En cuestión de horas se aprobaron cuatro de las once leyes referidas a seguridad, que habían llegado a las 14:30 a la Legislatura provincial. Y para las 20 ya se había completado la sanción de otras cuatro que también había pedido el gobernador Maximiliano Pullaro, más vinculadas al plano económico, al habilitar su tratamiento antes de la primera sesión extraordinaria.
En las cuatro con más repercusión se declara la Emergencia en Seguridad, se modifica la labor del Servicio Penitenciario, se regula el control de los gastos reservados en investigaciones penales y la protección de testigos y se pone a los fiscales y a la Policía de Santa Fe a perseguir el narcomenudeo. Ingresaron por mesa de entradas cuando todavía algunos legisladores estaban bajando de sus autos. El gobernador ya había puesto a sus mensajes y otros expedientes que llevaban una larga quietud en la línea de largada.
La gestión del Ejecutivo santafesino va a toda prisa y al mismo ritmo parece querer llevar a los otros dos poderes. La Corte, rápida de reflejos pese a lo que se diga de sus años, tomó nota del reclamo sobre la lentitud judicial que le formuló el jefe de la Casa Gris en su discurso de asunción —nada dominguero—, del día 10. La cabeza del Poder Judicial dispuso que haya una guardia de receso reforzada y que se activen durante el verano algunas causas mostrables a la prensa. De ahí a privarse de la feria judicial hay un largo trecho pero se buscó dar una señal.
Las caras de los experimentados ministros de la Corte santafesina cuando se retiraban tras oír el primer discurso de Pullaro como gobernador mostraban su desagrado. Le respondieron casi de inmediato.
En la Legislatura, en tanto, la respuesta del oficialismo dominante en ambas Cámaras fue también a toda marcha ante el requerimiento del hiperactivo flamante mandatario provincial, que se ha empeñado en hacer madrugar a los cronistas gubernamentales con ruedas de prensa que coinciden con el horario en que fichan los empleados públicos: las siete. Desde las 6 se lo ha visto llegar. Prometió un “gobierno de acción”.
Habrá que ver si tanta premura en la gestión finalmente lleva a destino. Por lo pronto, el ministro de Justicia y Seguridad ahora cuenta con las normas que eran inexcusablemente votables en el acto, sin pasar por las comisiones; para las otras, que exigen lecturas más a fondo, Pablo Cococcioni deberá esperar. Su par de Gobierno, Fabián Bastía, fue el negociador con los jefes de los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe y con representantes de la oposición en minoría, sobre cuan a fondo se iba a pisar el acelerador en el Palacio de la avenida General López en la capital provincial. Bastía es un hombre de la casa, el ex diputado provincial siempre se sentó en la banca al lado de Pullaro. Al Senado también lo conoce desde adentro con la intimidad que solo permite el ser un empleado, cuando le tocó ser subsecretario de Cámara.
¿Dos sesiones en pleno enero?
El paquete normativo sobre el funcionamiento de la Justicia y las herramientas que cree necesarias el gobernador para enfrentar la inseguridad llegó en la siesta del jueves 14. Las reuniones en las cómodas dependencias de la Presidencia del Senado, de las que también formó parte la vicegobernadora del Pro, Gisela Scaglia, y la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Clara García, dividieron en dos ese conjunto de once normas. El criterio que aplicaron los jefes de los bloques fue simple: avanzar con aquello que ya había pasado por la discusión del frente de frentes en su programa de gobierno y que además había sido materia de debate legislativo en el pasado.
Hubo dentro de los márgenes de aquellos títulos del acuerdo entre Juntos por el Cambio y lo que quedaba del Frente Progresista, Cívico y Social algunos textos que pueden gustar más o menos en ese amplio abanico ideológico, pero el oficialismo respondió bien, aún con el motor a tantas revoluciones por minuto. El agua y el aceite fluyeron por donde debían, el combustible del poder funcionó. La coalición que gobierna Santa Fe es casi un cero kilometro, se patentó en 2022 y salió a ganar elecciones este año. Por ahora no se le sienten traqueteos o desgastes propios de todo vehículo. “Solo las buenas marcas responden bien pasados los cien mil kilómetros”, bromeó un observador de los engranajes parlamentarios.
¿Cómo fue que los senadores y los diputados del partido de gobierno desarmaron el paquete de once para aprobar a toda prisa cuatro y dejar otros siete asuntos en comisiones sin demasiados conflictos? La pregunta es premeditadamente retórica. La respuesta es conocida: siempre de lo que se trata es de una negociación.
La unanimidad, aún para una mayoría asegurada, tiene un valor ante la opinión pública que cotiza bien en política. Es positivo que el gobierno haya hecho esfuerzos para permitirla. Además, también puertas adentro del oficialismo fue más fácil digerir la sanción en cuestión de horas de cuatro leyes, que en otro momento hubieran llevado meses, porque tienen algo en común: todos esos expedientes que pasaron apenas una tarde en la Legislatura y volvieron sancionados para su promulgación en la sede del gobierno, fueron aprobados alguna vez o tratados en comisiones en ambas Cámaras en el pasado. Los otros, en rigor, aún no habían sido siquiera leídos por los 19 senadores y los 50 diputados.
