Según la intuición de Carlos Vergara, el secretario general de la Uocra en Rosario, hay afiliados al gremio que están muy enojados. El motivo sería la falta de cobertura para algunas prestaciones de salud. Y el reclamo ya no se hace a las empleadas de la obra social ni durante el horario de atención al público sino por la noche y a través de balaceras.
Vergara propuso esa hipótesis a propósito del tiroteo contra una casa de Mitre 1806, cuando caía la tarde del martes pasado. Los agresores dejaron una nota con amenazas dirigidas al gremio, que tuvo oficinas en esa dirección. Fue el segundo acto de un ataque que comenzó cuarenta y ocho antes, cuando dos hombres pasaron en moto por Moreno 750, en la ciudad de San Lorenzo, y balearon el frente de la obra social del Personal de la Construcción, Construir Salud, al lado de la sede sindical.
El contenido de la nota se mantiene en secreto. Según el sitio Rosario Alerta, que tiene fuentes policiales, “por la amenaza escrita que dejaron en la vivienda de Mitre y Cochabamba, estaríamos hablando de una extorsión de mafiosos contra integrantes del sindicato mencionado”.
Para Vergara, sin embargo, “no hay otra hipótesis” que el enojo con la obra social. El secretario general de la Uocra no suele dramatizar. En marzo de 2018, cuando dos sicarios intentaron asesinar a Julio Galván en Puerto San Martín y mataron al chofer Juan Erminio Garcilazo definió el episodio como “un hecho de inseguridad más”. Para qué indagar si tenía alguna vinculación con una cuestión sindical, en tiempos en que Juan Pablo “Pata” Medina estaba preso y Vergara actuaba como interventor en la seccional La Plata.
La violencia y el uso de las armas tienen antecedentes notables en la actividad gremial. El asesinato de Abel Beroiz, tesorero de la Federación Nacional de los Camioneros, es un hito. El crimen tuvo como escenario el estacionamiento subterráneo del ACA, el 27 de noviembre de 2007, y entre los condenados estuvo Juan Carlos Dell Arciprete, como partícipe necesario. No fue el único crimen en la delegación local del gremio: el 12 de abril de 2014, lo que estaba previsto como una pacífica asamblea en un camping de Pérez terminó en un enfrentamiento a balazos en el que resultó muerto el afiliado Nicolás Esteban Savani, de 27 años. Por el caso fueron acusados otros seis camioneros, “sicarios bancados por un sindicato corrupto en el afán de querer ganar poder, con ideologías que discrepan con nuestro gremio”, según la página del gremio nacional en Facebook.
El icono de los enfrentamientos sindicales podría ser el registro televisivo de Emilio “Madonna” Quiroz, afiliado a los camioneros, en el acto de abrir fuego contra una columna de la seccional La Plata de la Uocra, durante el traslado de los restos de Perón, el 17 de octubre de 2006. Se entiende que los dirigentes tomen precauciones, como sería el caso de Sixto Irrazábal, adjunto de Vergara en la conducción de la Uocra, a quien la Unidad de Armas de la Fiscalía de Rosario le confiscó a principios de marzo una pistola calibre 9 milímetros.
Irrazábal aclaró que contaba con el permiso de tenencia y portación del arma, que de todas maneras fue enviada a peritar. El dirigente fue demorado en el allanamiento de la casa de su ex pareja, en Laguna y Salvat, barrio Fontanarrosa. El domicilio había sido blanco de balaceras, cuyos motivos no se informaron, y los vecinos informaron la dirección a la Fiscalía.
Los vecinos de Irrazábal no ganan para sustos, como se dice. Ya el 4 de septiembre de 2022 habían llamado al 911 para reportar un tiroteo contra la casa. La policía entrevistó en el lugar al dirigente sindical y contabilizó seis impactos de bala en un Chevrolet Captiva donde los agresores probaron su puntería.
