La era libertaria que vino a deshilachar a la autoridad política democrática para entregar a las corporaciones todas las decisiones, tuvo otra jornada negra en el Congreso, ahora en Diputados. Es cierto que el gobierno y el ecosistema de aliados –que se alejan a medida que el proyecto de vaciamiento democrático no ofrece resultados– había conseguido posponer los efectos del 10 de julio en el Senado (cuando la LLA sufrió una sesión bisagra que lo noqueó) y consiguió postergar por tres semanas la sesión en Diputados que debió suceder de manera inmediata luego del aquel día de julio: pero este 6 de agosto en la Cámara baja se replicó aquel escenario del Senado. “Perdimos todo”, dijo con sinceridad el jefe de Gabinete de ministros Guillermo Francos.
Los aliados que trajeron con sus votos hasta acá las reformas draconianas contra la base de la pirámide social, ahora se alejan cada día más de la Casa Rosada: empieza a tomar volumen la idea de que la puerta del cementerio podría estar cerca, y que pocos querrán ingresar al campo santo para acompañar a un puñado familiar que llegó a la cúspide del poder conducido por una experta pastelera y su hermano que habla con perros muertos.
La autoridad horadada del sistema democrático, que trata de naturalizar aquello que está fuera de la ley y de una mínima legitimidad institucional, como, por caso, encarcelar y proscribir a la principal líder opositora con una causa inventada en oficinas del poder corporativo, o reprimir con violenta desmesura a grupos de jubilados o incluso de discapacitados y sus familiares, ya asoma con claridad y construye insatisfacción creciente que se expresa, por ahora, en el ausentismo en las elecciones provinciales, o como en la tarde noche del 6 de agosto, en las sucesivas derrotas en las votaciones en Diputados que sufrió la Casa Rosada.
Contra toda la tradición de los gobiernos conservadores, liberales, que basan su sustentabilidad en el endeudamiento externo y baja relativa de inflación, que los hubo en distintas etapas de la Argentina, la novedad mileísta trae más ajuste, lo celebra, y en plena etapa electoral. La tradición, hasta Milei, indicaba que en los años electorales “el ajuste” aflojaba, y llegaban alivios para las mayorías electorales. Con Milei, como novedad, ocurre todo lo contrario y los resultados finales de la experiencia recién podrán medirse una vez transcurridos las elecciones de la provincia más importante de la Argentina, Buenos Aires, el próximo 7 de septiembre, y luego, la elección legislativa nacional, el 26 de octubre.
Maratón de derrotas
Las más de 12 horas de sesión en Diputados dejaron un resultado desolador para el gobierno: se votaron dos media sanciones con números muy cercanos a los dos tercios de los presentes (158 y 159 votos) a favor del financiamiento de emergencia para las universidades nacionales, y la más votada, una emergencia pediátrica, Hospital Garrahan, que dejarán a Casa Rosada, este año sí, al borde de no conseguir el módico número que le ofrece la Constitución para sostener los vetos de presidenciales (ante una eventual insistencia) con un tercio de los legisladores presentes en la sesiones, y en ambas cámaras.
Estas dos votaciones pasan al Senado, donde encontrarían unas proporcionalidades similares o aún mejores a favor de la iniciativa opositora ampliada.
Un segundo capítulo que dejó la sesión del 6 de agosto, que será recordada como un día aciago para la Casa Rosada, fueron los rechazos a los decretos presidenciales de vaciamiento y disolución de organismos como el Inti e Inta (141 votos favorables a 65 negativos, una abstención), Organismos culturales (134 a 68, tres abstenciones), Banco Nacional de Datos Genéticos (133 a 69, dos abstenciones), el DNU 340/25 que modifica las relaciones en la Marina Mercante salió el rechazo con 118 a 77 y ocho abstenciones, y finalmente, el que modifica a la Secretaría de Transporte y Vialidad Nacional fue rechazado con 133 a 69 y dos abstenciones.
