La Justicia frenó el decreto que eliminaba el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y ordenó al gobierno de Javier Milei presentar un plan de urbanización de barrios populares. El fallo venía siendo reclamado por la Mesa Regional de Barrios Populares que denunció la paralización de obras en ocho barrios de la ciudad, luego de que las cooperativas a cargo de su ejecución dejaran de recibir los desembolsos correspondientes desde el inicio de la gestión, pese a cumplir con los avances en tiempo y forma. Por su parte, desde el municipio aseguraron que la eliminación del FISU no cambiaba los planes respecto a la urbanización de Tablada, anunciada con bombos y platillos por funcionarios nacionales en octubre del año pasado.
El decreto 312/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Nación a principios de mes, anunciaba la disolución del fideicomiso con el cual se financiaban obras de urbanización en barrios populares a lo largo y ancho del país. En los fundamentos, el gobierno apuntó a una “generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos” para la ejecución de obras y “retrasos en las rendiciones de cuentas”, así como también una falta de comunicación de los proyectos y procesos de contratación del fondo fiduciario.
Sin embargo, este viernes el juzgado federal de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y frenó el decreto que ordenaba la eliminación del FISU. La medida suspende los efectos y la aplicación de cuatro artículos de la normativa, que apuntaban a la liquidación del patrimonio que compone el fondo, por lo que el gobierno nacional solo podrá disponer de esos recursos para garantizar la continuidad de las obras iniciadas y proyectadas.
La Justicia también ordenó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, presentar un plan de urbanización de barrios populares que dé continuidad a las obras paralizadas. Por cada día de demora en la presentación de ese plan el funcionario deberá pagar 200 mil pesos.
En la mira
El FISU, creado durante el gobierno de Mauricio Macri y puesto en marcha durante la gestión de Alberto Fernández, estuvo en la mira del gobierno de Javier Milei desde el minuto cero. Las acusaciones por los presuntos desmanejos en el ámbito de la Secretaría de Integración Sociourbana no sonunca se comprobaron sino que fueron desmentidas por funcionarios de la propia gestión que asumieron en el cargo, luego de los relevamientos realizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
A pesar de eso, el gobierno aplicó la motosierra. El fondo, que se nutría principalmente del 9 por ciento de lo recaudado por el Impuesto PAIS, pasó a recibir apenas el 0,3 por ciento de esa asignación. Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares señalan que esa decisión paralizó más de 700 obras en todo el país e interrumpió el trabajo de 25 mil personas vinculadas a cooperativas de trabajo de la economía popular.
La decisión de eliminar el fondo confirmó lo que las organizaciones que integran la mesa ya sabían: el gobierno no finalizará las obras iniciadas y proyectadas. Por eso, esta semana se movilizaron al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar la continuidad de esa política de Estado. De forma simbólica, arrojaron dos baldazos de agua de zanja contra las puertas del edificio. “Eso pisan los vecinos que no tienen pavimento, ni veredas, ni cloacas”, cuestionaron durante la intervención. Este viernes, la Justicia les dio la razón.
¿Qué pasa en Tablada?
Pese al tendal de obras que quedaron sin financiamiento desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en octubre del año pasado la SISU firmó un convenio con el municipio de Rosario para la urbanización de un sector de Villa Tablada, en la zona sur de Rosario. Se trata de dos licitaciones con el objetivo de construir 25 viviendas para la relocalización de vecinos, lo que permitiría la apertura de dos arterias y la posibilidad de realizar obras de acondicionamiento e infraestructura en el barrio. La inversión total supera los 7 mil millones de pesos que serían aportados mayoritariamente por el FISU.
La firma del convenio contó con la presencia del propio Pareja, así como de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez. En representación del municipio, el intendente rosarino, Pablo Javkin. En su momento había hecho ruido la ausencia del gobernador Maximiliano Pullaro que, después de reclamar obras de distinto tipo para Santa Fe, no recibió la invitación al acto. “Era un evento entre Nación y Municipio, no correspondía que esté”, habían señalado dirigentes libertarios, ante las especulaciones que generaba el desplante hacia la máxima autoridad provincial.
Con la eliminación del fondo, la pregunta que sobrevolaba era qué pasaría con esas obras, anunciadas durante la actual gestión. Sin embargo, en el municipio el anuncio no generaba preocupación: sostuvieron que el gobierno se había comprometido a seguir financiando la obra por medio del Tesoro Nacional y que venían de recibir un desembolso que estaba pendiente, apenas un mes atrás.
“Se está armando ese circuito y es algo que tiene su burocracia. Pero se comprometieron a que esta obra puntual siga. Tenemos un diálogo permanente que no se cortó”, indicaron desde el municipio, ante la consulta de Suma Política. “La obra tiene un peso propio, vinculado al tema de seguridad. Hasta ahora hay un compromiso de establecer lo antes que se pueda ese circuito de pagos, pero también hubo una señal de ese compromiso, que fue el desembolso que llegó unas semanas atrás”, añadieron.
Las obras en Rosario
Según el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, en Rosario se iniciaron 25 proyectos de integración, de las cuales siete se finalizaron, mientras que el resto de las obras quedaron en distintas instancias de ejecución y contratación.
