Independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera, como lo define la nueva Constitución de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación atraviesa una instancia decisiva en su historia. La fiscal general María Cecilia Vranicich proyecta una etapa de fortalecimiento institucional y el estatus alcanzado parece un buen augurio. Pero el futuro de este órgano extra poder también se dirime en el pasado y en particular en el juicio iniciado esta semana donde el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex empleado Nelson Rodolfo Ugolini están acusados de integrar una asociación ilícita que protegió al juego clandestino durante tres años.
El juicio viene demorado, ya que la audiencia preliminar se realizó entre octubre y noviembre de 2022 y sigue a la imputación del senador Armando Traferri como organizador de la asociación ilícita en octubre de 2024. Los intentos de la defensa de Serjal para lograr una nueva postergación del juicio finalmente no prosperaron y el ex fiscal regional y Ugolini enfrentan el Tribunal integrado por Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra.
El MPA y el sistema penal de la provincia están en el centro del debate. El ex fiscal regional y ahora ministro de la Corte Suprema Jorge Baclini fue uno de los primeros testigos convocados esta semana, le siguió el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y en las dos semanas que restan comparecerán entre otros el fiscal regional de Rosario Matías Merlo y los fiscales Miguel Moreno, Alejandro Rébola, Pablo Socca y Bárbara Ilera.
Fuera del empresario del juego Leonardo Peiti, prácticamente no hay testigos ajenos al sistema penal y a las fuerzas de seguridad. La prueba admitida para el juicio en mayo de 2023 incluyó también como testigos a la fiscal general Vranicich, que supervisó el allanamiento de la casa de Ponce Asahad el 31 de julio de 2020; los ex fiscales regionales María Eugenia Iribarren y Alejandro Sinopoli; las juezas Melania Carrara, Valeria Pedrana y Silvia Castelli, además de otros fiscales, empleados del MPA y del Organismo de Investigaciones y policías asignados a esas áreas. En la nómina original también se encuentra Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia entre 2019 y 2021.
“A mí no me llamaron —aclara Sain, consultado al respecto—. Por supuesto, tengo interés en declarar. Me preocupa porque esta es una de las causas por la que me acusan de espionaje. La participación nuestra (de su Ministerio de Seguridad) fue determinante, pero no manejé a los fiscales, como dicen, porque en ese caso (el ex comisario Daniel) Corbellini estaría preso o por lo menos imputado. Financié en cambio enteramente la causa, tengo los detalles de lo que pasó, los momentos de las reuniones, el pedido de protección institucional de los fiscales para avanzar, las conversaciones con Roberto Mirabella y Omar Perotti. Me encantaría declarar”.
La defensa de Serjal, a cargo de Ignacio Carbone y Renzo Biga, sostiene que la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery fue dirigida para involucrar al ex fiscal regional y al senador Armando Traferri, en una conspiración palaciega que habría tenido motivos políticos. El argumento está en línea con la postura de Traferri, y uno de los abogados del senador, Oscar Romera, también integra la lista original de testigos aceptados para el juicio.
Como la defensa de Traferri, la de Serjal tacha las declaraciones de Leonardo Peiti y Gustavo Ponce Asahad por irregulares y resultado por un lado de presiones ejercidas por Mariana Ortigala y por otro de arreglos supuestamente oscuros con la fiscalía en el trámite de juicios abreviados. La actuación que fue una especie de modelo en el Ministerio Público de la Acusación hoy está cuestionada, y el ariete que esgrimen las defensas es la investigación del auditor Leandro Mai sobre la supuesta protección dispensada a Ortigala.
En las preguntas a Baclini y Ponce Asahad, la defensa del ex fiscal regional cuestionó además el recorte de la investigación y el hecho de que soslayara a jefes policiales mencionados más de una vez. Ponce Asahad reiteró que además del soborno mensual destinado a la fiscalía, Peiti le pagaba a policías y mencionó a Daniel Corbellini, el ex jefe de la Policía de Investigaciones y ahora asesor del Ministerio de Educación de la provincia.
Los fiscales José Luis Caterina, María de los Ángeles Granato y Marisol Fabbro sostienen que la asociación ilícita comenzó a actuar el 5 de abril de 2017. Ese día Serjal fue designado fiscal regional de Rosario y a las 16.57 tuvo una conversación telefónica con Traferri, a la que siguió una reunión presencial el 24 de abril en Montevideo 1968, donde funcionaba la fiscalía. El senador habría pedido entonces el archivo de una causa contra Roberto Peiti —hermano de Leonardo— “porque es gente amiga”; a la salida se cruzó con Ponce Asahad y le hizo una llamada perdida al celular para agendarse mutuamente, como reiteró esta semana el ex fiscal ante el Tribunal.
