Ex Sulfacid: una bomba ambiental que contamina, tiene en vilo al cordón industrial y llegó a la justicia penal

En Fray Luis Beltrán, localidad densamente poblada ubicada en el cordón industrial norte del Gran Rosario, el predio abandonado de ArZinc (ex Sulfacid) —la única fábrica de ácido sulfúrico y zinc electrolítico que tuvo Argentina— genera cada día, desde hace años, un descomunal pasivo ambiental que contamina el suelo, el agua y el aire por los restos de metales que siguen allí, aunque ya nadie trabaje ni venda lo que durante décadas se produjo y se almacenó. Tras años de intimaciones, protestas de vecinos y denuncias judiciales, el pasado 25 de septiembre la justicia de Santa Fe ordenó a los actuales dueños de la empresa que comience un plan urgente de remediación de daños ambientales ante el riesgo de colapso de parte de la barranca, con el condimento extra de la creciente y las lluvias que aporta el evento del Niño severo que va a afectar a todo el Litoral hasta bien entrado el verano. “Los dos predios abandonados, que son muy grandes, están llenos de residuos del proceso productivo que llevó adelante esta empresa. Son residuos que tienen vida, en el sentido de que siguen impactando, contaminando, a la sociedad en su conjunto”, explicó Cecilia Bianco, coordinadora del área de Tóxicos del Taller Ecologista, quien denuncia que hay poca información sobre el tema y se pregunta “si alguien está monitoreando las potenciales filtraciones de líquidos contaminados hacia las napas, así como el polvillo que vuela en el aire”. “Hoy nos preocupa que parte de la barranca se caiga por la crecida del río, pero no hay que quedarnos solo con esa foto, hay que mirar toda la película. Es un problema que arrastramos desde hace años y que nunca se resuelve”, denunció la experta y ambientalista. 

Cronología

ArZinc, empresa que aún muchos llaman o conocen por su nombre original de Sulfacid, comenzó a operar a mediados del siglo pasado en la zona de Fray Luis Beltrán, cuando el cordón industrial del Gran Rosario se consolidó como un importantísimo polo industrial a tono con la política de sustitución de importaciones de los primeros gobiernos peronistas. Allí se produjo, durante décadas, zinc electrolítico —un insumo para la metalurgia—, ácido sulfúrico, cadmio metálico y escorias de zinc. En el año 2005 la firma fue adquirida por la multinacional suiza Glencore, gigante mundial de la producción, refinación, procesamiento, reciclaje y comercialización de materias primas como el cobre, zinc, níquel, cobalto, carbón y petróleo. La multinacional buscaba integrar la producción y comercialización de zinc dentro de su red global de metales y minerales en una zona estratégica: a la vera del Paraná, lo que facilita y abarata la logística de exportación por la cercanía con los grandes puertos. Como combinación de factores internos y externos, la fábrica cerró sus puertas en 2016, dejando a 400 trabajadores desempleados y un pasivo ambiental enorme por los residuos peligrosos de los procesos industriales desarrollados durante años, como la jarosita, compuesto de metales pesados como zinc, cadmio, plomo y arsénico entre otros. Estos residuos fueron depositados tanto dentro de la propia planta como en rellenos construidos cerca de la autopista Rosario/Santa Fe. “Muchas veces hablamos de la megaminería, que nos queda lejos geográficamente, y acá nomás tenemos residuos de mina. Es un ejemplo cercano de lo que deja el extractivismo: hicieron su negocio y nos dejaron sus residuos peligrosos, como pasa con las mega mineras. ArZinc es nuestra propia zona de sacrificio, no lo naturalicemos, no debemos permitirlo”, insistió la experta del Taller Ecologista. 

Responsabilidades 

Según detallaron desde la Provincia, ArZinc es la empresa continuadora de Sulfacid, empresa que en 2005 fue adquirida por Glencore que cerró definitivamente sus actividades en 2016. Sobre finales de 2021, Glencore vendió la empresa Minera Aguilar SA al Grupo Integra, y dentro de esta operación se incluyen los predios e instalaciones de Arzinc. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia detallaron que los depósitos de jarosita ocupan una superficie de 9,8 hectáreas y acumulan unas 863.000 toneladas secas de este tipo de residuo peligroso, “siendo el mayor pasivo ambiental reconocido en territorio provincial”. Si bien en 2021 la empresa presentó un plan de remediación, fue rechazado por no cumplir criterios técnicos. A partir de allí comenzó una larga novela de intimaciones y presentaciones ante la justicia, que todavía sigue abierta sin final feliz. “La empresa ha incurrido en continuas dilaciones demorando las soluciones exigidas por la Autoridad de Aplicación Ambiental, lo que ha motivado la acumulación de multas en sede administrativa”, agregaron desde esa cartera. “La empresa dice que va a remediar desde 2019, pero más allá de los títulos, hasta ahora todo siempre quedó en la nada”, argumentó Bianco, para quien los intendentes de la zona “deberían ser los primeros en levantar la bandera” del cuidado del ambiente “ya que también fueron elegidos para eso”. 

Denuncia penal

Agotadas las instancias administrativas y después de varias denuncias en un juzgado civil y comercial de San Lorenzo, sin respuesta por parte de los actuales dueños de la firma, el pasado viernes 25 de septiembre la provincia avanzó con la realización de una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación, alegando desobediencia e incumplimiento de las órdenes administrativas y judiciales y el riesgo y eventual daño ambiental. “Si bien la empresa hasta ahora no se movió, la potencial imputación penal parece haber producido algún movimiento. Hay algunos equipos haciendo trabajos de consolidación de la barranca, sin resultados significativos por ahora”, señalaron desde el gobierno provincial, para agregar que esperan que el actual proceso judicial “garantice que la empresa cumpla con la primera etapa del proceso de confinamiento y consolidación de la barranca, mientras avanza y presenta una propuesta técnica de monitoreo y tratamiento del sitio contaminado”.

¿Qué es la remediación ambiental?

La remediación o restauración ambiental aparece en los primeros párrafos del artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina bajo el concepto jurídico de “recomposición” del daño ambiental: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. La ley establece, entonces, que cuando se constata una alteración negativa del ambiente no solo hay que pagar multas, sino también devolverlo a su estado original. Este principio constitucional fue retomado por la nueva Constitución provincial, que tiene varios artículos relacionados con el cuidado del ambiente como el artículo 33, cuyo último párrafo afirma que “el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. ¿Se puede remediar el desastre que dejó ArZinc? “Se puede remediar, pero hay que tener millones de dólares y la voluntad de hacerlo. Hay que hacer un proceso de extracción del suelo contaminado y descontaminarlo, teniendo en cuenta que tiene una cantidad importante de metales diferentes”, argumentó Bianco, para quien “ya se sabe qué hay que hacer, es algo estudiado”. La pelota, una vez más, queda del lado de los privados y de la Justicia.