Dentro de la ley y al mismo tiempo fuera de la ley. Las investigaciones alrededor de las amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro avanzaron esta semana con una comprobación inesperada, aunque poco sorprendente: la actuación de policías de Rosario al servicio de bandas narcocriminales. Estos policías no solo “hicieron incurrir en error a los funcionarios judiciales actuantes”, como dijo el fiscal Franco Carbone, sino que contribuyeron a la conmoción pública y desviaron la atención de los responsables de los hechos.
La intervención de los policías del Comando Radioeléctrico que el 31 de enero detuvieron a Alexis Chávez Mansilla, allegado al clan Tripi, presenta un compendio de prácticas ilegales muy conocidas: plantar armas, “engarronar” a inocentes y fraguar un acta de procedimiento forman parte de un know how. Según la acusación del fiscal Carbone, los policías Damián Ruiz y Lisandro Vera del Comando Radioeléctrico, y otro destinado en el Centro de Justicia Penal, Marcos Martín Molina, actuaron a las órdenes de Mauricio Ayala, un joven de 28 años con ambiciones de controlar el narcomenudeo en la zona oeste de la ciudad.
Carbone destaca al mismo tiempo que la Dirección de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales “fueron fundamentales para nuestras investigaciones” y “estamos trabajando en forma coordinada con la policía”. Los problemas y las soluciones atraviesan a la fuerza como vientos de direcciones contrarias.
El caso se complica además porque expone un espíritu de cuerpo corrupto. Otros dos policías del Comando avalaron con sus firmas el acta trucha en el que constaba el secuestro de tres armas habilitadas por izquierda. Y hubo filtraciones a diestra y siniestra que pusieron en alerta a los policías investigados sobre los pasos del fiscal Carbone. Semejante cuadro no demuestra precisamente la teoría de las manzanas podridas, según la cual la corrupción policial es una defección acotada a ciertas personas y no un problema estructural asentado en rutinas y prácticas históricamente toleradas.
“Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales trabajan intensamente para detectar el origen de las filtraciones —dice Carbone—. Un personaje importante en esta trama es Damián Ruiz, quien puso las armas en poder de Chávez Mansilla y el sábado pasado se presentó en Asuntos Internos diciendo que sabía que esa noche le íbamos a sacar el celular y los íbamos a allanar a todos. Estamos investigando datos alrededor de las filtraciones”.
La actuación de los policías Vera, Ruiz y Molina —éste detenido en Villa Yacanto, donde pasaba vacaciones después de pedir licencia médica— sirvió para direccionar las investigaciones contra el clan Tripi, un competidor al que Ayala quería desbancar. En otra causa también activada esta semana en relación a las amenazas contra Pullaro, el oficial Gabriel Flores de la Policía de Investigaciones fue detenido y es investigado por presuntos servicios a Riquelme y el clan Funes: anticipo de procedimientos e información sobre estado de causas, según la denuncia en su contra.
El cuadro incluye además el asesinato de Leonel Tripi, perpetrado el martes: el rival al que Ayala quería sacar de escena con ayuda de la policía.
El buzón de las amenazas
Las armas que los policías Vera y Ruiz le plantaron a Alexis Chávez Mansilla fueron utilizadas entre el 12 de diciembre y el 20 de enero en cinco balaceras donde se dejaron mensajes escritos y en el atentado contra un búnker. Entre los ataques se contó el registrado contra la sede de la Tropa de Operaciones Especiales de Rouillón al 1900, firmado por Los Tripi. Las armas en danza —una pistola calibre 9 milímetros, una calibre .40 y otra calibre .380— no constaban en registros policiales y habrían sido recibidas de manos de Molina, asignado al Centro de Justicia Penal.
Como hizo Esteban Alvarado con sus enemigos en el mercado de las drogas, los mensajes apuntaron a poner al clan Tripi en la mira de los fiscales que investigan las amenazas contra Pullaro. Que se difundiera o no se difundiera el contenido de esas notas, cuestión que se planteó en el periodismo, resultó secundario para los fines de la banda narcopolicial: lo decisivo consistió en que la pista falsa fue dada por buena.
Chávez Mansilla fue entonces imputado el 7 de febrero como coautor de tres balaceras, exhibido por la policía esposado e identificado como parte de un grupo narco. Los “narcos de uniforme azul”, como los llamó el fiscal Carbone, cuidaron los detalles: fraguaron la detención cerca de la sede de la TOE, para aproximar al sospechoso al escenario de una balacera; ostentaron el parentesco de Alexis con el condenado Claudio “Morocho” Mansilla para activar prejuicios y verosimilizar sospechas; adornaron el procedimiento con un cartel con amenazas dirigida a Pullaro y difundieron una fotografía de las armas plantadas con el distintivo del tercio Bravo del Comando Radioeléctrico que ostenta una solemne cita de Cicerón: Sallus populus, suprema lex, la salud del pueblo es la ley suprema.
