El 11 de marzo próximo los accionistas de Vicentin SAIC —reunidos en una “asamblea general ordinaria” para la cual fueron convocados el lunes pasado— sellarán el destino de la última propuesta de pago formulada por la empresa a sus acreedores, en el contexto del concurso preventivo en el que está inmersa y que concluye el 31 del mes venidero. Dicha propuesta fue incorporada al expediente del concurso el 8 de febrero pasado y conocida por los acreedores siete días después; varios estudios jurídicos que patrocinan a estos últimos cuestionaron la decisión del juez Civil y Comercial N°2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso preventivo, de aceptar la incorporación de la propuesta al expediente sin que ésta tuviera la previa aprobación de los accionistas; el juez permitió que fuese presentada sólo por el presidente del Directorio de Vicentin, Omar Scarel. Ahora, en la asamblea del 11 de marzo, los accionistas deberán ratificar sus contenidos.
A poco más de un mes para que expire el plazo del concurso preventivo, el panorama sigue siendo incierto para unos 1.200 trabajadores y para los acreedores —sean pequeños o medianos, o el Banco de la Nación Argentina (el mayor acreedor nacional, con 300 millones de dólares) o los de la banca extranjera—.
De los 1.200 trabajadores en relación de dependencia de Vicentin en la provincia de Santa Fe, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (una entidad que no está federada a nivel nacional) agrupa la mayor cantidad, unos 900 que trabajan en las firmas del grupo en el sur provincial; en tanto, el Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Reconquista afilia a otros 300 y sí está integrado a la Federación Argentina de Trabajadores del Complejo Oleaginoso.
En distintos momentos del proceso de concurso preventivo, extraoficialmente, la empresa filtró noticias de planes de retiro laboral, lo cual puso en alerta a las organizaciones sindicales, según lo hicieron saber algunos de sus dirigentes a Suma Política. “Obviamente, si la empresa quiebra son 1.200 fuentes de trabajo directas que se pierden. Claro que, en ese número de 1.200 —agregaron, con fastidio—, también están los apellidos Vicentin, Paduán y otros, todos familiares de quienes tristemente llevaron la aceitera al colapso…”.
Rechazo del Nación
Ayer, el doctor Sergio Arelovich —que fue veedor del concurso preventivo de acreedores, propuesto para esa instancia por el sindicato aceitero de San Lorenzo y la federación nacional del gremio— adelantó que, según su punto de vista, el Banco Nación rechazará la última propuesta de pago formulada por la empresa.
“Previo a la apertura del concurso, todavía durante el gobierno de Mauricio Macri, se constituyó una garantía especial o privilegiada para el Banco Nación por su acreencia, desmejorando otra garantía preexistente —explicó Arelovich a Suma Política—. Esta garantía medio rara que tiene el Nación desde entonces es tener el derecho de quedarse con el dinero que Vicentin cobra por la venta de una parte del bioetanol que se produce en la planta de Avellaneda. Es decir: cada vez que se vende bioetanol, Vicentin cobra y tiene que depositar una parte en una cuenta del Banco Nación. Lleva cobradas monedas, va a terminar de cobrar en el año 3000, más o menos”, consideró el abogado.
Ahora, la nueva propuesta de pago pide al Nación que acepte sustituir esa garantía por una hipoteca constituida sobre otros inmuebles de la empresa. “Hay un problema con eso: si el Banco Nación ejecuta la hipoteca, afecta el patrimonio de la concursada, por lo que el Banco Nación nunca va a hacer eso. Es como si no existiese una garantía”, cuestionó.
“O sea —concluyó Arelovich—: quieren que el Banco Nación deje de seguir cobrando, aunque sea a puchitos, para ofrecerle una garantía inejecutable”.
Otros acreedores
En tanto para el resto de los acreedores pequeños y medianos, que no cuentan con garantías privilegiadas como el Banco Nación, la última propuesta dolariza sus acreencias, pero con una cotización del dólar al 10 de febrero de 2020 (aproximadamente 60,78 pesos). Sobre esa deuda se propone pagar una parte, el 30 por ciento, con un tope de 30.000 dólares; a los acreedores cuyas acreencias superen ese monto, se les sugiere ser socios de la empresa: se les paga emitiendo acciones y, en lugar de ser acreedores, pasarían a ser accionistas en la futura Vicentin.
“¿Por qué uno aceptaría eso? —se preguntó Arelovich— Uno lo haría si tuviese expectativas de que la empresa dé ganancias; esta empresa, en las condiciones en que está, nunca va a dar ganancias; entonces en primera instancia esta propuesta es una estafa. O sea: te doy un título que no te va a servir para nada y que además no es una dación directa, sino que se crea un fideicomiso que vaya a saber quién lo administra, y en el medio está el factor inflacionario, por lo cual la quita de la deuda no será ya del 70 por ciento, sino del 90…”.
“Además hay otro problema —apuntó—: si yo tengo una deuda por cobrar y ese deudor me dice que hará una quita del 70 por ciento, este porcentaje es para mí una pérdida y por lo tanto lo podría utilizar impositivamente para deducir Impuesto a las Ganancias. En cambio, si en vez de hacer una quita, se me coparticipa como accionista, tampoco tengo esa posibilidad”.
La banca extranjera
Según la ley, cualquier propuesta de pago en un concurso preventivo debe ser aceptada por el 50 por ciento de los acreedores más uno y, además, ese porcentaje debe representar el 66 por ciento de toda la acreencia dineraria. “Por lo cual es clave el rol de la banca extranjera”, señalaron a este medio otras fuentes calificadas allegadas al proceso del concurso, y explicaron por qué: “Necesitás dos mayorías: la mayoría en dinero (66 por ciento) y en casos de acreedores (50 por ciento más uno). A lo que está jugando la empresa es a capturar la voluntad de pequeños acreedores granarios para reunir la cantidad de casos, pero para la cantidad de dinero necesita del acuerdo de la banca extranjera…”.
Asimismo, esas fuentes presumen un desenlace no muy feliz al respecto: “En condiciones normales, la banca extranjera no acepta quitas y por lo tanto tendría que rechazar esta propuesta. Pero nuestra presunción es que algunos de la banca extranjera, cuando vieron venir el problema en 2019, pidieron a Vicentin que tomara un seguro contra default a favor de ellos. Vicentin tomó ese seguro, pero no como Vicentin SAIC, sino en nombre de alguna firma vinculada o no declarada, como la panameña Swaas Internacional. Si la banca extranjera ahora cobra ese seguro, supongamos un 50 por ciento de la deuda, y si además la propuesta le completa un 80 por ciento del capital invertido, ya está…”.
De ser así, la banca extranjera sería la menos perjudicada. “Esto tiene que estar probado y como veedor le planteé al juez en su momento que debía pedirle a la Justicia de Estados Unidos, a través de un procedimiento que se llama Discovery, información sobre qué seguros se habían tomado allí y a favor de quién. Eso no ocurrió. Ahora ya soy ex veedor del concurso, ya no estoy más vinculado con el juzgado, mi trabajo como auxiliar ya lo hice”, concluyó con pesar Sergio Arelovich.
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