El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe aprobó este lunes una ordenanza que prohíbe la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública. Dicha norma deroga la ordenanza Nº 12.635, del año 2019, que establecía la creación de un registro de cuidadores de vehículos y el otorgamiento de una credencial identificatoria para llevar adelante la actividad, entre otros puntos.
La iniciativa contó con el apoyo del oficialismo, la abstención de los dos concejales del PJ y el rechazo de los ediles Saúl Perman (Bloque Mejor) y Violeta Quiróz (Mesas de Trabajo-Frente Renovador).
En el mensaje enviado al cuerpo legislativo, el Departamento Ejecutivo Municipal manifiesta que “la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe no puede permitir la apropiación ilegal del espacio público, es por ello que mediante el proyecto de Ordenanza que se acompaña al presente se propicia la prohibición de la actividad de cuidacoches y/o de lavado de autos’ en toda la ciudad”. Además, sostiene que “es prioridad ordenar y pacificar la ciudad, siendo esta medida fundamental para lograr dicho cometido”.
Más allá de que la ordenanza responde a una iniciativa que impulsó el municipio, queda un interrogante: ¿Cuál es el proyecto del Ejecutivo? ¿qué planea hacer con los cuidacoches?
La decisión del Concejo santafesino llega en momentos en que en Rosario el tema es eje de fuertes debates e, incluso, se hizo pública la intención de desembarcar del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP). El Código de Convivencia aprobado en 2022 prometía cambios con la incorporación de sanciones a la extorsión, pero terminó quedando en el camino. Entre muchas ideas y vueltas, nunca hubo consenso para avanzar con una legislación sobre el tema (la nota, acá).
Contravención
A la ordenanza aprobada por el Concejo de la ciudad capital se incorporó un artículo -a instancias del concejal Carlos Suárez (del bloque UCR-Unidos para Cambiar Santa Fe)- que establece que “quienes en contravención a lo establecido precedentemente lleven adelante la actividad, sin perjuicio de las sanciones municipales y cuando sus conductas encuadren en sus previsiones, serán pasible del régimen sancionatorio previsto en las leyes provinciales Nº 10.703, Nº 13.744 y concordantes”.
Esto significa en la práctica que si un inspector encuentra a un cuidacoches ejerciendo la actividad, deberá acercarse y manifestarle que no puede realizarla porque está prohibida. Si continúa, el inspector, acompañado de personal policial, puede detener a la persona. Si además esa persona está ebria, por ejemplo, es pasible de que se le aplique el Código de Faltas/Convivencia provincial.
La voz de los concejales
La presidenta del cuerpo, Chuchi Molina (UCR-Unidos) precisó el espíritu de la ordenanza: “Lo que aprobamos fue una disposición que quiere implementar el Ejecutivo, una política pública. El artículo 1 de esta norma deroga la ordenanza actual, que es la Nº 12.635. El artículo 2 prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública, y se incorpora un tercer artículo del concejal Suárez donde se plantea que en caso de realizarse esas tareas se trata de una contravención que va en contra de lo que dice el código de convivencia de la ciudad. Ahora el Ejecutivo tiene las herramientas para tratar este tema, y creo que es fundamental que se tengan en cuenta las distintas realidades sociales, de salud y legales de cada uno de ellos”.
El propio Suárez evaluó que “la ordenanza de 2019 normativizó, de manera equivocada, la actividad de los cuidacoches. Nosotros pensamos que esto debía ser una actividad prohibida, que se debía hacer un abordaje social del tema pero que no iba a aparecer la solución normativizándolo. Vamos a derogar la ordenanza, vamos a empezar a ordenar el tema y vamos a brindar herramientas para controlar y hacer práctica la prohibición que establecemos. La situación económica que nos toca atravesar como país no es una excusa para no abordar ciertos problemas. Si estás gestionando tenés que trabajar en torno al problema, no mirar para otro lado”.
Por su parte, Leandro González (UCR-Unidos) consideró que “la prohibición es con una mano justa. Es prohibir para abordar el tema con políticas sociales y educativas. Es un tema que tiene múltiples aristas y es un desafío a la hora de abordarlo. Es una discusión pensar qué espacio público queremos. Debe haber un estado justo que acompañe a las personas que lo necesiten y que aparte a los que están vinculados con el delito”.
Abstenciones y rechazo
El Bloque Partido Justicialista, que conforman los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel, se abstuvo, con críticas a la ordenanza.
“El Municipio está dando vueltas hace tiempo con el tema de los trapitos. Lo único que se plantea es la prohibición de la actividad de los cuidacoches, y la prohibición, un poco ambigua, del lavado de vehículos en la vía pública. Lo que nos preguntamos es si la prohibición es para algunos colectivos de personas en particular o para todo el mundo”, fue el argumento que expuso Jorge Fernández.
Por la negativa votaron Saúl Perman y Violeta Quiróz. Ambos cuestionaron el cambio de posición del Ejecutivo municipal. “Estoy sorprendida por los cambios de opinión tan rápido que tiene el Ejecutivo en este tema. Primero, propusieron la legalización de la actividad con el Estacionamiento Social Asistido, y ahora se habla de la prohibición; dos cosas opuestas. Creo que la solución está en estudiar cada caso particular de estas personas porque no son todos iguales, y menos en esta situación de crisis que está viviendo el país, donde muchos son sostén de familia. No podemos tomar semejante decisión, hay que hacer un abordaje social e incluirlos en el sistema”, sostuvo Quiróz.
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