Las versiones sobre el posible arribo de un sindicato de cuidacoches a Rosario reabrieron un viejo debate en la ciudad: ¿qué hacer con la actividad? El dilema sigue pasando por las dificultades a la hora de legislar sobre una actividad que comprende tanto a personas que trabajan desde hace años en una misma zona y cuentan con el aval de los vecinos para ejercer incluso tareas de cuidado en la cuadra; hasta mafias organizadas que responden a las barras bravas de los clubes más importantes de la ciudad. El Código de Convivencia aprobado en 2022 prometía cambios en ese sentido con la incorporación de sanciones a la extorsión, pero terminó quedando en el camino. En los últimos años pasaron por el Concejo proyectos con diversas miradas que van desde la prohibición total de los “trapitos” en la ciudad, hasta la regulación por medio de la inscripción e identificación de los trabajadores. Pero hasta el momento nunca hubo consensos para conciliar una legislación.
El tema volvió a entrar en la agenda política y social a partir de la advertencia del secretario general de la Municipalidad, Miguel Ángel Tessandori. “El sindicato de trapitos quiere aterrizar en Rosario”, publicó en sus redes sociales, a partir del intento de un grupo de cuidacoches de la ciudad de La Plata por comenzar a organizarse. “Tenemos información que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida” siguió el mensaje del funcionario rosarino.
A través de un comunicado los impulsores de la iniciativa presentaron oficialmente el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP) con el objetivo de comenzar a organizar la actividad. Como secretario general del gremio figura un ex barrabrava de Estudiantes, Fabián Giannota, acompañado por Matías Valdez, como secretario adjunto. El gremio debutó de forma oficial en el partido en el que Estudiantes recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la penúltima fecha de la Copa de la Liga. Pero no fue la mejor presentación: dos personas identificadas con el nuevo grupo terminaron detenidas por extorsiones contra automovilistas.
Según trascendió, por el momento el gremio funciona con un permiso provisorio de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y todavía no cuenta con una habilitación formal. Pero además, la actividad está prohibida en la capital bonaerense por la ordenanza municipal 9.127. Lo que pudieron averiguar algunos dirigentes y funcionarios rosarinos es que el gremio inició el trámite para comenzar a formalizar el gremio pero resta un buen tramo para que eso tenga una aprobación oficial. De hecho, el pedido no fue acompañado por un padrón de adherentes que podrían convertirse en posibles afiliados, uno de los requisitos para constituir un sindicato.
Pero sí es cierto que el gremio busca expandirse en Rosario. Lo confirmó el propio Valdez, en una entrevista con Radio 2, donde adelantó que tendrán una asamblea constitutiva a finales de abril en la ciudad, aunque sin especificar día, hora y lugar. “Vamos a trabajar, buscar el diálogo con las autoridades y tratar de ordenar a la ciudad de Rosario”, expresó al mismo tiempo que pidió “no meter en la misma bolsa” a todos los trapitos: “A los que son extorsionadores hay que sacarlos a patadas. Ese es nuestro fin. No vamos a defender lo indefendible. No vamos a avalar lo ilícito”.
Además, el representante del STVP aclaró que la agrupación viene trabajando con “aportes voluntarios” y la intención es que sus afiliados estén inscriptos en el monotributo. Asimismo, buscan avanzar en que los integrantes del gremio tengan los derechos laborales de cualquier trabajador: cobertura médica y seguro. “Todo eso es precario, pero la única manera de garantizar que el trabajador tenga los beneficios previstos por la Constitución Nacional es a través del monotributo”, indicó.
Desde el Municipio ya se adelantaron a la jugada y elevaron un escrito a la Justicia para que actúe ante la ilegalidad de esa asamblea. Las notificaciones también se extenderán ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, así como la cartera de Trabajo y de Seguridad de la provincia de Santa Fe, para evitar cualquier tipo de reconocimiento. “La asamblea va a ser declarada ilícita y no va a ser ejecutada ni en Rosario ni en ningún lugar de la provincia”, adelantó Tessandori a Suma Política. “A través de este comunicado buscamos que la Justicia intervenga y disponga que esa asamblea sea anulada y no se pueda efectuar”, añadió.
Proyectos y posturas
Las intenciones de normar la actividad naufragan en el Concejo hace años. Ya en 2014, el concejal del PRO, Roy López Molina, presentó un proyecto que buscaba restringir la actividad, argumentando las sucesivas extorsiones sufridas por vecinos de distintos puntos de la ciudad y denunciando las vinculaciones del sector con las mafias organizadas. Además, el dirigente promovía la implementación de una línea telefónica gratuita para denunciar aprietes y la creación de una aplicación con el mismo fin.
