El avión presidencial quedó en la pista y no despegó el domingo pasado. Javier Milei recién partió a Estados Unidos después de tener armado el plan de emergencia que implicó retenciones cero a los granos y carnes bovinas y avícolas para incrementar las arcas del Banco Central con 7.000 millones de dólares recaudados en los siguientes tres días. A muchos productores los tomó desprevenidos. Ahora todos confirman la sospecha de un acuerdo con los exportadores que derivaría en el fin de la medida apenas 72 horas después de anunciada y mientras el presidente continuaba su agenda —casi como garante— en el territorio que gobierna Donald Trump, su aliado.
Estados Unidos ató la promesa de ayuda monetaria al resultado electoral. La plata, una vez más, la aportó el campo.
Hasta el principal candidato de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert, se vio de alguna manera afectado junto a sus hermanos en el rol de productores agropecuarios. “Entiendo el enojo. ¿Me gustó? No, no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26 por ciento”, reveló al mismo tiempo que subrayó que hoy las retenciones a la soja están siete puntos debajo del inicio del gobierno de Milei. En clave electoral insistió en que el presidente cumplirá su promesa de llevar a cero los derechos de exportación para los granos.
El ruido se traslada ahora al Congreso. El peronismo siempre apoyó las retenciones pero diputados de la Coalición Cívica y de la UCR le exigen a Espert, y también a Atilio Benedetti (UCR), titulares de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura respectivamente, que convoquen a reunión y traten proyectos para reducir por ley las retenciones al campo o para aplicar sanciones a los grandes exportadores que presentaron las declaraciones juradas sin stock. El más irritado con la cuestión es el jefe de la bancada radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, cercano a la Casa Rosada pero afuera de las listas y sin opción a reelección. Están además los que propondrían otra comisión investigadora para ver si fue legal la transferencia a los grandes exportadores.
El pacto lo preparó el ministro Luis Caputo y lo ejecutaron en tándem el titular de ARCA, Juan Pazo, y el secretario Sergio Arieta. A ambos les estallaron los teléfonos con las quejas y el pedido reiterado de volver a instaurar la medida para todos los granos hasta el 31 de octubre ya sin tope.
“Les van a decir que no hay plata. Van a decirles lo mismo que dijeron con el Hospital Garrahan”, le dijo a Suma Política el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en la gestión macrista, el radical Ricardo Buryaile, frente a la posibilidad de una negociación. Reaparecido, el formoseño coincidió con Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina, y con los representantes del resto de las entidades del sector en reclamar una baja permanente para estimular la producción. “Tengo que pensar que la intención era otra si no la frustración es muy grande”, se sinceró el titular de la SRA, entidad que venía elogiando fuertemente al presidente desde la inauguración de la Expo Rural.
También Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) pidió que se extienda la posibilidad de vender soja sin retenciones al mismo tiempo que se esperanzan con la continuidad de la medida al menos para el trigo y el maíz. Carlos Castagnini, su presidente, habló de “un claro desbalance” entre el reducido grupo que accedió al beneficio de manera directa y el grueso de los productores. Este viernes en la Expo Rural de Bell Ville (Córdoba) fue más allá: “Están distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor”, lanzó Castagnini.
Los más chicos, nucleados en la Federación Agraria y en Coninagro, resultaron los más molestos por quedar al margen de un negocio para pocos y con un estímulo de 1.500 millones de dólares.
La cosecha en general ya se vendió, insistió Buryaile, que calificó la jugada como “un fenomenal negocio que le entregó el Gobierno a los exportadores de granos a una tasa en dólares de casi el 20 por ciento por unos pocos meses”. En ese contexto un dirigente importante de Provincias Unidas dijo en cambio que si se mantiene la necesidad de dólares del Gobierno quizás pueda extenderse el beneficio y aconsejó, sin éxito, que los gobernadores salgan a pelearse con los que ganaron para “abrazar” al resto.
El jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, calificó el plan como “una estafa” y volvió a exigir que el ministro Caputo asista al Congreso para defender la ley de Presupuesto y que el acuerdo que se alcance con el Tesoro de Estado Unidos también pase por el Parlamento.
La reacción política fue inmediata aunque pareció diluirse con el fin de semana. Tras pedir una medida permanente, los gobernadores de la Región Centro apenas lamentaron que el beneficio no derramara sobre los productores sino que engrosara las arcas de los más grandes. De todos modos, cerca de un gobernador de la zona núcleo admitieron a este medio que no liderarían una pelea con las agroexportadoras.
“En Santa Fe somos el campo”, definió Maximiliano Pullaro al solicitar nuevamente que el gobierno nacional escuche a las provincias y al sector. Desde Entre Ríos y en alianza electoral con La Libertad Avanza, el gobernador Rogelio Frigerio no dijo nada y promocionó su anuncio de baja de un tercio del impuesto a los ingresos brutos, mientras que el cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado, acompañaba a Pullaro y a Gisela Scaglia en el lanzamiento de la campaña santafesina.
Entre los funcionarios más críticos estuvieron el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Javier Rodríguez, que habló de “una burla y un escándalo”, y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, que cuestionó el “hot sale” y exigió la quita de las retenciones “de manera sostenida y no como una oferta con fines electorales”. El ministro de Bioagroindustria cordobés, Sergio Busso, también la calificó como una medida “electoralista” y “de caja”.
Provincias Unidas, el bloque que Pullaro comparte con sus vecinos Martín Llaryora y Schiaretti, y con los mandatarios de Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, no tuvo un pronunciamiento sobre la fugacidad de la quita de retenciones aunque no se descarta alguna declaración el próximo martes cuando los gobernadores del espacio se reencuentren en Chubut, con Ignacio Torres como anfitrión. A ese encuentro seguirá una visita a Jujuy el 9 de octubre y a la Ciudad de Buenos Aires el 15 de octubre. No habrá un documento ni sobre este tema ni tampoco todavía sobre un Presupuesto que recién se habilitó en comisión. “Está muy verde” dijeron a la espera de que avance el tratamiento antes de abrir otro foco de disputa con la Casa Rosada.
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