La Convención Reformadora de la Constitución provincial alcanzó ya la mitad de los sesenta días que la ley le concede para su labor en Santa Fe. Los primeros treinta transcurrieron entre jornadas extensas, un tanto maratónicas, en las que se escuchó a representantes de instituciones, organizaciones civiles, académicos, especialistas y ciudadanos de a pie.
Durante casi cuatro semanas, las bancas del Palacio Legislativo se transformaron en un espacio de encuentro donde se generaron diagnósticos temáticos y se compartieron diversas miradas, dando lugar a la convergencia de historias, reclamos y propuestas.
Sin embargo, este tramo inicial no estuvo marcado solo por la diversidad de voces: un hecho inesperado y doloroso lo atravesó para siempre. La muerte de la convencional electa Alejandra “Locomotora” Oliveras marcó un antes y un después en medio de las labores constituyentes, y aún más por su histórico velatorio dentro de la Legislatura Provincial.
Primeros pasos
La Ley de Necesidad de Reforma, sancionada a fines del año pasado, otorgó a la Convención la facultad de analizar modificaciones en 42 artículos de la Constitución provincial, así como la posibilidad de incorporar hasta 17 nuevos temas, entre los cuales se destacan la causa Malvinas, la ampliación de derechos y la constitucionalización de órganos judiciales.
Con esta autorización bajo el brazo, el cuerpo deliberativo se reunió por primera vez el lunes 14 de julio, con la asistencia de 68 convencionales. La sesión estuvo signada por la ausencia de la convencional Oliveras, quien se encontraba internada tras sufrir un ACV isquémico esa misma mañana.
Durante el acto, que dio inicio formal al trabajo reformador, surgieron algunas tensiones partidarias vinculadas con las fórmulas protocolares empleadas para tal fin. El gobernador, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, prestaron juramento en memoria del ex presidente Raúl Alfonsín, un gesto que motivó la crítica de algunos de sus pares.
En particular, Lucila De Ponti respondió desde el estrado con un juramento en honor a “Juan Perón y Eva Perón”, algo que se erigió como uno de los primeros conflictos -simbólicos en ese caso- en el marco del proceso.
Más tarde, luego de la elección de autoridades, el oficialismo solicitó un cuarto intermedio para intentar cerrar consensos en torno al reglamento interno. Tras más de siete horas de debate, Felipe Michlig, presidente de la Convención, anunció: “Habemus reglamento”.
La normativa estableció que el presidente tiene derecho a voto en todas las votaciones y, en caso de empate, podrá emitir un “doble voto” tras un trámite previo en comisiones. Esta disposición no fue bien recibida por sectores como Somos Vida y Libertad y La Libertad Avanza, cuyos convencionales expresaron su rechazo. Emiliano Peralta, del bloque de Amalia Granata, señaló que “el presidente sólo debe votar en caso de empate o como convencional, pero no ambas cosas”.
Otra cuestión álgida fue la aprobación de reformas por mayoría simple, que fue rechazada por varias bancadas opositoras que alertaron sobre el riesgo de aprobar cambios con un bajo quórum. En contraposición, Lionella Cattalini, de Unidos, defendió la medida: “En la reforma de 1962 y en la de 1994, todos los artículos se votaron por mayoría simple. No impusimos nunca nuestra mayoría en esta sesión”.
Ocho comisiones temáticas
El reglamento también dispuso la creación de ocho comisiones temáticas, encargadas de analizar aspectos específicos, entre ellas: Labor Parlamentaria; Peticiones, Poderes y Reglamento; Redactora; Declaraciones, Derechos y Garantías; Poder Legislativo y Ejecutivo; Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales; Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial; y Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.
