¿Es necesaria una reforma laboral para mejorar la situación de los trabajadores? Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (Alal), asegura que sí. Y sugiere una hoja de ruta para reducir la jornada, elevar el salario mínimo, generalizar los comités mixtos de seguridad e higiene y limitar la tercerización, entre otros puntos. ¿Va en ese sentido el plan que impulsa el gobierno? Lo que se conoce por proyectos, declaraciones y borradores indica que no. Más bien apunta a bajar el costo salarial atomizando la negociación, limando el derecho de huelga, bajando indemnizaciones, extendiendo el tiempo de trabajo y “deslaboralizando” la relación de empleo.
Los defensores de la reforma laboral denuncian la brecha de ingresos y condiciones de trabajo entre trabajadores registrados e informales y proponen cerrarla hacia abajo. Prometen que, menos protegido, el trabajo formal renacerá. Cremonte cita evidencia histórica para desmentir este supuesto. La experiencia fallida de los contratos basura de la década del 90, cuando el desempleo saltó a dos dígitos, es un caso. Pero la prueba más reciente es la propia ley Bases, sancionada hace un año y medio. “Derogó las sanciones por no registrar las relaciones laborales y el resultado fue que creció la proporción de empleo no registrado”, dijo el especialista durante una entrevista con el programa radial La Banda Cambiaria.
El Observatorio de la Deuda Social (Odsa) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió en estos días un estudio demoledor sobre la inseguridad alimentaria dentro de la clase obrera. El 15 % de los asalariados la padece en algún grado. Entre los informales y cuentapropistas, la proporción trepa al 25 %. En el sector formal llega casi al 10 % y en el sector público al 14,1 % El grupo de investigación que conduce Agustín Salvia destacó que hay una brecha significativa, explicada por el acceso desigual a la estabilidad, la cobertura social y los mecanismos de protección.
Para Cremonte, el empleo informal es una “patología del mercado de trabajo” que no guarda relación con los costos empresariales. Del mismo modo, consideró que la legislación laboral “es totalmente intrascendente para el aumento de los puestos de trabajo”, que depende del crecimiento de la economía, que a su vez depende de la política económica.
Cuesta abajo
En este sentido, las estadísticas confirman semana a semana lo que se ve en la calle. La economía entró nuevamente en recesión. El Indice Compuesto de Actividad Económica de Santa Fe (Icasfe) que elabora el centro de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de la capital provincial mostró una caída de 0,2 % en agosto y acumula una contracción de 1,1 % en el año. El declive, señalaron los autores del informe, “comenzó a consolidarse a partir de marzo, con seis mediciones mensuales consecutivas a la baja”. Indicios más actuales sumó la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) al dar a conocer una retracción del 10 % en la producción de autos durante octubre. También la división agrícola de la asociación de concesionarios, Acara, al reportar una caída de 20,4 % en la venta de maquinaria durante el mismo mes.
La situación que reflejan estos números parece disociada de la obsesión por la reforma laboral. “Los empresarios padecen por el tipo de cambio, la depresión del mercado interno, la importación y el costo del dinero, si tienen algún problema vinculado a la legislación debe ser recién el número 10”, subrayó Cremonte.
En medio de la ola recesiva, la fábrica de electrodomésticos Electrolux comunicó que extenderá por otros dos meses, hasta fin de año, las suspensiones rotativas para 400 trabajadores en su planta de Rosario. Las razones: el aumento de las importaciones y la fuerte caída del consumo interno. En la negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la firma se comprometió a pagar la totalidad de los salarios de octubre y noviembre y el 95 % en diciembre. Lo que ocurra en enero es incierto. “Sin trabajo no hay plata, sin plata no hay consumo”, explicó Pablo Cerra, representante legal del sindicato, tras recordar que hay 30 empresas que acordaron suspensiones similares, contempladas precisamente en la ley de contrato de trabajo.
