Dentro de 100 días, el 10 de diciembre, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y también se renovará, entre otros cargos, la presidencia de Diputados, hoy en manos del libertario Martín Menem, en estos días entre fuegos, y con indicios de participar en un esquema de corrupción junto a su primo Eduardo Lule Menem y a su jefa política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La crisis que desataron los audios del abogado y ex titular de la Agencia nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde revela un presunto sistema de coimas en la compra de medicamentos por parte del Estado nacional y señala el ya icónico “el 3 por ciento es para Karina”, podría tener derivaciones jurídicas y desde ya también políticas, aunque es apresurado cualquier pronóstico definitorio. Habrá que esperar para saber hasta dónde llega el escándalo, a quienes involucra, y lo más importante, qué lectura hacen mayoritariamente los argentinos de este posible nuevo cachetazo, en este caso, con víctimas indefensas, el colectivo de discapacitados, cerca de un millón de argentinos.
Las esquirlas de esta bomba indeseada para la Casa Rosada se esparcen por todo el sistema político, y en especial, sobre el Congreso de la Nación, que sorpresivamente y cómo no ocurrió casi nunca antes —desde la recuperación de la democracia— se encuentra activo y productivo en pleno momento electoral, y se constituye por ahora como el factor principal de oposición política al gobierno autoritario y jaqueado por los hechos de Javier Milei.
Los diputados de casi todos los bloques opositores, moderados, y ahora, algunos ex dialoguistas, ya están hartos de la “calesita” a que los obliga la presidencia de la Cámara —en especial Diputados, donde juega Menem, de la mesa chica del presidente— para impedir el avance de las propuestas de la oposición ampliada, que en varios temas roza los dos tercios: la práctica sistemática es no convocar a las comisiones (atributo de cada presidencia, mayoritariamente en manos libertarias), obligar a constituir una sesión especial en el recinto para desde ahí “emplazar” a las comisiones a que traten los dictámenes, para luego reunir las comisiones y en un paso subsiguiente, volver a conformar quórum en otra sesión especial en el recinto para recién luego llegar a la media sanción buscada.
La “calesita” luego se replica en el Senado, con modos y tiempos similares. Para colmo, llega la segunda etapa del juego libertario de la “calesita”: los vetos presidenciales, que obligan a ambas cámaras a recorrer otra vez la misma trayectoria.
Aumento para jubilados, para la discapacidad (que superó los dos tercios y quebró el veto presidencial), Garrahan, y, entre otros, universidades, son todos proyectos con mayorías súper calificadas arriba del 60 por ciento de ambas cámaras; sin embargo, el núcleo oficialista y los aliados del PRO que conserva, consiguen posponer o bloquear con el instrumento del veto presidencial. ¿Cómo es posible que 80 diputados puedan más que 150?, hay algo que no cierra en esa matemática parlamentaria.
Con la profundización objetiva de la debilidad oficialista (caso coimas discapacidad), la oposición va a apretar el acelerador, “si dejan el arco vacío, los vamos a llenar de goles”, ya metaforizó José Mayans (senador UxP) en la última sesión en la Cámara alta, donde la oposición ampliada ganó siete votaciones seguidas por casi el 80 por ciento de los votos.
Uno de los modos de achicar el daño dilatorio que viene consiguiendo ese tercio oficialista que resiste, sobre todo en Diputados, podría empezar a diluirse si avanza una ley que modifica la norma que regula a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el método favorito del gobierno para avanzar contra viento y marea: ya dictó 60 en menos de dos años, quintuplicando a los gobiernos kichneristas, sin contar, por caso, el fabuloso impacto de un decreto como el 70/2023 que por sí solo derogó o modificó 300 leyes.
El proyecto buscaría modificar una ley que rige desde 2006, presidencia de Néstor Kirchner, donde para que un DNU “se caiga” es necesario que ambas cámaras los rechacen con mayorías, y en el caso de que las cámaras (una o las dos) no se pronuncien, el DNU sigue vigente. El proyecto de ley que podría ir al Senado la próxima semana invierte el criterio y obliga a ambas cámaras a pronunciarse en los 90 días posteriores de promulgado el DNU, y lo aprueben por mayoría de los presentes. De lo contrario, los DNU se caen.
De prosperar, se le estaría poniendo un límite infranqueable a la lógica del gobierno libertario.
Pero si la crisis por las presuntas coimas se acrecienta, y por sobre todos estos factores, si en ambos turnos electorales que se vienen el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires —38 por ciento del padrón nacional—, y el 26 de octubre en todo el país, la LLA no consigue aumentar su músculo parlamentario (entre propios y socios directos) ya todos empiezan a mirar un cargo decisivo en el sistema institucional: la presidencia de la Cámara de Diputados.
Por una tradición parlamentaria, en diciembre de 2023, a pesar de que el partido del nuevo gobierno y sus aliados directos no contaban ni cerca con el número de diputados necesarios para elegir a Martín Menem como presidente, el bloque mayoritario de UxP accedió a respetar la tradición y garantizó con su centenar de votos que Menem presida diputados. Pero pasó agua bajo el puente; Menem, una vez en el cargo, violentó muchas tradiciones democráticas de la Cámara, por caso la composición numérica de las comisiones donde perjudicó de manera ostensible al peronismo (también operó algo similar en el Senado) y en la práctica bloqueó el funcionamiento de comisiones y del recinto, toda vez que no contó con simpatía respecto de los temas a tratar.
También Menem quedó manchado en la operación de visita a genocidas condenados en el penal de Ezeiza por parte de un grupo de libertarios en un vehículo oficial de Diputados, y ahora le estalla en las manos el escándalo de los audios de Spagnuolo, que lo involucra de manera de directa.
Faltan 100 días y en el medio habrá dos elecciones muy importantes, en las que los violetas se juegan su suerte futura. Pero ya hay muchos diputados que lo están pensando, aunque no lo digan abiertamente: si los votos a LLA no lo acompañan como la Casa Rosada imagina, y el caso coimas crece, tambalea la presidencia de la Cámara baja para Martín Menem a partir del próximo 10 de diciembre.
La presidencia del Senado, podría decirse, ya no pertenece a la Casa Rosada, aunque tampoco a la oposición; la presidencia en Diputados, como ocurrió esta semana que termina, en la comisión especial creada para investigar el caso $Libra, que en acuerdo político el peronismo prefirió ceder a un moderado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) para que la presida, podría direccionarse —también con acuerdo político— hacia alguna figura opositora no irritante con la misión de normalizar una Cámara de Diputados alterada.
Al cabo, los votos populares de septiembre y octubre mantendrán o sacarán al riojano sobrino del ex presidente Menem de la presidencia de Diputados. Serán 100 días cargados de incógnitas y con un final de difícil pronóstico.
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