Casi la mitad de los proyectos presentados en el marco de la reforma constitucional en Santa Fe fueron presentados por particulares, mientras que si se suman organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, el guarismo ronda el 90 por ciento. En el conteo global, los proyectos presentados por convencionales apenas superan el 5 por ciento, aunque en su mayoría son iniciativas más robustas, que abordan la totalidad de los puntos a reformar. Podrían leerse entonces estas cifras como una radiografía de la participación ciudadana en la reforma constitucional.
Una de las características de la reforma que se puso en marcha en la provincia de Santa Fe es la voluntad de participación que demostró la ciudadanía en cada una de las instancias en las que se le abrieron las puertas. Los 144 oradores inscriptos en la audiencia convocada por la comisión de Régimen Municipal en Rosario es una muestra de eso. Los más de 700 proyectos de reforma ingresados dentro del plazo previsto, también.
De ese número, finalmente 692 proyectos pudieron ser transformados en expedientes y derivados a las distintas comisiones. Dentro de ese universo, 326 fueron ingresados por particulares, representando un 47,10 por ciento del total; seguido por las iniciativas ingresadas por organizaciones sociales, que suman 156 y significan un 22,54 por ciento del universo del total.
La diferencia con el resto de las iniciativas es relevante. En el listado le siguen los proyectos presentados por partidos y agrupaciones políticas, con 48 (6,93 por ciento) y los 37 ingresados por convencionales (5,34 por ciento). Un poco más atrás se suman los gremios, con 33 proyectos (4,76 por ciento) y los colegios profesionales, con 30 iniciativas (4,33 por ciento).
El ranking se completa con los 29 proyectos presentados por los centros de estudios e investigación (4,19 por ciento) y los 21 por empresas y organizaciones privadas (3 por ciento). En el último lugar aparecen las iniciativas ingresadas por cultos y por órganos y niveles del Estado, que presentaron 6 cada uno (0,86 por ciento del total).
Si se pone el foco en las iniciativas que incluyen a ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas, suman la gran mayoría de los proyectos: 601 (87 por ciento). En tanto, el sector político que nuclea a partidos, convencionales y órganos del Estado, apenas suma 91 iniciativas (13 por ciento).
Particulares
En total, 214 personas ingresaron los 326 proyectos categorizados como “particulares”. A diferencia de los presentados por los frentes que tienen representación en la Convención Reformadora, casi todas estas iniciativas proponen modificaciones sobre artículos puntuales, capítulos específicos o la incorporación de nuevos derechos dentro la Carta Magna santafesina.
Entre los puntos más mencionados aparecen cuestiones vinculadas al régimen municipal y la autonomía. Inclusive, un proyecto que propone la incorporación de una nueva categoría: “municipio rural”. También aspectos vinculados a la educación, el cuidado del ambiente y nuevas tecnologías.
Además, aparecen algunas iniciativas relacionadas con el régimen electoral, como la presentada por Edmundo Lingo, propone que los concejales puedan presentarse a elecciones sin contar con afiliación partidaria. Otras, vinculadas a las fuerzas de seguridad, como la ingresada por Cristian Quagliaro, plantea la inclusión del derecho a la “sindicalización” de las fuerzas policiales.
También es cierto que dentro de la categoría “particulares” figuran algunos proyectos de funcionarios o dirigentes políticos. Por ejemplo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, propuso una serie de reformas judiciales y de seguridad, en condición de particular. Lo propio hizo la concejala rosarina Julia Irigoitia, que ingresó de esa manera las iniciativas surgidas del programa “convencionales por un día”, de su autoría. A su vez, la diputada provincial Natalia Armas Belavi ingresó un proyecto que plantea una relación de “autonomía y cooperación” con la Iglesia.
¿Los particulares que más proyectos presentaron? Bryan José Mayer, con 15; Brian Darío Tello, 12; y Juan Manuel González, 11.
Organizaciones sociales
En el caso de las organizaciones sociales, 122 entidades presentaron un total de 159 proyectos. Las temáticas que más se repiten aparecen asociadas a educación, con propuestas para modificar la sección octava (del artículo 109 a 113), donde además se habilita la incorporación de otras temáticas. También se destacan las propuestas vinculadas a la paridad y perspectiva de género dentro de los distintos organismos del Estado.
Además, muchas bibliotecas populares de la provincia piden ampliar el artículo 22 de la Constitución, que habla del derecho la promoción y el acceso a la cultura. La mayoría de las iniciativas apunta a sumar una cláusula constitucional sobre este tipo de entidades. Más de 20 bibliotecas populares, de distintos puntos de la provincia, ingresaron proyectos.
Algunas organizaciones también propiciaron la creación de Consejos Metropolitanos y las gobernanzas sobre estas urbes, que exceden las fronteras de las ciudades. La ONG Ciudad Metropolitana y el Foro de Debate Metropolitano vienen siendo parte de la agenda de la comisión de Régimen Municipal, donde también se debate la autonomía.
