“No hay duda de que lo entregaron”. El abogado Carlos Varela define con esa frase la única certeza que se impone hasta el momento alrededor del asesinato de Andrés Alejandro Bracamonte. La sospecha de un plan “que se preparó por lo menos veinticuatro horas antes” para matar al líder de la barra de Central y a Daniel Raúl Attardo integra los eslabones que todavía están sueltos para la investigación oficial: el corte del alumbrado público en el lugar del crimen, el ataque fulminante de los sicarios y una ruta de escape tan preparada como el doble homicidio, y la inacción policial.
El día en que lo asesinaron Bracamonte alteró lo que era su recorrido habitual para ir al Gigante de Arroyito. Al mediodía de aquel 9 de noviembre dejó su camioneta estacionada en la estación de servicio Puma, de Avellaneda y Luis Carballo. Cuando terminó el partido entre Rosario Central y San Lorenzo se dirigió con Attardo hacia ese punto, contra lo que era su costumbre: salir hacia el norte, por el parque Alem, hacia su casa en Ibarlucea.
Bracamonte y Attardo fueron asesinados en Avellaneda al 700 bis. “Lo único cierto hasta el momento es que lo estaban esperando en ese tramo donde lo interceptaron. No lo esperaron del otro lado, frente a las piletas del parque Alem, por donde se retiraba habitualmente”, dice Varela, quien fue abogado de Bracamonte durante más de dos décadas y lo vio por última vez al mediodía del 9 de noviembre.
“Salió de la zona de la cancha, entonces, en dirección contraria a la de su casa. Claro, tenía que buscar la camioneta. ¿Pero quién sabía que Andrés iba por ese lado y había dejado la camioneta en la estación de servicio?”, se pregunta Varela.
El abogado suma otros detalles: “Por otro lado está el tema del horario. Bracamonte podía haberse retirado antes, o más tarde, y lo interceptaron en el momento justo. No creo en las casualidades, pero supongamos que lo del corte de luz fue una casualidad. De lo que no hay duda es que lo entregaron”.
-¿Quiénes armaron la emboscada?
-No sé quién participó, pero no hay duda de que lo entregaron —repite Varela—. Y lo planearon con anticipación, probablemente con varios días de anticipación. La intención de matar ya estaba desde hacía tiempo; el plan micro lo pensaron por lo menos desde el día anterior.
—¿Qué indicios hay de ese plan?
—Evidentemente analizaron cuál era la salida de Bracamonte hacia su casa. En ese escenario cobra sentido que hayan cortado la luz. Andrés no tenía chance de defensa; la única defensa habría sido que no fuera a la cancha.
El sicario invisible
La posibilidad de que Bracamonte se ausentara cuando jugaba Central no existía. Pillín tenía el ingreso prohibido al estadio, pero debía hacer acto de presencia en las inmediaciones del Gigante como demostración de autoridad. Los asesinos también estaban al tanto.
Un patrullero de la comisaría 9ª pasó por Avellaneda al 700 bis instantes después y siguió su marcha pese a que Bracamonte agonizaba después de recibir cinco disparos a quemarropa, como se supo en el momento. Al menos diez policías, además, estuvieron presentes en la escena del crimen de Pillín y de Daniel Attardo y se retiraron sin intervenir como cualquier curioso que anda por la calle. La sospecha de que los asesinos contaron con una zona liberada por negligencia o por complicidad policial, abonada por ese dato, converge con otra circunstancia bajo investigación: la hipótesis de que el corte de luz que afectó al lugar fue intencionado.
“Es un hecho que tuvo particularidades”, dice el fiscal Alejandro Ferlazzo, a propósito de la emboscada que terminó en el doble crimen de Arroyito en la noche del 9 de noviembre. “La más importante es la presencia de no menos de diez policías que estaban muy cerca del lugar del hecho y que podrían haber intervenido, pero no lo hicieron. Se está investigando, obviamente”, agrega el fiscal del Ministerio Público de la Acusación.
La impericia policial tuvo una incidencia directa en las dificultades con que tropezó la investigación. “A partir de ahí se complicó reconstruir la escena del hecho. Los testigos se fueron del lugar sin que los policías tomaran sus datos. No teníamos nada para empezar y obviamente nadie se presentó a declarar. Nos costó mucho localizar a testigos presenciales”, dice Ferlazzo.
Los policías formaban parte del operativo de seguridad dispuesto por el partido que jugaron Central y San Lorenzo y precedió al crimen. El operativo de seguridad estaba a cargo de la comisario Débora Samanta Savani, jefa de la comisaría 9ª “con causas penales en trámite” y hermana de Maximiliano Savani, integrante de la barra canalla.
Savani fue trasladada a la comisaría 21ª después de que Ferlazzo ordenó el allanamiento de la seccional de barrio Arroyito. “Se investigó al respecto por menciones que hubo sobre personal de la comisaría 9ª y sobre un retraso de la barra de Central del estadio después del partido. Esto fue relativamente aclarado por la comisaría”, afirma el fiscal.
El 23 de octubre Savani obtuvo el sobreseimiento en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En diciembre de 2021, cuando era subjefa del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, Savani fue imputada en la investigación de una asociación ilícita dedicada a la administración y disposición de vehículos y autopartes pertenecientes a la policía provincial.
