Riesgo kuko: la gobernabilidad del ajuste

Si se comparan los primeros nueve meses de 2023 con los de 2026, Santa Fe perdió 775 mil millones de pesos de coparticipación a valores constantes. Este recorte del 13% que calculó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) es mayor al que sufrió cualquier otra jurisdicción provincial. Se suma a la casi eliminación de transferencias no automáticas, el default de obras y servicios públicos en el territorio y al impago de la deuda por la cobertura del déficit previsional.

Los efectos de la política nacional sobre la economía provincial sobrepasan las cuentas fiscales. El principal aglomerado santafesino encabezó la tabla del desempleo a junio de 2026, con un 11,5%. Y va camino al 13% para el tercer trimestre. Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) mostraron que, en un contexto de 14 meses consecutivos de caída en todo el país, el empleo privado registrado santafesino se retrajo en 8.500 puestos en el último año y 21.700 en los últimos tres. El cierre de más de 3.100 empresas contribuyó en buena medida a esta debacle.

Según el último reporte de EcoGo y la Universidad Austral, la mora por monto de crédito en Santa Fe llegó al 15,2% en agosto. Al cierre de 2023 era del 3,8%. La actividad económica provincial cayó 4,6% interanual en julio y acumula una baja de 0,5% en siete meses. La recaudación propia, según otro estudio del Iaraf, bajó 3,3% con relación a tres años atrás.

La oferta de perjuicios que la economía de Milei descarga sobre la tierra del Brigadier no se agota. El proyecto de presupuesto 2027, que se discute en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, prácticamente asigna cero peso a la inversión en infraestructura en la región.

La lucha contra el Kuko

Pese a esto, el oficialismo provincial se mantiene, más allá de críticas puntuales, como parte del dispositivo político de sostén a su homólogo nacional. Una vez más, legisladores del riñón del gobernador jugaron un papel decisivo para salvar al gobierno de Javier Milei de una encerrona legislativa.

Entre la táctica electoral y el síndrome de Estocolmo, contribuyeron a blindar el DNU 70, casi una reforma constitucional por decreto que modificó o eliminó 60 leyes. Entre otras cosas, desreguló las tasas de interés que asfixian a seis millones de personas en mora, y las cuotas de la medicina prepaga. También derogó las leyes de alquileres, abastecimiento y de góndolas. 

En la batalla quedaron atrapados en el lado farsesco de la historia, al avalar la extraña salida que eligieron los libertarios para corregir el fuego amigo que disparó la Corte Suprema en el caso de la ley de tierras. Esto es, dictaminar a favor de reponer los topes a la extranjerización que estableció la norma original. Aquella que fue sancionada por impulso del kirchnerismo, el cuco con el que no dejan de asustar.

Los límites que muestra este modelo para su propia reproducción pondrán todavía más a prueba estas lealtades. Los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, de la Fundación Mediterránea, destacaron en un reciente trabajo que, pese al leve rebote de la recaudación nacional en septiembre, la caída acumulada en 2026 sigue en el orden de 3% interanual. Esta contracción augura nuevos ajustes del gasto, con un “margen cada vez más estrecho”. Es que el gasto no automático ya se recortó un 37% en 2024, un 12% en 2025 y se proyecta otro  6% en 2026.

“En este escenario, alcanzar la meta de superávit primario del 1,3% del PIB exigirá una nueva reducción de las erogaciones no automáticas de 6% real interanual entre septiembre y diciembre”, señalaron.

Las dificultades para cumplir con las metas de superávit fueron abordadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en Bangkok. Es un síntoma que el gobierno que centra su política en el recorte fiscal tramite un segundo perdón del organismo por incumplir sus promesas en esa materia. También lo es la ansiedad que rodea al pedido de un desembolso menor a mil millones de dólares.

Si bien Georgieva volvió a elogiar el plan económico, reclamó más “disciplina fiscal”, más reformas y “eficiencia tributaria”. Esta orden, en una economía que frenó su velocidad de crecimiento del 3,5% al 1,4%, según el propio FMI, tiene un sesgo procíclico.

Pescar en la pecera

De hecho, la comisión directiva de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) denunció el recrudecimiento de la ola de embargos a empresas en todo el país. En lo que va del año, apuntaron, crecieron 52% respecto del año anterior. Pasaron de poco más de 1.000 medidas en enero a casi 30.000 en un solo mes. “Más del 80% de estas ejecuciones cayeron directamente sobre microempresas”, alertaron. 

El impacto de este ensañamiento es devastador. “La inmovilización intempestiva de los fondos impide el pago de salarios, cargas sociales, proveedores e impuestos corrientes, paralizando la cadena de pagos e imponiendo un certificado de defunción a firmas que ya luchan por sobrevivir ante la caída de las ventas, el aumento desmedido de costos y la competencia extranjera habilitada por las desregulaciones a la importación”, subrayó la entidad, antes de anunciar que iniciará “un plan de acción en todo el territorio nacional”.  

Apyme contrastó la ferocidad de esta persecución con los “escandalosos blanqueos y beneficios” que se otorgan a “grandes capitales y compañías en rubros extractivos”.

En el paraíso cordillerano se afinca la esperanza económica del gobierno y el conglomerado corporativo que lo sostiene. A fin de mes, los beneficiarios del proyecto Rigi se reunirán en Rosario con empresarios de la región. Días después, el 5 de noviembre se realizará el foro anual de la consultora Abeceb, que fundó el ex secretario de Industria Dante Sica, para analizar los cambios en la economía global y la inserción argentina. “Del ruido a la señal” es la consigna del encuentro, que con un sesgo pan-oficialista, sigue la línea de otras cumbres del círculo rojo: concentrarse en los beneficios que promete en el largo plazo un programa económico para aguantar el presente de penurias.

