Ni el gobierno provincial que dejó de aplicarla, ni las cúpulas sindicales de los gremios estatales de empleados públicos y de docentes que mansamente acordaron quitarla en 2020. Nadie habla de la cláusula gatillo en el conflicto salarial que vive Santa Fe en su Estado provincial que —semana tras semana— se profundiza y deja la actividad en las escuelas reducidas a su mínima expresión, y prácticamente paraliza todos los trámites de la órbita oficial. Poco se mueven los expedientes cuando se suman dos días seguidos de oficinas desiertas por semana. Aunque la gente pierda, mucho ahorra el Estado cuando no se abren las escuelas ni las reparticiones públicas, ni se llevan a cabo las cirugías que se pueden postergar. ¿Cuánto habrá ahorrado la provincia cuando la recaudación recibió un impacto inflacionario del 15 por ciento en julio, al tiempo que se ralentizaron las obras y los salarios quedaron atrás con una pauta diseñada en marzo?
De eso no se habla
La inexistencia de un mecanismo de actualización de los haberes según se mueva la inflación es la gran novedad en las reglas de juego acordadas por las partes, en la pulseada salarial estatal.
De haber estado vigente la cláusula gatillo se hubiera evitado el tironeo por una porción de la caja que ha acumulado la gestión de Omar Perotti, que publicó su déficit fiscal justo antes de que se reconozca desde el gobierno nacional que la inflación de enero a julio acumulada llegó al 46 por ciento. En los impuestos que gravan la actividad económica, al haber precios más altos sube la recaudación.
El compañero Mauricio
La cláusula gatillo fue una salida del macrismo en las negociaciones paritarias que algunos economistas, incluso de esa fuerza, criticaron por heterodoxa. Los más enojados hablaron de la “indexación de los salarios según la inflación”. Pero el gobierno nacional anterior le dio vía libre como una forma de demostrar su convencimiento de que podría dominar la inflación.
También, para demostrarle al PJ que mientras duró el IndeK, así con K, y sus datos fueron tergiversados, una cláusula gatillo hubiera significado salarios por debajo de la inflación real. La actualización salarial según inflación y cláusula gatillo fue posible cuando la Argentina recuperó su confiabilidad para medirla. Y esa situación no ha cambiado.
A la cláusula la desearon todos los gremios del sector privado, pero la obtuvieron muy pocos. Sólo se extendió con rapidez en la esfera del sector público.
Para más paradojas, con Macri la cláusula se aplicó de modo muy peronista, de manera vertical, desde las autoridades a las conducciones sindicales.
Cuando a nivel nacional la gestión de Cambiemos dejó de ofrecer aquel reajuste automático por inflación, en sus dos últimos años de crisis y ajustes, en Santa Fe el gobierno del socialista Miguel Lifschitz lo sostuvo a contrapelo de lo que sucedía en la mayoría de las demás paritarias estatales.
Entre los empleados públicos, los maestros, los docentes reemplazantes que no tuvieron ayudas cuando quedaron sin horas en la pandemia (y ni siquiera contaron con el IFE nacional) recuerdan aquellos tiempos en que las paritarias no habían comenzado y ya estaba hecho ese ofrecimiento desde la Casa Gris.
Los “me gusta” de Malasia
Corría enero de 2020 cuando el gobierno santafesino comunicó la anulación de la cláusula gatillo para docentes, estatales y jubilados, y un aumento por decreto de un 4,1 por ciento a cuenta de la próxima paritaria.
Ningún gremio se quejó. Al contrario, Sonia Alesso (por entonces secretaria general de Ctera) dijo que la cláusula perdida “no era la panacea”, que no se podía discutir “cláusula sí o cláusula no”. Amsafe provincial también apoyó con un comunicado. Amsafe Rosario, por el contrario, expresó su rechazo.
En Santa Fe, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, dijo hace casi dos años que la cláusula era “un elemento más, que tuvo buena prensa pero no empató la inflación”. Y este año, en marzo, que lo que se buscaba era ganarle.
UPCN optó por callar pero poco después al firmar la primera actualización salarial con el gobierno de Perotti mostró un fenómeno comunicacional extraño. La publicación del acuerdo tenía una enorme cantidad de “me gusta” en su página de Facebook. Pero quien desglosara aquellos clics pronto vería que la mayor parte de las adhesiones correspondían a nombres y apellidos escritos con el alfabeto cirílico, con caracteres árabes o malayos.
Lo bueno para los gremios y sus representados en el Estado provincial vino en 2021, aunque para las elecciones de entonces las cosas no estuvieran del todo bien en la interna del PJ.
Instrucciones para dinamitar puentes
A última hora de este jueves 18 todo se complicó aún más. Para entonces las cartas ya estaban echadas y el gobierno sabía que no podría evitar más paros de UPCN y de ATE, que fueron anunciados primero; y de Amsafe y Sadop que luego sumaron medidas de fuerza acordadas entre ambas cúpulas sindicales docentes para las escuelas públicas y privadas.
No había posibilidades políticas de dar marcha atrás cuando el gobierno comunicó su convocatoria para el primer día de setiembre para retomar las negociaciones paritarias. Es decir, todo dentro de lo previsto por el acuerdo firmado por ambas partes en marzo y muy lejos del reclamo sindical que lo que había pedido era adelantar la pauta en el mes de agosto de lo previsto para más adelante.
No fue el contenido del anuncio lo que molestó. Fue la forma. Desde los gremios se la leyó como “una operación”. No toleraron haberse enterado por los medios, algo que hasta ahora nunca había sucedido en la relación entre los funcionarios negociadores y los representantes de los trabajadores.
Ambos sienten la presión de sus representados. Los primeros a las órdenes de Perotti porque saben que lo que suceda en el ámbito estatal también empuja las paritarias privadas locales y porque los santafesinos que no son empleados del Estado no han tenido ninguna recomposición en la enorme mayoría de los casos (y son los que pagan los impuestos), y los segundos en cambio porque saben que al menos parte de “las bases” ya les han tolerado las negociaciones del primer año del actual gobierno provincial que no fueron de las más exigentes.
Un dato más: ni siquiera el gremio que en las calientes Paso del peronismo en 2021 jugó con la Casa Gris supo lo que pasaría el jueves en que se dinamitaron los puentes. Amsafe jugó con Agustín Rossi en contra de Lewandowski y Mirabella, mientras que Sadop siguió fiel al oficialismo y bancó la candidatura a senador nacional del ex periodista deportivo y el elegido por el gobernador. Ni siquiera hubo ese gesto para con quienes acompañaron al Ejecutivo.
En el gobierno, por el contrario, se cree que han sido “muy poco valorados” los esfuerzos hechos por la gestión para sostener el poder adquisitivo de los ingresos, que se acordó una revisión que ahora se pondrá en marcha con la mejor buena voluntad, tal cual lo firmado, y que se ha premiado a los asalariados en general y a los docentes en particular con Billetera Santa Fe y el boleto docente entre otras políticas públicas. Lo cierto es que tal como ha escalado el conflicto ahora parece difícil superarlo con una simple suma fija o un bono como exigió la CGT nacional en su última movilización que no fue contra el gobierno sino de “los devaluadores, especuladores y ajustadores”. En fin, un festín para el análisis del discurso político.
Autor
