El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, no se pronuncia en público sobre las actuaciones por presuntas actividades de espionaje desde el Ministerio de Seguridad de la provincia. El silencio es su respuesta a quienes lo acusan de tramar una venganza por las denuncias de mal desempeño y negligencia deliberada en el trámite de la causa Oldani que planteó en su contra el ex ministro Marcelo Sain. Ahora la defensa de cinco de los ex funcionarios bajo sospecha acaba de darle la palabra con una presentación ante su despacho en la que puntualizan “severas irregularidades en personas que trabajan bajo su dirección” y le piden una investigación.
Las presuntas irregularidades afectan a la cadena de custodia de las computadoras y notebooks secuestrados en oficinas del Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre pasado, cuando la investigación tomó estado público. “No se ha completado adecuadamente o fue completada de manera irregular” a partir de esa fecha, “lo que viene acompañado de un conjunto de anomalías”, según la presentación de los abogados Juan Lewis y Daniel Cullerés.
Los abogados que representan a Nadia Schujman, Pablo Álvarez, Diego Alfredo Rodríguez, Débora Cotichini y Milagros Bernard identifican “alteraciones en la confección y conservación de las cadenas de custodia realizadas para cada dispositivo involucrado”, en referencia a cambios de embalaje practicados sin registro, y manipulaciones por las que “alguien intentó, al menos, encender los dispositivos para extraer su información, sin control alguno de la defensa y sin documentación alguna de dicho intento”.
Esas manipulaciones no se hicieron sin dejar rastros muy evidentes: en los dispositivos: “tiene pin y no se pudo desbloquear”, “pin no se pudo desbloquear”, “pin no soportado”, “no bloqueado” se lee en notas pegadas con cinta en los equipos y documentadas con fotografías.
El fiscal Arietti no sería un actor desinteresado en el trámite de la investigación. Marcelo Sain, que le había enrostrado tener “una mirada palaciega de la Justicia”, lo señaló desde un principio como uno de los artífices de la trama, y parte de las consultas en bases de datos que son tachadas de espionaje están vinculadas con la causa por el crimen de Luis Oldani y el intenso movimiento alrededor de la mesa de dinero del financista. Las defensas también aluden al presunto interés de Arietti en suceder al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini.
El secreto que rodea a la investigación no quedó del todo sin efecto. Más de tres meses después del procedimiento que generó un escándalo en torno a las actuaciones, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez comunicaron la semana pasada que las partes del proceso estaban disponibles para el examen. Sin embargo, las defensas sostuvieron la apelación que presentaron al secreto de las actuaciones y se presentaron en una audiencia ante el juez Sebastián Creus, de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, para sortear las limitaciones que encuentran en el acceso a la información.
“Es materialmente imposible acceder a la causa. Nos presentaron siete biblioratos y documentación digitalizada por 14 terabytes. Solamente lo podemos consultar en los escritorios de la fiscalía, lo que impide cualquier análisis serio”, dice el abogado Juan Lewis, que representa a cinco de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Los cruces de acusaciones acompañan el desarrollo de las investigaciones desde el procedimiento del 26 de noviembre en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario, lo que constituyó un allanamiento ilegal para las defensas y un registro que no necesitaba orden superior según los fiscales.
La polémica se reavivó con la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados en el procedimiento del 26 de noviembre. El abogado Hernán Martínez, defensor del ex ministro Marcelo Sain, denunció la manipulación de una computadora secuestrada en la oficina de Nadia Schujman, ex directora de la Agencia de Control Policial, por la que se le habría extraído el disco rígido, y también que los equipos descriptos por los fiscales no eran los mismos que los registrados en el examen realizado en el Departamento de Análisis Digital Forense (ADF).
Los fiscales santafesinos niegan las acusaciones. La computadora en cuestión tendría una tarjeta de memoria SSD que pasó desapercibida para los abogados de las partes y el perito de ADF y resultaría imposible borrar o agregar contenido sin que lo detecte el programa que extrae la información del equipo.