Del total de órganos, seis quedaron en manos del oficialismo:
- Labor Parlamentaria, que preside Felipe Michlig (UCR);
- Redactora, que preside Joaquín Blanco (Partido Socialista);
- Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales, que preside Lisandro Enrico (UCR);
- Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que preside Rodrigo Borla (UCR);
- Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que preside Germana Figueroa Casas (PRO);
- Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, que preside Katia Passarino (UCR);
Las dos comisiones restantes fueron para los espacios políticos que mayor caudal de votos consiguieron en las elecciones de abril, después del oficialismo:
- Declaraciones, Derechos y Garantías, que preside Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe);
- Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza).
Con el esquema de comisiones ya definido, la Convención abrió el período para la presentación de proyectos de reforma constitucional, que se extendió durante diez días. En ese lapso ingresaron más de 700 iniciativas, de las cuales 695 fueron formalizadas como expedientes para su derivación a las comisiones temáticas.
Un dato revelador es que el 87 % de las propuestas provinieron de ciudadanos, entidades y organizaciones de la sociedad civil, mientras que el 13 % restante correspondió a convencionales, partidos políticos, agrupaciones y distintos niveles del Estado. En particular, Unidos para Cambiar Santa Fe mantuvo una política de apertura en torno a la redacción de iniciativas, por lo que en total ese espacio firmó 7 planteos de reforma diferente. En tanto, Más para Santa Fe, Activemos, La Libertad Avanza, Somos Vida y Libertad, y el Frente de la Esperanza, presentaron un solo proyecto por agrupación.
Definiciones de funcionamiento y proceso de escucha
En las dos primeras semanas de labor de las comisiones, una misma escena se repitió como telón de fondo. La magnitud de un proceso que el territorio santafesino no vivía desde hacía 63 años obligó a que los convencionales, antes de adentrarse en el debate de fondo, se detuvieran a familiarizarse con las herramientas del presente: adecuarse a los sistemas informáticos, ajustar los engranajes del reglamento, adaptarse a los modos y rituales del trabajo parlamentario.
Finalizada esa etapa inicial, comenzó el proceso de escucha a instituciones de distintos ámbitos y a la ciudadanía en general, bajo un mecanismo central: las audiencias públicas. Por el Palacio Legislativo pasaron autoridades de los tres poderes del Estado, entre ellas los seis ministros y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, convocados por la Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales. A este ámbito también concurrieron las titulares del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública, junto con representantes de universidades y colegios profesionales. Fue la única comisión que implementó un formato de reuniones con intercambio directo —preguntas y repreguntas— entre invitados y convencionales, a diferencia de las restantes, donde prevalecieron las exposiciones unilaterales propias de las audiencias públicas.
En paralelo, otras dos comisiones concentraron una carga de trabajo superior al resto. En Declaraciones, Derechos y Garantías participaron cientos de referentes vinculados a temáticas de género, medio ambiente, derechos digitales y comunidades originarias, entre otras, en encuentros realizados en las ciudades de Santa Fe y Rosario. De manera similar, la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial trasladó sus sesiones a Reconquista (con reuniones también en Rosario y en la capital provincial), donde intendentes, autoridades de foros y representantes de áreas metropolitanas debatieron sobre un asunto central: la autonomía municipal.
En este primer tramo, las cinco comisiones mencionadas fueron las que concentraron la mayor parte de la actividad. En contraste, Labor Parlamentaria se reunió únicamente para organizar los cuatro plenarios celebrados hasta el momento. Peticiones, Poderes y Reglamento intervino solo para tratar la impugnación al diploma de la convencional Alejandra “Locomotora” Oliveras y, tras su fallecimiento, reconocer el de Verónica Colombo como su reemplazo; mientras que la comisión Redactora tiene previsto iniciar su labor en la segunda etapa del proceso, que comenzará en los próximos días.