“Hace unos años esta actividad se encontraba con personas que recurrían a cuidar autos porque se quedaban sin trabajo y realizaban como forma de empleo esta actividad. Pero hoy, directamente hay zonas que están copadas por verdaderas mafias o bandas organizadas, las cuales toman un territorio, como es el caso de Pichincha, lo tarifan y recaudan de forma extorsiva”, explicaba López Molina en aquel entonces, en una entrevista con LT3.
En noviembre de 2021, con la sanción del nuevo Código de Convivencia los concejales consensuaron la incorporación de la figura de “extorsión” para que el Municipio pueda intervenir con mayores controles en puntos estratégicos de la ciudad y en eventos masivos como recitales o partidos de fútbol. En el artículo 300 de la norma se establece que la persona que mediante actos extorsivos se arrogue preferencia de uso sobre la calzada sin autorización “será sancionada con multa o con la realización de tareas educativas y concientizadoras”.
Pero el artículo no estuvo exento de cuestionamientos, fundamentalmente por su dificultad para ponerlo en práctica. Según la normativa, la prueba de la extorsión recae sobre la propia víctima, que en medio de una situación compleja, como lo es una extorsión, debe garantizar reunir elementos probatorios para poder radicar la denuncia. Pero además, se propone que ese accionar sea sancionado con multas, cuando la extorsión es un delito tipificado en el Código Penal con penas de prisión.
En ese marco, en noviembre del año pasado Tessandori, aún en su rol de concejal, presentó un proyecto que buscaba modificar el nuevo Código de Convivencia prohibiendo directamente la actividad y fijando sanciones económicas para quienes lo infrinjan. No obstante, la iniciativa planteaba excepciones para aquellos trapitos que cuenten con el aval “de no menos del 10 por ciento” de los vecinos de la zona. Esos trabajadores contarían con una licencia oficial y elementos identificatorios a la hora de ejercer la actividad.
“Yo propuse que se retome en el Concejo la necesidad de prohibir la actividad, con un paréntesis para aquellos que puedan acreditar la permanencia en una zona. Algunos vecinos plantean la continuidad de los cuidacoches en determinadas cuadras. Esa fue la base del proyecto”, explicó Tessandori. Y añadió: “Nosotros queremos que se prohíba la actividad y por lo que charlamos con las autoridades del gobierno provincial vamos hacia ese camino. Yo creo que no hay otro, porque todo lo que está ligado a delincuencia y extorsión debe ser eliminado de una sociedad que ya está hundida en problemas que cuesta mucho levantar”.
Otras miradas
Junto al de Tessandori, otros tres proyectos estuvieron en el debate de comisiones en los últimos años, pero todos se alejaban de la lógica punitivista para inclinarse por una regulación de la actividad. Lisandro Cavatorta (justicialismo) propuso censar y registrar a los trapitos para diferenciar a quienes ejercen la actividad día a día en diversas zonas, de los que trabajan en espectáculos masivos, culturales o deportivos. El proyecto apuntaba a distinguir entre quienes “se ganan el mango” desde hace años en la misma cuadra, de las personas vinculadas al crimen organizado.
“Hay cuidacoches que desde hace muchos años piden su retribución a voluntad. Son personas que actúan de alarmas comunitarias móviles, porque cuidan la cuadra. No solamente que los vecinos no se quejan de esos trapitos, sino que los ayudan. Y en un año récord de desocupación como el que vamos a tener, de salarios licuados y precarización laboral, no estoy dispuesto a que esas personas no puedan llevarle un plato de comida a su familia, no podemos quitarle el sustento a esa gente”, explicó en diálogo con este medio.
No obstante, para Cavatorta sí debe haber una intervención virtuosa del Estado en lo que refiere a espectáculos masivos, donde suelen operar grupos vinculados a la narcocriminalidad: “En los partidos de fútbol, los trapitos que aparecen son mafias organizadas que tienen que ver con las barras bravas. Ahí lo que nosotros decimos es que se aplique el Código Penal, que intervengan la Justicia y las fuerzas de seguridad”.
Para el dirigente del peronismo, prohibir la actividad hoy en la ciudad implica destinar policías y recursos, que de por sí son escasos, en medio de una ola de violencia que afecta a la ciudad. “No queremos que Control Urbano y la policía de la provincia se dediquen a llevarse presos a los trapitos”, sostuvo. “Creemos que hay que diferenciar e identificar. La mayoría de los trapitos que conozco hace muchos años quieren ponerse la pechera, quieren que diga su nombre y no quieren que los venga a correr otro trapito más corpulento, violento u organizado”, añadió.
