El antiguo conflicto entre fiscales de Rosario cobra una centralidad notable en el juicio por corrupción contra Patricio Serjal que durante casi dos años fue el jefe en la mayor circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este jueves la defensa de Serjal convocó a una fiscal de Santa Fe que investiga a parte del equipo de fiscales que trabajaron la imputación contra el propio Serjal y contra el senador Armando Traferri en la causa por cobro de sobornos para permitir el juego ilegal en la provincia. La pretensión es neutralizar la acusación señalando que el trámite contra ellos fue un armado hecho de intencionalidad política y de brindar impunidad a implicados en delitos.
En el juicio compareció este jueves la fiscal de Santa Fe Bárbara Ilera que junto a su colega María Laura Urquiza tienen una causa abierta contra el fiscal Matías Edery y la empleada del MPA Carla Belmonte. Les atribuyen haber omitido investigar delitos de Mariana Ortigala, una persona que había sido miembro de la banda de Esteban Alvarado y luego se pasó al grupo de Guille Cantero en Los Monos. El argumento es que lo hicieron porque ella era testigo colaboradora de los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra y le daban amparo.
La fiscal que actúa como acusadora en el juicio a Serjal le preguntó a la fiscal Ilera si en su causa contra Edery y Belmonte tenía hacia ellos elementos de sospecha indicativos de que favorecieron a Ortigala o la utilizaron para implicar al ex fiscal regional de Rosario.
—Hasta ahora no. Esto no consta en la acusación. No vimos nada que pasara por ahí hasta ahora —respondió Ilera.
Durante largo rato el debate de este jueves pasó por lo que hizo o no hizo Carla Belmonte, una abogada con 15 años de desempeño como empleada judicial, que trabajó en causas muy complejas que lograron condena, como la primera contra Los Monos, la de Alvarado, la de los ataques selectivos contra jueces, el atentado al Casino y la de Serjal-Traferri.
Dos semanas atrás el fiscal Federico Rébola reveló, al presentar la evidencia en una causa en la que imputó a Rodrigo Ortigala, que precisamente Belmonte le había suministrado en 2021 elementos indiciarios para perseguir al nombrado y a su hermana Mariana. Eso entró derecho en un pasaje del juicio de parte de la fiscal Fabbro. Dado que Belmonte sigue afectada a una causa penal como favorecedora presunta de los Ortigala.
“Ella en ningún momento intentó nada ilegal hacia Ortigala. Por eso se le devolvió el celular”, dijo Ilera ante una pregunta de Fabbro. Esta fiscal le preguntó si Belmonte le había suministrado a Rébola los contenidos donde quedaba claro que el posible investigado podía ser Rodrigo Ortigala. Ilera respondió que así había sido.
—¿Usted sabe que hace unas semanas Rébola imputó a Rodrigo Ortigala usando la información que le pasó Belmonte?
—Me enteré por medios periodísticos pero no tengo información de eso —respondió la fiscal.
¿Por qué la insistencia? Porque la irregularidad o la omisión atribuida a Edery y Belmonte es el planteo central de la defensa para sostener que la pesquisa contra Serjal tiene vicios que le quitan sustento para la condena de 12 años que pide la fiscalía contra el ex fiscal regional. También es claro que la defensa busca impugnar esta pesquisa para hacer caer el trámite contra Traferri, que solo no está sentado en este juicio porque durante cuatro años mantuvo los fueros que le evitaron comparecer.
La defensa realiza su tarea muy enfocada en la causa de Traferri, que es forzado desprendimiento de esta. Lo que esgrimen es que el caso Serjal es un armado viciado de origen por el ánimo persecutorio del ex ministro Marcelo Sain, quien propició esta causa a través de los fiscales Schiappa Pietra y Edery, que les eran funcionales. Lo central es que tanto en el trámite de Serjal como en el de Traferri los acusadores ya son otros -la citada Fabbro y José Luis Caterina- quienes sostuvieron los mismos cargos en base a la prueba inicial. Y en el caso del senador los ampliaron a asociación ilícita.
Es muy significativo en todo este juicio cómo el nombre de Traferri es aludido de forma permanente. Justamente a Ilera le preguntaron por una situación directamente relacionada. El caso de Serjal y Traferri surge por un teléfono de Maximiliano Cachete Díaz, que fue condenado por el atentado homicida al casino ocurrido en 2020. En ese celular se encontró la pista que indicaba que desde adentro del MPA suministraban información de causas que llegaban a Cachete Díaz.
Por tanto este teléfono es una pieza probatoria vital. En agosto de 2024 de repente Mariana Ortigala pidió desde su lugar de detención que la llevaran a hablar con las fiscales de Santa Fe que investigan a Edery y Belmonte. De manera espontánea dijo repentinamente, casi cinco años después de los hechos, que fue ella quien tenía ese teléfono y que se lo entregó en manos a Carla Belmonte.
Todo eso implicaba robustecer la idea de que en la causa del Casino que llevó a Serjal y luego a Traferri había trampa. Pero hubo pruebas contundentes de que este celular llegó al caso de modo muy diferente. Las pruebas indican que el teléfono fue encontrado por un joven estudiante en Rosario en la puerta de su edificio tras un allanamiento. Este joven consultó a un fiscal de Venado Tuerto, ya que ambos son de esa ciudad, qué podía hacer con ese aparato. Y el fiscal le recomendó entregarlo en la Fiscalía de Delitos Complejos donde estaba Edery.
Ese fiscal es Horacio Pueyrredón y actualmente es camarista penitenciario. Pueyrredón no solo ratificó que las cosas ocurrieron así. También los impactos de antenas de los teléfonos suyos y del estudiante que es hijo de un productor agropecuario demostraron que se encontraron en febrero de 2020 cuando justamente fue entregado el teléfono. Quien lo recibió además no fue Carla Belmonte según el acta de entrega, sino la empleada Carina Fernández.