Al presentar el foro, Sica y Mariana Camino, presidenta de la consultora, subrayaron que el “boom exportador” que tiene como socios emergentes a los hidrocarburos y la minería es la garantía de que “el cambio estructural” que experimenta la economía argentina desde 2023 es “difícilmente reversible”. De hecho, ese centro de estudios elabora un índice que releva cambios institucionales y humor social, entre otras cosas, para medir esa resistencia al “péndulo político”. Por ahora, ese termómetro les dice que, más allá del resultado electoral de 2027, el modelo seguirá.

“Las exportaciones argentinas de energía alcanzarán los 30 mil millones de dólares en 2031, la matriz argentina cambiará”, aseguró Horacio Marín, presidente de YPF, durante la charla abierta que brindó el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, ante un público nutrido y variopinto. Como en una gira de campaña, el CEO de la compañía presentó el desarrollo de Vaca Muerta casi como si fuera su creador, y aseguró que la petrolera nacionalizada en 2012 “rompió la grieta” y es el símbolo de “la argentinidad al palo”. Se enojó con las dudas sobre el impacto en el empleo y los encadenamientos productivos que tiene el actual esquema de explotación de recursos naturales.

Arena movediza

Para el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), sin embargo, “la esperanza de una reactivación generalizada impulsada por los sectores primarios se evapora”.

Por un lado, porque la explotación de recursos naturales, particularmente la minería y los hidrocarburos, se caracteriza por “su facilidad para convertirse en economías de enclave”. Por otra, porque la salida de capitales observada durante 2024 y 2025 “es particularmente llamativa, sobre todo en los sectores de extracción de gas y petróleo”. Entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4.832 millones de dólares.

“Lejos de atraer capitales, el modelo liberal permite que se vayan”, dice el centro de estudios en su último informe de coyuntura, que apunta las tensiones que comienzan a observarse en el sector externo: “Las reservas cayeron 4.697 millones de dólaers en septiembre y el excedente comercial de agosto, de 2.464 millones, tuvo que cubrir, en una economía estancada, una salida de intereses y dividendos de 1.651 millones, mientras la compra de dólares para atesoramiento se mantuvo firme en 2.677 millones”, enumeró.

El relato de la economía de dos velocidades dispara distintos debates. El menos difundido es el que pone en revisión el origen del boom que hoy pone a Vaca Muerta en la agenda pública. Más allá de la propaganda, la historia objetiva de su crecimiento es la de la intervención e inversión del Estado bajo administraciones políticas de las que el círculo rojo abjura. La otra, en cambio, suena cada vez con más fuerza: ¿Por qué en medio de este viento de cola la economía marcha hacia la recesión?.

Tomás Amerio, economista de la ultraliberal Fundación Libertad y Progreso realizó una lectura interesante del último dato de utilización de capacidad instalada, que bajó al 58,5% en agosto, con casos escalofriantes como el de la metalmecánica, que funcionó al 35%, empujado por la crisis de la maquinaria agropecuaria y los  aparatos de uso doméstico.

“Entre enero y agosto la utilización promedió 57,8%, exactamente lo mismo que en 2025, aunque la producción manufacturera acumula una caída de 2,7%”, señaló el especialista. “Que el uso no empeore con menos producción sugiere que la capacidad instalada también se está achicando, por cierres de líneas o de plantas, y que el ajuste se hace por el lado de la oferta”, completó.

En marcha

La crisis se expande y el crecimiento sin prisa pero sin pausa de la protesta callejera presiona sobre las opciones políticas que militan la gobernabilidad del ajuste. Así como el programa que el propio presidente timbea todos los días atrajo la concurrencia de una variopinta casta interpartidaria, la marcha universitaria del jueves fue un colectivo al que se subieron todos los reclamos que se multiplican. Educación, salud, salario, empleo, soberanía, inclusión. Los frentes abiertos por la crueldad oficial se convirtieron en afluentes de la multitudinaria movilización.

La participación de columnas de organizaciones sindicales y sociales contribuyeron en buena medida a extender las decenas de cuadras que en Rosario se desplazaron desde la plaza San Martín al Monumento a la Bandera. En la previa, abundaron los encuentros entre sindicatos y representantes de la gremial estudiantil. Hubo reuniones en La Toma, la Facultad de Ciencia Política y un pronunciamiento de la CGT.

Con todos sus problemas, y fuera de la mirada de buena parte de la política, la acción sindical está en la conversación de muchos de los espacios de conflicto que se abren en esta etapa. Son los trabajadores nucleados en ATE los que vienen denunciando y enfrentando el desmantelamiento del Pami y los que pusieron en la calle la protesta por la crisis de  la obra social de las fuerzas federales de seguridad. Es la militancia gremial la que da la pelea por la defensa del sistema científico. El industricidio no despeina a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) pero fue el eje de una de las más recientes movilizaciones organizadas por la CGT. 

La construcción de un paro regional antes de fin de año, que exponga el drama que significa ser la capital nacional de la desocupación, es una de las apuestas más audaces de un conjunto de gremios que atraviesa distintas centrales. Contra la romantización del precariato y los pronósticos sobre su final, el viejo movimiento obrero todavía sube la guardia para pelear otro round.