Con la media sanción de los senadores, sin abstenciones ni votos en contra (pero con la aclaración de que faltaba una firma de las 19 bancas), se comienza un proceso en las instituciones de Santa Fe que bien puede provocar una demorada revisión y reforma sobre los números de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.
Son varias las acotaciones al margen para recordar los antecedentes del proyecto aprobado este jueves 27 de abril, con un sobre tablas y luego de fuertes negociaciones entre el oficialismo del cuerpo y la Casa Gris, con la oposición que finalmente decidió acompañar. Lo hizo gracias a que se cambiaron dos aspectos relevantes del texto original: se duplicaron los plazos y aseguraron las condiciones para la participación de los gremios.
Por otra parte, como un asterisco a pie de página conviene leer un solo gesto disonante (una ausencia a la hora de levantar las manos) que abre algún interrogante sobre qué sucederá en la Cámara de Diputados.
Y en tercer término, al contexto que rodea la norma que pidió en declaraciones periodísticas el gobernador Maximiliano Pullaro se le debe agregar las diferencias (por ahora no expuestas en público) entre los gremios estatales interesados, que proclaman la “unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode” en manifestaciones y en un acto que tuvo lugar el miércoles 26 en el hall central del Poder Legislativo el miércoles 26 para oponerse a la iniciativa.
Conviene ir por partes para entender el prospecto de instrucciones para comprender el alcance político de la unanimidad y los efectos prácticos de esa votación. Antes es bueno recordar que se aprobó en una Cámara y falta su tratamiento en Diputados para la constitución de una comisión con amplias facultades para auditar las cuentas, las causas del déficit, el peso de la acreencia con la Ansés producto de los incumplimientos del gobierno nacional y de los 14 regímenes jubilatorios que conviven en un mismo presupuesto y generan el mismo rojo. Una proyección sostiene que al cabo de 2024 si no se hace algo a tiempo el Tesoro provincial deberá auxiliar (con impuestos de todos los santafesinos, no solo de los beneficiarios actuales y futuros) con unos 400 mil millones de pesos.
Una cara lección
Si de algo sirvió la indignación y la profusión de información, muchas veces incorrecta o interesada, a propósito de lo que hicieron otros senadores (los de la Nación en el Congreso) al votarse un suculento aumento de dietas es que, por fin, el soberano ha sido educado sobre normas parlamentarias elementales.
Como bien se explica en una didáctica nota en Suma Política sobre lo ocurrido y sus entretelones, cuando se vota a mano alzada, técnicamente “por signos” si nadie abre la boca a tiempo en el diario de sesiones y el tráfico de expedientes constará la aprobación por unanimidad. Si levantaron la mano poquito, mucho o nada, solo puede importarle a la televisión y las redes. Y ningún legislador por más anticasta que sea puede desconocerlo, aunque tenga el halo de santidad de las fuerzas del cielo.
“No se registran pedidos de abstención ni votos en contra y el proyecto resulta aprobado por unanimidad”, es la fórmula que tienen que usar los taquígrafos y el secretario parlamentario. Sucedió en el Senado de la Nación y ahora en la Cámara alta de la Legislatura santafesina, con escándalo y pretendidos arrepentidos e indignados legisladores (con sus propias acciones) en el primer caso, y en un clima de absoluta concordia y consenso en el segundo.
Tras el dietazo de los representantes de las provincias fue penoso ver y oír (en contados casos leer) graves errores de colegas afamados sobre el funcionamiento de los parlamentos. Ojalá haya sido solo ignorancia. En Santa Fe, lo que no escapó a los cronistas parlamentarios fue una expresión del autor de la iniciativa. Desde su banca, Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio) para subrayar el acuerdo alcanzado dejó caer un dato, que no un nombre, de un par. “El proyecto tiene la firma de 18 de los 19 senadores de esta Cámara”, subrayó sembrando un misterio que duró apenas unos minutos. En ese instante, los cronistas parlamentarios y los senadores del peronismo de inmediato comenzaron a enviar mensajes y a hacer cuentas sobre quién sería el Jacinto Chiclana del poema de Borges.