Esto lo contó la fiscal Ilera ante una pregunta de la fiscal Fabbro.
Uno de los defensores de Serjal le preguntó a la fiscal Ilera si le constaba que Belmonte había facilitado que el empresario de juego Leonardo Peiti produjo la denuncia contra Serjal. Lo que decía Peiti es que pagaba por protección a Serjal pero que le sacaban mucho dinero y no paraba de sufrir extorsiones y que quería denunciarlo. Ortigala se comunicó con Belmonte para pedir que los fiscales de su unidad hicieran constar eso. Si esto fuera así, y los fiscales accionado directamente, hubiera sido algo impertinente. En el sumario del caso que tienen las fiscales de Santa Fe consta un mensaje de Belmonte hacia Ortigala como respuesta en el que le dice: “Mariana, nosotros no podemos hacer nada. Eso lo tiene que solicitar el abogado defensor”.
La fiscal Ilera reconoció en audiencia ante otra pregunta de su colega Fabbro que el camarista penal Daniel Curik no autorizó que se procediera a la extracción forense del contenido de su celular, secuestrado por orden de las fiscales santafesinas, por falta de elementos de convicción en su contra. “En sus exposiciones Belmonte explicó sobradamente, sin reparos ni reservas, cómo se sucedieron los hechos de interés decisivo sobre lo medular, y aceptó someterse a preguntas sin que mediara interés de la fiscalía”.
Agregó el camarista que la empleada “demostró a todas luces con fechas exactas todos los detalles que la alejan de toda sospecha de encubrimiento incluyendo su proactividad en promover una denuncia a dicha persona con el mismo riesgo de vida que cualquier fiscal del organismo”. Y termina con esto: “Tampoco surge de los datos ofrecidos como sospechosos la impronta de que Belmonte enviara indebidamente información a terceros. Más bien, en contra, de las conversaciones entre los hermanos Ortigala traída a consideración surge lo contrario, pues refieren quejándose que los presiona para que den información, se infiere, sin nada a cambio”.
Belmonte está implicada en una causa penal hace dos años a partir de las denuncias contra Edery de los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca que lo acusan de haber encubierto a Ortigala. En el juicio contra Serjal está muy presente en la audiencia porque su desacreditación es una herramienta elegida para impugnar el trámite contra Serjal y por elocuente extensión al senador Traferri.
“Van a tener que pedir disculpas públicamente a Belmonte por toda la maliciosa situación en la que la involucraron”, dijo el fiscal Schiappa Pietra el 24 de febrero de 2024 ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura cuando lo investigaban a Edery. “Quiero que lo sepan porque esta es parte de la historia santafesina. La mitad del juicio de Los Monos se lo deben a Carla Belmonte. Las fiscales de Santa Fe, con dos denuncias, que no había más nada que dos denuncias, porque temporalmente no había tiempo, fueron a sacarle el teléfono a Carla Belmonte. Una empleada ejemplar a la que durante la investigación de la causa Alvarado le tiraron en su casa una caja con el cuerpo triturado de un gato. Y que ahora usa una parte importante de su sueldo para pagar un abogado defensor”, les dijo a los legisladores.
En ese momento el ex jefe de la disuelta Unidad Fiscal de Delitos Complejos recordó lo que afloró en audiencia hace dos semanas. Que Belmonte había pasado información concreta junto a su colega Ignacio Fauda tendiente a imputar por extorsión a los Ortigala.
“Todo eso está en la investigación. Yo reitero, no estoy diciendo que haya ninguna, no sé, problemática vinculada a una omisión de persecución. Lo que digo es que no puede haber un reproche a Edery o a mí. Nosotros fuimos los únicos que lo investigamos a Ortigala. Llamativamente hay 14 legajos abiertos contra Ortigala, más o menos, en el sistema. ¡Búsquenlos!, a ver qué hicieron todos los fiscales”.
Luego sí hubo imputaciones contra Ortigala. Lo que señalaba Schiappa Pietra es que no hubo con anterioridad. “No quiero decir con esto que ningún fiscal sea imputable de omisión de persecución en un contexto donde el sistema criminal tiene una selectividad grosera que es el objeto de crítica de toda la política criminal y los criminólogos argentinos desde 1930 para adelante. Realmente lo que tenemos que preguntarnos es por qué ahora. Nosotros fuimos al juicio oral de Alvarado y mostramos cómo 14 informes de inteligencia del jefe de la PSA fueron desoídos por el juez federal (Marcelo Bailaque). Y no voló una sola imputación de omisión de persecución en su contra. En Santa Fe, desde 2013 al 2016, mientras ocurría lo que ocurría, cuando fue el homicidio del “Pájaro” Cantero, el sistema federal sabía cuál era la banda rival de Cantero. En esa banda rival estaban los que después fueron imputados por ser los autores del homicidio del “Pájaro” Cantero. Absueltos. Nunca nos enteramos de nada. ¿Y los que tenemos que venir a dar explicaciones acá de por qué no imputamos a un partícipe primario o secundario, a Mariana Ortigala, soy yo?”.
Quería decir lo que, en estos días, es algo de comentario permanente en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Y es que una disputa política, emocional y también relacionada con encuadres sobre la persecución al delito sigue enfrentando a grupos de fiscales. En su momento fue moderada con el desplazamiento de María Eugenia Iribarren como fiscal regional interina. Pero las escaramuzas y zafarranchos de combate siguen. En el juicio por corrupción al ex jefe de los fiscales de Rosario que está en curso, tanto en la acusación como en la estrategia de la defensa, se ve muy claro.
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