Más tasa para las finanzas y menos retenciones para el agro. En medio de un terremoto, Javier Milei reabrió la paritaria con los sectores económicos que respaldan a su gobierno. Lo hizo reconcentrado en su ADN, por eso al mismo tiempo vociferó el veto al aumento que aprobó el Congreso para reforzar los haberes de los jubilados. Ni la crisis ni las elecciones cambian la dirección de la motosierra.
El presidente se aseguró un paseo por la exposición rural de Palermo al anunciar allí la baja permanente de la alícuota de retenciones al 5% para la exportación de carne bovina y aviar, al 9,5% para el maíz y el sorgo, al 5,5% para el girasol, al 26% para la soja y al 24,5% para sus subproductos. La medida persigue un triple efecto: conseguir dólares para aliviar la tensión cambiaria, recomponer la alianza con la representación del agro y posicionarse en la pulseada con los gobernadores.
Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), y Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentina (Idesa), estimaron que el costo fiscal será equivalente a un rango de 0,19% a 0,22% del PBI. Una carga similar a la del aumento votado para los jubilados. El economista Claudio Lozano estimó una transferencia de u$s 1.250 millones anuales a la agroexportación, o “siete años de financiamiento del hospital Garrahan”.
La convicción y la política de alianzas guía el ajuste que ahora profundiza el gobierno para compensar el efecto fiscal del crecimiento de la deuda y la pérdida de recursos tras la rebaja selectiva de impuestos. Pero esta definición programática se convirtió en volantazo de urgencia cuando el desarme del carry trade comenzó a empujar el precio del dólar hacia el techo de la banda cambiaria. La semana en que ese proceso comenzó a acelerarse, el equipo económico arrancó con una disparada de tasas para contener al sector financiero y cerró con la baja a contrapié de los derechos de exportación para evitar un conflicto con los agronegocios.
Agrodólares y política
Es que en el primer semestre, bajo la versión libertaria del dólar soja, los agroexportadores ingresaron unos u$s 12 mil millones que el Banco Central vio pasar, pero que contribuyeron a contener el tipo de cambio. Finalizado ese período, volvió la sequía. El viernes anterior al anuncio presidencial se liquidaron apenas u$s 29 millones. El raid de ventas que había llevado el volumen de operaciones diarias a 600 mil toneladas se derrumbó hasta llevarlas a 100 mil, y cuando el precio de la oleaginosa llegó a tocar u$s 250 por tonelada, se paralizaron las decisiones de los productores. Al volver las retenciones al nivel de junio, el mercado retomó cierta dinámica y mejoraron un poco los márgenes del sector. El investigador del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, Dante Romano, proyectó un potencial de liquidación de entre u$s 8.000 y u$s 10.000 millones para lo que resta del año. “Sin esta medida, saldrían a cuentagotas”, explicó.
Las entidades representativas del sector agroindustrial celebraron el anuncio. También el gobierno provincial. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, estimó que unos u$s 200 millones permanecerán en manos de los productores locales de soja y maíz. El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que el gobierno “escuchó el reclamo del sector productivo”. Días antes, los mandatarios de la Región Centro habían reclamado la reducción a cero de los derechos de exportación. Durante más de un año, esa fue una de las pocas críticas que se permitieron al gobierno nacional. Luego escaló la pelea por los recursos federales hasta llegar al borde de la ruptura con la votación en el Senado por el reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles. Con los anuncios en La Rural, Milei devolvió el golpe. Pero no pasó una semana hasta que parte de la liga de los gobernadores le plantara un frente electoral. Una “ruta provincial del medio” construida ante el abandono material y simbólico del oficialismo nacional.
Temblores productivos
La dinámica política se acelera al mismo ritmo que la económica. El “parate” productivo agita una tensión social que se siente como un temblor en todos los territorios. Desde el 26 de julio, Acindar retomó las suspensiones de personal en la planta de Villa Constitución, paralizada en un 80%. Al igual que otras ramas industriales, el mercado del acero se derrite. La cámara de empresas del sector reportó una caída mensual del 9% en la producción de junio, con derrumbes de dos dígitos en la laminación. La poderosa Ternium informó a la Bolsa resultados operativos semestrales que se achicaron por ventas estancadas, márgenes comprimidos y despachos inferiores a los promedios históricos. El saldo neto fue positivo, pero por el efecto de los “rendimientos financieros”.
