Inconmensurable se dice de algo que tiene tal magnitud que no puede medirse. Ese fue el adjetivo que utilizó el juez Facundo Becerra para calificar el daño al sistema de justicia que ocasionaron Patricio Serjal y Nelson Rodolfo Ugolini al integrar una organización criminal que durante tres años protegió y sacó provecho del juego clandestino. Y el perjuicio “exige una respuesta reparadora”, completó el juez que conformó el tribunal con Hebe Marcogliese y Nicolás Foppiani, antes de la lectura de la condena de 9 años de prisión para el ex fiscal regional y de 5 años de prisión para el ex empleado judicial.
El alegato de clausura de la fiscalía había puesto uno de sus focos en el daño institucional. “Nos presentamos ante ustedes y ante la sociedad para elevar el estandarte del Ministerio Público de la Acusación como una institución que, aunque joven, no va a permitir hechos de corrupción entre sus integrantes”, plantearon José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato ante el tribunal. El fallo es entonces en primer lugar reparador para el MPA: “Salimos de esta sala de audiencia fortalecidos como institución”, declaró la fiscal general María Cecilia Vranicich.
La sentencia puede constituirse además en una bisagra decisiva entre el pasado reciente y la continuidad de la causa por la protección al juego clandestino. Al desbaratar los argumentos de la defensa de Serjal, el fallo obliga también a revisar las “interferencias” en el proceso, como llamó la fiscalía a un amplio conjunto de operaciones donde el límite entre la ley y lo ilegal se volvió borroso más de una vez. Y por otra parte compromete la situación del senador Armando Traferri, ya imputado como organizador de la asociación ilícita por la que acaban de ser condenados Serjal y Ugolini.
No obstante, las veintidós jornadas que insumió el debate agitaron las cuestiones internas. Las tensiones quedaron expuestas al menos en dos pasajes significativos del debate: la declaración del fiscal Pablo Socca como testigo de la defensa de Serjal y la revelación de un contacto entre Serjal y el fiscal Miguel Moreno alrededor de la denuncia presentada en septiembre de 2023 contra el fiscal Matías Edery, convertida en ariete del intento de desvirtuar la investigación de la organización criminal.
Los hechos y las pruebas
La fiscalía rebatió de modo exhaustivo los argumentos de las defensas de Serjal y Ugolini. Ignacio Carbone y Renzo Biga, en nombre del ex fiscal regional, sostuvieron que la acusación había sido direccionada maliciosamente; cubrieron de sospechas a Edery y a la empleada Carla Belmonte y cruzaron dos causas: la del juego clandestino y la que investiga la supuesta protección del MPA a los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala.
Como conclusiones del juicio, quedó probado entre otros hechos fundamentales que el teléfono de donde salió el contacto entre Ugolini y el capitalista Leonardo Peiti y de allí la trama del juego fue entregado el 16 de enero de 2020 por un estudiante de Venado Tuerto, a instancias del hoy camarista Horacio Pueyrredón, y no por Mariana Ortigala, como pretendió ella misma en una oscura declaración realizada en 2024; que Peiti no declaró presionado por los fiscales sino que su colaboración fue el consejo de uno de sus abogados, Luis Rossini, concertado con el fiscal regional Jorge Baclini; que Serjal no estaba desprevenido sino que siguió los avances de la investigación y esa circunstancia le permitió eliminar toda la información que pudo al punto de resetear cinco veces su WhatsApp; y que no existió un complot entre fiscales y los Ortigala para acusar al ex fiscal regional y por extensión a Traferri.
En ese sentido, una de las revelaciones del juicio fue que la primera mención que vinculó a Traferri con el juego clandestino resultó anterior a la intervención de la fiscalía de Rosario: surgió en Melincué, en conversaciones interceptadas entre agosto y septiembre de 2017 por orden del fiscal Matías Merlo, que trabajaba con un grupo reducido y de máxima confianza de la Policía de Investigaciones. Desde diciembre de 2016, el juego clandestino era un delito y en consecuencia la clásica complicidad policial no garantizaba la impunidad.
