“No estamos para adelantar la campaña”. Quien lo dice es Pablo Javkin, después de reunirse junto al resto de los intendentes y presidentes de comuna de la provincia con el gobernador Omar Perotti para interiorizarse sobre los detalles de la deuda que Santa Fe va a cobrar del gobierno nacional con bonos y en un plazo máximo de diez años.
Sorprendentemente, las expresiones de quien puede ser uno de los principales referentes de un frente electoral que le dispute la gobernación al peronismo, coincidieron con los dichos que en la última sesión de la Cámara de Diputados expresaron varios legisladores del oficialismo.
Hubo llamados a la cordura, después que desde el radicalismo y el socialismo sin medias tintas se hablara de un acuerdo vergonzoso para Santa Fe, de que el gobernador Omar Perotti, lejos de haber concretado un sueño, en realidad entregó la provincia, se arrodilló ante el poder central y capituló frente al gobierno de Alberto Fernández.
En la sesión de Diputados del jueves se reivindicó por mayoría la facultad para que el acuerdo por el pago de la deuda pase por la Legislatura, algo que no va a ocurrir, y se afilaron las uñas para considerar otro convenio, que sí será analizado por ambas Cámaras y por el que Santa Fe plantea volver a pagarle a la Afip un monto equivalente al 1,9 por ciento de lo que recaude.
Cómo ver una noticia
Desde el gobierno provincial no se explican por qué una buena noticia, de las más esperadas de los últimos tiempos y que llevó 15 años de trámite atravesando gestiones de distinto color político, termina siendo una desgracia. La oposición le reprocha mezquindad y no haber participado a los otros partidos a la hora de la firma o en las charlas previas. “Ni que los anteriores gobiernos hubieran hecho un Cabildo abierto de sus negociaciones”, contestan en la Casa Gris.
“Lo que les preocupa es que vamos a cobrar ahora, que se concreta en la gestión de Perotti. Ese es el principal problema de la oposición”, responde sin medias tintas el ministro Marcos Corach, quien tranquiliza diciendo que lo van a seguir cobrando los gobernadores que vengan hasta 2031.
El funcionario se pregunta por qué “nada de lo que se hizo está bien”, cree que se están exagerando los gestos y hasta rescata al ex gobernador Miguel Lifschitz, que no imaginaba cobrar cash ni de una sola vez, sino que también proponía hacerlo en cuotas y con bonos.
Advierte un tono zigzagueante de los cuestionamientos que recibió el gobernador apenas se conoció la firma del acuerdo. Se empezó por poner en duda el monto de la deuda (se afirmó que debía ser de 600 mil millones en lugar de los 151.800 finales), que la tasa no fue la más conveniente, que los bonos se devalúan y que el plazo es largo. A todo eso el ministro contestó que no se trató de una negociación entre partes, que resolvieron los jueces de la Corte y que fue la sentencia la que fijó el monto y la forma de actualización.
En este punto, la aceptación vino de dos opositores. El diputado Palo Oliver citó que la tasa que se aplicó y el método de actualización es el mismo que se usó con San Luis, y recordó que Córdoba, que acordó inmediatamente después del fallo de Santa Fe cobrar su deuda con obra pública, todavía no pudo hacerla efectiva.
Por su parte Javkin trajo la realidad al relato: “vivimos en un país donde un bono del Tesoro actualizado por CER no nos da garantías. No es lo más conveniente, pero es lo que nos tocó”.
Las críticas incluyeron incluso el haber firmado el acuerdo con un ministro de Economía que renunció a los tres días y que cuando estampó su firma tenía esa larga explicación sobre los motivos de su dimisión ya redactada. Tuvieron que salir a aclarar que la sentencia sigue porque el Estado sigue, y que cuando Martín Guzmán se fue, el convenio con Santa Fe ya había sido presentado en la Corte para su homologación, que se presume se concretará a fines de julio o principio de agosto. De ahí pasarán otros 30 días para que se emitan los bonos.
Los intendentes, otra realidad
Quienes parecieron tener menos problemas para entender el acuerdo fueron los intendentes y presidentes de comuna que participaron masivamente de la reunión con el gobernador. Lejos de hacer objeciones por las cuestiones formales, pusieron el acento en saber cómo se instrumenta, cuándo y cuánto se cobra.
