El debate público sobre el campo suele concentrarse en las retenciones. Pero hay otro tributo menos visible que erosiona la competitividad desde adentro del sistema productivo, aunque normalmente se considere que el campo queda exento. Se trata del impuesto a los ingresos brutos, que en Santa Fe no grava la producción primaria, pero que se acumula en cascada, encarece costos y debilita la posición internacional del agro argentino.
Creer que la exención de la producción primaria implica que el campo quede a salvo de las distorsiones conlleva una subestimación. Como el problema para la competitividad del agro serían únicamente las retenciones (de origen nacional), los gobiernos provinciales no tendrían parte en la cuestión tributaria.
El IERAL, de Fundación Mediterránea, relevó precios de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinarias, en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. El resultado arrojó que Argentina es más cara en dólares en la mayoría de los bienes y servicios relevados. Esos costos internos son el talón de Aquiles del agro nacional.
Durante la última década y media, Argentina pasó de ocupar el centro del mapa agroindustrial del subcontinente a perder posiciones en casi todos los rubros frente a sus vecinos. En esa decadencia productiva, Santa Fe fue una de las más afectadas. Desde las entrañas del sistema económico, el impuesto a los ingresos brutos operó como un mecanismo tan corrosivo como las retenciones.
Este tributo provincial, sostenido como fuente esencial de financiamiento estatal, se transformó en un lastre estructural para la competitividad del agro. Porque en una estructura productiva dependiente de precios internacionales, la diferencia entre márgenes de ganancia y pérdida se define en el entramado fiscal interno.
La dependencia provincial y la trampa de costos
El impuesto a los ingresos brutos fue concebido para sostener la autonomía fiscal de las provincias y se consolidó hasta llegar a representar tres cuartas partes de la recaudación, una dependencia que lo volvió políticamente intocable.
Su nocividad viene de diseño: al no descontarse lo pagado en etapas anteriores, a diferencia del IVA, se cobra una y otra vez sobre la facturación bruta de cada eslabón, generando una cascada incremental sobre los costos de producción.
Cada operación paga sobre un monto que ya incluye impuestos previos. Así, al pagar tres o cuatro veces antes de llegar al consumidor o al exportador, esa acumulación puede representar más del 10 por ciento del valor final de un producto.
El resultado es un sobrecosto que no surge del trabajo ni de la inversión, sino de la estructura misma del tributo, y que se multiplica sin crear valor. De ese modo, los mecanismos de transmisión de la economía afectan la cadena productiva hacia arriba y hacia abajo a través del pago de insumos y servicios.
En la práctica, el impuesto se infiltra en los costos de producción y, dado que el productor argentino no puede trasladar ese costo al precio del grano, su margen operativo se reduce. La competitividad se erosiona desde adentro, reduciendo la inversión, la adopción tecnológica y la modernización de los sistemas productivos.
El obstáculo federal
Las retenciones al agro son el conflicto fiscal que está en la superficie de la política nacional desde hace 25 años. El daño que produce a la competitividad agroindustrial golpea desde los ingresos. Y constituyó el principal mecanismo de extracción de recursos de las provincias para financiar sectores de baja competitividad y estructuras burocráticas del conurbano bonaerense.
Pero el impuesto a los ingresos brutos trabaja en silencio fronteras adentro de las provincias, deteriorando la competitividad por costos y generando una dependencia recaudatoria en los gobiernos subnacionales con efectos tan negativos como los del federalismo invertido de las retenciones.
En Santa Fe, la combinación de necesidades crecientes a partir de la expansión del gasto público y la centralidad financiera del impuesto a los ingresos brutos, creó un aparato provincial que sobrevivió todos estos años a costa de la erosión de la base productiva.
Este mecanismo distorsiona precios relativos y desalienta las actividades más integradas. En el caso de la leche y la carne, se estima que el impacto acumulado del impuesto puede representar entre el 4 % y el 10 % del precio final. En negocios con márgenes estrechos, ese porcentaje define quién sigue en pie y quién cierra.
Las reformas que vienen
El resultado de las elecciones nacionales del domingo 26 dibuja un nuevo mapa político. El presidente Javier Milei rápidamente anunció su plan de reformas, entre las que sobresale la tributaria, y convocó a la oposición que coincide con el rumbo para lograr consensos. En ese espectro aparecen los gobernadores, debilitados por el resultado electoral, quienes serán determinantes sobre cuánto y cómo avanzar.
Hasta ahora, la falta de coordinación interjurisdiccional produjo círculos viciosos: más presión impositiva, más costos, menos actividad y menor recaudación. En esa espiral de ineficiencias, para sostener los ingresos, las provincias y municipios suben impuestos y tasas, profundizando el ciclo. El resultado es una economía que se autoinflige el estancamiento.
La discusión pública sigue atrapada entre retenciones y tipo de cambio, sin atender el costo interno de producir. En un contexto global donde la demanda mundial se redefine y los mercados se reorganizan, esa miopía se paga en pérdida de inversión y de posiciones de mercado.
Reformar el impuesto a los ingresos brutos no es una cuestión técnica, sino una decisión estratégica: seguir sosteniendo un tributo que castiga la producción o construir una estructura fiscal que acompañe la competitividad. No se trata solo del postulado de bajar impuestos (que efectivamente es necesario), sino de recaudar sin destruir valor.
Mientras el laberinto impositivo no se desmonte, la Argentina seguirá atrapada en una paradoja: un país con talento, tierra y tecnología, pero sin capacidad de transformar sus ventajas comparativas en desarrollo sostenido.
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