En el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución el desempleo fue del 8,5% en el primer trimestre, uno de los más altos del país. La mosca blanca del cluster siderúrgico es Sidersa, que el jueves hizo el anuncio oficial de la inversión de u$s 300 millones que realizará para construir una acería integrada junto a su planta nicoleña. Será el primer emprendimiento de esa naturaleza en cincuenta años. Fue alumbrado en la pandemia, respaldado por su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y guiado por un plan de innovación tecnológica a mediano y largo plazo. Ese horizonte no impidió que el acto de presentación fuera escenario de un duro diagnóstico por parte de empresarios y sindicalistas sobre la situación de la industria nacional.
El índice compuesto de actividad económica que elaboran los economistas de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe también recogió esta crisis. El ICA ARG volvió a caer en junio por segunda vez en cuatro meses. Sus autores reconocieron un estancamiento en el proceso de recuperación que veían hasta hace unos meses.
Un frío que quema
El equipo de Luis Caputo parece resignado a llegar a octubre con “parate” económico ya que al ajuste fiscal y el ancla salarial le sumó ahora la brutal suba de tasas de interés. De hecho, también archivó su plan de llegar con el dólar planchado a la elección legislativa. Ahora busca evitar que la devaluación se traduzca en mayor descontrol.
El martes pasado convalidó tasas de hasta el 65% anual para rollear sólo el 76% de los vencimientos de deuda por $ 11 billones. Entre miércoles y jueves, el dólar oficial subió $ 75 y se acercó al techo de la banda cambiaria establecida en abril, que actualmente está en los $ 1.451,5.
El nuevo carry trade no termina de nacer. Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia de Buenos Aires, advirtió que la suba del dólar junto con la de la tasa muestra que “el mercado está exigiendo todavía más rendimiento para quedarse en pesos”. La flexibilización de los controles cambiarios también fuerza a ofrecer premios mayores en cada licitación de deuda. “Sin cepo, rollear es más difícil y oneroso”, opinó el economista Christian Buteler. El gobierno enfrenta una muralla alta de vencimientos en septiembre. Por lo pronto, el Banco Central subió los encajes bancarios para intentar frenar esa canilla.
Si el plan es improvisar, todo marcha de acuerdo al mismo. Por caso, la devaluación de esta semana no era lo que el equipo de Luis Caputo esperaba en abril, cuando recibió el salvataje financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero cumple con las exigencias del organismo para sumar reservas, aun a costa de soltar el tipo de cambio. Es lo que el gobierno comenzó a hacer tímidamente desde junio, a través del Tesoro.
El Fondo en la mesa
El economista Carlos Seggiaro recordó en su último informe de coyuntura que hace unos diez días el ministro de Economía dijo que en agosto se avanzaría en un nuevo acuerdo con el organismo, con nuevas metas y objetivos con relación al acuerdo firmado en abril de este año. “¿Qué hay realmente detrás de todo esto?”, se preguntó el analista. Y se respondió: “El recurrente reclamo del FMI para que se priorice la acumulación de reservas de manera genuina, algo que requiere inevitablemente una modificación del tipo de cambio”.
El jueves por la noche autorizó el desembolso de otros u$s 2 mil millones al gobierno de La Libertad Avanza, después de perdonar el incumplimiento en la meta pautada de acumulación de dólares en el BCRA e, incluso, reducirla para 2025. Pero la instrucción fue clara: implementar “medidas correctivas” para “reconstruir las reservas”.
Hace cuatro meses, el Fondo le transfirió al gobierno u$s 12 mil millones como parte de un préstamo para salvarlo del knock out. Se fueron yendo. Según el Banco Central, el nivel de atesoramiento del sector privado en los primeros seis meses del año superó los u$s 8.000 millones. Con los fantasmas de 2018 recorriendo sus oficinas, el organismo que conduce Kristalina Georgieva no sólo se sumó a la paritaria del poder económico sino que se sentó en la cabecera.
Autor
