La Legislatura respalda a periodistas en defensa de su estatuto profesional

Las dos cámaras de la Legislatura de Santa Fe aprobaron sendas declaraciones a favor de que el Congreso de la Nación sostenga el Estatuto del Periodista Profesional, que está aún vigente pero que quedará derogado el 1° de enero de 2027 tras la aprobación de la Ley de “modernización” laboral.

Las posiciones políticas que asumieron los diputados y los senadores este jueves 15 de octubre fueron impulsadas por los gremios de los periodistas de Rosario y Santa Fe, y -tal como sucedió durante la Reforma de la Constitución- del palacio legislativo los dirigentes sindicales y periodistas se fueron más que satisfechos.

En el nuevo texto constitucional de la Provincia, buena parte del artículo 16, referido a la libertad de expresión, tiene la letra de lo que solicitaron a los convencionales el Sindicato de Prensa de Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe. Ahora sucedió lo mismo con la posición que tomaron los dos cuerpos del Poder Legislativo.

En sendas declaraciones, los diputados y senadores provinciales aprobaron el siguiente texto que declara “su apoyo a las propuestas que periodistas de todo el país han presentado, mediante sus organizaciones gremiales y profesionales, frente a la inminente derogación del Estatuto del Periodista Profesional Ley 12.908″.

Las tensiones entre los trabajadores de prensa y sus empleadores son un asunto constante en el ejercicio periodístico. Cada tema puede tener un enfoque, una visión, una escasa o consistente profundidad, además de lo que últimamente se llaman datos duros. Y un periodista que en la soledad de su labor o junto a sus compañeros de trabajo quiere informar no pocas veces tropieza con la censura de su propio editor.

En esos casos, se esgrimen una y otra vez los hechos, hasta que las noticias llegan al lector, en ese o en otro medio. Y a esas tirantes relaciones momentáneas entre quien paga los sueldos y los periodistas se resuelven mucho mejor si el Estatuto del Periodista sigue vigente. Entre otros tópicos esa ley especial de 1946 contiene un paraguas protector para periodistas profesionales, para quienes viven de las noticias, al encarecer las indemnizaciones por despidos.

Siempre bajo la guía del editor de The Guardian CP Scott “el comentario es libre, pero los hechos son sagrados” hoy los haberes de los periodistas son extremadamente bajos y cuando llegue 2027 serán sumamente baratos de ser despedidos. Lo saben unos y otros en los medios de comunicación de todo el país, y ese solo elemento ya es la causa de una lamentable autocensura.

La posición que esta semana adoptaron las dos cámaras es coherente con sus posiciones siempre favorables a la consolidación del sistema democrático y a la protección y promoción de los derechos laborales. En este caso, por supuesto, en procura de mejores condiciones para ejercer la libertad de expresión.

Mural que habla

La Cámara baja votó primero la declaración, que luego repitió Senadores. El diputado socialista Rubén Galassi presentó esa moción que antes había sido acordada en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria con los jefes de los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe y del Justicialismo, así como del Frente Amplio por la Soberanía, tal como sucede con cualquier decisión que adopta un cuerpo deliberativo.

En el recinto del mural de Roux “La Constitución guía al Pueblo” eso sucedió. Se reiteró el espíritu con que se sancionó, en ese hemiciclo, la nueva carta magna. No hubo exposiciones y solo Galassi se encargó de informar a sus pares del pedido formulado por las organizaciones gremiales que presentaron una nota con ese pedido. También sin argumentar, votaron en contra los diputados Amalia Granata, Emiliano Peralta, Silvia Malfesi y Natalia Armas Belavi.

En rigor, lo de unos y otros no fue silencio. En Diputados se llevó a cabo el 17 de junio el Foro “Periodismo, Democracia y Libertad de Expresión” gracias a una resolución votada por la Cámara también por la enorme mayoría de los legisladores, y cuyo autor fue el jefe del bloque del PS Joaquín Blanco, organizado por ambos sindicatos.

En esa jornada además de periodistas, expertos en derecho, docentes universitarios y representantes de distintos medios de comunicación, se expresaron los diputados de todos los bloques que ahora votaron favorablemente. Radicales, socialistas y peronistas se manifestaron exactamente en el mismo sentido, en defensa del Estatuto del Periodista Profesional.

Con 19 firmas

En el Senado la declaración se votó por unanimidad y antes todos los senadores firmaron ese despacho. Se trata de un gesto que guarda la versión taquigráfica de la sesión y que hizo lagrimear a más de un cronista parlamentario.

Hubo discursos de los senadores Rubén Pirola (Las Colonias) en nombre del bloque del PJ que lidera, y de su par de Unidos Ciro Seisas (Rosario) que, como acertó a expresar el presidente provisional de la cámara alta, Felipe Michlig, también habló como periodista.

Además sumaron sus voces en favor de la libertad de expresión los senadores Joaquín Gramajo (9 de Julio), Orfilio Marcón (General Obligado) y del jefe del bloque de la mayoría Rodrigo Borla (San Justo).

Párrafo aparte merece la decisión del presidente del cuerpo de pedir al secretario legislativo que se lea completo el texto del pedido hecho por ambas organizaciones gremiales santafesinas, luego de una solicitud en ese sentido de Pirola.

El justicialista trajo el tema al recinto bajo la idea de que en el Estatuto anidan derechos para los trabajadores de prensa y también para quienes reciben el producto de su labor. Y dijo que “los derechos en realidad son conquistas”. Más tarde, a su turno, coincidió Michlig que de quedarse el país sin ese Estatuto sería “un retroceso”. Ambos hablaron del trabajo de los periodistas en el sistema democrático y, como luego Gramajo, citaron con nombre y apellido a quienes personalmente les hicieron el pedido en nombre de los dos gremios.

Seisas habló a sus pares con la síntesis que exige la TV, trazó un editorial que bien pueden revisar quienes se interesan en el tema a propósito del odio calculadamente alimentado y promovido desde el poder que se dirige contra la prensa, contra quienes formulen críticas en general y como una forma de silenciar voces.