Primeros consensos y disensos persistentes
Entre esta semana y la entrante, los tiempos para la presentación de despachos de comisión comienzan a acotarse. Es en ese marco que en cada reunión de las últimas jornadas se escuchó el insistente “debemos ponernos a escribir”. En ese contexto, son varios los consensos que ya se pusieron de manifiesto en cada una de las comisiones:
En la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana existe consenso absoluto para incorporar en la nueva Constitución una referencia expresa a la Causa Malvinas. También se acordó consagrar el derecho a la seguridad pública y ciudadana como responsabilidad indelegable del Estado, junto con la inclusión de un capítulo específico dedicado a los servicios públicos.
En Poder Legislativo y Ejecutivo, en cambio, persisten diferencias sustanciales. Aunque todas las fuerzas coinciden en habilitar la reelección para el cargo de gobernador, sólo el oficialismo plantea que esta prerrogativa alcance al actual mandatario, Maximiliano Pullaro. Otro eje de tensión es la posibilidad de otorgar al Ejecutivo la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia: mientras el socialismo propone prohibirlos, la UCR defiende su incorporación.
Por otro lado, en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías esta semana se resolvió avanzar en la inclusión de nuevos derechos, como los digitales, el acceso al agua y la protección de consumidores y usuarios, quedando pendiente el tratamiento del derecho a la libertad de prensa, entre otros.
La Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales logró sus primeros acuerdos: fijar en 75 años la edad máxima para integrar la Corte Suprema; crear un organismo de designación y remoción de magistrados; y constitucionalizar tanto al Ministerio Público de la Acusación como a la Defensa Pública, aunque todavía sin definiciones sobre su diseño la ubicación institucional.
En Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, el debate se presenta más complejo. Si bien hay coincidencia mayoritaria en consagrar la autonomía plena de municipios y comunas, persisten divergencias sobre la redacción de las cartas orgánicas, la redistribución de recursos y los límites poblacionales para acceder a esas facultades.
Todo este trabajo se intensificará en los próximos treinta días, con reuniones que, de ser necesario, se realizarán también los fines de semana. El objetivo es llegar a la segunda semana de septiembre con un texto constitucional definitivo, que primero deberá ser aprobado por dictámenes temáticos y luego sometido a la votación general que consagre la nueva Carta Magna provincial.
Un capítulo especial
En medio del trajín constituyente, la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras constituyó un quiebre emocional profundo en la historia de la Convención. La exboxeadora, campeona mundial y referente social, sufrió un ACV el mismo día en que la Convención iniciaba su trabajo, impidiéndole jurar como convencional. Aún resuenan en las paredes de la Legislatura aquellos instantes de silencio profundo que se vivieron el día del fallecimiento de la deportista, cuando casi nadie permanecía en el edificio y el palacio se convirtió en testigo silencioso de la soledad de la muerte.
La Legislatura se transformó en escenario de un adiós colectivo, donde lo íntimo y lo público convergieron con solemnidad. Tras una ceremonia reservada para su familia, el féretro fue trasladado al hall del palacio legislativo, convertido en capilla ardiente. Allí, entre banderas y lágrimas, cientos de santafesinos —muchos de ellos mujeres que se sentían reflejadas en su historia de lucha— hicieron fila para darle el último homenaje.
La conmoción se tradujo también en un gesto de Estado: el gobierno provincial decretó 72 horas de duelo en todo el territorio, con banderas a media asta. Políticos, vecinos y deportistas coincidieron en retratarla como una mujer de empuje, disciplina y coherencia, capaz de “soportar los golpes, levantarse y nunca dar uno bajo”.
Por ello, en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, varios convencionales asumieron el compromiso de incluir en esta reforma constitucional tramos textuales dedicados al deporte, reconociendo no solo su valor social y cultural, sino también su poder transformador en la vida de las personas.
Así, la nueva Carta Magna santafesina no solo reflejará los debates y consensos de estos primeros treinta días, y lo que devenga de la segunda parte del proceso, sino que también llevará inscrito, en sus palabras y en su espíritu, el legado de lucha, pasión y resiliencia que Oliveras dejó como ejemplo para toda la provincia.
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