“Prensa y Difusión mantiene la política comunicacional que se viene implementando desde 2014: garantizar la publicidad y la transparencia de la actividad de la Fiscalía General y de las Fiscalías Regionales”. Lo que en el informe de gestión del ex fiscal general de la provincia Jorge Baclini fue una afirmación protocolar, despojada de cualquier tensión, aparece ahora como un problema para su sucesora, María Cecilia Vranicich. Se trataría de incorporar “pautas claras y precisas” en el libro de estilo de la prensa, según el comunicado de la Asociación de Fiscales y Funcionaries de la provincia de Santa Fe.
El sumario y el pedido de sanción de la Auditoría General para dos fiscales de Rosario por declaraciones publicadas en la edición de la revista Noticias del 11 de marzo tomaron estado público a través de una nota en el diario La Capital. La respuesta no provino del director de la Oficina de Prensa y Difusión, Sebastián Carranza, ni de la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, mencionados como quienes llevaron adelante el sumario contra los fiscales sino de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionaries.
El director de la Oficina de Prensa consideró que una nota sobre los peligros que enfrentan los fiscales no sería beneficiosa. Al toparse con el artículo en la revista Noticias puso en conocimiento del tema a la fiscal regional. Se presume que la imagen y la confianza pública en el Ministerio Público de la Acusación quedarían resentidas con el artículo.
La reacción por parte de la prensa y de sectores de la política y las demostraciones de solidaridad con los fiscales sumariados pone la cuestión en el plano donde tiene sentido. Lo que afecta a la imagen y a la confianza pública en el MPA es el propio disciplinamiento que se intenta promover: dos fiscales que dirigieron investigaciones importantes e intervinieron contra las organizaciones de Ariel “el Viejo” Cantero, Francisco Riquelme y otros jefes de bandas en las zonas más violentas de Rosario se enfrentan ahora a la burocracia institucional.
El comunicado de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionaries trasluce la irritación que parece provocar el hecho de que los procedimientos internos queden expuestos a la opinión general. El respaldo al MPA es tan enfático como la crítica al periodismo y la aparente necesidad de cambiar los criterios de la comunicación. “Los fiscales no tienen prohibido hablar con la prensa”, declara la Asociación, y afirma que desde la reforma del sistema de justicia en la provincia hay un “franco progreso respecto a las formas de comunicación que se practicaban en el sistema de justicia penal anterior”.
La reforma del sistema de justicia, en efecto, tuvo una consecuencia feliz y poco observada en las políticas de comunicación: la policía no solo dejó de conducir las investigaciones sino que perdió el monopolio de la información. No es que la policía haya quedado al margen de la escena mediática, porque de todas maneras provee de información y de recursos (videos, audios, partes) a medios de prensa y cuentas de redes sociales, pero ya no ejerce el control de la información ni monitorea los hechos que se publican y los hechos que se mantienen fuera del conocimiento público.
La policía distinguía entre hechos negativos y hechos positivos. Hasta Marcelo Sain, en sus tiempos de ministro, se quejó de que la prensa solo informaba sobre los hechos negativos. Lo negativo, en la óptica institucional, eran los sucesos en que las intervenciones de la policía resultaban fallidas o en los que no había una respuesta eficaz. La distinción parece retornar ahora entre lo que sería beneficioso y lo que sería perjudicial para el MPA.
La Asociación cita la Resolución 305 de 2014 de la Fiscalía General “ratificada y jerarquizada por la actual Fiscal General en su entrevista ante el Jurado del Consejo de la Magistratura de la Provincia”, y “las recomendaciones impartidas por la Fiscalía Regional el 26 de abril de 2021” respecto a que las comunicaciones con la prensa “obedecen a justificadas e importantes razones que atienden principalmente a la preservación de las investigaciones”, y sobre todo “teniendo en cuenta que la información proporcionada no tenga efecto adverso sobre la seguridad de las y los funcionarios, víctimas, testigos o imputados o que no incremente de algún modo la criminalidad que se pretende combatir”.
