Las normas que regularon el confinamiento social durante la pandemia, las presuntas acciones contra un empresario periodístico, las responsabilidades del gobernador Omar Perotti y del diputado nacional Roberto Mirabella, la elección de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, la próxima competencia electoral y los procesamientos de jefes policiales por corrupción. La investigación por el presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad de la provincia parece convertirse en un menú de opciones a partir de la difusión de conversaciones y mensajes de WhatsApp del ex ministro Marcelo Sain y de una causa que a falta de imputación formal se tramita en los medios de comunicación.
Los audios en cuestión tienen un condimento infaltable: las expresiones generalmente impropias de Sain y el tono en el que se refiere a cuestiones tan sensibles como la seguridad y los reclamos de la ciudadanía. El argumento de que provienen de conversaciones privadas no parece atendible para la cobertura periodística. Por el contrario, al exponer en crudo al ex ministro, esos audios potencian la indignación pública porque suenan naturalmente ofensivos en ese espacio y promueven una condena social que trasciende al ex ministro y alcanza a los integrantes de su equipo, al gobierno que integró y por extensión al gobierno nacional, del que es asesor.
La novedad es relativa, ya que desde los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad del 26 de noviembre de 2021 el secreto que mantiene la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe es correlativo a la difusión de documentos y actuaciones a través de la prensa. Ese día, como la semana pasada con los audios, la primicia fue del multimedios que tiene como principal accionista a Gustavo Scaglione, por otra parte uno de los querellantes en la causa. La hipótesis de espionaje sigue siendo una construcción de responsabilidad exclusiva de los medios.
Scaglione fue admitido en el expediente, pero su constitución fue apelada por Juan Lewis, que defiende a cinco ex funcionarios del Ministerio. El empresario de medios y turismo se presentó después de saber que había sido investigado a solicitud de un fiscal. Los otros querellantes son Rubén Bedouret, Evelyn Andriozzi —ambos investigados a partir de un pedido del fiscal Franco Carbone a raíz del levantamiento policial de 2020, aunque Carbone se desentendió de los perfilamientos— Jorge Molina —secretario general de UPCN—, Maximiliano Pullaro y el gobierno de la provincia.
Un problema de filtraciones
Parece que los audios se filtraron. Un contenido periodístico que viene con ese envase agrega un motivo de interés. Pero en la jerga se llama filtración a lo que en realidad es un acuerdo entre la fuente de información y el medio de prensa para la difusión de un contenido reservado o secreto. Y en la causa por el presunto espionaje se daría un caso digno de estudio en ciencias de la comunicación: la fuente y el medio responden a la misma persona.
A pedido de las defensas, las actuaciones no están reservadas para las partes. En consecuencia, el fiscal Ezequiel Hernández notificó la disponibilidad de los materiales obtenidos en las pericias realizadas en Brasil sobre los teléfonos secuestrados de los ex funcionarios del Ministerio. Lo que fue pensado como un instrumento de supervisión sobre la causa se transformó en un factor del desmadre actual, cuando audios y documentos que contienen información personal sobre diversos actores de la sociedad circulan virtualmente fuera de control.
Los audios que se conocen son fragmentos de conversaciones o intercambios más amplios. Los recortes que hacen los editores son significativos: la conversación en que Sain alega el interés de Perotti en una persecución contra el empresario periodístico Nahuel Caputto, por ejemplo, se publicó en un medio santafesino sin el pasaje que menciona al gobernador.
Al ser desprendidos de su contexto original esas conversaciones reciben nuevos sentidos. El contexto en el que resuenan es la actualidad y el intérprete es el medio de prensa que repone los datos ausentes. Si hay lagunas y preguntas que no pueden responderse, igualmente la publicación produce sentido: cuando Sain habla de Ana Morel, funcionaria del Ministerio de Economía de la provincia, y dice “hay que detenerla y producir un escándalo”, el audio no contiene ninguna información para entender a qué refiere esa frase suelta pero de todas maneras, desprendida de su origen y considerada en sí misma, contribuye a la condena del ex ministro.
