La fecha está fijada el 15 de septiembre. Ese día debería empezar el notoriamente demorado juicio oral y público contra el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, como organizador e integrante, respectivamente, de una asociación ilícita que durante más de dos años recibió coimas del empresario Leonardo Peiti para encubrir la explotación del juego clandestino. Pero los abogados de Serjal pedirán una vez más la suspensión del juicio para que se incorpore la investigación sobre el desempeño del fiscal Matías Edery, aunque un Tribunal ya rechazó esa pretensión.
El miércoles se realizó en el Centro de Justicia Penal la audiencia preparatoria para el juicio, ante el tribunal integrado por Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni. Los abogados Renzo Biga e Ignacio Carbone, defensores de Serjal, solicitaron que se incorpore la investigación que desarrollan las fiscales santafesinas Bárbara Ilera y María Laura Urquiza sobre la actuación de Mariana Ortigala como informante del fiscal Edery, planteo que el Tribunal rechazó por unanimidad.
“En la investigación contra Edery, sobre todo en la pericia del teléfono de Ortigala, hay información relevante sobre cómo se gestó la declaración de Leonardo Peiti que dio origen a la causa. Pedimos que nos den esa información para analizarla y ofrecerla como prueba”, alega el abogado Renzo Biga. Por su parte, el fiscal José Luis Caterina considera que el pedido “es una distracción, un intento de ensuciar la investigación y dilatar el juicio; es llamativo que Ugolini no haga el mismo planteo ni se agravie por nada”.
Biga afirma que un primer intento de acceder a la información tropezó con la negativa de las fiscales Ilera y Urquiza “porque el juez dispuso el secreto de la investigación”. Fue en abril de 2024. Los defensores insistieron en la audiencia del miércoles y, ante el segundo rechazo, adelantaron: “vamos a apelar la resolución y pediremos nuevamente la suspensión del juicio”
Negocios eran negocios
En teoría el juicio contra Serjal y Ugolini debería transcurrir entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre. Se trataría del segundo acto en el enjuiciamiento de la asociación ilícita, ya que en octubre de 2024 el senador y actual constituyente Armando Traferri fue imputado como jefe de la organización, y por otros delitos: explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos.
Serjal, Ugolini y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado el 7 de septiembre de 2021, conformaron el estamento judicial de la organización “no directa por vinculación con Peiti sino por intereses de figuras prominentes de la política provincial”, destaca Caterina, quien llevó adelante la acusación contra Traferri junto con las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato.
Los tiempos de la Justicia son notoriamente lentos para el avance de la causa contra el ex fiscal regional de Rosario: la audiencia preliminar se realizó en una ya remota semana entre el 26 de octubre y el 1° de noviembre de 2022, mientras que los jueces Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni ordenaron la apertura del juicio oral y público el 15 de mayo de 2023. Dos años después, el proceso parece internarse en un nuevo limbo.
“El gran temor que se generó en relación a esa investigación fue el estado público que tomó la figura de Peiti, a quien todo el mundo quería mantener oculto, en las sombras. Fue la gran motivación para que se tratara de cajonear la causa. Es lo que se imputó a Serjal en su momento”, recordó Caterina.
El fiscal niega que la causa contra Traferri haya quedado inmovilizada después de las imputaciones contra el senador, que acaba de destacarse en la Asamblea Constituyente como uno de los peronistas que apoya la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro: “Tenemos un caso sólido contra Traferri y no quedó en stand by sino que ha habido avances puntuales y se hicieron nuevas medidas. En relación a la llamada pata judicial tenemos una apertura de juicio de hace mucho tiempo. Toda la etapa intermedia concreta fue terminada hace más de tres años. Hubo varias postergaciones”.
Serjal afronta un pedido de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua como responsable de los delitos de organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, peculado de servicios y omisión de persecución. “Las motivaciones de Serjal estuvieron dadas en la preocupación por seguir encubriendo los negocios de la política en relación al juego clandestino”, apunta Caterina.
El ex fiscal regional de Rosario vive en la casa de su familia, en la ciudad bonaerense de San Pedro, “y tiene una situación económica complicada”, según Biga. “La explosión de la causa Ortigala ratificó algo que sosteníamos con anterioridad: hubo un direccionamiento para que Peiti involucrara a Serjal en la causa del juego clandestino. Estos elementos son necesarios para la defensa”, argumenta el abogado.
Biga se remite además al informe del auditor Leandro Mai, realizado después de la denuncia contra Edery que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno sacaron de la manga en una audiencia que había sido convocada con el fin de imputar a Ortigala. “En ese informe se citan extractos de conversaciones de Ortigala sobre Peiti en medio de los allanamientos por la causa del juego clandestino. Ella era una intermediaria entre Peiti y la fiscalía. En el medio estaba su hermano Rodrigo Ortigala, que fue favorecido por la declaración en contra de Serjal”, plantea el defensor.
Mariana Ortigala, de profesión abogada, fue detenida en setiembre de 2023 por comandar una seguidilla de violentas extorsiones a la agencia de loterías El Califa a pedido de Ariel “Guille” Cantero. En esta causa su esposo Rodolfo Felipe y el líder de Los Monos aceptaron cadenas en juicios abreviados. A la vez enfrenta otras investigaciones en la Justicia Federal por lavado de dinero y por el subalquiler de un departamento a un narco. Fue parte del círculo de confianza de Esteban Alvarado, se convirtió en confidente del MPA después del asesinato del prestamista Lucio Maldonado y al mismo tiempo se hizo amiga de Cantero, del que habría sido testaferro.