La hipótesis del enojo de los afiliados se vuelve menos convincente en el contexto de la historia reciente. Las balaceras contra sedes de la Uocra se inscriben en una saga de atentados, crímenes por encargo y amenazas donde los actores del mundo criminal se confunden con los del sindical. Una zona gris que parece vedada para los extraños, a la luz de las dificultades que afrontan las investigaciones.
El sindicalismo por otros medios
En la noche del 2 de junio pasado, dos jóvenes en moto balearon un camión recolector de basura en San Luis al 4500. Tal vez hubiera pasado como un hecho más de violencia sino hubiera provocado una fuerte reacción gremial. El Sindicato de Recolectores decretó un paro que duró hasta el mediodía, cortó el acceso a la ciudad en Circunvalación y Presidente Perón y Marcelo Andrada, el secretario general, reclamó y obtuvo una reunión con el gobernador Omar Perotti.
Andrada dijo que los atacantes “pasaron como mirando a qué le podían tirar y cuando vieron al camión lo sacudieron”. Es decir que le habría tocado al camión como pudo ser cualquier otra cosa que estuviera a tiro. Pero en la mañana del 14 de junio, al día siguiente de la marcha contra la violencia en las escuelas, el portero de la puerta de la escuela N° 518 “Carlos Fuentealba”, ubicada en Aborígenes Argentinos y Rouillón, en la zona oeste, encontró una nota de tono amenazante dirigida al secretario general de los recolectores.
El mensaje destinado a Andrada –una vidriosa advertencia referida a supuestas cuestiones gremiales- coincidió con la balacera contra la Escuela N° 1337 “Carlos Sylvestre Begnis”, de Nahuel Huapi al 4500, que dejó ocho impactos de arma de fuego en el frente del establecimiento. Las actividades escolares quedaron suspendidas.
Extorsiones, disputas internas, balaceras: el recurso a la mano de obra criminal aparece como una continuidad de prácticas sindicales por otros medios, el revelador de una violencia que transcurre solapada. Un ejemplo paradigmático sería el de Horacio Boix, el ex secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, acusado de recurrir a Los Monos para apretar a su reemplazante, Horacio Yanotti, y otros integrantes del gremio. O el crimen del chofer Mauricio Cordara, que en realidad tenía como objeto a Pablo Ansaloni, dirigente de Uatre y del partido Fe, y en el que intervinieron sicarios reclutados desde la cárcel de Piñero.
La investigación sobre balaceras contra taxistas entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 expuso vínculos entre Boix y Ariel “Guille” Cantero. De acuerdo a la acusación, Fernando “Enano” Morel “tuvo por misión planificar y ejecutar seis hechos de abusos de armas contra integrantes del sindicato de peones de taxis en cumplimiento de las órdenes impartidas (desde cárceles federales) por Ariel Guille Cantero y Carlos Damián Escobar”.
Boix adujo en su defensa que las víctimas “se autobalearon”, un curioso neologismo. La fiscalía lo acusó además por el desvío de 8 millones de pesos y por gastar a cuenta del gremio en bienes para su uso personal, como autos de alta gama, hotelería, ropa, cine, vinos y gastronomía. La investigación fue impulsada por una especie de acto fallido: poco después de ser denunciado por malversación de fondos, el 1º de septiembre de 2019 Boix chocó contra un patrullero en San Martín y Gaboto cuando manejaba un Audi A7 que estaba a nombre del Sindicato de Peones.
Según la investigación, Los Monos intentaron cobrar por doble ventanilla en este episodio: si por un lado proveyeron la mano de obra armada para tirotear a los rivales de Boix, por otro sometieron a chantajes a las mismas víctimas. Maximiliano “Cachete” Díaz fue el encargado de plantear las exigencias de un pago mensual para “no hacer daño” a los dirigentes ni a sus familiares, y por eso resultó procesado por extorsión.
