A partir de una solicitud de acceso a la información pública, la Secretaría de Transporte y Logística de Santa Fe reveló que desde septiembre del 2025 fueron dadas de baja 34.606 franquicias del Boleto Educativo Gratuito (BEG), de las cuales 24.855 están vinculadas a la pérdida de regularidad de los alumnos en sus respectivas carreras y 9.751 por tener domicilio fuera del territorio provincial. Sobre un universo de 284.417 beneficiarios, las cancelaciones incluyen a 32.527 alumnos, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aseguran haber detectado más de 13 mil personas que no cumplían las condiciones estipuladas.
La decisión está amparada en la ley 14.394 sancionada por la legislatura santafesina en diciembre del 2024 por amplia mayoría y establece que los estudiantes deberán tener “al menos una materia aprobada en el año anterior”, a excepción de los ingresantes que no tienen restricciones, y vivir en Santa Fe. El BEG fue una política pública implementada por el gobierno de Omar Perotti a partir del año 2020, aunque el decreto 1175 que oficializó su creación delegaba en la Secretaría de Transporte los detalles para su implementación; solo en el artículo 7 se hace referencia a la suspensión en el goce del beneficio frente a “la constatación del uso indebido de la misma”.
En un comunicado oficial, el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, estimó el ahorro en 585 millones de pesos durante el mes de junio: “La sociedad nos pide que cortemos con la joda en el Estado, y hacer estos controles también es terminar con la joda porque si hay alguien que tiene el Boleto y no va a estudiar, o no cumple con los requisitos, es injusto para quien sí cumple”, disparó. Por su parte, la secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, afirmó que “el sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.
No obstante, el proceso de auditoría no estuvo desprovisto de controversias; a finales del mes de agosto, los estudiantes recibieron una notificación a partir de la cual debían revalidar su tarjeta SUBE para no perder la gratuidad, lo cual generó largas filas en las Terminales Automáticas de Servicios (TAS). En principio, circuló una versión de que el 31 de agosto era la fecha límite, pero más tarde el gobierno aclaró que el plazo no regía para Santa Fe aunque recomendaron realizar el trámite para evitar contratiempos. A posteriori comenzaron a ejecutarse las suspensiones de manera sorpresiva y sin previo aviso.
Lo que ven los estudiantes
“De un día para el otro, sin avisar, sin explicar los motivos y sin notificar tampoco a los recortados, se les saca el boleto. Hay muchas contradicciones porque en principio hicieron circular la versión que era una desconexión con el sistema SUBE, que era un error burocrático, y recién en las últimas semanas salieron a decir que estaban realizando una auditoría”, manifestó Enzo Balbuena, secretario general de la Federación Universitaria de Rosario. En una carta presentada frente a las autoridades del municipio y la provincia, los estudiantes alegan que los motivos del ajuste no fueron explicados debidamente y llega en un momento “donde tenemos que rendir parciales y finales”.
Con relación a los argumentos esbozados por el oficialismo para justificar las anulaciones, el dirigente estudiantil señaló que la certificación de alumno regular se presenta al comenzar el ciclo lectivo y se mantiene durante todo el año: “A quienes van a reclamar les ponen muchas excusas, muy variadas, una es la de la pérdida de regularidad. Tenemos muchos casos de alumnos que tuvieron que volver a presentar el certificado firmado por la Secretaría Estudiantil y ahí pudimos constatar que las cancelaciones estaban mal realizadas”. Balbuena sospecha que el objetivo es desgastar al alumnado y que desistan del reclamo.
Con relación a la cuestión del domicilio en la provincia, exigido en el artículo 5 inciso C de la ley que regula el Programa de Boleto Educativo Gratuito, desde la FUR sostienen que históricamente se declaraba la dirección real y se justificaba a partir de la presentación de impuestos o con el contrato de alquiler. “No nos dieron un tiempo prudencial a los estudiantes para cumplir con este requisito y que uno pueda hacer el cambio en el DNI. Si hubo una modificación legal, me parece que es un llamado de atención a la provincia que hizo todo de espaldas a los estudiantes, y después también a los diputados que votaron esto y que van a tener que modificarlo seguramente”, expresó el joven.
Cancelados sin aviso
Algunos casos relevados por Suma Política muestran al menos ciertas irregularidades en la comunicación llevada adelante por la Secretaría de Transporte de la provincia, dependiente del Ministerio de la Producción, para informar a los estudiantes sobre la baja en el beneficio por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley.
Entre ellos sobresale la historia de Juan, estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias Económicas, oriundo de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, quien nunca fue notificado de la cancelación: “Yo me enteré por todo el revuelo que hubo cuando decían que teníamos que actualizar la tarjeta SUBE. Cuando ingreso al sistema veo que me lo habían quitado, después me lo devolvieron por dos días y me lo volvieron a cancelar sin explicaciones”, aseguró. El joven cree que el motivo principal es que nunca realizó el cambio de domicilio en su documento por razones familiares: “Hace más de ocho años que vivo en Santa Fe, pago un alquiler, tengo impuestos a mi nombre, pero nunca me llegó ningún aviso, nada. Estoy regular en la carrera, me quedan diez materias para recibirme”, expresó.
Para Camila, una estudiante entrerriana de la Facultad de Derecho de la UNR, la situación fue similar: tras realizar la actualización de su tarjeta, fue dada de baja y hasta el momento no pudo recuperar el beneficio pese a los insistentes reclamos para obtener una respuesta por parte de las autoridades. Otras estudiantes que corrieron con mejor suerte fueron Fran y Paloma: en el primer caso, y pese a tener declarado su domicilio en otra provincia, pudo acceder nuevamente al BEG tras cancelarlo voluntariamente y volverlo a solicitar; Paloma, alumna de la Escuela de Comunicación Social, también fue afectada en primera instancia por los cambios, aunque con posterioridad le fue restituida su franquicia.
En la mayoría de los casos reportados, los estudiantes tomaron conocimiento de los posibles motivos por los cuales perdieron la franquicia a partir de las preguntas de este medio. Pese a que la Secretaría de Transporte tiene un punto a su favor en relación a la aplicación de la norma provincial que regula la implementación del BEG, sería deseable una campaña de información pública para poner en conocimiento a la población destinataria de los requisitos necesarios para no perder el beneficio, y otorgar un período de tiempo prudencial para la adaptación. Más allá de los discursos de austeridad, cabe contemplar a los alumnos que mantienen la regularidad en sus carreras y que, pese a las dificultades económicas, apuestan a seguir estudiando.
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