El bordado era tan prolijo que empezaron a notarse las costuras. La denuncia de que las armas habían sido plantadas, apoyada con testimonios, empezó a revertir la historia sumada a registros de cámaras y GPS de los vehículos policiales “y empezamos a ver fisuras en los relatos de los policías que con el descargo de la víctima en la audiencia nos convencieron de que el procedimiento era trucho”, agrega Carbone. Por detrás del engaño y de una maniobra que tuvo en zozobra a la ciudad no aparece sin embargo una organización compleja sino un grupo de policías que carancheaban en el narcomenudeo y un joven que disputa ese mercado en la zona del complejo Fonavi de Parque Oeste.
Mauricio Ayala demostró contar con información de primera mano como para desaparecer de los lugares que frecuenta antes que llegara la policía con una orden de detención en su contra. Entre los casos que ahora se le atribuyen se cuenta la balacera contra la comisaría 19, de Seguí al 5300, por la que Francisco Riquelme, actualmente en régimen de aislamiento en la cárcel federal de Marcos Paz, fue imputado como instigador.
“El vínculo entre ambos se evidencia además en la balacera a la TOE, por la que el fiscal Pablo Socca imputó a Víctor Almaraz, hermano de Franco Milanesa Almaraz, históricamente vinculado a Riquelme, de haber proveído la Suran utilizada en el hecho; sobrevuela una vez más la presencia de Riquelme por encima de la estructura o en relación con estos hechos”, dice el fiscal Carbone.
El oficial Gabriel Flores fue desafectado hace cuatro años de la TOE, pero conservaba ropa y sellos de esa fuerza por razones ignoradas. No son las únicas explicaciones que se le piden: el fiscal Socca lo imputará en principio por la tenencia de un arma con la numeración limada. El hallazgo de veinte celulares en la casa del policía agrega otro tema para la investigación.
La balacera contra la sede de Rouillon al 1900 sería el punto que conecta a los cuatro policías: los tres primeros por la posesión de las armas utilizadas en el atentado y el cuarto como probable destinatario de un escrache para hacerlo visible en conexión con narcos.
La ley del diego
Las detenciones de los cuatro policías se suman al desplazamiento del comisario Juan Rodrigo Ochoa de la jefatura de la brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones el 25 de enero. La fiscal Karina Bartocci lo acusó por el hurto de 26 billetes de 100 dólares —increíblemente reemplazados con billetes truchos— en medio de un procedimiento por violencia de género. El monto equivalía al diez por ciento del dinero secuestrado en el lugar, una casa de Castagnino al 1100.
Cuando se cumplen diez años de la primera llegada de fuerzas federales a la provincia, saboteada por una filtración de la policía de Rosario a narcos que dejó entonces pagando a Sergio Berni frente al despliegue de los medios de comunicación, los casos problematizan la decisión del gobierno provincial de retirar el personal asignado a fiscales del Ministerio Público de la Acusación para centralizar las acciones en la Policía de Investigaciones.
“La PDI no trabaja por su cuenta —aclaran en el Ministerio de Justicia y Seguridad—. Lo que cambió es que las órdenes van desde el fiscal regional el jefe de zona de PDI que implementa las acciones para dar respuestas a los requerimientos de la fiscalía. El sistema se aplica de manera gradual y está en proceso”.
Las estadísticas sobre homicidios dolosos que la ministra Patricia Bullrich salió velozmente a reivindicar como éxito de su gestión muestran otra cara de la situación. Hasta el 29 de febrero se registraron 43 homicidios dolosos en la provincia, el registro más bajo en el período durante la última década. El contraste es pronunciado con las cifras del año pasado: 23 casos en 2024 contra 61 en 2023.
Con menos difusión en los medios, el programa de Intervención Barrial Focalizada que combina medidas de seguridad, sociales y urbanísticas para reducir la violencia en barrios conflictivos comenzó a desplegarse en zona de José Ingenieros al 8500. Parte del personal de la Unidad Regional II destinado al operativo provino de la Dirección de Asuntos Internos, una agencia cargada de tareas más allá de su misión específica. El problema y la solución no parecen mundos separados en la policía de Rosario.
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