La sangre derramada
En marzo de 2019 una patota irrumpió en la sede del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en barrio Martin, y baleó a Mariano Ortiz, miembro de la comisión directiva. Los disparos no eran para él: “¿Vos sos Pablo?”, preguntaron los agresores, en referencia a Pablo Ghietti, secretario de la seccional rosarina del gremio. El contexto fue un hecho resonante: la expulsión de Omar “Caballo” Suárez, dirigente histórico, de la conducción nacional.
Una semana después la casa de la madre de Ghietti y su propio domicilio, en Entre Ríos al 6200, fueron blanco de balaceras. Tanto en los casos registrados en el SOMU como en los que se produjeron previamente en el Sindicato de Trabajadores Municipales se investigó la intervención de barrabravas de Rosario Central
El 23 julio de 2018 dos personas en moto tirotearon el frente del gremio municipal, en Entre Ríos. Los agresores tenían el apoyo de un auto. El secretario del gremio, Antonio Ratner, lo consideró un apriete en las vísperas de las elecciones internas.
A partir de entonces los atentados contra sedes gremiales resultan menos visibles al confundirse con las balaceras de cada día en Rosario. El 20 de noviembre de 2021 el Sindicato de Conductores de Camiones, en Pasco 1043, fue blanco de un tiroteo que no se aclaró; el 24 de agosto de 2022 personas que probablemente nunca serán identificadas balearon por su parte la sede del Sindicato de Obreros Trabajadores Aceiteros, en Arroyito.
La trama entre actores criminales y dirigentes sindicales volvió a anudarse en la madrugada del 17 de marzo de 2018 cuando dos sicarios fueron a Puerto General San Martín con la misión de asesinar al dirigente de la Uocra Julio Galván. Los asesinos sabían que Galván se preparaba para un viaje a Buenos Aires y esperaron pacientemente su salida de la sede gremial, aunque abrieron fuego sobre el primero que se asomó y resultó ser el chofer Juan Erminio Garcilazo.
Los atacantes llevaban un mensaje: “Dejá de joder en La Plata”, o bien “No rompan las pelotas en La Plata”. Las versiones divergen, pero el sentido era claro: una referencia a la intervención de Carlos Vergara en la seccional bonaerense, después que “Pata” Medina fuera conducido a la cárcel de Ezeiza. Pero el fiscal Leandro Lucente no encontró ninguna constancia al respecto. A esas palabras se las llevó el viento, y el crimen pudo ser visto como “un hecho de inseguridad más”, como lo definieron Vergara y el propio Galván, que se puso a cubierto detrás de una heladera y aun así fue alcanzado por dos disparos.
La investigación del crimen de Garcilazo condujo a la detención de los sicarios –uno de ellos con antecedentes por robos y vinculado con Los Monos- y del chofer que los llevó hasta Puerto San Martín. El móvil es un enigma, por lo menos para la Justicia. También la identidad de los que amenazaron por teléfono a familiares de Galván, después del asesinato.
Si ese caso parece cerrado, la investigación del crimen de Mauricio Cordara está en curso y tiene pendiente al menos una gran pregunta: cuál fue el móvil y quién encargó el asesinato. Cordara tenía 45 años y fue asesinado a tiros el 18 de noviembre de 2022 en Colón, provincia de Buenos Aires. Pero los disparos tampoco eran para él sino para el vicepresidente de la obra social de Uatre y ex diputado Pablo Ansaloni.
A cargo de la fiscal de Colón Magdalena Brandt y del fiscal de Rosario Matías Edery, la investigación avanzó hasta la detención del presunto organizador, identificado como Julián Nicolás Marcelo Gómez. Los otros detenidos son la mano de obra reclutada en Rosario; Iván Alonso, conductor del auto en el que se trasladaron los sicarios; Ángel Ochoa, que coordinó el aporte del vehículo utilizado, un Fiat Palio, desde su celda en la cárcel de Piñero; Ramón “Monchi” Vallejos, Blas Sosa y Fernando Burgos. Sigue prófugo Alfredo Nicolás Almirón, alias “El Calamar”, señalado como autor material del crimen. Falta la pieza que arma la figura del rompecabezas.
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