En este punto la provincia acordó organizar una mesa para orientarlos y va a armar una planilla de simulación para que cada comuna sepa cuánto le toca. “Todos los que están gestionando y necesitan recursos están contentos y conformes. Piensan en cómo hacer para que los recursos le lleguen más rápido a la gente”, resumió Corach.
Más de cien comunas de la provincia van a recibir menos de diez millones de pesos en concepto de esta deuda, que reparte el 13,4 por ciento con los municipios. Hay comunas que recibirán 3 millones hasta el 2031 y se les complica ejecutar los bonos, porque no tienen esa mecánica en su cotidianidad.
En tren de pase de facturas, el ministro político del gabinete provincial resaltó: “Cómo puede ser que unos entiendan todo y otros no”, incluso quienes se formaron en un mismo partido.
El convenio con Afip
Después que las cuestiones iniciales sobre el acuerdo se fueron aclarando, ahora el centro de la discusión se instaló en el convenio con la Afip. Para el gobierno se trata de una cuestión conveniente que hay que comparar con algo que no puede precisarse ahora: el monto de lo que se pierde de recaudar y que con mejor información va a permitir sumar más fondos a las arcas provinciales.
El enojo es con la diputada Clara García, que en plena sesión dijo que el estimado de lo que se va a pagar a la Afip da una cifra similar a la que el actual gobierno lleva invertida en el año en hacer rutas, y también equivale a tres veces el presupuesto de la Administración Provincial de Impuestos, unos 8.000 millones de pesos.
A la discusión sobre si este no se trata de un servicio que debería ser prestado sin pagar tanto, el oficialismo contesta que no imagina que el resto de los 21 gobernadores de las provincias argentinas, incluidas las que gobierna el radicalismo o Cambiemos como Jujuy, Corrientes y Mendoza, o Rodríguez Larreta en Caba sean “tontos, les guste tirar la plata, y estén pagando algo que no les sirve”. Santa Fe pagó ese mismo servicio en otro tiempo, y asegura que es vital para investigar el delito económico, además de mejorar la recaudación.
Algo que se aclaró es que si no se aprueba este convenio con Afip no corre riesgo el otro acuerdo por el pago de la deuda, porque son dos trámites distintos, aunque la oposición señaló esto con desconfianza porque un convenio se presenta como complementario del otro, pero lo podrá verificar cuando se trate en la Legislatura.
Mientras tanto aseguran desde el Gobierno que pese a que parece confuso, no hay chances de que se empiecen a descontar los fondos antes de que lo aprueben diputados y senadores. Para Clara García, “si estuviera en la Afip, con lo que firmó Perotti ya empezaría a descontar los fondos”, y cuestionó que en ningún lugar dice que ese convenio es ad-referendum de la Legislatura.
Chicanas legislativas
“Es una discusión chiquita para enturbiar”, aseguró Corach. En la sesión del jueves el presidente de la Cámara Pablo Farías bajó de la presidencia a una banca y denunció que el gobernador les mintió al asegurarles que un convenio no tenía que ver con el otro. “Esto tiene gravedad institucional”, dijo y le pidió que se retracte.
Al día siguiente Corach aclaró que “el gobernador no mintió, porque son dos trámites distintos”, y que Omar Perotti no suscribió un convenio, sino que se comprometió a hacerlo.
El titular del bloque del PJ en Diputados, Leandro Busatto, habló de un “zigzagueo político” y de una “voluntad de trabar desde la política un acto institucional. Parece que estamos en una situación desventajosa para la provincia”, se sorprendió. “Hay que salir de la chicana berreta y el discurso de campaña”, arengó.
Con más chicana, su par Cachi Martínez dijo que “venía preocupado por las acciones que podía tomar esta Legislatura, pero ya estoy más tranquilo, me queda claro que las reacciones tienen que ver con una cuestión electoral. Si tuvieran convicciones tan profundas sobre la incapacidad del gobernador para celebrar este convenio, hubieran presentado una declaración de inconstitucionalidad y una medida cautelar para evitar que el convenio prospere. Pero no han transitado ese camino. Me quedo con lo que opinan los intendentes: mejor la platita”.
La sensación de la política santafesina se resume en un deseo: que el debate que se viene, cruzado por la campaña electoral, no arruine el camino por el que Santa Fe llegó hasta acá, el que permitió ganarle un juicio a la Nación después de 15 años. Aún admitiendo, como citó el diputado Ricardo Olivera de Charly García, que “es difícil que todos estemos de acuerdo porque cada uno tiene un trip en el bocho”.
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