La filmación y las fotografías del acto de apertura de los equipos acreditarían la existencia de la tarjeta de memoria, según los fiscales Hernández y Jiménez. Las discordancias entre las actas del secuestro y las de la apertura de los elementos corresponderían a que en el primer caso se mencionan las marcas comerciales y en el segundo los modelos técnicos.
No obstante, las defensas mantienen sus cuestionamientos. “Cuando Análisis Digital Forense abre los equipos encontramos dos computadoras con el disco rígido sacado. Como si hubieran sido abiertas, con los conectores pegados con cinta. Si aparecen esos discos me voy a negar a aceptar cualquier cosa que afecte a cualquiera de mis defendidos. La cadena de custodia no dice dónde están y así quedó asentado en un acta”, señala Lewis.
Los 14 terabytes de la documentación digitalizada (un terabyte equivale a mil gigabytes) resultan de las consultas realizadas desde el Ministerio de Seguridad en bases de datos, particularmente Nosis y SudamericaData. Según adelantaron los fiscales, se habrían realizado más de veinticinco mil consultas de antecedentes comerciales, situación patrimonial y datos personales de por lo menos 661 personas, empresas y sociedades.
“Hasta ahora lo único que hay es eso, exámenes en determinadas bases de datos. No es espionaje, no hay constancia de que hayan sido hechos por los ex funcionarios”, señala Juan Lewis. El abogado y ex ministro de Justicia de la provincia atribuye las consultas a tareas de prevención y de recolección de datos propias del ministerio, en particular sobre el crimen organizado, “en las que se debe investigar no solo a los sospechosos sino a sus relaciones y a los posibles testigos”.
En esa línea, Lewis entiende que se explican las consultas sobre personas que no están imputadas en ninguna causa. El pedido de los fiscales santafesinos a sus pares de la provincia para saber si se justificaban las averiguaciones sobre las 661 personas y entidades que incluyeron en una lista de supuestos espiados levantó mar de fondo ya que puede obstaculizar investigaciones presentes y futuras.
La Justicia Federal, mientras tanto, no respondió a ese pedido. En cambio, requirió la causa a través de un oficio para saber si se trata de su competencia. “Los fiscales contestaron que estaba en reserva. Esperamos las imputaciones para hacer el planteo de la competencia, porque las violaciones a la ley de inteligencia o de protección de datos personales corresponden a la Justicia Federal”, agrega Lewis.
La diputada provincial Matilde Bruera coincide en el diagnóstico: “Llama la atención que intervenga la justicia provincial. Otra irregularidad es que durante más de tres meses los fiscales mantuvieron ocultas las supuestas pruebas del espionaje. El secreto de sumario es gravísimo, las personas que están siendo acusadas de hechos delictivos a través de los medios tienen derecho a defenderse y a saber por qué les sacaron la computadora y el celular”.
“Toda esta causa es desprolija y cuestionable desde el punto de vista jurídico. Le hace muy mal a las instituciones y afecta al prestigio y la seriedad que debe tener el Ministerio Público de la Acusación porque viola normas legales”, agrega Bruera, una de las pocas voces que se manifiestan desde la política provincial sobre el presunto espionaje.
Un nuevo actor
El diputado provincial Maximiliano Pullaro se constituyó el viernes pasado en el segundo querellante de la causa —aunque en rigor todavía no hay causa—. El Estado provincial ya fue admitido en esa condición, luego que el gobernador Omar Perotti se lo ordenara al fiscal Rubén Weder.
Pullaro invocó información periodística y datos de la propia fiscalía santafesina para ser admitido como querellante. En la audiencia, los fiscales Hernández y Jiménez dijeron que desde el Ministerio de Seguridad fueron consultadas bases de la Dirección Nacional de Migraciones para seguir los viajes del diputado y ex ministro de Seguridad y que la documentación secuestrada incluye transcripciones de conversaciones con el comisario Alejandro Druetta —divulgadas en el juicio federal en el que se condenó al policía— y un pendrive con información sobre allegados y relaciones.