La función del contexto también se aprecia en la pesca de un mensaje de voz del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, dirigido a Sain. Según el encuadre corriente, Somaglia tranquiliza a Sain diciéndole que operó en la Justicia para cubrir maniobras de Débora Cotichini, integrante del Organismo de Investigaciones denunciada por pasar información al Ministerio de Seguridad y en particular un perfil de Ana Viglione, ex funcionaria del gobierno de Antonio Bonfatti, que se difundió en C5N.
Las expresiones de Somaglia —“pude hacer zafar un montón”, “pude limar muchísimo”, “siempre con el mismo objetivo, la protección tuya”— sugieren un ámbito oscuro de decisiones, pero es difícil reconstruir el marco de referencia. Su permanencia al frente del trámite de la elección de los fiscales del MPA se volvió insostenible también porque se conocen después de los comentarios despectivos que le dedicó a un reclamo de la Asociación de Fiscales justamente por la transparencia del procedimiento y porque el proceso está envuelto en sospechas de discrecionalidad desde su convocatoria.
En otra proyección de los audios, Maximiliano Pullaro y Roberto Mirabella volvieron a sostener un nuevo round de acusaciones cruzadas en el que se recordó el caso del ex comisario Alejandro Druetta, condenado a diez años de prisión por complicidad con el narcotráfico en un caso testigo de corrupción policial en el que la política santafesina no parece encontrar más que una chicana.
Es tan cierto que Druetta tuvo el respaldo de Pullaro mientras hacía su mascarada de cruzado contra las drogas como que recibió el apoyo del conjunto de los partidos mayoritarios cuando el fiscal Eduardo Lago lo denunció por el armado de causas truchas. Al momento del juicio se supo que el ex jefe de Drogas había archivado conversaciones privadas con dirigentes políticos, de las que hubo una difusión selectiva, específicamente las que concernían a Pullaro y al senador radical Lisandro Enrico. Por eso fue que Enrico decidió publicar la desgrabación completa de esos registros al tiempo que definía a Sain como “el Jaime Stiuso de Santa Fe”.
La difusión de los audios hace perder de vista mientras tanto el objeto de la causa que lleva adelante el fiscal Ezequiel Hernández. El presunto caso de una mujer que fue detenida mientras paseaba un perro durante la cuarentena tiene mayor repercusión que los perfilamientos de funcionarios ajenos a la órbita de Sain, que también circulan con detalles sobre composiciones familiares, datos económicos y referencias de movimientos proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones.
El episodio está a punto de fraguar una leyenda urbana. No hay ninguna referencia concreta sobre la mujer y los perros aludidos en el mensaje, ni se la identificó pese a los intentos realizados desde las redes sociales. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia informó que no tuvo conocimiento de una situación con esas características e invitó a la presunta damnificada a presentar una denuncia. Estas circunstancias quedan en segundo plano ante frases escandalosas como “la tenemos enjaulada, está llorando y la vamos a dejar llorando diez o doce horas sin comer y sin agua”, proferidas por Sain.
Pero el escándalo mediático es selectivo. La revelación sobre perfilamientos realizados entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 sobre Jorge Molina, secretario general de UPCN, y quince personas de su familia y entorno, fue recibida con indiferencia por la mayoría de los medios a pesar de los datos que vinculan al gremialista con diversas sociedades anónimas. No se sabe si esa información, recopilada mientras Maximiliano Pullaro estuvo al frente del Ministerio de Seguridad, fue requerida por un fiscal. Mientras tanto, Sain da tela para cortar.
Los audios y el ruido de fondo
Los abogados Hernán J. Martínez y Hernán Augusto Martínez, en representación de Sain, y Juan Lewis, que representa a cinco ex funcionarios del Ministerio, presentaron escritos ante la Fiscalía Regional de Santa Fe en la que requieren explicaciones sobre la difusión de los audios. La defensa del ex ministro planteó además una demanda por daños y perjuicios contra Televisión Litoral.