La mayoría de las obras son realizadas por cooperativas de trabajo que emplean a vecinos de los propios barrios donde se ejecutan las mejoras. En cambio, otros proyectos tienen como unidad ejecutora al propio municipio o al gobierno provincial. Según un relevamiento realizado por la Mesa Regional de Barrios Populares, el desfinanciamiento del FISU dejó paralizadas una serie de obras en ocho barrios de la ciudad. En conjunto, tenían un impacto directo sobre unas 2.600 familias.
El informe detalla que las obras referidas a conexiones y mejoramiento del tendido eléctrico avanzaron en Villa Banana entre un 35 y un 65 %, en un programa que prevé beneficiar a 250 familias. En San Francisquito, el avance estimado es similar, aunque el alcance es menor: 100 familias. Luego, en barrios La Bombacha, San Martín Sur y Saladillo, las obras eléctricas quedaron por debajo del 35 % de avance y preveían alcanzar a 200 familias, 103 familias y 49 familias, respectivamente.
En tanto, el proyecto de conexión de agua se centra en el polígono del barrio Las Flores Sur, donde 129 familias ya contaban con un avance de obra superior al 65 %. A su vez, una serie de obras para la construcción de veredas quedaron con avances de entre el 35 y el 65 % en los barrios Santa Rosa y San Francisquito, mientras que en Villa Banana el avance es menor al 35 %. Entre los tres barrios, se espera beneficiar a 650 familias, algo que será difícil de concretar sin los recursos correspondientes.
En ese marco, una obra de peso realizada por cooperativas en la ciudad tiene como sede al barrio Los Pumitas. En el lugar se proyectó la construcción de un centro comunitario y la mejora de espacios públicos. Según el informe, la idea es fomentar el desarrollo de actividades vecinales “ofreciendo un espacio seguro para el encuentro y la recreación”. La obra alcanzaría a unas 1.500 familias que viven en el barrio. Al momento de la eliminación del fondo, la obra presentaba un avance menor al 35 %.
Si el gobierno cumple con el fallo de la Justicia, este tipo de obras, a lo largo y ancho del país, podrían reanudarse.
La situación de las cooperativas
“Está todo paralizado. No hay nadie trabajando y eso afecta a un montón de puestos de trabajo e impacta en un montón de familias”, sostuvo Agustín González, de la cooperativa Flor del Ceibo, e integrante de la Mesa Regional de Barrios Populares. La cooperativa trabaja en la conexión eléctrica intradomiciliaria de barrio Saladillo. Allí concluyeron una primera etapa y, desde entonces, se encontraban a la espera de un nuevo desembolso que nunca llegó.
El convenio entre la SISU y las cooperativas contempla un régimen de desembolsos a medida que se va avanzando con el proyecto. El proceso va siendo auditado por distintos organismos, que en la ciudad incluyen a la Universidad Nacional de Rosario. Una vez certificado ese avance, se van girando los fondos para una nueva etapa. “Las cooperativas cumplieron con el plazo de obra y el porcentaje que se podía avanzar. Se presentaron las rendiciones contables, los certificados correspondientes y nunca más hubo respuestas de la SISU”, detalló.
En octubre pasado, aprovechando la visita de Pareja a la ciudad para anunciar las obras en Tablada, desde la Mesa Regional de Barrios Populares se acercaron con un petitorio y la intención de conocer qué pasaría con las obras. Según explicó, a nivel nacional se dieron algunas reuniones informales donde las autoridades de la SISU manifestaron su intención de avanzar sobre los proyectos ya iniciados, pero advirtiendo que no se iniciarían mejoras desde cero. Meses después, lejos de ratificarse esa decisión con recursos, el gobierno eliminó el fondo que ahora la Justicia le ordena reponer.
Una situación similar denuncia el colectivo de arquitectos Matéricos Periféricos, que también trabaja en una serie de conexiones eléctricas en el barrio San Martín Sur. El proyecto avanzó en una primera etapa que contemplaba un 20 % de la obra. Finalizada esa instancia presentaron la rendición correspondiente, pero no tuvieron más noticias.
“Presentamos el proyecto en diciembre de 2022 y nos lo adjudicaron un año después. En el medio hubo una devaluación tremenda, así que trabajamos con un presupuesto muy ajustado, pero logramos terminar la primera etapa con una estrategia que armamos para adaptarnos a la situación”, detalló Julián Leguizamón, integrante del colectivo. Llegado ese punto, presentaron la rendición del proceso, que fue aprobada. Luego, se cortó la comunicación. “Lo más insólito es que un día nos llamaron del Ministerio de Economía advirtiéndonos que no estábamos pagando los seguros de la obra. La misma obra que no se estaba ejecutando, porque dejaron de enviar los fondos”, recordó.
En ese sentido, lamentó tanto la desfinanciación del proyecto en una primera instancia, como el anuncio de su eliminación definitiva. “Nuestra modalidad era convocar a vecinos del barrio que buscaban aprender el oficio, armábamos una capacitación e íbamos haciendo prácticas. Eran los propios vecinos trabajando en las casas de su barrio. Se generaban lazos que estaban muy buenos”, expresó. No obstante, el fallo de la Justicia genera optimismo en la agrupación, aunque también son cautos: “Si se reanudan las obras con los presupuestos de 2023, tampoco va a tener mucho impacto”.
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