A casi dos años de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 23 años que había salido a bailar a La Fluvial y apareció sin vida en el río Paraná, la familia se encuentra a la espera de dos análisis claves para conocer qué sucedió esa noche. En este tiempo acusaron irregularidades en la investigación, demoras en las pericias, cuestionaron el accionar de la Fiscalía y denunciaron que el boliche Ming “funcionaba como un puerto de drogas”. Mientras la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados prepara un informe sobre estos dos años de investigación, el abogado de la familia mantiene la expectativa de que la causa pueda elevarse a juicio en marzo.
El pasado 25 de enero, Edgardo Orellano, papá de Bocacha, fue al Sanatorio Británico de Rosario para un chequeo de rutina. En los pasillos se cruzó con Karina Gómez, una de las cuatro personas detenidas en la causa que investiga la muerte de su hijo. En marzo de 2021 la mujer policía fue beneficiada con prisión domiciliaria por maternidad y Orellano cuestiona que pueda seguir gozando de los beneficios de la obra social de la provincia de Santa Fe.
“Cuando asumió el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, tuvimos una reunión y nos dijo que iban a exonerar de la policía a los involucrados. Karina Gómez hizo cinco actas diferentes, entre las declaradas y las escritas, todas contradiciéndose y acomodándose con los patovicas para decir todos lo mismo”, cuestionó en declaraciones a Suma Política. “Yo quiero una explicación del ministro: ¿por qué no están exonerados de la policía? ¿Por qué siguen cobrando el sueldo y por qué siguen usando la obra social de la provincia que la pagamos entre todos los ciudadanos?”, agregó.
Los cuestionamientos de Orellano se reparten entre funcionarios políticos y judiciales y una palabra se repite en su relato: impunidad. A poco de cumplirse dos años, las pericias se demoran y aún no se sabe qué pasó la noche en que murió su hijo. Mientras tanto, Edgardo pone el foco en los policías detenidos y pide que se investigue a los dueños del boliche: “La lucha sigue y creo que si somos persistentes la vamos a ganar, porque están cayendo varios”.
¿Qué pasó?
La madrugada del lunes 24 de febrero de 2020 Carlos Orellano fue a bailar al boliche Ming River House, ubicado en la zona de la Fluvial, en la costa central rosarina, junto a un grupo de compañeros de la fábrica Liliana donde trabajaba. Al día siguiente lo esperaban para almorzar en la isla, donde su familia tiene “un ranchito” al que se habían trasladado para descansar durante el fin de semana largo del carnaval y que suele ser frecuentado por Edgardo, pescador y hombre de río. Pero Bocacha nunca llegó.
Cuando intentaron contactarse con él su celular no sonaba y sus amigos tampoco tenían noticias suyas. La primera novedad apareció en horas de la tarde del lunes, cuando pudieron comunicarse con sus compañeros de salida y les dijeron que a eso de las cuatro de la mañana lo habían perdido de vista en el boliche. “Estaba con nosotros bailando y desapareció. Nosotros pensamos que se fue con una chica”, relataron.
A partir de ese momento comenzaron a movilizarse. Lo primero fue hacer la denuncia por desaparición de personas en la Comisaría 20a del barrio Empalme Graneros, donde vive la familia. Pero allí los redirigieron a la Comisaría 2a porque, según les dijeron, había una denuncia radicada esa madrugada respecto a un chico que se había caído al agua en la zona del boliche donde Bocacha había sido visto por última vez. Sin embargo, en esa seccional negaron cualquier denuncia y les mostraron el libro de guardia, donde efectivamente no había registros. Hubo llamados entre comisarías, hubo pedidos de paciencia, hubo reclamos de una familia desesperada. Hasta que una sumariante admitió que tenía la denuncia, escrita a mano, en un bolsillo de su pantalón. Ese fue el primer indicio de lo que terminaría siendo una búsqueda cuesta arriba y una causa plagada de irregularidades.
Cuando les leyeron el manuscrito, los familiares se quedaron helados:
—La descripción que das es la de Carlos. ¿Cómo que se cayó al agua? —preguntó una de las hermanas.
—Sí, se durmió y se cayó al agua —les respondieron en la Comisaría 2a.
A la espera de que la Justicia comenzara con los procedimientos y mientras Prefectura hacía las primeras búsquedas en el río, los familiares y amigos de Bocacha iniciaron una vigilia frente al boliche, acompañada de una movida en redes sociales con una foto y datos de contacto para que cualquier persona que tuviera alguna información se comunicara. Pero el que llamó fue Guillermo Woelflin, uno de los dueños de Ming River House, diciendo que sabía que estaban buscando a un pibe en la zona y pidiendo “que no le quemen el boliche”.
