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Política

LLA sigue fichando legisladores en el Congreso pero la oposición podría ratificar la ley DNU antes del recambio

Mientras decanta el nuevo orden numérico y político en el Congreso, que se concretará dentro de un mes cuando asuman los diputados y senadores electos, el elenco del oficialismo ajusta posiciones y suma gradualmente algunas nuevas voluntades que directamente se pasan a las filas violetas, aun cuando no fueran electas bajo ese lema electoral, tanto en octubre pasado como en 2023. En las últimas horas, Belén Avico, del PRO de Córdoba, ingresada a Diputados en 2023, puso en escena su pase bajo la jefatura del también cordobés, Gabriel Bornoroni. Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez ya se habían pintado oficialmente de violeta durante la semana anterior.

Con estos pases, LLA alcanza 43 miembros durante las últimas semanas de año legislativo y llega, al menos, a 88 miembros a partir del próximo 10 de diciembre con los nuevos ingresados; son números que ya avizoran que el partido de gobierno contará sin ayuda de nadie con el famoso “tercio” en Diputados (86 miembros), que en algún momento fueron “los héroes” para el presidente por su capacidad de bloquear las insistencias opositoras luego de los vetos presidenciales.

Claro que, entre aquellos 87 “héroes” de 2024 había diputados del PRO, de la UCR y provincialistas, porque los violetas por sí solos no pasaban de las 40 voluntades. En estos números quedará expresada la nueva realidad del gobierno en el Congreso, aunque, de todos modos, continuará siendo una bancada relativamente débil en especial para constituir mayorías y legislar positivamente: seguirá necesitando de aliados para llegar a 129 en la Cámara baja y 37 en el Senado, que es la verdadera medida de todo oficialismo a lo largo de la historia parlamentaria. Tener quórum propio y sancionar leyes.

Por el artificio mileísta de considerar al tercio del “bloqueo” como una dimensión positiva en el campo de los números oficialistas en el Congreso, artificio insólitamente validado por muchos sectores políticos, analistas y medios, la novedad es que la Casa Rosada ahora tiene el bloqueo asegurado, aunque, en la práctica, también es posible que pueda disputar con mejores chances, dependiendo del proyecto de ley que se trate, el número que realmente importa, el del quórum en ambas cámaras, las mayorías absolutas, 129 y 37.

Así arrancará el verano, con las sesiones extraordinarias, donde la Casa Rosada se pondrá a prueba con el presupuesto 2026 —que ya tiene dictámenes, fueron dos, y con empate de firmas, 20 de cada lado—, así como las deseadas reformas laboral e impositiva que el gobierno buscará materializar con el nuevo escenario más favorable que el anterior.

En el caso del Senado, el peronismo efectivamente opositor, disminuido en seis bancas respecto de la actualidad (34), sumará 28 miembros, mientras que LLA, la segunda fuerza, contaría con 20 manos; luego el radicalismo con 10 miembros, incluidos los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada, aunque sobre la ex panelista televisiva no habría que descartar que termine jugando un juego propio: viene votando diferenciado incluso de su propio colega coterráneo y con el triunfo de LLA, profundo y extendido en Santa Fe en octubre, podría tentarla el color violeta.

En orden numérico, en el Senado, quedarán cuatro miembros del PRO que en la práctica están muy ligados a los violetas, y luego siete mini bloques de entre dos y un miembro, que expresan los provincialismos en sus distintas formas. Ahí se presenta toda una incógnita sobre qué conducta tomará Alejandra Vigo, expresión más visible del oficialismo cordobés, tal vez la fracción política que sufrió el peor golpe en octubre: pasaron de ser candidatos a manejar Diputados (con el marido de Vigo, Juan Schiaretti, diputado electo) a la desaparición casi total como perspectiva nacional de poder a través de Provincias Unidas, que logró el siete por ciento de los votos a nivel nacional.

Alejandra Vigo

Con todo, la cordobesa movió una pieza importante en la semana que termina en el Senado, como presidente de Asuntos Constitucionales. Tras una corta reunión, este martes, pasó a la firma el dictamen de la reforma a la Ley de DNU. La oposición insiste con la media sanción tal como fue avalada en el recinto el pasado 4 de septiembre cuando el texto avanzó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

El proyecto de ley que modifica a la Ley 26.122 quedó listo para ser llevado a una sesión ordinaria y para mantener el despacho original la Cámara alta deberá alcanzar la mayoría calificada de dos tercios de los presentes en el recinto. Los DNU, con la nueva ley, podrán versar sobre un solo tema, se habilita a la Bicameral para reuniones fuera del período ordinario, plazo de 90 días para debatirlo (la modificación que propuso Diputados no fue tenida en cuenta, por ahora, por el Senado), y que el rechazo de una cámara derogue el DNU, salvo que sea avalado por las dos.

La redacción original cuenta con el consenso de todos los bloques de la oposición (dura y dialoguistas). Unión por la Patria, que evalúa eventuales deserciones finales, para alcanzar los dos tercios, firmó el dictamen en disidencia, en el sentido de que prefieren ratificar la modificación que votó Diputados antes de quedarse sin nada.

La sesión debería suceder la próxima semana, aunque luego del 26 de octubre, ninguna iniciativa opositora está segura en el Congreso.

Javier Milei reiteró en varias oportunidades que vetará la sanción del proyecto al considerarlo como “un intento de cambiar las reglas de juego con el partido empezado”. La iniciativa está vigente desde julio del 2006 y fue motorizada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández, durante el mandato de Néstor Kirchner.

La oposición, en tanto, cree que la práctica del veto sistemático de la Casa Rosada no tendrá sustentabilidad política en el tiempo. Por lo demás, argumentan que en este caso se trata de una ley que modifica reglamentariamente el funcionamiento interno del Congreso y que la Corte Suprema podría validarlo, en el caso de que Milei efectivamente lleve adelante un nuevo veto a una ley obtenida con amplias mayorías.


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