La Convención Reformadora aprobó una serie de reformas que configuran un nuevo diseño del Poder Judicial en la provincia. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de siete ministros —con paridad de género y representación territorial— que cesarán en su función de forma automática a los 75 años. Además, el Ministerio Público pasará a ser un “órgano extrapoder” y se creará un Consejo Asesor para la selección de magistrados, fiscales y defensores con opinión “vinculante” para el Poder Ejecutivo, y un Tribunal de Enjuiciamiento para casos de faltas graves o delitos dolosos. Al igual que en el resto de las sesiones, el oficialismo —que tiene mayoría para introducir las reformas— cedió algunas pretensiones en función de lograr el acompañamiento de sectores del justicialismo.
La sesión comenzó pasadas las cuatro de la tarde –estaba prevista dos horas antes– y el tratamiento del temario se demoró aún más. Durante el inicio, el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, tomó la palabra para pedir disculpas por un exabrupto ocurrido al finalizar la sesión del lunes, cuando un micrófono abierto le jugó una mala pasada en medio de un enojo con el convencional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz. “Lo voy a cagar a trompadas a este tipo”, se le escuchó decir. El mensaje fue repudiado en redes sociales por los dirigentes libertarios.
Mayoraz aceptó las disculpas y las consideró “sinceras”. Sin embargo, recordó los motivos de su enojo sobre el final de la sesión: que el reglamento no autoriza al presidente de la Convención a emitir opiniones y lo obliga a mantener un rol institucional de equilibrio. “Desde el sitial no se pueden hacer expresiones, tiene que hacerlo desde la banca”, expresó y agregó: “Lo más grave del otro día es que además estaba en medio de una votación. No corresponde”.
Algunos convencionales se sumaron con discursos destacando la “grandeza” del pedido de disculpas, hasta que Amalia Granata rompió con tanta dulzura. “Pedir disculpas es lo que corresponde, no es para hacerse un auto homenaje o felicitarse entre ustedes mismos. No le creemos sus disculpas, usted las está haciendo no de forma sincera sino porque esto tomó trascendencia nacional”, sostuvo. Su par de bloque, Lucila Lehmann, comparó el inicio del debate con “un retiro espiritual”.
Recién después de todo ese periplo, el presidente de la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, Lisandro Enrico, procedió a explicar las reformas a introducir en el capítulo judicial. Lo definió como “uno de los debates más complejos” de la reforma.
La votación se dividió en tres grandes bloques: los aspectos vinculados a la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo por un lado; el temario vinculado a los cambios en el Ministerio Público y la forma de selección y juzgamiento de jueces, por otro; y las cláusulas transitorias para regular el cambio de sistema, en último lugar. En total, se modificaron seis artículos y se agregaron nueve.
Corte amplia
Una de las principales reformas se da en relación a la Corte, que pasará a estar conformada por siete magistrados, a diferencia de la redacción vigente que habla de cinco miembros “como mínimo”. Además, el texto apunta a que la selección se haga siguiendo una orientación de género y de representación territorial. También se pone un tope a las funciones de los supremos, que cesarán de forma automática a los 75 años.
A su vez, la Procuración General aparece como un órgano del Poder Judicial, a cargo de un procurador que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa por cinco años, y con la posibilidad de una reelección consecutiva. Tanto las autoridades de la Corte, como el procurador, serán designados por el Ejecutivo, también con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Entre los cambios también se definió que la Defensoría del Pueblo adquiera rango constitucional, con atribuciones que estarán definidas por ley. Su principal objetivo es la protección y defensa de los derechos de la comunidad, frente a la Administración Pública. Igual con el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros durarán seis años y serán designados por el Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea Legislativa y removidos por juicio político.
Críticas
El clima tenso de sesión quedó de manifiesto con la intervención de Silvia Malfesi. La convencional de Somos Vida y Libertad suele despertar algunas risas por sus ingeniosas y vehementes intervenciones. Pero de entrada marcó la cancha: “No me cabe lugar para ninguna broma. Es un día de duelo para la provincia. Hoy enterramos la forma republicana de gobierno”. Para la dirigente, los principios de género y territorialidad que orientan la nueva redacción pueden “lesionar” la idoneidad al momento de la selección de jueces.
Por su parte, Giustiniani adelantó el voto negativo del espacio a todo el capítulo judicial argumentando que los despachos tratados “redundarán en una concentración de Poder en el Ejecutivo y de control político sobre la Justicia, consolidando prácticas que la sociedad reclama superar”. El espacio solo se abstuvo en la votación referida a la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo, mientras que Marcelo Lewandowski y Victoria Capoccetti acompañaron con su voto las reformas de la Corte Suprema.
En el peronismo, Lucila De Ponti habló de “sabor a poco” en relación a la incorporación de la Defensoría del Pueblo, entendiendo que del debate en la comisión quedó “un texto débil”.
Ministerio Público
Otro de los puntos fuertes son las reformas en el Ministerio Público, que pasará a ser un “órgano extrapoder”, con autonomía funcional y autarquía financiera, dividido en dos ramas: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la persecución penal, y el Ministerio Público de la Defensa, que deberá garantizar el acceso a la Justicia, con el foco puesto en las personas en situación de vulnerabilidad. Tanto el Fiscal General como el Defensor General tendrán mandatos de cinco años, con posibilidad de una sola reelección y también cesarán en sus funciones a los 75 años.
