Bajo la premisa de sostener el superávit fiscal a cualquier precio, el presupuesto 2025 que presentó el gobierno de Javier Milei prevé una reducción del 76 % en la partida destinada al Programa de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual. Esta decisión pone en riesgo la continuidad en los tratamientos con antirretrovirales para 68 mil personas seropositivas que se atienden en el Sistema Público de Salud de todo el país.
En números, los fondos del 2023 prorrogados para el 2024 fueron de 21 mil millones y para el año entrante serán de 23 mil millones, es decir, solo dos mil millones más pese a que la inflación interanual es del 236 %. Si se realiza la conversión a dólares estadounidenses, la reducción asciende al 75.72 %. Un cálculo estimado reveló que la cifra debería estar al menos por encima de los 42 mil millones, que era lo que estaba previsto para el año en curso.
En un comunicado de las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH advierten que las asignaciones para todo el 2025 “no permitirán la adquisición de todos los medicamentos”. José Di Bello, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), confirmó a Suma Política estos temores y recordó que la interrupción de las terapias pueden llegar a ser graves.
“La consecuencia es que nos empiezan a bajar las defensas, sube la carga viral, pueden aparecer enfermedades oportunistas y eso complejiza el cuadro”, aseguró. También recordó las dificultades que tuvieron este año cerca de dos mil personas en todo el país por la falta de algunas drogas. En Santa Fe, alrededor de 200 pacientes tuvieron problemas para iniciar sus tratamientos por la falta de stock, según detallaron activistas locales en agosto de este año.
Además, la administración libertaria tampoco avanzó en la compra de reactivos para estudios de carga viral y CD4, fundamentales para conocer el estado de salud de quienes viven con el virus. Según datos del observatorio de la FGEP, sobre 41 antirretrovirales disponibles en el Ministerio de Salud en el 2024, se reportó que 12 tenían un stock inferior a los tres meses de cobertura. Particularmente se informó sobre la falta de Lamivudina, una de las drogas más utilizadas.
En Rosario, la Asociación Civil VOX recibió denuncias de pacientes que se atienden en los hospitales públicos y tuvieron dificultades en la entrega de los medicamentos, aunque la situación es extensiva a las obras sociales y prepagas. “Hay retrasos de 10 a 20 días, incluso hemos llegado a conocer casos de personas que no reciben hace meses. Estuvo faltando Lamivudina y Dolutegravir que es la famosa biterapia que tiene menos toxicidad”, explicó la presidenta de la organización, Mariana Arce. Se estima que en la ciudad hay aproximadamente 7 mil personas diagnosticadas.
Con respecto a la situación en la provincia, Arce indicó que se desconoce si el Ministerio de Salud de Santa Fe avanzó en la compra de medicamentos, aunque entienden que por el momento se están manejando con los remanentes enviados por Nación. “Hay gente a la que le han cambiado los esquemas muy a pesar de ellos y eso puede traer problemas de adherencia al tratamiento. Incluso creemos que muchos han dejado de atenderse”, indicó.
Según datos del Boletín 2023 de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis, en Argentina hay 140 mil personas con VIH de las cuales el 87 % conoce su diagnóstico. Del total, se estima que 7 de cada 10 se atienden en el subsistema público de salud. En la memoria colectiva, se recuerdan al menos dos momentos críticos: durante el 2001 con el gobierno de Fernando de la Rua, y en 2018 durante la presidencia de Macri, en la que estuvieron en riesgo 15 mil personas por la subejecución presupuestaria.
Desde el 2022, en Argentina está vigente la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y otras Infecciones de Transmisión Sexual que garantiza el acceso a los tratamientos de manera universal. Frente a este panorama, las organizaciones hicieron un llamado a diputados y senadores de la Nación a que “rechacen el presupuesto asignado, y amplíen las partidas para garantizar la disponibilidad de recursos adecuados para permitir la adquisición de los medicamentos e insumos que salvan vidas”.
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