La Legislatura irá rápido. Ya se habla de un cronograma de sesiones que incluye dos jueves de enero de 2024.
Respeto
Pese a que Bastia esperaba más (acaso esa sea su forma de exigir velocidad), el Ejecutivo fue finalmente respetuoso de sus propias mayorías oficialistas en sendos cuerpos: primero porque no envió una ley ómnibus para la emergencia pese a tener todas las excusas para hacerlo, sino distintos proyectos de ley en un conjunto que luego pudo dividirse en cada cámara.
Para el gobernador Pullaro la urgencia era doble: primero porque se trataba de dar una contundente respuesta también desde el plano institucional a las amenazas del delito en la ciudad de Rosario, enseñoreadas hasta con mensajes al flamante gobernador, y porque seguridad es su principal prioridad de gobierno, según su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa. Los primeros 20 minutos de la hora y pico en que habló de modo vibrante estuvieron dirigidos a la necesidad de recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio provincial.
En segundo lugar, el apuro también se explica porque se supone que esta semana será clave la visita a Santa Fe de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Microtráfico
Parece que toda nueva gestión se ve en la obligación de rebautizar las cosas. Hasta ahora en Santa Fe se discutía sobre la desfederalización del tráfico de drogas en pequeñas cantidades bajo el sintético título de “narcomenudeo”. El gobierno provincial prefirió usar “microtráfico”.
El senador por 9 de Julio Joaquín Gramajo (Unite) dijo sin medias tintas que se trataba de emprender la lucha contra los kioscos de drogas y los dealers que ya no se ocultan en las calles —siempre usa la figura de cortarle los tentáculos al pulpo—. Su par por Caseros Eduardo Rosconi (PJ) recordó que su proyecto fue el primero en proponerlo hace ya más de 15 años, al advertir que en otras provincias había experiencias exitosas. El presidente provisional de la Cámara Felipe Michlig no se ahorró compromisos para el oficialismo: “ahora no hay más excusas”, graficó el radical y felicitó al gobernador por no esquivar los problemas. “Tenemos que dar una respuesta, somos Santa Fe”, expresó dirigiéndose a toda la Cámara que lo seguía con atención que provoca el poder. Su banca ahora está también físicamente ubicada en el centro visual del hemiciclo de 19.
Gastos reservados
Lo malo de ir a toda velocidad es que los paisajes se disfrutan mucho menos. Y que cuando se hacen tantos kilómetros sin estirar las piernas solo importan la ruta y el objetivo. Hubieran merecido al menos un par de fotos desde la ventanilla los escasos debates al aprobarse las cuatro normas que ya Pullaro debe haber promulgado, y hasta puesto en ejecución.
Las Cámaras tienen legisladores que provienen de su composición anterior, sobre todo el Senado. En la Cámara alta fue interesante el debate para volver a aprobar —por tercera vez por unanimidad— la ley que transparenta el uso de recursos públicos para la investigación penal y el cuidado de los testigos, en el MPA y el programa de testigos protegidos.
El ex jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (San Lorenzo) y el radical Michlig apuntaron al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain con datos: la investigación en su contra incluye el manejo de esos dineros públicos. Hay audios en la causa que permiten pensar que eran repartidos entre él y sus colaboradores.
El ocultamiento, las “cajas negras”, también permitieron que en la Casa Gris haya funcionado un mecanismo de espionaje que el MPA de Santa Fe considera abuso de autoridad. Traferri aprovechó para recordar que en la Comisión de Acuerdos se debe “avanzar” sobre los fiscales que presuntamente fueron parte de ese esquema de información, ilegalmente obtenida, desde el órgano de la Acusación en Rosario a las oficinas de la Casa Gris en Santa Fe donde se encontraron las famosas carpetas de perfilamientos a dirigentes políticos, empresarios, periodistas y editores.
El socialista Francisco “Paco” Garibaldi (La Capital) aportó un primer discurso sobre la norma que mal fue llamada “anti Sain” y ahora vuelve a aprobarse, porque va mucho más allá de las pasiones en torno a un pasajero funcionario. El ex concejal santafesino recordó que el ex gobernador Omar Perotti la había vetado y el resto de la historia es conocida: el Senado insistió con la totalidad de sus miembros, pero en Diputados no se llegó a los dos tercios y se impuso el criterio de aquel Ejecutivo: cayó una ley a favor de la transparencia (falsamente presentada como contra un ministro).
El jueves 14, en la Cámara baja, cuando llegó el turno de la sanción definitiva de ese expediente, los cronistas parlamentarios no se perdieron detalles en el bloque de “los ex ministros” de Perotti que aceptaron la norma. Votaron a favor también los justicialistas Walter Agosto (ex Economía), Sonia Martorano (ex Salud), Celia Arena (ex Gobierno) y Marcos Corach (ex Gestión Pública). El autor de aquel veto (el ex gobernador) no estuvo en la sesión.
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