Lautaro Ghiselli contempló con una expresión de perplejidad al fotógrafo de la Policía Federal que lo retrató poco después de su detención, el 13 de agosto. El sucesor de Andrés “Pillín” Bracamonte en el mando de la barra brava de Rosario Central pareció preguntarse por qué lo vinculan con Los Menores, el grupo que desplazó a Los Monos en la hegemonía de la violencia criminal en Rosario. El interrogante sigue abierto y es el punto más difícil de probar para la fiscalía en la acusación contra Laucha, como lo apodan, y otros nueve integrantes de la banda que concentra en su historial veintitrés investigaciones penales, al menos veintinueve homicidios y más de sesenta allanamientos.
En las audiencias realizadas esta semana, los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra acusaron a Ghiselli junto con Alejandro Miguel Leguizamón, alias Gordo Ale; Ezequiel Sebastián Dilascio y Matías Guerra como organizadores de una asociación ilícita, y a Dylan Maximiliano Bartozzeti, Diego Andrea Aguirre, Kevin Tomás “Hueso” De Los Santos, Mirko Nicolás Benítez —también llamado Mirko Yedro, por su apellido materno—, Lucas Ezequiel Medina y Germán Matías Hermosín como integrantes de la banda.
Se trata del segundo acto donde se formaliza la investigación sobre Los Menores activada por el asesinato de “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, el 9 de noviembre de 2024. El primero transcurrió entre el 20 y el 23 de diciembre de 2024, cuando fueron imputados Lisandro Ramón Contreras y otras tres personas, a las que se agregó en marzo el ex policía Jonatan Garraza, también organizador de la banda. El nexo entre esta estructura y la que ahora fue llevada a audiencia es Matías Ignacio Gazzani, considerado el líder de Los Menores, prófugo con destino desconocido.
Los acusados asistieron a las audiencias por zoom, conectados desde la cárcel de Piñero. Los fiscales mencionaron a otros integrantes de Los Menores que se mantienen prófugos y el gobierno provincial difundió la semana pasada un ofrecimiento de recompensa por datos para ubicar a otro, Fernando Andrés Cappelletti. Sin embargo, la banda parece lejos de haber sido desarticulada: además de la fuga de Gazzani, se reiteran tanto las evidencias de complicidad policial como de órdenes impartidas desde las cárceles pese a los regímenes de alto perfil.
Ghiselli fue el único detenido en la veintena de allanamientos que se produjeron en Rosario durante el 13 de agosto, y el hecho de que estuviera en su casa es esgrimido ahora por la defensa como prueba de inocencia: si fuera tan importante, razonan los abogados, se hubiera puesto al resguardo en vez de quedarse en su casa, en el barrio Pichincha. Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de la Policía Federal enviados ex profeso de la ciudad de Buenos Aires. Aun así la información se filtró a Los Menores, ya que el resto de los buscados escapó poco antes de la irrupción policial en sus domicilios.
La fiscal Pairola ya había identificado en diciembre a Jonatan Garraza como parte de “una importante connivencia policial con la estructura criminal”. El fiscal Franco Carbone presentó un informe sobre Los Menores en la audiencia del miércoles y dijo que los resultados de los allanamientos contra la banda son históricamente “magros en secuestros de estupefacientes”, lo que atribuyó a “influencia de la banda sobre personal policial” y a “connivencia de personal policial”. Hasta ahora el único identificado en ese marco es el oficial Fernando Abel Molina, de la subcomisaría del barrio 7 de Septiembre, acusado de recibir coimas para proteger un búnker de Juan B. Justo al 8300.
A sangre y fuego
La fiscalía trazó un recorrido histórico de Los Menores a través de las audiencias. La banda comenzó a hacerse visible hacia abril de 2020 en el barrio 7 de Septiembre y su nombre identifica un rasgo característico: la utilización de menores de edad, “pibitos de 14 o 15 años” según un testimonio de identidad reservada, para vender drogas y cometer crímenes.
La fiscal Pairola dijo así que la metodología de la banda consistió en “captar menores y personas vulnerables, con problemas de adicciones” y en eliminar a la competencia a través de la violencia extrema; en menos de cuatro años sería responsable de 29 asesinatos. Como advirtió Gazzani a un joven que pretendía vender droga de manera independiente: “te hago explotar la familia”, advertencia registrada en un mensaje telefónico.
Pairola también puntualizó el modo brutal con que Los Menores procesaban información. La violencia armada desplazaba las mínimas averiguaciones. Alejandro Marcelo Padial, un herrero de 58 años, fue asesinado el 12 de noviembre de 2023 en el barrio Stella Maris; los sicarios se confundieron porque tenía el mismo modelo de camioneta que la persona a la que buscaban, y carecían de otros datos. “Padial era un hombre de trabajo”, dijo la fiscal; el gobierno de la provincia ofrece una recompensa de 8 millones de pesos para quienes aporten referencias sobre los dos jóvenes que iban en moto y se pusieron a la par de la víctima para asesinarla sin mediar palabra.
