Luego del breve respiro que, en términos más estadísticos que reales, brindó el mejor momento de la vieja tablita cambiaria, la actividad económica se prepara para reingresar a un duro invierno. Y la industria parece anticipar el ciclo. No es novedad dentro de una política económica que ubicó tempranamente al sector como un enemigo. El dato más reciente es que la máxima tensión a la que está sometido un entramado socioproductivo que representa el 25 % del PBI comienza a despertar reacciones políticas.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la producción industrial recién logró registrar crecimiento interanual en el último mes del año pasado. Apoyado en una baja base de comparación, ese ligero alivio estadístico se mantuvo, aunque con un margen cada vez menor, durante el primer trimestre de 2025. Pero al mismo tiempo, volvieron las caídas mensuales, indicadores contaminados por la estacionalidad pero que en estos momentos son más eficaces para mostrar la película que protagoniza el sector.
Por eso se encendieron las alarmas cuando el Indec informó que en marzo el índice de producción industrial cayó 4,5 % contra febrero, el peor traspié desde diciembre de 2023, a pesar de que en la relación interanual mostró una expansión de 5,2 %. Los números de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) para la actividad manufacturera exacerban ese contraste: una baja estacional de 3,6 % y una suba de 12,7 % en relación al 2024. En el caso santafesino, el peso de la molienda de soja le aporta una dinámica particular a la evolución del índice fabril.
Tanto las mediciones del Indec como las de Fisfe muestran que el nivel de actividad está muy lejos de recuperar la debacle de los primeros meses de 2024. Ramas como la metalúrgica se encuentran con niveles de producción por debajo de 2022 y 2023, con el 53 % de las subramas mostrando incluso menor actividad en relación al mismo mes del año pasado.
Alerta temprana
En Rosario, este sector históricamente ligado a la matriz productiva de la región, exhibió una caída interanual de 11,8 % en la facturación real durante el primer bimestre del año, según el último reporte de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM). Las cifras, tomadas de distintas fuentes oficiales, llegaron con cierto delay. Pero la preocupación que exhiben los dirigentes de la entidad suena como una alerta temprana.
“Hasta ahora las industrias venían aguantando el empleo pero las posibilidades se van agotando”, dijo Rafael Catalano, presidente de AIM. La entidad contabilizó una pérdida de 2,4 % en los puestos de trabajo metalúrgicos en la región al cerrar el año pasado. Y el 2025, en toda la industria, arrancó con 9 mil empleados registrados menos. A nivel nacional fueron 23 mil.
Según las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino, el retroceso interanual del empleo fabril arrancó en marzo de 2024 y no se detuvo. Textiles, calzado, madera, metalmecánica, automotores y neumáticos están entre las ramas que más sufrieron.
Primero fueron las suspensiones, las cesantías por goteo, las jubilaciones anticipadas o la interrupción de contratos laborales. Luego escalaron los retiros voluntarios, ofertas al principio acotadas y más tarde masivas, como en General Motors o Randon. En el medio hubo ajustes más crudos, como el de Dow al tomar la decisión de levantar la planta de polioles de Puerto San Martín. Pero los casos de despidos masivos y abiertos son cada vez más frecuentes. También los conflictos, como los de Acindar, Vicentin, Vassalli o Verónica en la provincia o los de mayor intensidad como el que lidera la UOM en Tierra del Fuego.
Catalano, de AIM, destacó el papel de la industria en la creación de empleo de calidad. E insistió en señalar que en esa rama de actividad, por cuestiones de capacitación, el recurso humano se cuida hasta el final. Pero el límite está cerca.
El presidente nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Julián Moreno, consideró que la reducción de 500.000 cuentas sueldos en el último año y medio es un indicador acertado de la crisis. “Puede ser que el trabajador que está detrás de ese puesto de trabajo que se pierde zafe un tiempo sumándose a una aplicación pero la estructura económica se va desgranando”, explicó, al tiempo que sentenció: “Muchos empresarios están llegando con lo último para sobrevivir”.
La ola importadora
La caída de la demanda, el aumento de costos en dólares y la imposibilidad de mover precios en el mercado interno, sumada a la competencia cada vez más agresiva de las importaciones exponen un punto de inflexión en el sector.
“La apertura de importaciones ya es un dato instalado en el análisis de la situación económica, en la feria de Cantón, la principal muestra de comercio exterior de China, tiene récord de presencia argentina y también de operaciones”, señaló Germán Medina, tesorero de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, quien estimó que las consecuencias de esos movimientos comenzarán a verse a partir del segundo semestre. “Hoy todos son importadores, habrá que ver si luego tienen a quién venderle”, advirtió.
El último estudio de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), un laboratorio ligado al Grupo Techint, le da la razón. Señaló que en el primer trimestre del año, las ventas deflactadas de las pymes industriales crecieron 15 % aunque la producción cayó 3 %. La opinión de sus autores es que las empresas están importando y reemplazando la producción local.
“La disociación entre las ventas y el resto de las variables sigue generando interrogantes sobre si la mejora de las ventas se traducirá en un aumento efectivo de la producción o si, por el contrario, continuará relacionado con la creciente sustitución de producción local por importaciones de productos terminados”, machacó. Y subrayó que durante el mismo período la ocupación de las pymes industriales cayó 5 %.
La encuesta de FOP realizada entre 500 industriales recogió que el 28 % de las pymes manufactureras entienden que ya perdieron participación en el mercado a mano de importados. Y el 42 % dijo que se siente amenazada por las importaciones.