Por distintas fuentes y porque se paró y dejó su banca como para ir al baño justo cuando el tema se aprobaba, se sabe que el único socialista del cuerpo, Francisco “Paco” Garibaldi, no solo no firmó sino que hizo retirar su rúbrica del proyecto habilitado por el gobernador que, como se verá, tiene ya 9 años y se apoya en un estudio externo que, ya en 2012, advertía del déficit previsional. Ahora el agujero es tan grande como lo predijo aquella investigación de una organización previsional iberoamericana.
El senador del departamento La Capital prefirió no hacer mayores comentarios pero basta con mirar el panorama de bloques y el peso de cada socio de Unidos para Cambiar Santa Fe en los dos recintos para suponer que Garibaldi optó por no dejar ningún condicionante a los diputados socialistas. Luego del discurso del 1° de Mayo de Maximiliano Pullaro, probablemente antes del jueves 9, la bancada del PS revisará el texto y, eventualmente, podrá debatir con sus pares del radicalismo en el oficialismo de la Cámara baja alguna modificación que obligaría a devolver el expediente.
Pero las dudas no fueron solo garibaldianas dentro del oficialismo del Senado: hasta el mediodía del día de la sesión hubo tres radicales, encabezados por Germán Giacomino (Constitución) que tenían sus resquemores, siempre puertas adentro del interbloque que encabeza el presidente de la bancada de la UCR, Rodrigo Borla (San Justo) y el presidente del Comité Provincial radical, Felipe Michlig (San Cristóbal). Todo se resolvió cuando, por cuerda separada, el oficialismo y la minoritaria oposición (en consultas con el Gobierno de Santa Fe) duplicaron de 60 a 120 días el plazo para la redacción de un proyecto de ley de reforma laboral por parte de la comisión sobre la Caja, y agregaron un inciso que asegura cuatro representantes gremiales. “Por ahí venía la milonga”, se dijo en los pasillos de la Legislatura sobre el senador socialista, su momentánea ausencia en el recinto y el mensaje que deslizó Gramajo. Para que no queden dudas, antes el titular del PJ, Rubén Pirola (Las Colonias), destacó que su sector pudo “hacer una parte de los aportes que queríamos” y que “los cinco integrantes” lo votaron.
La interna sin prensa
La Intersindical de gremios estatales tiene una notoria ausencia, de la que poco o nada se habla en Santa Fe: no concurre a sus manifestaciones ni a sus actos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que fundó el ya fallecido Alberto Maguid. Los restantes secretarios generales de los demás gremios más numerosos lo dicen: “De nuestro lado, hay puente de plata para que todos participen”, pero Jorge Molina, el titular de UPCN, ahí no figura. Tampoco se pronuncia sobre los documentos que en conjunto suscriben los demás sindicatos: ATE, AMSAFÉ, SADOP y los municipales, entre otros.
“En tiempos del Turco (Maguid), no había dudas. Él lideraba y los demás íbamos a acompañar, pero ahora las cosas son distintas. Ninguno es jefe de los otros, es un cuerpo que toma decisiones con consultas”, pero en esa mesa no se sienta Molina. Tal vez se siente en otros despachos, se sugiere maliciosamente. Como sea, cada gremio advierte a quien lo quiera oír que no es el sector de trabajadores jubilados el que genera los desequilibrios. Lo subraya Marcelo Delfor, el adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado; José Testoni de la CTA y Rodrigo Alonso de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, y Pedro Bayúgar del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Y todos apuntan a un sector que no tiene gremio y un sistema de cómputo privilegiado: los policías que logran jubilarse a los 50 si ya usaron 30 años el uniforme. Los agentes pesaban poco en la Caja y ahora son una multitud y, sin representación sindical que los defienda, son objeto de pagos en negro que no ayudan en sus aportes. Otros rubros que se señalan como “los más deficitarios” son los empleados del Poder Judicial, del Legislativo y los municipios que también tienen recibos de sueldo con demasiados ítems no remunerativos.
Obviamente, la ausencia de una posición más firme del gobierno santafesino frente a lo que la Ansés no paga como compensación a la Caja también es parte de la defensa gremial. En el Senado, una comunicación impulsada por el peronismo se aprobó por unanimidad. No hubo discursos pero pide al Poder Ejecutivo ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la administración de Javier Milei no cumple con lo que le ordena la ley.
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