de Inteligencia (SI), que sustituyó a la SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado), herencia de la dictadura del 76, y con manchas de sangre indelebles.
Un debate en el Congreso que acompañaron todos los bloques políticos dio origen a la Ley 25520: se puso bajo el paraguas de la política a un organismo (la SIDE) que había operado contra la democracia, promoviendo y ejecutando delitos, incluso con la democracia ya recuperada en 1983. Ese nuevo formato, un avance, de todos modos, mantuvo la opacidad, los fondos reservados y a los empleados cobrando sus sueldos en dinero en efectivo, el legendario sobre de papel madera con los billetes dentro (que como también dice la leyenda, se reciben y no se cuentan).
Luego del suicidio (nunca se acreditaron pruebas de posible asesinato) del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, y las comprobadas conexiones con servicios de inteligencia –caso Jaime Stiuso, que recibió en su celular gran cantidad de llamadas perdidas de Nisman que nunca contestó, horas antes de su muerte-, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó una nueva reforma con la pretensión de desprenderse de las zonas oscuras de una inteligencia que jugaba para sí mismo y no para el gobierno argentino que la contrataba.
Esa reforma pasó por el Congreso en el verano de 2015, se debatió casi dos meses, y obtuvo respaldo amplio. Los sueldos de los espías se bancarizaron por primera vez, y los gastos reservados oscilaron alrededor del 10 por ciento del total del presupuesto, año tras año.
Esa renovada ley de inteligencia sacó a los espías de depender de una Secretaría de Estado, y se creó una agencia, la AFI (Agencia Federal de Información), inicialmente conducida por el actual senador Oscar Parrilli, luego por el santafesino Agustín Rossi y actualmente tiene como interventor a Sergio Neiffert, un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
Otro cambio sustantivo que introdujo la reforma del 2015, con la creación de la AFI, fue que el titular de la agencia y su segundo debían contar con la aprobación de sus pliegos por el Senado.
Con dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), Milei puso en marcha una reforma integral del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Y rompe la AFI. Revive la vieja SIDE, y en un segundo decreto, aumentó las partidas para fondos reservados a más de 100 mil millones de pesos para 2024, cuando lo ejecutado en 2023 fueron 16.300 millones de gastos totales, siendo los reservados 730 millones (de total de 16.300 millones). Los fondos reservados, entonces, aumentan 150 veces.
Otro elemento clave en la intención libertaria: volver a colocar a los espías como auxiliares de la Justicia, algo que estaba prohibido por las reformas de 2015.
En la última gestión de la AFI, durante el gobierno de Alberto Fernández a cargo de Ana Clara Alberdi, los gastos reservados ocuparon el 4 por ciento del presupuesto: el actual proyecto los eleva al 75 por ciento.
La nueva reforma vía DNU no fue enviada al Congreso, pero más temprano que tarde podría chocarse contra él. Los DNU de Milei fueron emitidos y están vigentes. Luego de 10 días hábiles, a través de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ambas cámaras con sus mayorías absolutas activadas, podrían tratar los DNU y eventualmente rechazarlos de manera definitiva.
Los DNU de la Casa Rosada no reciben el tratamiento de un proyecto de ley, en el sentido de que se le pueden introducir cambios o modificaciones: se aprueban o se rechazan. Y si no se tratan, siguen vigentes. El rechazo, para que opere, debe provenir de ambas cámaras.
La recreación de la SIDE como corazón del Sistema de Inteligencia Nacional, y con cuatro organismos que dependen: Sistema de Inteligencia Argentino (una SIA con S, en obvia alusión a la CIA del país del norte), una Agencia de Seguridad Nacional que se identifica con un escudo que contiene un águila con las alas desplegadas, una Agencia Federal de Ciberseguridad y finalmente una División de Asuntos Internos, no hacen más que emular la estética estadounidense, la primera potencia mundial en la que, sin embargo, crece la violencia criminal, tiene la mayor cantidad de presos en cárceles por habitantes del mundo y nunca pudo o quiso controlar ni evitar el ingreso de drogas duras, lo cual lo convierten en el país con mayor consumo de cocaína del planeta.
Los DNU de inteligencia, en especial el 656/24, que amplía por 150 veces en un año el presupuesto para gastos reservados, provocaron una rebelión en varios bloques parlamentarios pequeños e intermedios hasta acá “amigables” con el frente de la LLA y el PRO. Los diputados Margarita Stolbizer y Nicolás Massot, entre otros, salieron con fuerza a rechazar los nuevos gastos reservados. Y todo indica que las mayorías, al menos en Diputados, se volcarían por el rechazo cuando llegue el tratamiento al recinto.
En el Senado se manifiesta por ahora la interna entre Victoria Villarruel y Karina Milei. El escurridizo senador Edgardo Kueider (entrerriano de origen peronista, con bloque propio) habría sido tentado para presidir la comisión Bicameral de Inteligencia por la Casa Rosada (entre otros beneficios por votar la Ley Bases), aún no constituida por las autoridades de ambas cámaras. Pero Villarruel tiene otro candidato, y el asunto está trabado.
Unión por la Patria, bloque mayoritario de la oposición, pretende rechazar no sólo el aumento exponencial de los fondos reservados sino también los decretos 614 y 615 de 2024, de creación de la “nueva” estructura, que desarma la AFI y revive la SIDE.
Luego de transcurridos 10 días hábiles (desde que los decretos entraron en vigencia) el Congreso puede tratarlos, con o sin el aval de la presidencia de ambas cámaras, con o sin la conformación de la comisión de inteligencia y de la Bicameral de Tratamiento Legislativo (DNU). Con mayorías absolutas en ambas cámaras, decisión y voluntad política, casi todo se puede hacer en el Congreso, salvo, por caso, cambiar la Constitución nacional.
La oposición “amigable” que se rebela en estos días, ¿esta vez irá a fondo o sólo son fuegos de artificio por las redes para luego negociar beneficios personales?
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