El ex fiscal general Baclini dejó lista la primera versión del Manual de Comunicación del MPA, “el cual contiene criterios generales de difusión de información para documentos institucionales y piezas periodísticas; estándares para una identidad visual integral y un posicionamiento institucional acerca del uso de redes sociales oficiales del MPA”, según su informe de gestión. Habrá que ver si contiene “las pautas claras y precisas” que se reclaman para tratar con la prensa.
Libertad, pero no tanto
La situación actual impone la necesidad de evaluar otras cuestiones para la reserva ante el periodismo, según la Asociación. Desconocerlas “en nombre de una supuesta irrestricta libertad de expresión” (sic) supone un enfoque ligero y precipitado y atentaría contra la responsabilidad social del periodismo. Sin embargo, la Asociación no especifica cuáles serían las cuestiones que se agregan: las que menciona (“el impacto que sobre los mismos delincuentes puede llegar a tener el acceso a cierta información, fortaleciendo la proliferación de sus conductas e incluso develando debilidades”) están comprendidas dentro de la resolución de 2014.
La Fiscalía Regional de Santa Fe sería un modelo para los que quieren definir otras reglas de juego en la comunicación institucional. Los fiscales de Delitos Complejos, en particular, no hablan fuera de las conferencias de prensa. Pero la mordaza parece tan selectiva como las persecuciones que se entablan: el silencio no estuvo lo suficientemente blindado, por caso, para impedir las constantes “filtraciones” de audios y videos con los que se montaron operaciones periodísticas contra ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. Todavía no hay una respuesta sobre cómo se pusieron en circulación esos registros. La “concepción palaciega de la Justicia” que el ex ministro Sain describió en la Fiscalía de Santa Fe se apoya precisamente en un funcionamiento renuente a la exposición porque recela del control público y prefiere resolver sus asuntos lejos de los ciudadanos.
La Asociación de Fiscales y Funcionaries celebra la “acertada decisión” de crear una Oficina de Prensa, elogia al director y llama la atención sobre el mensajero: la prensa tergiversa y descontextualiza las declaraciones que recibe y publica comentarios hechos en off. Habría que preguntarse si los funcionarios de la Justicia reproducen las declaraciones como las reciben en una causa, sin editarlas de algún modo, sin sacarlas de su contexto original, sin hacerles decir otra cosa de la que quisieran demostrar, al reconstruir un episodio.
Según la Asociación, los fiscales fueron sorprendidos en su buena fe y no estaban al tanto de que se iban a publicar esas declaraciones. Pero se supone que estaban al tanto de que trataban con un periodista y de que el periodista los llamaba en razón de su trabajo. Con el mismo criterio un testigo o un imputado podrían quejarse de que hablaron ante un fiscal sin imaginarse que sus testimonios podrían integrar una causa.
El párrafo central del comunicado está sobre el final: “Se corrobora que algunos medios de comunicación de la ciudad de Rosario de gran alcance tienen prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales en trámite que por escrictas razones políticas —o de complicidad— le desfavorecen, resultando ello una verdadera censura previa, consentida y no resistida por los propios periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de expresión”.
Carlos Claá, el periodista de Noticias que entrevistó a los fiscales, respondió en Twitter: “Este comunicado es insólito y está lleno de inexactitudes. En @noticiasrevista no violamos ningún off, ni tergiversamos nada. De hecho hicimos una nota que banca a los fiscales en la lucha contra el narco. Podrían ocuparse de darles contención a sus asociados en vez de mentir”. Ningún “medio de comunicación de la ciudad de Rosario de gran alcance” se dio aludido por la referencia, pero la discusión debería continuar. Mientras tanto, vale recordar una observación muchas veces realizada y adaptarla al contexto de Santa Fe: un periodista no es la empresa para la que trabaja y un fiscal no es la burocracia que le pide cuidar su imagen mientras expone la vida.
Este comunicado es insólito y está lleno de inexactitudes.
— Carlos Claá (@carlosclaa) July 4, 2023
En @noticiasrevista no violamos ningún off, ni tergiversamos nada. De hecho hicimos una nota que banca a los fiscales en la lucha contra el narco.
Podrían ocuparse de darles contención a sus asociados en vez de mentir. https://t.co/zV7iKiHFxP
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