Hubo idas y vueltas con el financiamiento educativo nacional en estos últimos 25 años, blancos y grises, pero nunca negros: nunca se anuló el aporte nacional a la educación obligatoria. ¿Será que el gobierno de Milei dejará “¡afuera!” a la educación?
¿Será que el maltrato, la venganza, las armas de Terminator llegarán también al ámbito educativo, nuestro último resquicio de futuro y de libertad? ¡Vaya paradoja!
En los últimos 25 años, los gobiernos nacionales direccionaron políticas educativas que las provincias pudieron aplicar más o menos profundamente, pero que sin dudas tuvieron el objetivo de reducir las inequidades que existen entre entre ellas.
Se supone que deberíamos seguir redoblando esfuerzos para lograr que efectivamente se ejecute el 6% del Producto Bruto Interno destinado por Ley al presupuesto educativo, y para afianzar mecanismos de distribución que sean más adecuados y transparentes para trabajar sobre todo lo que falta en educación en Argentina.
A esta altura del gobierno de Milei se extrañan esos acuerdos bilaterales, uno de los mecanismos de articulación entre el gobierno nacional y cada provincia, que planteaban en el marco del artículo 9º de la Ley 26.206, de Educación Nacional, y el artículo 7° de la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, el compromiso de garantizar el financiamiento de la educación en todo el territorio.
Por lo que conocemos hasta ahora, el gobierno nacional suspendió el pago a las provincias del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), nada menos que el acuerdo que marcó el levantamiento de la carpa blanca montada en la nefasta década menemista, que transfirió sin financiamiento las escuelas nacionales a las provincias. Pero la quita de aportes es aún más amplia y abarca el Fondo de Compensación Salarial, los ítems salariales de Conectividad —creados durante la Pandemia— y material didáctico, que componen un importante porcentaje del salario docente ya en objetiva caída. También incluye el financiamiento de los programas educativos nacionales como la extensión de la jornada escolar, los planes de lecturas y el fondo de infraestructura escolar.
Se trata de una situación inédita a días del inicio del ciclo lectivo, por la que todos los ministros de Educación provinciales reclamaron en el Consejo Federal de Educación pasado. ¿La respuesta? Cri, cri, cri….
Aparentemente, el giro de enero de la partida del FONID salió de la Secretaría de Educación, pero no fue liquidada por el Ministerio de Economía. Por eso, se interpreta esta decisión como un capítulo más del conflicto que Milei busca con los gobernadores tras el fracaso de la Ley Ómnibus. En este financiamiento “pisado en Economía” se inscribe también la amenaza del propio presidente explicitando que el ajuste va a ser aún peor. ¿Peor para quién? Sin dudas no para la elite que gobierna, no para “la casta”, sino para los propios “argentinos de bien”: el pueblo trabajador que está sufriendo todas las consecuencias de lo improvisado, injusto e inhumano de este gobierno nacional.
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