El otro proyecto, presentado por la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) impulsaba la creación de un padrón de trabajadores del sector y una capacitación obligatoria en buenas prácticas. La iniciativa buscaba la formación de los cuidacoches en diversos aspectos como la atención al público, cuestiones turísticas de la ciudad y normas de tránsito. Además, proponía que la contribución del vecino sea a voluntad y que los trabajadores estén debidamente identificados.
Mientras que el otro proyecto, presentado por el bloque de Ciudad Futura, buscaba impulsar una prueba piloto en una zona céntrica de la ciudad y analizar los resultados. La idea apuntaba a que los automovilistas compren un cartón a los cuidacoches para poder estacionar, similar al estacionamiento medido. Así, el trapito recibe una ganancia y el Municipio también percibe un ingreso que pedían tenga un destino específico: el sistema de bicis públicas y el Fondo Compensador del Transporte.
Se reabre el debate
Con el posible desembarco del sindicato de cuidacoches, el debate volvió a instalarse en el Concejo, aunque con la nueva composición probablemente se sumen nuevas voces. Ya lo hizo Federico Lifschitz, que en las últimas semanas anunció la presentación de un proyecto para “erradicar la práctica informal del cuidado de vehículos en las calles dentro del ejido de la ciudad de Rosario”.
La iniciativa busca prohibir la actividad de forma paulatina, comenzando por las zonas que cuentan con estacionamiento medido, los espacios donde se desarrollen actividades culturales y deportivos, o cualquier evento masivo en la ciudad. Pero deja abierta la posibilidad para que el Municipio avance con la prohibición en los sectores que crea conveniente y le encomienda avanzar en la planificación de un protocolo de actuación con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe “para evitar conductas extorsivas o violentas que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos de la ciudad de Rosario”.
“Nosotros planteamos terminar con una actividad que es informal en Rosario, que está en agenda nuevamente por el desembarco de un gremio que busca institucionalizar una actividad ilícita, que es informal. Hay que decir las cosas como son. ¿Qué sigue después de esto? ¿Un sindicato de sicarios? ¿Un sindicato de narcos?”, cuestionó el dirigente en rueda de prensa. La propuesta de Lifschitz es toda una novedad en términos partidarios: históricamente, la mirada del socialismo sobre el tema estaba más cercana a regular que a prohibir.
Desde el PRO, miran el proyecto de Lifschitz como un “avance” después de pelear por años la prohibición de la actividad. “Nosotros presentamos el primer proyecto de prohibición en el año 2012 y siempre estuvimos solos. Que en un proyecto de un concejal del Partido Socialista se hable de prohibición, para nosotros es un avance por una prédica que no cayó en el vacío. Doce años insistimos con este tema y finalmente está en la agenda”, evaluó el concejal Carlos Cardozo en diálogo con Suma Política.
El edil adelantó que acompañarán el reclamo de la intendencia para evitar que el STVP se instale en la ciudad y señaló que seguirán trabajando desde el Concejo para restringir la actividad, aunque tampoco descartan la posibilidad de avanzar hacia un sistema intermedio, similar al que se busca implementar en la ciudad de Santa Fe con el Estacionamiento Social Asistido (ESA). “Quizás podamos intentarlo acá. Prohibir en el estacionamiento medido, y genera algún tipo de instancia intermedia en otros lugares”, señaló.
El programa santafesino propone empadronar a los cuidacoches e implementar una tarifa de 150 pesos por hora, que funcionaría de jueves a domingo de 20 a 4 horas en algunos barrios puntuales de la ciudad. En principio se había anunciado que se instrumentaría a partir de mayo, pero el lunes pasado la Municipalidad dio marcha atrás. “Por ahora no se implementa —anunció en conferencia de prensa el intendente de la capital provincial, Juan Pablo Poletti—. Estamos evaluando la mejor opción. Si el programa no cierra y aparece un programa superador, vamos a escuchar todas las voces y si tenemos que cambiarlo, lo haremos. Pero sí tenemos la voluntad de tratar el problema, hoy está en evaluación para poder mejorarlo”.
Todo en veremos.
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Periodista. Licenciado en Periodismo (UNR). Conductor y productor en radio Aire Libre (91.3). En Twitter: @NachoCagliero
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