Según los investigadores, el ex ministro Sain estaba particularmente interesado en obtener información sobre su antecesor. Durante el juicio en el que se condenó a Druetta como parte de una red de narcotráfico, Sain recordó públicamente las buenas relaciones de Pullaro y el senador radical Lisandro Enrico con el comisario que cultivaba la imagen de policía incorruptible mientras protegía a narcos y perseguía a sus competidores en el mercado de la droga.
“Pullaro le dio mucha publicidad a su declaración en el juicio contra Esteban Alvarado. Lo cierto es que la persona que descubrió los datos en Facebook que permitieron la localización de Alvarado para llegar a su captura es uno de los ex funcionarios a los que querella; y la persona que condujo la investigación en la segunda etapa también está entre los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad”, destaca Lewis. El abogado considera que la presentación del diputado como querellante “es parte de la explotación que hace de la causa en busca de un provecho electoral”.
Antecedentes históricos
“¿Qué antecedentes tenía esta persona para desempeñarse en ese cargo?”, se preguntó el diputado socialista Joaquín Blanco en un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre Horacio Alberto Lucchini, nombrado director provincial de Análisis Criminal Estratégico en diciembre de 2021 y renunciante después que Mariana Ortigala lo acusó de ofrecerle un menú de oscuros manejos para beneficiar a Ariel “Guille” Cantero.
Lucchini llegó al cargo después de desempeñarse en el Juzgado Federal de Venado Tuerto y de promocionarse como una persona con contactos en diversos ámbitos del Estado. La respuesta al pedido de informes todavía no llegó, pero hay un antecedente del que el ex director se jactaba en los pasillos del Ministerio de Seguridad: su condición de nieto de Rolando Gaspar Lucchini, el abogado de Juan Galiffi, alias Chicho Grande, legendario capo de la mafia siciliana en Argentina.
Rolando Lucchini es conocido además en los anales del crimen como esposo de Ágata Galiffi, hija de Chicho Grande, con quien se casó en 1935 y luego se divorció. En junio de 1939 fue detenido en Rosario y trasladado a San Miguel de Tucumán, donde fue condenado como parte de un grupo que intentó robar el Banco de la Provincia de Tucumán, junto con Ágata Galiffi.
Al margen de las curiosidades históricas, Mariana Ortigala dijo que Horacio Lucchini le adelantó que se preparaba “una cama contra Marcelo Sain”. El ex ministro considera que esa declaración refiere al procedimiento del 26 de noviembre y probaría que el actual ministro Jorge Lagna estaba al tanto de la tormenta que se avecinaba.
El ex ministro atribuye la causa por el presunto espionaje a una represalia por las investigaciones contra el crimen organizado durante su gestión. En una entrevista con CNN Rosario, Sain recriminó al gobernador Omar Perotti su silencio al respecto y dijo que la oposición le dobló el brazo “en la lucha contra la mafia” y lo llevó “en una posición de mucha debilidad” al acuerdo expresado en las reuniones de la junta provincial de seguridad.
“Hubiera esperado otro tipo de respuesta del gobernador Perotti. Fui el espadachín que utilizó para enfrentar a un establishment que lo condicionó de movida”, se quejó Sain.
El representante del Senado en las reuniones es Armando Traferri, acusado de proteger al juego clandestino y protegido por la Corte Suprema de Justicia de los intentos de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para que responda por las acusaciones. El ex ministro de Seguridad afirma que la finalidad última de la causa por presunto espionaje es inhibir la posibilidad de esas investigaciones en la provincia y que el objetivo siguiente de persecución son los propios fiscales Schiappa Pietra y Edery.
En esa perspectiva, podría repetirse la situación de 2019 cuando los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián MacCormack fueron castigados por el intento de investigar los subsidios entregados por los senadores provinciales. Sin embargo, las circunstancias parecen diferentes: si entonces el propio fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue el que instrumentó la persecución, su sucesora en el cargo, María Eugenia Iribarren, acompaña a Schiappa Pietra y Edery en el recurso extraordinario presentado para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine si un senador puede sustraerse a la Justicia. Un privilegio que solo se consigue en la provincia de Santa Fe.
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