La Convención también definió que los jueces, fiscales y defensores del Ministerio Público sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo a un procedimiento de selección que será realizado por un nuevo órgano: el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público. Se trata de un órgano técnico, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, que tendrá entre sus funciones la organización de concursos públicos.
El órgano estará integrado por un juez, un fiscal o un defensor —dependiendo de la vacante a cubrir— más un diputado, un senador, un abogado matriculado en la provincia y un académico perteneciente a universidades con sede en la provincia. En la redacción se estableció que la propuesta que se eleve al Ejecutivo debe ser “vinculante” y se definió que los concursos mantengan una ponderación de mérito, para agilizar el proceso a la hora de cubrir vacantes.
En tanto, los jueces y fiscales del Ministerio Público serán juzgados por un Tribunal de Enjuiciamiento, por medio de un proceso acusatorio, oral y público. El órgano estará presidido por un juez de la Corte, el Fiscal General o el Defensor General, según el funcionario investigado. También habrá representantes de la Legislatura y abogados matriculados en la provincia. En un principio iban a ser siete integrantes, pero finalmente se terminó ampliando a once.
Otros debates
Desde el oficialismo, Lionella Cattalini celebró la incorporación a la Constitución de un Ministerio Público, en concordancia con lo que dice la Carta Magna a nivel nacional. “Es necesario separar las funciones de la acusación del Poder Judicial”, detalló.
En una misma línea, se pronunció su par de Unidos, Lisandro Enrico, que recordó el acuerdo de “todos los miembros de la comisión” respecto a la importancia de dotar de autonomía a ese organismo: “Este organismo sale fortalecido con la creación institucional por fuera, pero también veremos que cuando hablamos de república, hablamos de independencia del Poder Judicial, pero también de controles, pesos y contrapesos”.
No obstante, desde sectores de la oposición se mostraron críticos del proceso de selección de jueces. Marcelo Lewandowski, de Activemos, se pronunció en ese sentido. “En los próximos dos años, este gobierno va a poner los siete miembros de la Corte”, cuestionó. “Venimos a advertir que de esta Constitución debe quedar perfectamente clara la separación de los tres poderes si queremos tener una democracia plena en la provincia de Santa Fe”, completó.
Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, también cuestionó ese aspecto: “Hay un desequilibrio de poder. Están transformando al Poder Judicial en un apéndice del poder político, y eso es peligroso. Celebramos que el Ministerio Público de la Acusación tenga autonomía, pero también me pregunto qué tipo de autonomía va a tener con este Tribunal de Enjuiciamiento, porque es difícil imaginar a un fiscal investigando de manera libre e independiente cuando tiene al poder político encima”.
Particularidades
Como ocurrió en otras oportunidades, la participación del convencional Javier Meyer, de La Libertad Avanza, generó polémica. En esta oportunidad, al sugerir que tanto el poder político como el legislativo y judicial “están todos enganchados” con el narcotráfico. Desde la presidencia lo advirtieron y, por primera vez en lo que va de la reforma, se estuvo por hacer uso de las sanciones previstas en el reglamento por “faltar al orden”.
“No es la primera vez que escuchamos hablar de narcotráfico y cualquier comentario. Vayan y denuncien si tienen un conocimiento de algo”, cuestionó Fabián Bastia (Unidos), visiblemente enojado. “No me voy a disculpar porque no acusé a nadie. Si nosotros no empezamos a tomar en serio este asunto y seguimos siendo negacionistas, esto no va a tener solución”, retrucó Meyer.
Llamativamente, la Convención se tomó un largo rato para debatir en torno a un tema que parece menor. Es que la redacción en torno a la conformación del Consejo Asesor y el Tribunal de Enjuiciamiento hablan de incorporar “un académico perteneciente a universidades públicas con sede en la provincia con especialización en materia afín al cargo concursado”. ¿Por qué públicas y no privadas? Ese planteo —al que definió como discriminatorio— llevó al recinto la convencional libertaria, Elisabet Vidal.
“Soy hija de la universidad privada. Lo digo con mucho orgullo porque es el estudio que me dio mi familia y es el lugar que me posibilitó estar hoy sentada en esta convención”, describió la dirigente. En un debate que se extendió más de lo necesario, se terminó zanjando con una nueva redacción: se sacó cualquier caracterización, para dejarlo como “universidades con asiento en la provincia de Santa Fe”.
Cláusula transitoria
También se aprobaron algunas cláusulas transitorias que definen cómo se van a introducir estas modificaciones por primera vez. En primer lugar, que las leyes reglamentarias a introducirse deberán dictarse en un plazo máximo de dos años.
Luego, se establece que el procurador actual pasará a integrar la nueva Procuración General hasta jubilarse o cumplir 75 años. En tanto, los fiscales extrapenales pasarán a ser procuradores. Hasta la entrada en vigencia del nuevo sistema, la selección o sanción de jueces, fiscales, defensores o fiscales se regirán con la normativa actual.
También se garantiza el traspaso inmediato de todos los trabajadores de Fiscalía y del Servicio Público de la Defensa al nuevo Ministerio Público, preservando sus cargos, presupuesto y carrera. Este fue un punto de desacuerdo para el peronismo, que se hizo eco del reclamo de los gremios judiciales que resistían este apartado.
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