“Nos dijo que el boliche no tenía nada que ver, encima estaba enojado el tipo. Nosotros le pedimos que se acerque así nos facilitaba el acceso a las cámaras, para ver si aparecía algo. Pero nos dijo que las cámaras siempre estaban rotas, que había llamado a un técnico de Buenos Aires para arreglarlas, pero que todavía no había ido”, comentó Edgardo.
La vigilia duró dos días, hasta el miércoles de cenizas, momento en que apareció un cuerpo flotando en el río y se terminó confirmando la peor noticia: que el cadáver era el de Bocacha. El lunes, mientras los familiares comenzaban una búsqueda angustiante, el boliche se preparaba para abrir como cualquier otro día.
Instancia judicial e irregularidades
Desde febrero de 2021 hay cuatro personas imputadas, acusadas de homicidio simple con dolo eventual: los patovicas Fabián Maidana y Emiliano López, y el matrimonio de policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, que se encontraba cumpliendo horas adicionales en el lugar. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva salvo Gómez, a quien se le concedió la domiciliaria con el fundamento de que es madre de un niño menor de edad y que tiene a su cargo un familiar con discapacidad.
Con el testimonio aportado por testigos, el fiscal Patricio Saldutti pudo reconstruir que Carlos fue retirado a la fuerza del boliche Ming River, aparentemente por querer ingresar al sector VIP sin el permiso correspondiente. La hipótesis tiene una segunda secuencia que transcurre fuera del boliche, sobre el muelle 3, donde los patovicas habrían perseguido, acorralado y golpeado a la víctima produciendo su caída al río.
Según la investigación, de la escena también participó el matrimonio de policías. De hecho, la denuncia que figura en la Comisaría 2a —el manuscrito que estaba en el bolsillo de la sumariante— fue realizada por Gómez a eso de las 5.30 de la madrugada. La mujer informó haber visto un joven recostado detrás de las barandas de seguridad que dan al río y que de pronto desaparece “como si hubiese caído al agua”. Ese dato no es menor: como en la denuncia describe que la persona cayó al agua por sí misma no se ordenó la clausura inmediata del boliche, habilitando la posibilidad de que se pierdan —o eliminen— pruebas.
El acta policial que se elaboró sobre el hecho presentaba contradicciones y omitía cualquier tipo de interacción entre los guardias de seguridad y la víctima. Incluso se intentó sembrar la versión de que el joven estaba alcoholizado, algo que después fue desmentido por los exámenes toxicológicos que arrojaron un bajo nivel de alcohol en sangre. La Fiscalía determinó que esas actuaciones llevaron a desviar la investigación y, en consecuencia, Gómez y Nicolossi fueron los primeros imputados en la causa —en diciembre de 2020— por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Solo Nicolossi quedó detenido con prisión preventiva en ese entonces.
Por ese mismo delito están acusados Pablo Alejandro Bagli, el entonces jefe de la Comisaría 2a y Brenda Leis, la sumariante que “guardaba” la denuncia en su bolsillo. A estos dos oficiales se los vincula con otra irregularidad de la causa: la no aparición de los registros en video de las cámaras de seguridad. La fiscal Valeria Piazza Iglesias —la primera en tomar contacto con la causa— fue la que ordenó secuestrar las cámaras, pero la sumariante realizó el pedido con una fecha errónea. Además, al comisario se le acusa de haber llamado al encargado del lugar para que le alcanzara las cintas, en lugar de acercarse al boliche a retirar las cámaras. Hasta el momento siguen sin conocerse las grabaciones del momento en que ocurrió el hecho.
Las distintas situaciones fueron tensionando la relación entre la familia y la Fiscalía. Puntualmente con el entonces jefe de Homicidios, Adrián Spelta, a quien Edgardo acusa como responsable de que se hayan perdido pruebas por no clausurar el lugar desde el minuto cero: “Spelta demoró varios días en clausurar el boliche y en ese tiempo borraron todas las pruebas, hicieron todo el trabajo sucio que tenían que hacer para que el crimen quede impune. Así que Spelta es también cómplice. ¿Dónde se ha visto que hay un crimen en un lugar y el fiscal no clausura la zona hasta que no saquen muestras? Dejaron que los dueños del boliche y los empleados entren y salgan. No tenían que tocar nada, un cabello que encuentre puede ser una prueba”.