Todos los decretos ahora pasarán al Senado para ser tratados y con mayoría simple es muy probable que terminen cayendo en las próximas semanas de un largo agosto. El santafesino de LLA Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja, intentó por todos los medios evitar este duro golpe al corazón del ajuste mileista, incluso planteando un tema reglamentario sobre una presunta necesidad de contar con una mayoría súper agravada de dos tercios para el rechazo, pero su planteo no prosperó. Mayoraz se quejó por “la liviandad con la cual están manejando el tratamiento de estos expedientes, porque no estamos hablando ni de proyectos de ley, ni de resolución, ni de dictámenes: estamos hablando de decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Milei, de acuerdo con las facultades que la Constitución le ha dado”. Y luego habló de “atropello” y consideró que “esta votación es nula”.
Mueven los gobernadores
El tercer conjunto de logros opositores en la sesión de este miércoles en Diputados fue el capítulo de los “emplazamientos” a las comisiones para tratar y dictaminar sobre determinados expedientes que ya vienen con media sanción del Senado. Se destacan en las primeras líneas, la búsqueda de una ley por el reparto de los ATN e impuestos a los combustibles que impulsaron la totalidad de gobernadores en la Cámara alta y que en esta oportunidad sostuvieron con pocas excepciones (Entre Ríos y Mendoza, entre otros, donde los gobernadores del PRO y radicales convergen en las listas de octubre con LLA). El próximo miércoles a las 12, en el Anexo C de Diputados, se reunirá el plenario de comisiones y dictaminará de manera favorable. El 20 de agosto el proyecto muy probablemente llegue al recinto de Diputados y sea ley.
El texto de los gobernadores ingresó con la firma de 10 senadores de Unión por la Patria, UCR, PRO y bloques provinciales el 2 de julio y se llevó directamente al recinto del Senado el pasado 10 de julio. Durante la sesión se habilitaron sobre tablas, con dos tercios. Es probable que luego de 40 días ya sea ley, aunque luego vendría el tiempo de remontar el posible veto presidencial, todo eso ya en los meses de septiembre y octubre, con la campaña electoral encima: un tiempo político lejano e impredecible para la Argentina del día a día.
El impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto, propone que sea distribuido en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Pero el apriete al gobierno no se termina con el emplazamiento de la ley pergeñada por los gobernadores. También hubo emplazamiento para la comisión investigadora por el caso $Libra; se aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora (que pueda elegir presidencia y destrabar su funcionamiento), de modo que pueda continuar en marcha.
La votación para que se debata la iniciativa, encabezada por el cívico Maximiliano Ferraro, resultó con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, deberán reunirse el próximo martes 12 a las 17.
Por último, también quedó emplazado el oficialismo para que ponga a funcionar (sesionar y dictaminar) a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Presupuesto y Hacienda para tratar un proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sector científico.
El pedido para convocar a un plenario se votó a mano alzada. De acuerdo a lo aprobado, la reunión será el próximo miércoles 13 a las 14. El presidente de la comisión de Ciencia, el diputado Daniel Gollán (UP), resaltó que “este expediente hace más de un año que está aprobado por la comisión de Ciencia y girado a la comisión de Presupuesto”, a la que se solicitó su tratamiento mediante el artículo 109 del reglamento, pero no se logró que convoquen en más de un año.
Las ausencias
Finalmente, la extensa sesión de este miércoles, tuvo –además de las sucesivas derrotas oficialistas por amplio margen– una característica dominante en casi todas las votaciones: alto ausentismo. De los 257 diputados hubo entre 20 y 50 ausentes, según los distintos temas. Esas ausencias pueden significar varias cosas; por lo pronto, a luz de los resultados, poco amigables para el gobierno nacional. Pero dejan abierta una pregunta sobre qué comportamiento tendrán los “ausentes” cuando lleguen las votaciones clave por los vetos que firmó y los nuevos que anuncia Milei.
Por caso, de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, el común denominador fue una decena –tomando como votación testigo la del Garrahan (peronistas Florencia Carignano, Germán Martínez, Diego Giuliano, Magalí Mastelar, EduardoToniolli, Roberto Mirabella; socialistas Mónica Fein, Esteban Paulón, y los de origen radical como Mario Barletta y Melina Giorgi)– que votó casi todo con los ganadores, los opositores.
Siete santafesinos (Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovani, Gabriel Chumpitaz, Romina Diez, Germana Figueroa Casas, Nicolás Mayoraz y José Nuñez) votaron con los que perdieron, LLA y parte de PRO. Y los dos restantes estuvieron ausentes (Luciano Laspina y Verónica Razzatti).
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