“La banda claramente empieza en un barrio y se disemina por toda la ciudad”, dijo el fiscal Carbone. Los puntos neurálgicos de la expansión habrían sido el Fonavi de Donado y Mendoza, el Fonavi de Seguí y Rouillón, la calle Caracas entre Vieytes y Floduardo Grandoli en Nuevo Alberdi, y Villa Lamadrid, en el barrio de Tablada. Carbone presentó un documento Excel de 235 páginas con “anoticiamientos”: denuncias, informes de aprehensiones y de tareas de inteligencia y llamados al 911, “para acreditar información de contexto”. Si bien Carbone dijo que el informe no era incriminante para los acusados, “todo esto está vinculado a la banda de Los Menores y a Matías Gazzani”, afirmó, y la exposición, que insumió una hora y media y la enumeración de numerosos legajos, provocó enojo en las defensas.
“No está contando la verdad y genera una atmósfera negativa”, apuntó el abogado Daniel Giordano, quien sostuvo roces con la fiscalía que el juez Fernando Sosa se esforzó por apaciguar. Giordano se quejó en particular de que Carbone mencionara a Laureano Hernán Brest, de 18 años y apodado Wifi, “sin aclarar que quedó en libertad por un fallo de la Cámara de Apelaciones”. Brest proviene de una familia y de un ambiente estallado por la violencia: fue reclutado como soldadito siendo menor; el 2 de abril presenció el ataque a balazos que provocó la muerte de su padre, Nicolás Damián; sus amigos Valentín Solís y Eric Galli fueron asesinados cuando tenían 15 y 14 años en el Fonavi de Sanguinetti al 5600, zona oeste, en noviembre de 2022.
Según Carbone, desde diciembre de 2023 (fecha en que entró en vigencia la desfederalización del narcotráfico) se registraron 8.027 hechos de microtráfico en Rosario de los cuales 989 están vinculados a Los Menores: el 12,3 por ciento del ingreso de causas proviene del emprendimiento que Gazzani controla desde fuera de la ciudad. Veintitrés investigaciones penales están dedicadas a la banda; sesenta allanamientos fueron realizados en puntos de comercialización de drogas que le reportan o “pagan la zona”, según la jerga en uso; y un número no precisado de puestos de venta fue demolido.
El primer enfrentamiento de Los Menores fue con la banda liderada por Brian Emanuel Villalba y los hermanos Gastón, Alexis y Marcelo Romero, quienes se proveían de cocaína a través del peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon. Según la fiscalía, en esa etapa la banda fue conducida por Alejandro Miguel Leguizamón y su hermano, el “Sordo Damián” (asesinado), siempre bajo órdenes de Gazzani.
Los crímenes se convirtieron en la forma de resolver cualquier problema, desde la negativa de un dealer a “pagar la zona” —motivo de la ejecución de Marcos Caminos, su esposa Micaela Bravo y su hijo de un año, en abril de 2022— hasta cruces de palabras —origen del asesinato de Brian Joel Grosso, el 24 de agosto de 2023 en Colombia al 400 bis, barrio Larrea—. El doble homicidio perpetrado en la madrugada del 12 de febrero de 2023 en el cantobar De Taquito, de Juan B. Justo y Olmos —una de las víctimas fue el policía Ricardo Medini—, fue a su vez el desenlace de la intromisión de tres de Los Menores en el lugar, donde pretendían vender alcohol por su cuenta.
El fiscal Carbone afirmó que el narcomenudeo configura “mercados abiertos” en territorios de Los Menores: “Es muy visible la venta de droga en la calle, en el día, en lugares donde se desarrolla la vida cotidiana de los barrios. Se ven las motos que proveen a los vendedores. Es muy claro el pasamanos”. El llamado Búnker del Medio, una especie de zona históricamente liberada en el barrio 7 de Septiembre, designa una cuadra con múltiples pasillos “donde se vende todo el tiempo” y los vecinos son forzados a guardar drogas y armas en sus domicilios.
La fiscal Pairola detalló que la evidencia contra Matías Guerra surgió del celular que la Policía Federal confiscó en su casa de Nicaragua al 300 el 21 de septiembre de 2023. La pericia del celular reveló que llevaba una prolija administración de puntos de venta —a los que llamaba Búnker 1 y Búnker 2— y había dado cobertura a Miqueas Peralta, buscado por el homicidio de Ángel Acuña y todavía prófugo.
Guerra llegó a la conclusión —errónea, precisó Pairola— de que había sido delatado por Lucas Delgado, un joven que hizo trabajo forzado en uno de los búnker hasta que escapó. Delgado fue llevado hasta la vera del arroyo Ludueña, sobrevivió a un intento de asesinato y luego dio cuenta del visto bueno que dispensaba la subcomisaría del barrio 7 de Septiembre a la venta de drogas.
En su vertiginoso ascenso, según la fiscalía, Los Menores tramaron vínculos con referentes criminales de la década anterior. Los Monos fue el adversario en común que vinculó a Gazzani con Pablo Nicolás Camino y Leandro Vilches, entre otros. El enfrentamiento con Bracamonte habría seguido la lógica: fue asesinado porque no quiso compartir el mando de la barra con Los Menores ni que se vendiera cocaína en lo que era su jurisdicción. La ofensiva habría comenzado con el asesinato de Samuel Medina y continuado con los de Juan Domingo Maximiliano Ferreyra y Juan Domingo Ramírez.