Autopsias y posiciones encontradas
La autopsia realizada los primeros días de marzo del 2020 en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario no pudo determinar la causa de la muerte de Carlos, por lo que se ordenaron otro tipo de estudios. La directora del instituto, Alicia Cadierno, declaró que la revisión no arrojó elementos que permitan afirmar que Bocacha murió por golpes, como sostuvo la familia desde el primer momento. Sin embargo, la perito de parte de la familia, Virginia Creimer, señaló que durante la autopsia se divisaron distintas lesiones en el cuerpo, focalizando unas que aparecían “alrededor del cuello y en la zona de omóplatos y hombros”, que podrían responder a una llave de arte marcial conocida como “mata león” y que suele ser utilizada por personal de seguridad. Lo curioso es que esas sospechas no quedaron registradas en el acta de la autopsia, donde Creimer avaló con su firma el procedimiento realizado.
No fue hasta enero de 2021 —10 meses después— que se conocieron los estudios complementarios de la autopsia, realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí las pericias sí fueron en sintonía con el planteo de Creimer: el informe sostiene que Carlos presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y lesiones que podrían responder a un ahorcamiento.
Pero cuando las pruebas parecían encaminarse a respaldar la hipótesis de la familia, a las pocas semanas se conoció un informe biológico, realizado por el mismo organismo, indicando que en el cuerpo de Bocacha se encontraron restos de algas. Esto significa que el joven cayó con vida al agua, al contrario de lo que sostenía la querella. No obstante, el informe no permite responder una pregunta crucial en la investigación: ¿cómo y en qué condiciones cayó Carlos agua?
Una de las posibilidades —la que sostiene la familia— es que el joven haya caído inconsciente —o muy herido— producto de los golpes y que eso haya provocado su ahogamiento. En varias oportunidades remarcaron que Carlos era un pibe que había sido criado en el río y que tenía experiencia en nadar. “Después de vivir toda una vida en el río con nosotros, pescando en la isla, ¿me vas a decir que se va a caer al agua y se va a ahogar? Imposible, era una mojarrita nadando”, sostuvo Edgardo.
Ahora, tanto la Fiscalía como la querella están a la espera de dos informes que van a ser claves para el destino de la causa. Uno es el estudio de ADN sobre los rastros de sangre que fueron encontrados dentro de un baño del boliche que esa noche estaba cerrado al público, y que está conectado a un balcón que da al río. Esa pericia busca probar la hipótesis de que el joven fue golpeado en el interior de Ming River House, con la posibilidad de que haya nuevos imputados en la causa.
La sangre fue detectada casi desde el principio de las investigaciones pero los resultados se demoran. “Los restos de sangre fueron sometidos a un análisis, pero nos informaron que las muestras no eran analizables. Nosotros solicitamos que se amplíe ese informe, que se determine por qué no son analizables, cuáles son los requerimientos en su caso para que lo sean y eventualmente proceder a realizar un nuevo levantamiento. Pero aún es una de las medidas que quedan pendientes”, detalló el abogado Salvador Vera a Suma Política.
El otro informe que podría aportar respuestas es la pericia sobre los teléfonos celulares secuestrados y que, por pedido de la querella, se están analizando en Buenos Aires. En un primer back up realizado en Rosario se conoció que algunos celulares no se pudieron abrir para recabar información y en otros hubo mensajes y listas de llamadas borradas. Cuando estén esos resultados la causa podría elevarse a juicio. “Con el fiscal teníamos la expectativa de producir esto antes de fin del año. Ahora no tenemos un plazo estricto, pero estamos a la espera de que esto se produzca en los primeros meses, podría ser marzo”, señaló Vera.
Un audio y vínculos sospechosos
—Guillote, si el pibe te cayó fuera del boliche te lo van a escrachar. Pero si es el que metimos para adentro estamos al horno. Lo que me preocupa es que mañana te van a investigar el boliche. Todo lo que tenés ahí sacalo ya.
—¿Y cómo hago?
—Hace como la otra vez: buscate un vehículo y sacalo en cajas de vinos.
El diálogo es el fragmento de una conversación entre Guillermo Woelflin y un tercero que aún no se logra identificar. Edgardo Orellano sospecha que se trata de Carlos Varela, el abogado defensor, pero no tiene la certeza. El audio aún no salió a la luz y probablemente no se conozca en detalle hasta el inicio del juicio, pero forma parte del material que integra el expediente.
La forma en que la familia accedió a ese audio grafica cómo fueron estos dos años de investigación: “Como en marzo comenzó la pandemia y los tribunales estaban cerrados, la Fiscalía no nos daba las copias de la causa. Después de tanto insistir, el fiscal (Saldutti) nos grabó dos discos rígidos de un terabyte cada uno con todo el material de la causa. Ahí estaban las denuncias, actas de policías, lo que declaró cada uno, imágenes, mensajes y demás”, relata Orellano.