El gobierno nacional desplegó desde que asumió una batería de medidas destinadas a convertir estas amenazas en realidad. Redujo aranceles, impuestos y requisitos técnicos y sanitarios en la mayoría de los rubros, como alimentos, textiles, calzados, electrodomésticos, línea blanca, autos y, más recientemente, maquinaria agrícola y celulares.
Esta política aperturista se siente más en la competencia por el mercado interno que en las ventajas sobre los insumos. “El precio de la chapa básica bajó pero no el de la prepintada ni el de otros insumos siderúrgicos”, señalaron los directivos de AIM, que esperan para ver si se concretan, además, las promesas de rebaja en el costo del aluminio.
El impacto político
En la era Milei, del dicho al hecho hay poco trecho. La intensidad con la que el gobierno nacional estimula el reemplazo de la producción nacional por la importada hace honor a la virulencia de los insultos y descalificaciones del presidente sobre el sector. Diatribas que, al menos en la primera línea de representación, la dirigencia absorbió con un mix de flema inglesa y algo de entusiasmo por la embriaguez ideológica, las oportunidades del carry trade y la promesa de pulverizar el actual sistema de relaciones del trabajo. El último decreto que limita el derecho de huelga es el último presente griego que recibieron.
Pero algunos empiezan a sospechar que sus negocios perecerán antes de llegar a ese paraíso libertario. El cambio de mando en la Unión Industrial Argentina (UIA), que entronizó a un empresario que al menos viene de la industria y no de la abogacía, no deja de ser un síntoma. Martín Rapallini, empresario de un sector que hoy está en proceso de despidos y conflictos, como el de los ceramistas, apuró el besamanos de rigor arengando por la reforma laboral y la baja de impuestos. Pero al mismo tiempo comenzó a ampliar los contactos que se tejen con la política. El viernes, por caso, se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien la nueva conducción fabril mira con especial atención.
El gobierno provincial es considerado un buen aliado por Fisfe. A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, exhibe despliegue territorial y de apoyo a través de asistencia técnica, financiera y, fundamentalmente, de rondas de negocios y participación en ferias comerciales. Un destacado es la dinámica que le imprimió a la mesa provincial de petróleo, gas y minería, donde casi 400 empresas de la provincia coordinan estrategias para “llevar el polo industrial de la región a la Cordillera, donde se concentra la demanda que puede venir del 20 % de la economía que tiene posibilidades de expansión en este modelo”.
Sin embargo, la administración Pullaro había esquivado politizar hasta ahora el diagnóstico de la crisis fabril en su relación con el gobierno nacional, con excepción de una escaramuza inicial cuando Milei amagó con una suba generalizada de retenciones. A diferencia de la visibilidad que le dio a los reclamos por el agro, la disputa industrial transitó por el canal de la diplomacia en los despachos nacionales. Mientras tanto, la salida de Dow o la crisis de Vicentin pasaban bajo el balcón de un gobierno provincial que, aclaró el propio mandatario, no intervenía porque no era comunista.
Esa estrategia parece haber llegado a su fin con el Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu). La autorización para importar maquinaria agrícola usada casi sin control pega como un misil en un cluster que es identitario de la provincia, como el de Armstrong y Las Parejas, pero que además es la prueba material de lo que reflejan las estadísticas del último censo económico nacional o del mapa productivo elaborado en su momento por el CEP XXI: en Santa Fe el campo y la industria no son actividades separadas sino componentes de un mismo tejido productivo.
Así las cosas, Pullaro elevó la voz sobre el tema cuando se remató el primer lote de soja de la campaña 2024/25 en la Bolsa de Rosario, frente a autoridades nacionales. Es muy probable que esta controversia domine, además, la próxima edición de Agroactiva, que se realiza precisamente en Armstrong a principios de junio.
Peleas por territorio
No solo en el gobierno provincial tomaron nota de este punto. Mientras el jefe de Estado provincial recibía a la mesa de enlace en la capital de la provincia, una avanzada del PJ nacional se reunía en Las Parejas con su intendente y con representantes del agro y la fabricación de maquinaria. La encabezó Julián Domínguez, quien fuera el primer ministro de Agricultura contemporáneo, y asumió como titular de la comisión de Asuntos Agrarios de ese partido. De buena llegada con el mundo agroindustrial, tiene la misión de “reconciliar” al peronismo con ese mundo que se le volvió tan refractario.
Dejó en ese encuentro la inquietud de retomar un proyecto legislativo destinado a redistribuir las retenciones a la exportación de granos entre las provincias, con prioridad a las productoras. Si bien la idea de reeditar el fondo sojero no es a priori la más atractiva para la dirigencia gremial agropecuaria, la discusión se ve distinta cuando se la analiza desde la mirada de la puja distributiva entre el Estado central y el interior.
El gobierno de Santa Fe acaba de anunciar que busca tomar deuda por mil millones de dólares para blindar su plan de obras públicas, en buena medida orientada a la infraestructura para el sector productivo. Entre otras cosas, el apuro por conseguir financiamiento deviene del temor a una avanzada más feroz sobre los recursos federales por parte de la administración de Javier Milei.
A la guerrilla de resoluciones que liman la coparticipación de impuestos claves como IVA y Ganancias se suman las periódicas incursiones contra los tributos provinciales y las amenazas de reformas impositivas. Todo en un contexto en el que la recaudación total de Santa Fe cayó nominalmente 6,7 % entre noviembre y abril. El otoño de la actividad económica, cuyo comienzo acaba de oficializar el Indec mostrando una caída mensual de 1,8 % en el Estimador Mensual de Actividad abre frentes insospechados.
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