La actitud de los policías ante el doble crimen tiene un antecedente: tampoco hubo policías que intervinieran cuando se produjo el atentado anterior contra Bracamonte, el 10 de agosto, pese al operativo especial de seguridad por el último clásico entre Central y Newell’s. Ese día un tirador solitario se acercó hasta Pillín en la zona del Parque Alem, le disparó el cargador completo de una pistola 9 milímetros y al huir se volvió invisible para los policías desplegados alrededor del estadio de Arroyito.
A oscuras
El crimen de Bracamonte y Attardo permanece en la oscuridad en que se perpetró. No se sabe a ciencia cierta si hubo uno, dos o tres atacantes. Tampoco si escaparon a pie, en moto o en auto.
Según la investigación del MPA hubo un solo tirador, que se acercó hasta la camioneta Chevrolet S10 que conducía Attardo y donde Bracamonte iba de acompañante, entre los hinchas y parte de la barra que se retiraba de la cancha. Se supone que el sicario estaba acompañado, pero no hay precisiones al respecto.
El corte del alumbrado público afectó a la cuadra donde ocurrió el crimen y a la siguiente. Un mes después del episodio todavía no existe un informe oficial que explique esa circunstancia. “Estamos viendo la posibilidad de que haya sido intencional, que la luz haya sido cortada manualmente”, apunta Ferlazzo.
Entre los barras que escoltaban la camioneta se encontraba Leopoldo Martín Martínez, alias Pitito. Esta circunstancia también aparece envuelta en sospechas, lo que pasó en limpio la aparición de una bandera firmada por Los Pillines —nombre histórico del grupo de Bracamonte— con la frase “Pitito traidor”. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias que lo vinculen con la emboscada en la que cayó el jefe de la barra.
Martínez fue quien llevó a Bracamonte y Attardo al Hospital Centenario después del atentado y también el que se habría quedado con objetos de las víctimas, entre ellos el celular de Attardo. Por este motivo se encuentra detenido. “No va a ser imputado por el homicidio sino por la sustracción de elementos de la víctima, lo cual es grave porque afecta a la investigación —adelanta Ferlazzo—. Son celulares y otras pertenencias que podrían haber servido de prueba”.
El 30 de noviembre, antes del partido de Central con Racing en el Gigante de Arroyito, tiradores no identificados balearon la casa de Martínez, en Villa Manuelita. Al mismo tiempo hubo disparos contra una casa de barrio Tiro Suizo donde vive la pareja de Baltazar Sarat Navas, integrante de la barra con el ingreso prohibido a los estadios deportivos desde el mes de octubre.
El mar de fondo alrededor de Central incluyó también el incendio nocturno de dos autos cerca del estadio y unas pintadas en la calle que si bien resultaron ininteligibles de todas maneras transmitieron un sentido de amenaza. El trasfondo parece todavía más oscuro que el crimen de Arroyito, aunque emerge un doble conflicto: un enfrentamiento por el asesinato de Bracamonte y la disputa por el liderazgo de la barra.
La versión de que el crimen fue encargado por Los Menores sigue en el terreno del rumor. Bracamonte apuntó contra esa banda que cuenta con protección policial en lo que resultó su última entrevista, para el diario La Nación. Ferlazzo:
—No hay nada chequeado, en absoluto. La versión surge a partir de aquella nota que dio Bracamonte pero no hay nada en concreto. No es algo que haya salido de fiscalía.
No obstante, la fiscalía de Rosario activó los procedimientos contra Los Menores en distintos frentes. Incluso tres días antes del homicidio de Pillín, la Policía de Investigaciones allanó diecisiete domicilios en el barrio 7 de Septiembre, su zona de influencia, a solicitud de la Fiscalía de Microtráfico. Hubo cuatro detenidos con armas y cuatro kilos de marihuana, pero el dato más significativo fue que ninguno de los veinte sospechosos de integrar la banda —objeto de los procedimientos— resultó detenido. Como en procedimientos anteriores, Los Menores demostraron contar con información anticipada sobre los operativos.
Al cierre de esta nota se realizaba en el Centro de Justicia Penal la audiencia imputativa contra Lisandro Damián Contreras –uno de los presuntos referentes de Los Menores-, Ornella Lucía Dipietri, Jorge Andrés Fleitas, Rodolfo Héctor Masini y Emanuel Sebastián Cáceres por asociación ilícita calificada. La fiscal Georgina Pairola también comprendió en la acusación Pablo Nicolás Camino, Leandro Alberto Vilches y Alexis Oscar Romero, pero no fueron parte de la audiencia porque los defensores alegaron que no habían sido notificados a tiempo.
Dipietri, Fleitas y Cáceres fueron detenidos por la Policía Federal y las Tropas de Operaciones Especiales el 8 de diciembre al cabo de una serie de allanamientos en domicilios de Rosario y Funes. Los operativos siguieron a la captura de Contreras, en Tigre, el día anterior; no obstante, hubo indicios de que también estos procedimientos se filtraron a los buscados.
Alias Licha o Limón, Contreras habría tenido un enfrentamiento con Bracamonte según versiones extraoficiales. El crimen no está en la cuenta que presenta la imputación en su contra, ni en la cuenta de ningún otro integrante de Los Menores. Que se haga la luz requerirá tanto un esfuerzo extra de los investigadores como mayores cuidados para evitar las filtraciones de información que mantienen a los prófugos varios pasos por delante.
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