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Política

Todo cambia: el retraso de la ley Bases hace tambalear al Pacto de Mayo, que podría pasar a junio y a Rosario

La ley Bases y el Pacto Fiscal transitan el Senado a paso lento, y marcan el pulso del programa político general del gobierno nacional. Luego de dos semanas intensas con sesiones plenarias de comisiones en el Salón Azul del Palacio, la Casa Rosada no consiguió materializar el dictamen que lo hubiera llevado al recinto en los días previos al 25 de mayo. El pacto de Córdoba quedó tocado, y del presidente para abajo ya admiten que no habría Córdoba el próximo sábado, tal vez Rosario el 20 de junio, o alguna otra provincia en los próximos meses.

Incentivo a las grandes inversiones extranjeras en detrimento de la industria nacional, paralización total de la obra pública, habilitar la privatización de empresas públicas, caída vertical en la inversión universitaria en todo el país —ahora con excepción de la Universidad de Buenos Aires, que obtuvo aumentos de entre el 200 y el 300 por ciento en sus partidas que le permiten salir de la emergencia—, reforma laboral regresiva y el retorno del impuesto a las ganancias para sueldos medios y superiores, entre otros temas, impidieron por ahora que el proyecto Bases tengo al menos un apoyo en general en la Cámara alta. Y todo se posterga.

Los senadores patagónicos presentan su batalla y en especial un sector pequeño pero a la vez clave de la UCR también amaga con plantarse con algunos puntos de la ley, que podrían desguazarla en temas caros para el interés presidencial. En ese punto fue el senador porteño Martin Lousteau —uno de los pocos opositores “amigables” que se mantuvo presente y activo en las largas jornadas plenarias—, quién fue al hueso con sus objeciones.

El presidente de la UCR ya habla de modificar radicalmente algunos artículos y le ofrece a la oposición principal (Unión por la Patria) acuerdos para votar en conjunto esos cambios de manera de consolidarlos con una mayoría muy agravada de dos tercios: 48 votos.

En el cálculo de Lousteau, si se diera ese particular acuerdo, la ley podría obtener una aprobación en general, y tras cartón, al votarse los capítulos (artículo por artículo) podría quedar bloqueada en varios tramos de tal manera que luego al regresar a Diputados, la Cámara baja no pueda ratificar su votación originaria —media sanción— porque, reglamentariamente, si el Senado rechaza o modifica con 48 votos, la Cámara baja quedaría obligada también a conseguir los dos tercios para reimponer su criterio original. Algo imposible en Diputados. De lo contrario, quedaría firme el cambio o el rechazo parcial que opere el Senado a propósito de la presunta mayoría agravada que imagina el senador radical.

Se trata de una salida todavía difusa, improbable por una razón obvia: el peronismo ya avisó que rechazará la ley y no se visualiza, al momento, una vocación de esos 33 senadores del bloque mayoritario de avenirse a facilitar cambios parciales que sólo satisfagan a un grupo pequeño de senadores que aspiran a una solución intermedia y negociada de la mega ley.

Con todo, ante el probable hecho consumado de que La Libertad Avanza y sus aliados consigan ir al recinto con un dictamen de mayoría y aprobarlo con 37 votos o más, nunca habrá que descartar que el peronismo —habiendo perdido su batalla principal— se aplique a un “control de daños” y se termine sumando a una estrategia de prestarse a una mayoría agravada para bloquear algunos de los temas más resistidos de la ley Bases.

Desde el bloque de UxP explicaron a Suma Política que sería un cálculo político complejo para José Mayans y los suyos. Una ecuación de difícil resolución, entre beneficios y perjuicios políticos. Mientras Milei sigue parado con total centralidad en la política argentina, no resulta nítido para la oposición principal pelear por meses un rechazo frontal de la ley Bases para, en el último momento, prestarse al juego colaborativo con una propuesta ajena.

Por otra parte, desde el despacho de Lousteau afirmaron a Suma Política que el senador porteño “no participa ni participó de ninguna negociación con el gobierno nacional para favorecer a la UBA”, en desmedro de otras casi 60 universidades nacionales (entre ellas la UNR, que califica entre las cuatro más grandes del país) que no tuvieron el beneficio de una ampliación de partidas para gastos de funcionamiento, como sí obtuvo la universidad pública más grande y prestigiosa del país. “Martín presentó un proyecto para recuperar recursos de todas las universidades —no sólo la UBA—, y se expresó de igual modo en todas sus intervenciones públicas”, dijo con certeza su vocero principal a este cronista.

Con la novedad de los “beneficios” exclusivos para la UBA, conocidos el último día martes, se desataron un reguero de interpretaciones que inevitablemente rozaron al senador porteño. Decir UBA, es decir UCR, y Lousteau es el presidente de ese partido, aunque no lo controle. Lo cierto es que la UBA negoció con el gobierno de Milei en niveles por arriba de la funcionaria de Educación, pero también es verificable que no es el senador por la CABA el interlocutor en nombre la Universidad de Buenos Aires. Ahí califica primero Emiliano Yacobitti, referente histórico de la UCR en la UBA y diputado nacional hasta diciembre pasado.

Por si le faltaran ingredientes a este conflicto con los dineros universitarios —hay que recordar la gigantesca movilización del 23 de abril que hizo temblar a la Casa Rosada—, la ex presidenta Cristina Kirchner recibió en los últimos días a una delegación de la conducción gremial estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata y dejó unas frases inquietantes: directamente vinculó el “acuerdo con la UBA” con arreglos para votar la ley Bases en el Senado. En su cuenta de Tik Tok Cristina expresó: “Estoy muy enojada, dejaron a 60 universidades afuera”, y habló de “cambios de votos en el Senado a favor de la ley Bases, que es nefasta”. Y luego ironizó, “esto destruye la política, porque algunos arreglan por la de ellos, es la agrupación Voy por la mía”.

El próximo martes se continuará ventilando el articulado de la ley Bases en el Senado y se agregará el capítulo fiscal, que corre con una ley aparte. La fecha patria del 25 de mayo, mientras tanto, ya no será lo que Milei imaginó en su pomposo anuncio del 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa. Cuando al gobernador Maximiliano Pullaro le preguntó una cronista, este viernes, en conferencia de prensa junto al visitante Axel Kicillof, por un supuesto paso del Pacto de Mayo a junio y de Córdoba a Rosario, sorprendido, dijo: “No sé nada, me entero por usted”.


Departamento de Fotografía – Senado de la Nación.

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