Merlo recibió comentarios que interpretó como intentos de soborno, cuando el abogado Alberto Tortajada le dijo que los Peiti eran “gente generosa”. Estos gestos de dispendio eran conocidos también en Reconquista, donde Peiti hizo varios “obsequios” en dólares al juez Gonzalo Basualdo; por un contrasentido notable, pero tal vez también significativo de cuestiones institucionales en Santa Fe, mientras Peiti terminó condenado por cohecho activo en ese caso la Corte Suprema de Justicia de la provincia dijo que no había elementos para un jury del juez.
Los teléfonos del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y de Serjal fueron manipulados de manera de borrar prácticamente su contenido íntegro. Pero no pudieron ocultar el hecho de resetear los aparatos en correlación con el avance de la investigación que en 2020 conducían Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. “Estas conductas acreditan la existencia de la organización delictiva y evidencian el lugar de Serjal dentro de la organización, es decir, como organizador de esta pata judicial. Y como tal es a quien reportaban todos los demás miembros de la organización criminal y por ese motivo tenía conocimiento de todos los eventos que iban sucediendo”, alegó la fiscalía en el juicio.
Otro punto clave fue el modo en que la fiscalía reconstruyó el contexto en que Peiti decidió colaborar con la investigación. Detenido inesperadamente en Rafaela por otra causa de juego clandestino, Peiti se sintió perjudicado y se decidió a declarar en contra de Armando Traferri. De allí provinieron entre otros testimonios las referencias sobre el aporte a la campaña electoral de Omar Perotti, que refrendó al declarar en el juicio. Las presiones, en todo caso, fueron las de la propia trama en la que quedó atrapado.
Sesgado y fuera de contexto
Los fiscales llamaron también la atención sobre interpretaciones sesgadas y fuera de contexto de mensajes telefónicos, en especial sobre los teléfonos de Mariana Ortigala. La actual detenida por extorsiones y otros delitos tenía un aparato Xiaomi donde guardaba audios y videos y un IPhone que contenía las referencias para comprender esos contenidos. “Este trabajo de análisis conjunto es el que omitió hacer Socca y ese es el motivo por el cual llegó a conclusiones desacertadas”, señalaron.
Entre esos contenidos se encontraba un audio que Mariana Ortigala le envió a Belmonte el 22 de julio de 2020 diciéndole que Peiti iba a presentarse a declarar; ese mismo día Rodrigo Ortigala fue notificado de que se lo iba a imputar en libertad dentro del legajo por la extorsión de Los Monos al financista Pablo Fortuny. “Ese audio es el principal argumento por el cual la defensa sostiene que Edery y Belmonte utilizaron a Ortigala para obligar a Peiti a declarar —afirmó la fiscalía—. Pero nada refieren sobre la respuesta que Belmonte le da a Ortigala ante ese audio. Se trata de una respuesta más que correcta en donde ubica a Ortigala y patentiza incluso que ese accionar, de existir, no fue direccionado por fiscales o empleados del MPA, sino más bien se trató de una iniciativa de la propia Ortigala”.
Los fiscales le preguntaron además a Socca sobre mensajes hallados en el Iphone en los que Ortigala dijo que planeaba “aliarse a Traferri porque era un senador poderoso” y “arreglar económicamente con el senador para entregarle las fotografías de Edery con Lorena Córdoba (viuda de David Perona)”. Socca vio esos mensajes pero “lejos de analizar la posibilidad de un direccionamiento de su propia investigación, dijo que consideraba que Ortigala era una persona muy viva que así como en su momento se alejó de Alvarado para aliarse a los Monos ahora quería ir contra los fiscales de la Agencia aliándose con su principal rival que era Traferri”.
“Evidentemente en la mentalidad de Socca el mundo se divide en dos bandos, estás de un lado o del otro. No sabemos en qué bando se encuentra él”, plantearon los fiscales Caterina, Fabbro y Granato. “Somos todos fiscales del MPA, una misma y única institución y ese es el único bando en el que nos ubicamos. Socca mencionó que se le hizo muy difícil presentarse a declarar; si bien eso no se notó, no ponemos en duda la circunstancia porque para nosotros también fue difícil transitar este debate”, agregaron los acusadores.