La atención de la barra
“La evidencia contra Lautaro Ghiselli como organizador de una asociación ilícita es frágil, por no decir inexistente”, comentaron voceros de la defensa de Laucha, que ejerce Paul Krupnik. “Con el criterio de la fiscalía, podrían encarcelar a todos los integrantes de la barra”, agregaron.
La elección de Ghiselli como líder de la barra fue anunciada el 20 de enero por el diario El Ciudadano. Invocando “sectores cercanos a la tribuna auriazul”, la crónica informó que Laucha “fue puesto a dedo por uno de los cabecillas de la Banda de los Menores que estaría fuera del país”. Es lo que sostiene la Fiscalía: que el nombramiento provino de Matías Ignacio Gazzani y la barra “es un lugar estratégico para el manejo de negocios ilícitos”, según afirmó el fiscal Schiappa Pietra.
La fiscalía mencionó testimonios y fotografías para refrendar la acusaciones: “Al Laucha lo pone Matías como jefe de la barra, él no tenía ningún tipo de legitimación con la barra como para ser el jefe”, dicho por un testigo de identidad reservada; “Laucha, Cani (Alejandro Zamudio), el Narigón (Alejandro Vázquez), son los jefes”, leído en el teléfono de otro integrante de Los Menores.
Ghiselli fue fotografiado en compañía de Pedro Alberto Kolonisky —vinculado a Los Menores, imputado en una causa por extorsión a una vecina que perdió armas de la banda—, Alan Insaurralde —mensajero de Gazzani en las deliberaciones con Bracamonte previas a su asesinato— y Santino Alvarado, el hijo de Esteban Lindor que reclama la devolución a la familia de la quinta “Los muchachos”, allí donde se supone que fue asesinado el prestamista Lucio Maldonado. Una imagen vale por mil palabras, pero quizá no alcanza para una imputación.
El teléfono de Ezequiel Dilascio, complementariamente, ofreció fotografías del “jefe de sicarios” —como lo identifican— con jugadores de Rosario Central atentos a los nuevos vientos que soplan en la barra brava. El copamiento de la tribuna por parte de Los Menores incluyó el exilio de los hermanos apodados Juancito y Gamuza, de apellido Gómez, fieles a Bracamonte y una estrategia desplegada en la calle a través de mensajes y carteles “que buscaron poner en evidencia a rivales y direccionar la persecución penal”, dijo Schiappa Pietra. El fiscal se refirió así a las cinco banderas que en el transcurso de una semana de mayo escracharon al hijo de Bracamonte y a Dylan Cantero.
La lógica de la violencia
Las relaciones entre los integrantes de Los Menores también están mediadas por la violencia. Entre los acusados se encuentra Dylan Bartozetti, quien fue detenido por el homicidio de Acuña; en su declaración por ese caso —que a fines de 2023 desató una seguidilla de crímenes y un estado de conmoción en el barrio Stella Maris— dijo que Dilascio y Gazzani lo amenazaron porque guardaba material balístico (municiones de distintos calibre) que perdió en un allanamiento (el 5 de mayo de 2023) y debió pagar 300 mil pesos en cuotas.
La fiscalía afirmó que Leguizamón fue el jefe operativo de Los Menores entre 2021 y 2023 mientras que Ezequiel Dilascio prevaleció entre octubre de 2022 y abril de 2024 cuando fue detenido con un documento falso. Desde la cárcel, este joven de 21 años que según reiteradas denuncias se jacta de los crímenes de la banda, “siguió cometiendo hechos violentos y en comunicación con el jefe de la asociación ilícita”.
Leguizamón, en cambio, se mostró preocupado por las repercusiones mediáticas en sus conversaciones telefónicas. “Ahora cuando nos empiecen a escrachar vamos a quedar hasta la verga. Los vecinos están hartos. No hay que mostrarse más”, se confió en un llamado con otro miembro de la banda, apodado “Cabe” y muerto en un accidente de tránsito. La fiscalía subrayó un pasaje significativo:
Leguizamón: Hablale a M para que pare esta bronca.
Cabe: Ya le hablé, pero aquel quiere guerrear. Está cómodo.
“Aquel es Gazzani y está cómodo porque no se encuentra en el territorio”, interpretó la fiscal Pairola. La bronca en cuestión refería al enfrentamiento con la banda de Villalba, hoy preso en Piñero. En otro mensaje interceptado Gazzani explica sus razones: “quiero guerra porque los pibes del Perú (Granthon) matan a gente inocente”
“Un testigo de identidad reservada afirmó que Leguizamón fue el autor del crimen de Bracamonte”, dijo Pairola en otro tramo de su intervención. La fiscal aclaró que hasta el momento no hay datos que confirmen ese testimonio; Leguizamón, como era de práctica en el grupo criminal, usaba la aplicación Zangi para evitar la intercepción de sus mensajes. La pregunta por el asesinato de Pillín sigue abierta.
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