La Comisión de Información y Seguimiento de Vicentin SAIC de la Cámara de Diputados de la provincia exhortará este jueves al Ejecutivo santafesino a extremar esfuerzos para resolver la dramática situación de la empresa, inmersa en un concurso de acreedores que comenzó hace exactamente dos años y que tiene como plazo máximo de extensión el 31 de marzo próximo. Antes de esa fecha, los representantes del holding del norte santafesino —que tiene una deuda de 1.475,4 millones de dólares, de la cual 300 millones son acreencias del Banco de la Nación Argentina— deben formular una propuesta de pago admisible para el juez Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini.
Los diputados provinciales Luis Rubeo (PJ), Carlos Del Frade (Soberanía Popular), Palo Oliver (UCR) y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) —miembros de la citada comisión— dieron este miércoles 9 de febrero una conferencia de prensa en la sede rosarina de la Cámara de Diputados en la que no hicieron más que alertar sobre la cuenta regresiva que concluye a fines de marzo: la posibilidad de la quiebra determinaría la pérdida de miles de fuentes de trabajo (directas e indirectas) y pondría en colapso un sector medular del sistema productivo provincial. Los diputados, representados por Rubeo como orador, dijeron que también procurarán reunirse de manera urgente con el juez.
Vale recordar que la última semana de noviembre del año pasado el juez rechazó una propuesta de la empresa a sus acreedores que contemplaba una quita del 70 por ciento; consideró que la misma era “abusiva”, que no establecía “plazos ciertos” de pago y obligó a que sea reformulada. Una semana después, Vicentin solicitó la extensión del concurso preventivo hasta el 30 de junio de 2022; el juez desestimó el pedido y fijó como último plazo el 31 de marzo.
En la reunión que ahora los legisladores quieren tener con el magistrado intentarán obtener certezas sobre los rumores que han empezado a circular sobre una nueva propuesta de pago. Las versiones sobre cuánto y cómo será ese pago, lanzadas por los mismos protagonistas de Vicentin como globo de ensayo, suman inquietud e incertidumbre al panorama, de por sí angustiante.
“Nos enteramos por trascendidos que los potenciales inversores de la empresa estarían ingresando una nueva propuesta, pero también trascendió que muchos acreedores no aceptarían y tampoco el Banco Nación”, dijo ayer Rubeo en la conferencia.
Según esos rumores a los que refirió Rubeo, sin dar él mismo los detalles, la cerealera propondría saldar su deuda en doce años y terminaría abonando unos 748 millones de dólares, aproximadamente el 48 por ciento del total adeudado (la quita entonces no sería ya del 70, como en noviembre último, sino del 52 por ciento).
En off, uno de los legisladores dijo a Suma Política: “(el juez) Lorenzini va a aceptar esta propuesta, ya no quiere saber más nada y prefiere que esto concluya antes del 31 de marzo”. En cualquier caso, según lo establece la ley, cualquier propuesta de pago debe ser aceptada por el 50 por ciento de los acreedores más uno y, además, ese porcentual debe representar el 66 por ciento de toda la acreencia dineraria.
Por lo demás, es de público conocimiento que esta nueva propuesta de pago es formulada por directivos de Vicentin —algunos de ellos procesados penalmente por delitos económicos cometidos al frente de la empresa— junto a representantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Molinos Agro, las tres firmas que, al final del camino, pretenden quedarse con el control de la cerealera. Las tres firmas son inversoras interesadas (ACA es, además, acreedora); Vicentin suscribió con ellas un acuerdo para que se sumen como socias a través de un plan de capitalización.
Ayer los legisladores provinciales, de forma unánime, describían la gravedad del contexto en el que transcurre este concurso preventivo: proceso devaluatorio en marcha, crisis de reservas en el Banco Central e inestabilidad cambiaria.
“Nuestros reclamos siguen sosteniendo los tres ejes de siempre: defensa de los puestos de trabajo, evitar la extranjerización de la empresa y saber dónde está la plata que fugaron”, concluyó Rubeo.
Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade razonó: “Este 10 de febrero se cumplen dos años del proceso preventivo de acreedores que lleva adelante el doctor Fabián Lorenzini, que tiene una idea: proteger la empresa y que cobren los acreedores. Las leyes de Sociedad y de Quiebra que vienen de la dictadura de Lanusse le dan un salvoconducto a la firma: en vez de poner todas las empresas del consorcio en el concurso, que son treinta y tres, ponen una, que es Vicentin SAIC, que desde 2014 empezó a ser vaciada desde adentro porque le sacaron acciones, propiedades, dinero, etcétera. Hoy Vicentin SAIC debe ser menos del 2 por ciento del total del consorcio, la dejaron como cáscara vacía frente a una deuda de más de mil quinientos millones de dólares”.
Para Del Frade, “hay una dilatación de los tiempos a favor de generar impunidad, porque todavía no ha ido preso ninguno de los delincuentes de guante blanco que forman parte del directorio de Vicentín, y tampoco de los directivos del Banco Nación de la época de González Fraga y del Banco Central de la época de Guido Sandleris, que fueron los que dieron y autorizaron los créditos a Vicentin y por lo tanto corresponsables del otro delito, que fue la fuga de capitales: 791 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020”.
Respecto de los tres posibles compradores de la empresa, Del Frade señaló: “Los más serios siguen siendo, según lo dijo también Lorenzini la semana pasada, Molinos Río de la Plata; ACA, que nunca quiso venir a la Comisión, todo un síntoma, y Viterra, que es el nuevo nombre que tiene Glencore, el viejo socio internacional de Vicentin desde 2008”.
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