Con ese material en su poder se pusieron a investigar. Edgardo reconoció que les llevó mucho tiempo estudiar todo lo que había dentro y aseguró que se encontraron con varios audios reveladores, entre ellos, el de Woelflin y la orden recibida de sacar “eso” que aún no se sabe qué es, pero que Orellano no tiene duda. “Ya le sacamos la ficha de que eso era un puerto de drogas”, expresó y apuntó nuevamente contra la investigación: “Si nosotros en mi casa con una computadora de esas que les daba el Estado a los pibes para estudiar pudimos encontrar eso, ¿cómo puede ser que con los recursos que tiene la Justicia se demoren tanto?”.
Desde el primer momento los familiares de Bocacha pidieron que se investigue a los dueños del boliche. Y ese reclamo se intensificó en septiembre del mismo año cuando el asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, un barra brava de Newell’s vinculado al negocio narco, sacó a la luz un entramado de lavado de dinero y estafa al Estado por parte de la financiera Cofyrco, ubicada en pleno centro de la ciudad.
La investigación reveló que el mismo día en que fue acribillado a balazos, Medrano compró 17.600 dólares en Cofyrco. Cuando allanaron la financiera se encontraron con 175 DNI adentro de una bolsa. La investigación dio cuenta de que con esos documentos la cueva compraba los 200 dólares mensuales habilitados para ahorro por el gobierno nacional al dólar oficial, y luego los vendían en el mercado negro a un precio superior. ¿Cómo se relaciona con la causa de Bocacha? La mayoría de los documentos de identidad fueron denunciados como extraviados en el boliche Ming River House, donde desapareció el joven.
Para Orellano “están todos metidos en lo mismo” y apuntó contra la policía, el sector judicial y político. No obstante, el abogado Vera se mostró más cauteloso y aclaró que ni la aparición de los DNI ni el audio de Woelflin pueden vincularse en forma directa con el asesinato de Bocacha: “En todo caso habla de algunas otras cuestiones en torno al boliche, sus dueños, y las posibles vinculaciones con otras actividades por fuera de los marcos legales. Con el audio se demuestra que había un claro interés de ocultamiento de alguna mercadería que había dentro del boliche y que estaban preocupados porque se sacara antes de que fuéramos con todo el procedimiento a inspeccionar el lugar”.
Un puerto de pescadores como homenaje
Para el próximo 24 de febrero los amigos y familiares de Bocacha están preparando un festival en su memoria que se realizará en la zona de la desembocadura del arroyo Ludueña, en Arroyito. En ese espacio la Asociación Civil Carlos “Bocacha” Orellano, que preside Edgardo, busca crear un Puerto de Pescadores para que los trabajadores del río puedan comercializar sus productos en forma directa, así como también instalar un puerto fiscalizador de la actividad. Pero la iniciativa también contempla un espacio en donde gastronómicos, feriantes, artistas y artesanos locales puedan desarrollarse.
La idea es acompañada por distintas organizaciones de pescadores de la ciudad y tiene el visto bueno del Concejo Municipal de Rosario y de la Cámara de Senadores de la Legislatura de Santa Fe. Esos terrenos pertenecen al municipio pero desde 2011 están concesionados a la constructora Obring S.A. para la creación del Parque Náutico y Recreativo Ludueña, que contempla la instalación de guarderías náuticas, complementadas con espacios de recreación para actividades al aire libre y paseos públicos. La concesión es por 25 años con un canon que durante el 2021 fue de 100.766 pesos.
Las organizaciones de pescadores objetan que las obras vinculadas a los negocios de la empresa avanzaron rápido, sin embargo las vinculadas al acceso de los rosarinos al río no tanto. “Obring incumplió con todos sus contratos y nos quieren privar de tener un puerto de pescadores que se va a llamar Carlos Bocacha Orellano”, expresó Edgardo. “Tenían que hacer el mantenimiento de baños y hoy ni agua tienen. No hicieron nunca nada, un desastre. Lo único que tienen es una guardería náutica con la que ganan fortunas. El arroyo Ludueña es un desagüe natural, no podés usarlo para llenarlo de barcos”, cuestionó.
Otro de los homenajes que se vienen trabajando de hace tiempo es la posibilidad de instalar un espacio de memoria en la zona de La Fluvial, pero el proyecto viene más demorado. Edgardo recuerda a su hijo como un pibe trabajador, fanático de Central y muy querido por sus amigos: “Era mi único hijo varón. Carlitos pescaba en la isla conmigo, íbamos a todos lados. Era mi compañero y me ayudaba a trabajar. Vamos a seguir insistiendo hasta que se haga justicia”.
Para la fecha en que se piensa el festival, la comisión de seguimiento e investigación de la Cámara de Diputados, presidida por Matilde Bruera, planea presentar un nuevo informe de lo trabajado en este tiempo. Consultada por este medio, la legisladora comentó que el documento aún está en proceso de elaboración y que no se pueden brindar detalles “hasta que lo vean los demás diputados”.
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