Con la certeza de que no podrá haber un período de transición, sino una pronta mudanza de empleados, cargos, recursos y bienes comenzó en Santa Fe la conformación en los hechos del nuevo Ministerio Público (MP) creado por la flamante Constitución de Santa Fe.
La Carta Magna recién reformada agrega al edificio jurídico institucional un “órgano independiente de los poderes del Estado con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera” que “se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente”.
En una primera reunión que abundó en gestos de cortesía hablaron con el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, sobre la emancipación del MPA y el MPD (el ex Servicio Público Provincial de la Defensa Penal) sus dos titulares, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson.
Ambas llegaron a la reunión minutos antes de las 10 y se retiraron sonrientes una hora y media luego con un saldo que consideraron constructivo y fructífero del Palacio Judicial de la capital santafesina, el pasado martes 16. Falistocco, el anfitrión, llegó casi sobre la hora. Los tres estuvieron acompañados de colaboradores técnicos para la administración del traspaso.
En el cónclave no faltaron referencias a cuestiones eminentemente prácticas, domésticas y hasta rutinarias, se habló hasta de cómo seguirán en la guardería de los judiciales los hijos de los empleados que ahora cambian de empleador, lo quieran o no.
También de la reacción del gremio judicial que, en una banalización dolorosa, llegó a afirmar que “ni la dictadura” se había atrevido a tanto, al considerar que no se han respetado los derechos laborales de quienes hasta la Reforma eran parte del Poder Judicial y ahora lo son de una sigla que ya conviene ir aprendiendo, el MP, porque tiene los roles más activos en el fuero penal nuevo.
No se ha tocado una coma del Código de Procedimiento Penal de Santa Fe y sin embargo hay cambios sustanciales respecto de cómo serán esos procesos a partir de la autonomía del MPA y el MPD. Los órganos de la Acusación y la Defensa no trajinarán más los pasillos ni los despachos de la Corte para obtener recursos para sus investigaciones en la persecución penal o en su servicio de garantizar defensa a todos los imputados.
En el Estado, en cada uno de sus poderes, las paredes de las instituciones hablan. Quienes conocen esos ámbitos terminan por obtener información relevante que no se publica pero que revela decisiones políticas y de conducción. La compra de ciertos insumos, el perfil del uso de los recursos es información valiosa que ahora el MP tendrá bajo su exclusivo resguardo.
En comisiones y sesión plenaria
Así fue diseñado por la mayoría en la Convención (a estos puntos no los votaron los justicialistas que entendieron que no se habían respetado derechos laborales) pero siempre estuvieron también de acuerdo en dar más independencia al MP, aunque no como órgano extrapoder, porque la emancipación del Poder Judicial puede significar que para muchos termine su carrera laboral tal como comenzó.
Si alguien no es fiscal ni defensor siempre pudo pensar en concursar por otras posiciones en la enorme pirámide de puestos y salarios de la Justicia. Ahora hay que conformarse con los peldaños que pueda ofrecen el MPA o el MPD.
Enroques
Con ánimo de remediar situaciones que hoy parecen demasiado traumáticas, y que por último fueron dispuestas por la nueva Constitución, no por la fiscal general ni la defensora general, a la mesa de conversaciones con Falistocco llegó una propuesta. Que haya la posibilidad de enroques para alentar vocaciones y perfiles técnicos y profesionales mientras queda por delante la sanción de leyes específicas para el MP, de las que hablan las cláusulas o disposiciones transitorias constitucionales. Con toda intención no se expuso allí una idea de transición, sino que la definición fue “traspaso” del judicial al MP. Y cada empleado que pasa, pasa con su cargo, dijo en un off un alto dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe que destacaba a un grupo de cronistas cómo serían las cosas, mientras se gestaba el nuevo capítulo sobre el Ministerio Público, bajo el título cuarto del texto constitucional. “No creamos ningún cargo nuevo”, subrayó la misma fuente cuando se votó la Constitución.
Palabras clave
¿Cómo serían los enroques que el MPA llevó en un documento a la Corte, para su análisis?
Si los ministros del máximo tribunal de Santa Fe están de acuerdo se crearían en toda la Justicia y en el nuevo órgano extra poder del MP listas con empleados que (con sus cargos) deseen pasarse de uno a otro empleador. Del MP al Poder Judicial y viceversa.
Si hay equivalencias entre unos y otros, todo se resuelve sin traumas. Pero lo que Vranicich y Moreno Robinson no quieren que suceda es que se cambien en el enroque alfiles por peones en ese (desigual) tablero de ajedrez que tiene muchísimas más piezas de un color que de otro.
¿Qué temen las titulares del MP? Que se vaya a un esquema en el que puedan multiplicarse las adscripciones, es decir, personas que cubran despachos clave en el nuevo órgano extrapoder y que sin embargo mantengan su cargo en el Judicial (y sus contactos).
Hay un remedio y es que para que haya más interés laboral en el nuevo MP se agreguen a esa estructura cargos que ya existen en la Justicia, siempre a nivel de empleados, y que no están cubiertos. Pero eso será en todo caso materia de una segunda discusión que ya los protagonistas de la emancipación saben que sucederá.
Otro término a considerar para que Acusación y Defensa puedan independizarse es el de las “subrogancias”, pero claro, eso también tiene límites.
Judiciales a la Justicia
Pasaron solo unas horas desde que en su visita a la Corte a Moreno Robinson y Vranicich las recibieran su presidente y un duro comunicado de los judiciales, cuando el gremio dio otro paso. Decidió ir a la Justicia para obtener la declaración de “inconstitucionalidad” de la nueva Constitución respecto del traspaso de empleados y cargos.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales presentó esa acción el 17 de septiembre porque no hay consentimiento de los empleados del MPA y el MPD (ex SPPDP) y de los defensores civiles y el Ministerio Pupilar que pasarán a la órbita del MPD cuando ese órgano tenga su nueva legislación.
El peronismo debatió fuerte sobre estos aspectos. Y otros bloques también se opusieron: La Libertad Avanza como con casi todos los nuevos contenidos constitucionales y lo mismo Somos Vida y Libertad (de Amalia Granata) que consideraron que se daña a la Justicia con esa decisión, que ya está tomada.
Unos y otros, y sobre todo el sindicato han expresado que es inédito lo ocurrido. Sin embargo no tienen presente que en el ámbito de las empresas públicas provinciales sucedió exactamente lo mismo con las privatizaciones del peronismo en los 90. Les sucedió a los bancarios del Banco Provincial que debieron optar entre quedarse en la órbita estatal o pasarse a una empresa privada (con el riesgo laboral que ello supone) y lo mismo cuando la ex Dipos se concesionó y tomó el servicio la ex Aguas Provinciales SA (de capitales franceses), que desde 2006 tiene acciones de mayoría estatal y pasó a denominarse Aguas Santafesinas.
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