Otro dato extraño que apareció en el juicio es la manera en que Mariana Ortigala exhibió y llamó la atención sobre el aparato Xiaomi cuando la detuvieron el 9 de septiembre de 2023: “Este es el teléfono con el que me contacto con el doctor Edery”, dijo casi a los gritos, y constó en el acta de procedimiento. “Sobre esta situación Socca no hizo ninguna valoración sobre teorías conspirativas ni connivencias incriminantes”, apuntaron los fiscales.
El juicio sacó a la luz contactos entre Serjal y el fiscal Miguel Moreno alrededor de aquella misma fecha. Serjal le envió entonces a Moreno fotocopias de las actuaciones por la balacera contra el edificio de Servando Bayo 1085, donde vivía Peiti. El atentado ocurrió el 11 de julio de 2019 y en el juicio se debatió porque la defensa del ex fiscal regional acusó a Edery de no investigar el episodio como parte de la protección a Ortigala; el punto también fue rebatido por la fiscalía a partir del testimonio de la fiscal Ana Milicic sobre las instrucciones que recibió en aquella fecha del propio Serjal para cajonear la investigación, que resultaba inconveniente para el secreto que mantenía la organización criminal.
“Habría que preguntarle a Serjal de qué manera, ya no estando en funciones, le acerca a ese fiscal material claramente para tratar de incriminar a Matías Edery —dice el fiscal Caterina, consultado al respecto—. Hay un dato más: ¿Cómo llega a ese material Serjal? ¿Cuándo se hizo de ese material? ¿Qué canales tiene un ex fiscal regional como para contar con esa información? Eso no se ha investigado”.
Mesa chica, decisiones grandes
Los fiscales describieron varias etapas en la historia de la organización política, judicial y policial que según su versión protegió al juego clandestino y los negocios ilegales de Peiti en Rosario, Casilda, Villa Constitución, Reconquista y otras localidades de la provincia. En la última, “de control de daños”, puntualizaron entre otros hechos la interferencia en una audiencia preliminar de la firma del acuerdo de juicio abreviado de Peiti, el 13 de septiembre de 2021.
La interferencia se produjo por una llamada de WhatsApp del grupo denominado Mesa chica, que incluía a Carlos Carranza, Oscar Romera (abogado de Traferri) y Fernando Moschini. El nombre del grupo aludía a quienes “tomaban las decisiones”, según uno de sus miembros. El 21 de septiembre de 2021, además, se filtró el preacuerdo del abreviado, lo que Peiti atribuyó a Moschini.
“Primero atacaron el abreviado de Ponce Asahad de diferentes maneras, yendo contra la jueza, lo que no prosperó, pero mientras tanto se hizo el daño a la persona —recuerda Caterina—. Atacar el acuerdo era atacar la declaración de Ponce Asahad. Con Peiti pasa algo más fuerte. De ese acuerdo tienen conocimiento antes de que se cierre y el abogado Fernando Moschini lo difunde. Moschini termina siendo imputado y a su vez fue condenado este año por estafa procesal, lo que está en apelación, a fallo. Moschini no tuvo en el caso ninguna participación formal sino subrepticia, desde las sombras, funcional a Traferri”.
El Tribunal rechazó además los argumentos de la defensa que Francisco Broglia hizo de Nelson Ugolini. Según enfatizó la fiscalía, este empleado de bajo perfil en público y deslenguado en privado, “se dedicó a brindar información a Peiti sobre el estado procesal de las investigaciones que tramitaban ante el MPA por juego clandestino, como así también sobre futuros allanamientos a realizarse en casas de juego de azar o garitos e incluso en ocasiones, a interferir en investigaciones en curso”. Entre otros indicios, recordaron un llamado del 26 de diciembre de 2019: “Leo, atenti. Hola. Le acaban de pinchar el teléfono a Leandro Santinelli. 3471-573956 de Las Rosas. ¿Qué película y qué buscan? Caminarlo. (El fiscal) Tosco remitió la causa a Económicos (Carizza) que por métodos siempre pinchan. Después a veces ni escuchan, pero bueno, por las dudas para que no use el tuyo”.
El veredicto de los jueces Becerra, Foppiani y Marcogliese inscribe un nuevo capítulo en una historia cuyo final todavía parece distante y a la vez incierto. “Esta investigación continúa —afirma el fiscal Caterina—. Y también la sospecha de que sigue vigente la idea de obstaculizar la justicia”.
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