Serjal y Ugolini fueron imputados por conformar una asociación ilícita con Ponce Asahad, Peiti, Maximiliano “Cachete” Díaz (representante de Los Monos), David Perona (capitalista del juego clandestino en Rafaela) y el ex comisario Alejandro Torrisi (condenado en juicio abreviado) para usufructuar la recaudación generada por una red de casinos y apuestas por medios electrónicos, todos ilegales. La asociación se habría extendido por lo menos entre el 24 de abril de 2017, fecha en la que se constató el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti, y la noche del 24 de julio de 2020, cuando Ponce Asahad fue citado por el abogado de Peiti a una cochera de Jujuy al 2300, en lo que el ex fiscal interpretó como una trampa para sacrificarlo en el altar de la causa judicial.
El 24 de julio de 2020 Serjal concedió una breve conferencia de prensa, ante la revelación de que Los Monos habían recibido información fina del Ministerio Público de la Acusación sobre las situaciones de Horacio Héctor Quinteros y Claudio Humberto Ricaldez, detenidos con armas de fuego en las inmediaciones del Casino City Center.
El entonces fiscal regional respondió con frases hechas: “Nos parece de una gravedad institucional enorme, está en plena investigación y no descartamos ninguna hipótesis”. También reivindicó la actuación de la Agencia de Criminalidad Organizada, que horas después lo expuso como parte de la asociación ilícita.
Dos campanas
Según la fiscalía, Serjal organizó la cobertura judicial, instruyó a Ponce Asahad para que siguiera las causas donde Peiti y su familia aparecieran involucrados y permitió que el 5 de diciembre de 2018 Ugolini creara un legajo con el fin de neutralizar una investigación que realizaba el fiscal Matías Merlo por el descubrimiento de casinos clandestinos en Hughes.
El ex fiscal regional de Rosario también fue acusado de ordenarle a la fiscal Ana Julia Milicic que no investigara una balacera producida el 11 de julio de 2019 contra la casa de Peiti en el edificio de Servando Bayo 1085, a sabiendas de que el ataque provenía de Maximiliano Díaz y para no levantar la perdiz; y sus visitas al Organismo de Investigaciones del 16 de junio y 17 de junio de 2020 habrían respondido al mismo fin de prevenir a la organización del avance de las investigaciones en contra de Peiti, que por otra parte fue advertido en la misma época por Ugolini y por el abogado Aníbal Porri sobre la necesidad de cambiar de línea y borrar el contenido de su teléfono.
El abogado Renzo Biga rechaza las acusaciones contra el ex fiscal regional: “Desde la audiencia preliminar sostenemos que la investigación estuvo direccionada y viciada. En la situación en que estaba Peiti, con su libertad en peligro, iba a tener una respuesta satisfactoria para cualquier pregunta que le hicieran. El móvil no lo sabemos a ciencia cierta; tampoco si fue con intencionalidad o porque los fiscales consideraran realmente que Serjal tenía alguna relación. Los elementos en contra de Serjal son las declaraciones de Peiti y de Ponce Asahad y muestran inconsistencias y contradicciones”.
Según la fiscalía, Serjal se reunió con Peiti en el bar de Dorrego 1142 y en el hotel Etoile de Buenos Aires el 14 de noviembre de 2019 para coordinar el arreglo económico; y como detalle complementario, en este viaje pidió a la Fiscalía General el reintegro de los gastos por combustible para hacer el viaje. Biga también resta entidad a esos encuentros: “En el hotel se cruzaron un momento en la recepción. Ponce Asahad admitió que recibía dinero de Peiti pero no hay ninguna prueba de que le haya dado un peso a Patricio (Serjal), ni de que Patricio le haya dicho a Ponce Asahad que pidiera plata en su nombre”.
“Se trata de ensuciar la investigación hablando mal de uno de los investigadores originales —advierte por su parte el fiscal Caterina—. Del otro (Luis Schiappa Pietra) no dicen nada. En los planteos de la defensa tampoco se habla del trasfondo del juego clandestino”.
Ugolini está acusado de informar a Peiti sobre las causas donde aparecía como sospechoso y sobre allanamientos, como empleado de una sección cuyo nombre suena a trabalenguas: Oficina de Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de hábeas corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal. En sus funciones para la organización, alertó sobre teléfonos pinchados, investigaciones del fiscal David Carizza e imputaciones contra miembros de Los Monos que solicitaba “Cachete” Díaz, y recibió de Peiti el uso de una casa en Zeballos 4871 donde vivió su madre entre el 1° de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2021 y donde Ponce Asahad observó que rendía culto a San La Muerte. La fiscalía pidió que sea condenado a 5 años de prisión efectiva e inhabilitado para ocupar un cargo o empleo público por 10 años por los delitos de miembro de una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
En la prueba admitida para el juicio, la fiscalía ofreció 62 testigos, entre ellos el actual ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Jorge Baclini, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, la fiscal general María Cecilia Vranicich, la ex fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren y su sucesor Matías Merlo, Brenda Lomello (ex secretaria de Peiti), Lorena Córdoba (ex pareja del fallecido David Perona) además de funcionarios judiciales y empleados del Organismo de Investigaciones y policiales.
La defensa de Serjal propuso otros 59 testigos, entre ellos el actual ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el abogado Oscar Romera, el fiscal santafesino Ezequiel Hernández, el diputado nacional Roberto Mirabella y los ex policías Ariel David Zancocchia y Ernesto Andreozzi; Ugolini ofreció 21 testigos.
“El 15 de septiembre como fecha de inicio del juicio está firme por nosotros. Pero hay muchísima chance de que se postergue. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar”, dice José Luis Caterina. Por ahora la pregunta del fiscal no tiene respuesta.
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