Mientras la Justicia no se pronunció respecto de las solicitudes, el multimedios respondió con la difusión de otro audio que realimenta exponencialmente la indignación pública con Sain: se trata de una conversación en la que el ex ministro habla con el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y lanza una carcajada después de referirse a la muerte por coronavirus del jefe de policía de Rosario, Adrián Forni, en mayo de 2020.
Sain hizo un descargo por Twitter, pero la propagación de los audios en la esfera pública vuelve estéril cualquier defensa. Según un anticipo del diario La Capital, existe “un cúmulo impresionante de material probatorio” y los registros difundidos “son los primeros que trascienden, pero hay muchos más”, lo que puede anticipar una saga.
Pero el audio agrega otro aspecto que da cuenta de otros actores con intereses particulares: los jefes de la policía santafesina involucrados en causas por corrupción. Y la publicación da cuenta de interpretaciones significativamente forzadas.
Según una crónica de Rosario 3, en tándem con un envío del programa De 12 a 14, el registro “da cuenta de una acusación judicial que finalmente ocurrió meses después contra el ex subjefe de la fuerza de seguridad provincial Ariel Zancocchia”. Se sugiere así que la imputación contra Zancocchia y otros jefes de la policía santafesina resultó una irregularidad y una maniobra pergeñada por Sain.
Sin embargo, el audio no menciona a Zancocchia. La presunción de los editores ante este “nuevo y escandaloso audio”, como lo presentan, surge del pasaje que sigue a la mención de la muerte de Forni: “Que la chilindrina (sic) no vaya a poner al sucesor —dice Sain a Montenegro—. (…). Con el crápula ese que todavía no renunció. O sea, se murió Forni y no renunció ese hijo de puta, ladrón de mierda. Igual, ya lo vamos a imputar en poco tiempo, con lo cual va a ser un dislate que el gobierno tenga imputado su subjefe”.
El medio presume que Sain habla del subjefe de policía de la provincia cuando también puede referirse —y es más probable, en el contexto de la conversación y cuando se habla del sucesor de Forni— al subjefe de policía de Rosario, Natalio Marciani, quien también fue objeto de investigaciones. ¿Por qué debería haber renunciado Zancocchia, si se trataba de él?
Por las vueltas de la crisis policial, Marciani retornó más tarde como jefe de policía de Rosario, durante la gestión de Jorge Lagna como ministro, y fue apartado después que un fiscal ordenara el secuestro de su teléfono por causas que no se informaron y sobre las que el gobierno de la provincia, como parece ser su política, mantuvo silencio.
Pero el audio es vinculado ahora al procesamiento de Zancocchia y circula con una declaración del ex subjefe de policía de la provincia en el proceso —trabajo de investigación periodística— que carga contra los fiscales que lo imputaron —Luis Schiappa Pietra y Matías Edery— y contra la Agencia de Control Policial y presenta los cargos en su contra como una maniobra urdida por Sain para complicar la gestión de Lagna.
Lo que debería escucharse, entonces, es también el interés por desligar a siete policías que están implicados como integrantes de una asociación ilícita que según la imputación formal se dedicaba a la administración y disposición de vehículos y autopartes pertenecientes a la policía de la provincia. Un avance que tiene antecedentes en mensajes detectados en el teléfono de uno de los jefes policiales sobre la necesidad de frenar la investigación que llevaban adelante Nadia Schujman y Mariana Olivieri desde la Agencia de Control Policial y que constituye más que un ruido de fondo.
El menú de opciones está a la vista y quizá podrá ser acotado cuando la fiscalía de Santa Fe presente su exposición del caso. Pero la idea de que existió espionaje parece definitivamente instalada en el espacio público, y sus efectos se configuran como un interrogante sobre el futuro inmediato de la provincia.
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