El sistema de protección laboral ofrece alguna herramienta para amortiguar el efecto de la crisis sobre el empleo. Por eso, el economista Andrés Asiaín, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), considera que “la reforma laboral es procíclica y va a profundizar la crisis”. En el encuentro que se realizó el jueves en Rosario para celebrar los 10 años de la filial Santa Fe de ese think tank, explicó que la ofensiva anti obrera tiene como objetivo inmediato hundir más el ancla salarial a la que ató el gobierno su plan para contener la inflación, luego de abandonar en abril pasado el régimen de tablita cambiaria.
Selección en cadena
El economista no llevó buenas noticias a los patrones que se excitan con el telegrama fácil. “A la reforma laboral le sigue la idea de eliminar, a través de las importaciones, a los que consideran empresarios improductivos”, advirtió. La industria tradicional que dio vida a los hoy cuestionados cordones fabriles ya experimenta esta “selección”. ¿Lo intuirá también el CEO de Mercado Libre que pateó la escalera con su pedido de regulación sobre las plataformas comerciales chinas? La consigna del Estado presente penetra el discurso libertario, adaptado a los negocios personales. Paolo Rocca empezó a escribir este manual cuando reclamó al entonces presidente Macri liberar los precios de la energía pero no retirar los subsidios a sus empresas. Ahora milita la “apertura inteligente, que sería desregular todo menos el comercio siderúrgico con China. En la guerra por la hegemonía mundial gana el carry trade. Así lo mostró el propio secretario del Tesoro de EEUU con su “ayuda” a Javier Milei antes de las elecciones y cuyo costo financiero ya asoma entre la contabilidad creativa del Banco Central. “Te lo cobran, hijo”, diría Alberto Samid.
El pasado que vuelve
El estudio sobre “El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios”, que acaba de presentar el Mirador de la Actualidad el Trabajo y la Economía (Mate) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, pone el foco sobre ese “peaje de gobernabilidad” en una economía hiperconcentrada y moldeada por la distribución regresiva del ingreso. La transferencia de ingresos del trabajo al capital por 290 mil millones de dólares entre 2015 y 2024, la dolarización de excedentes y el endeudamiento externo para financiarla pueden ser analizadas como un ejemplo de este mecanismo.
Con este cuadro, parece más que una trampa del tiempo la absolución que el Tribunal Federal número 1 de Rosario dictaminó esta semana a los 17 acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como la causa “Villazo”. En la causa se investigó la responsabilidad de militares y civiles, entre ellos ex jerárquicos de Acindar, en la represión contra los trabajadores vinculados a la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en 1975. Los homicidios, detenciones y torturas que se cometieron en el marco del operativo “Serpiente Roja del Paraná” tuvieron el objetivo de derrotar la lucha sindical y fueron una “prueba piloto” del terrorismo de Estado que se aplicó en la dictadura poco después.
El “espíritu de época” devuelve la vieja agenda antisindical al primer plano, mientras la CGT se despereza para las cámaras con una renovación de su cúpula. Por abajo hay disputas cuerpo a cuerpo. Tras una negociación prolongada y tensa, la paritaria aceitera cerró con un aumento del salario inicial a 2.344.000 pesos a partir de enero. A esa suma se llegará con escalas en noviembre y diciembre. También se pactó un retroactivo de 400 mil por septiembre y octubre y una suma extraordinaria de 1.886.748, que la representación gremial imputa como participación en las ganancias.
La federación de trabajadores del complejo oleaginoso, FTCIODyARA, celebró en un comunicado que, junto al sindicato de San Lorenzo, SOEA, se defendió una vez más el derecho a un salario mínimo, vital y móvil calculado según la definición del artículo 14 bis de la Constitución nacional y artículo 116 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, un ingreso que asegure a los trabajadores en su jornada legal la satisfacción de nueve necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Mientras los aceiteros promueven que el movimiento obrero asuma la defensa de esa institución próxima a cumplir 80 años, el gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para actualizar su caricatura, que hoy está valorada en apenas 322 mil pesos.
La federación aceitera valoró la nueva conquista alcanzada en un contexto político “cada vez más hostil”, que habilitó “una feroz ofensiva antiobrera y antisindical” liderada por un gobierno que “le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores”.
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