El ministro de la Corte Suprema de la provincia Jorge Baclini evocó en su testimonio los últimos días de la organización. Corría julio de 2020. Serjal, su ayudante de cátedra, el fiscal al que él mismo había designado como jefe en Flagrancia, fue a quejarse de las averiguaciones de Schiappa Pietra y Edery. Horas después, el abogado Rossini le dijo a Baclini que tenía un cliente dispuesto a declarar en una causa sensible y que no podía hacerlo ante Serjal, porque el fiscal regional estaba comprometido.
Peiti declaró por primera vez el 29 de julio de 2020, ante Schiappa Pietra y Edery, por disposición de Baclini. Al término de la declaración, Serjal comenzó a redactar su renuncia.
La grieta en el MPA
El escándalo ante la evidencia presentada contra Serjal y Ponce Asahad a mediados de 2020 sumió al Ministerio Público de la Acusación en una crisis. La institución estaba desprestigiada y asociada con la corrupción ante la opinión pública y envuelta puertas adentro en la incertidumbre. El 13 de agosto el entonces fiscal general Baclini designó a María Eugenia Iribarren como fiscal regional interina. Pareció que la tormenta amainaba. El MPA tenía créditos socialmente reconocidos en su haber: para empezar, la propia investigación sobre el juego clandestino.
Pero la crisis tenía un período de incubación más largo y continuaría de modo solapado. Las alarmas que había provocado Serjal después de recibir dos Toyota cero kilómetro de un empresario al que le cerró una causa molesta (“este pibe está haciendo todo mal”, “este muchacho enloqueció”, atribuido por Ponce Asahad a Traferri) también se encendían dentro del MPA y tenían consecuencias en la práctica: “Una falta de orientación definida en materia de política de persecución penal”, según afirmó Iribarren en el Informe de Gestión 2019-2021. Poco podía esperarse en la materia, si la cabeza de la fiscalía estaba comprometida en la protección de una organización criminal.
También había roces entre pares, y en particular los que derivaron de la Unidad de Gravedad Institucional fueron el germen de la segunda crisis del MPA, la que se abrió en septiembre de 2023 cuando los fiscales Moreno y Socca acusaron a Edery de proteger a Ortigala siendo una integrante de Los Monos. Aquella Unidad se conformó para investigar las balaceras contra domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial y el clima interno de trabajo no fue el mejor: el entonces emergente fiscal Edery se dedicaba full time al trabajo y Moreno, coordinador de la Unidad, se molestó porque firmaba órdenes de allanamiento cuando él ya se había retirado a su casa.
La balacera contra la casa de la contadora Marina Marsili el 31 de enero de 2019 fue el tiro de gracia para la Unidad de Gravedad Institucional. Otro de sus integrantes, Nicolás Foppiani, forma parte hoy del Tribunal que juzga a Serjal y Ugolini. Pero antes de que se disolviera sin pena ni gloria Mariana y Rodrigo Ortigala se presentaron y dijeron estar dispuestos a declarar sobre el homicidio de Lucio Maldonado y su trama.
Mariana Ortigala hizo su primera declaración ante Schiappa Pietra, Moreno y el suboficial de la Policía de Investigaciones Pablo Bancora, el topo que Esteban Alvarado había ubicado en la fiscalía de Rosario. Bancora había colaborado con el juez Juan Carlos Vienna en la investigación sobre Los Monos y con esos antecedentes que lucían intachables fue incorporado a la Unidad de Homicidios, “vinculado más que nada a escuchas y trabajos de inteligencia”, según recordó el fiscal Moreno ante el auditor Leandro Mai. El policía era tan insospechable como Ortigala.
Edery y Schiappa Pietra fueron asignados a un nuevo dispositivo: la Agencia de Criminalidad Organizada. Como fiscal regional, Iribarren privilegió esta agencia como decisión política y le asignó recursos específicos y atribuciones que le permitían absorber causas de otras unidades; también promovió un equipo conjunto de investigación formalizado entre los fiscales de la Agencia y la Procuraduría de Narcocriminalidad.
El nuevo funcionamiento y la visibilidad pública de algunos fiscales en contraste con la opacidad de otros profundizaron la grieta. El fiscal Moreno condensó el malestar: “Hay gente que ha pasado casi a ser estrella de rock. Personas que han ganado una reputación más allá de lo usual, por el trabajo que hacemos un montón de personas”.