Entre las particularidades, aparece un proyecto que busca modificar el horario de los comicios en las localidades de menos de 500 habitantes. La propuesta fue presentada por agrupaciones de vecinos de Eustolia y Garibaldi, dos localidades ubicadas en el departamento Castellanos, en el centro oeste de la provincia. La propuesta es sencilla: achicar la votación de 8 a 14 horas. En el texto argumentan que la jornada completa es innecesaria en localidades pequeñas, porque la mayoría del padrón emite su voto antes del mediodía. La medida permitiría optimizar recursos y agilizar la carga de datos.
La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario y la alianza entre la Multisectorial de Mujeres y la asociación civil Palabras “Multi-Palabras” son las dos entidades que más proyectos presentaron, con cinco y seis iniciativas cada una, respectivamente.
Convencionales y agrupaciones
En el listado de convencionales aparecen, principalmente, los proyectos de reforma presentados por los distintos frentes o partidos. Pero también figuran modificaciones específicas sobre aspectos puntuales, o agregados que quedaron fuera de esos textos y los partidos buscan sumarlo al debate.
En ese grupo aparece un documento con la adhesión de diferentes municipalidades a la propuesta de regionalización de la provincia, ingresado por Orfilio Marcon (Unidos); la incorporación de una cláusula ambiental, por parte de Rubén Giustiniani (Activemos); o la creación de un nuevo departamento en la provincia, impulsado por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad). La iniciativa busca que 23 ciudades cercanas a Rosario se circunscriban políticamente dentro del departamento De Los Arroyos.
Sin embargo, otros partidos que quedaron fuera de la convención (o de la mesa chica en la que se definieron los proyectos) también presentaron sus iniciativas. En esa línea se inscriben el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), que presentó distintas propuestas de reforma de la mano de la diputada provincial Claudia Balagué. También la concejala rosarina Norma López, referente del espacio Comunidad, ingresó propuestas que van desde el reconocimiento constitucional de la autonomía de Rosario hasta otra que busca regular la inteligencia artificial.
El Partido Demócrata Cristiano, el GEN, el espacio Vamos, que nuclea a intendentes peronistas de municipios intermedios, Viva la Libertad, Confluencia santafesina (que agrupa a pueblos originarios), e inclusive agrupaciones políticas juveniles y estudiantiles, también presentaron sus proyectos. El Partido Moderado de Walter Eiguren también quiere participar de la reforma: busca eliminar las primarias, restablecer el sistema de internas partidarias y la incorporación del cupo para personas con discapacidad en las listas de candidatos a cargos electivos.
Gremios y entidades privadas
Más de 20 gremios u organizaciones sindicales se sumaron a la reforma. En general, son modificaciones o agregados que apuntan a intereses sectoriales. Por ejemplo Amsafé, además de propuestas vinculadas al capítulo educativo, impulsó declarar intransferible la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Lo mismo el Sindicato de Luz y Fuerza, que busca consagrar a la energía como “bien social y estratégico estatal” dentro de la Constitución.
También el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que se opone a la idea de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) salgan de la órbita del Poder Judicial. Organizaciones como ATE, Siprus, Festram, Sadop, Catiltar, entre otras, también hicieron sus aportes.
Con los colegios de profesionales pasa algo similar. Quizás las propuestas de mayor peso sean las presentadas por Ivan Kvasina, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, con una serie de postulados referidos al nombramiento de funcionarios y la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia. También el Colegio de Arquitectos de Santa Fe promueve un ordenamiento territorial de la provincia.
En tanto, entre los centros de estudio e investigación aparecen principalmente propuestas de distintas facultades o cátedras de diversas universidades, tanto públicas como privadas. La mayoría tiene un enfoque relacionado con el cuidado del ambiente y la ampliación de derechos. También las dependencias locales del Conicet buscan incorporar una cláusula que garantice el desarrollo, la promoción y el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en Santa Fe.
Entre las asociaciones y cámaras empresariales, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) busca “fomentar la industria y limitar el impacto de tasas y fueros”, además de un desarrollo equilibrado en todas las regiones; mientras que las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe pretenden “limitar el poder fiscal municipal y fomentar la inversión”. Desde Apyme quieren consagrar como “actor económico prioritario” a las pymes santafesinas.
Estado y cultos
Dentro de los proyectos presentados por órganos o entidades del Estado se destacan el de Roberto Falistocco, presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, que abarca el capítulo judicial. También las iniciativas de la defensora provincial, Estrella Jorgelina Moreno Robinson, y la Fiscal General, Cecilia Vranicich, que buscan el reconocimiento del MPA y el SPDP como órganos autónomos, autárquicos e independientes.
En tanto, las propuestas categorizadas como “cultos” apuntan principalmente al artículo 3, que refiere al vínculo entre Estado y religión. La ley de necesidad de reforma busca reconocer la “colaboración entre ambos órdenes con todos los cultos”. Pero algunas iniciativas van más allá, como la del Instituto de Derecho Eclesiástico, que propone establecer un vínculo en materia educativa; o la Comisión Pastoral Arquidiocesana de la Vida, que busca incluir el reconocimiento de la vida desde la concepción y la objeción de conciencia. Este último proyecto fue presentado por la diputada provincial Natalia Armas Belavi.
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