Edery y Schiappa Pietra fueron vistos como primus inter pares que podían reclamar investigaciones de otros, reservarse información y recibir atención preferencial en los medios. Ortigala reveló entre otros detalles que había visto a Andrés “Pillín” Bracamonte en la casa de Vanesa Barrios, la pareja de Ariel “Guille” Cantero: “Esa es una información que nunca me fue puesta en conocimiento. Y bien sabían desde la Agencia que a mí me interesaba cualquier información sobre Bracamonte”, se quejó Moreno, que dedicó cuatro años a la situación patrimonial del ex jefe de la barra de Central.
El grupo de WhatsApp que integraban los fiscales Franco Carbone, Socca, Moreno y Rebola era un espacio de debate y de intercambio de información. El malestar acumuló nuevos incidentes: el aparente desinterés de la Agencia de Criminalidad por una amenaza de “Lamparita” Funes al fiscal Ademar Bianchini; las sanciones disciplinarias por declaraciones de fiscales a la revista Noticias, lo que fue visto como una especie de mordaza selectiva; las renuncias a la Asociación de Fiscales.
En ese contexto la investigación sobre Mariana Ortigala como testaferro de Los Monos fue la gota que rebalsó el vaso. Las capturas de pantalla de chats de Edery que Moreno y Socca exhibieron en la audiencia de imputación contra Ortigala por extorsiones a la agencia El Califa retornarán al juicio actual. Los abogados de Serjal subrayan un testimonio de Socca sobre un chat entre Ortigala y Edery referido a la causa contra Leonardo Peiti.
Según Socca, en ese chat Mariana Ortigala le reprocha a Edery que Schiappa Pietra involucre a Rodrigo Ortigala en las extorsiones de las que Peiti participó por razones de fuerza mayor, a saber los compromisos con Los Monos. “¿Cómo le va a hacer esto a mi hermano? Si nosotros te dimos ese teléfono del que salió todo eso”, reclamó Ortigala, hoy detenida y con un panorama negro en la Justicia Provincial y en la Federal.
Sin embargo, no se trata del teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz que originó la investigación sobre la protección al juego clandestino. El policía Francisco Llorca, de las Tropas de Operaciones Especiales, declaró esta semana en el juicio que en la noche del 12 de enero de 2020 Díaz y su pareja Flavia Broin fueron detenidos cuando llegaron a su departamento y que al otro día “un vecino del edificio donde habíamos allanado trajo un teléfono partido por la mitad (…), el celular de Cachete”.
El crimen organizado, ayer y hoy
La persecución de la criminalidad organizada es un objetivo común en las gestiones de Iribarren y Merlo al frente de la fiscalía regional de Rosario. Pero la expresión tiene significados distintos en cada caso, de acuerdo a la coyuntura histórica y a las circunstancias de la política provincial.
La trama reconstruida alrededor del juego clandestino en toda la provincia, con sus niveles político, jurídico y operativo, representó a la criminalidad organizada entre 2020 y 2021. Políticos, jueces, fiscales, policías, abogados y narcos aparecían comprometidos en redes que tenían su eje en el juego y se proyectaban a otros delitos. Al mismo tiempo se problematizó el lavado de dinero y los hilos que llevaban del búnker a la cueva financiera en el centro de Rosario, y hubo allanamientos en financieras. Los arrepentidos colaboradores, esa figura que hoy trata de impugnar la defensa de Serjal, fue valorada como un nuevo recurso y el discurso de la fiscalía regional apuntó a elevar la puntería en términos de la relevancia social de los actores a los que se perseguía.
Pero el modelo no se sostuvo. El accidentado final de la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad, la evidencia de que el discurso de separar a la política del delito y la proclama de paz y orden que esgrimió Omar Perotti no eran más que frases huecas y el punto muerto en que quedaron las investigaciones cuando los fiscales trataron y no pudieron que Traferri renunciara a sus fueros, fueron factores de un derrumbe. Y también los índices de homicidios en Rosario, una realidad que no estaba atendida.
La criminalidad organizada es hoy un objetivo de persecución penal pero ahora define un orden distinto de problemas, el que deviene del 14 de diciembre de 2023. Ese día la Legislatura de la provincia sancionó la Ley de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes (Ley 26.052). Se trata de abordar “las dinámicas generadoras de violencias altamente lesivas” vinculadas con mercados ilegales, según la definición de la fiscal Vranicich.
El 25 de agosto Matías Merlo asumió formalmente como fiscal regional de Rosario, después de un interinato que se prolongó casi dos años. La crisis que sacudió al MPA parece formalmente superada con el nombramiento, pero la puerta está entornada y el juicio contra Serjal y Ugolini podría desplegar otra vez el escenario.
Autor
