En la disputa eterna por el sentido de los hechos, al cabo el corazón de la disputa política en todo tiempo y lugar, estas vacaciones de invierno fueron un alivio transitorio para el conglomerado político que promueve el ajuste permanente de recursos y derechos hacia la base de la pirámide social. La Libertad Avanza (LLA) y la gama de fracciones del poder real (partidos y gobernadores) que acompañan a la Casa Rosada consiguieron desacelerar los efectos del golpe de las oposiciones en el Senado, el pasado 10 de julio.
La sesión que Unión por la Patria y la izquierda trotskista querían sacar adelante en Diputados este 30 de julio pasado se desinfló por falta de voluntades. La cúpula opositora prefirió dejar pasar la fecha antes que introducir un pedido de sesión y terminar en un desgastante debate en minoría, sin quorum, y exponiendo aún más que entre el 10 de julio y la última semana de este mismo mes pasaron cosas: los reacomodamientos de la alianza entre la Casa Rosada y gobernadores no peronistas con vistas a la decisiva elección del próximo 26 de octubre quitaron “piernas” y decisión dentro de los bloques semi oficialistas, o semi opositores, según los momentos. Fundamentalmente en dos, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que con su treintena de integrantes resultan clave para el armado del quorum en Diputados, en uno u otro sentido.
La búsqueda obsesiva del partido del ajuste permanente hacia la clase media, baja y vulnerables —aunque no para la cúspide de la pirámide social— de postergar todo en el Congreso hasta el límite de lo legal (y de lo ilegal también) acabó celebrando. Ese partido del ajuste (LLA y aliados, y gobernadores) celebró que finalmente se impusiera la narrativa mediática —desde ya inducida y no espontánea— del “receso invernal” en el Congreso, cuando no existe receso invernal para diputados y senadores. La sesión que la oposición craneó para el 30 de julio, que ahora asoma para el miércoles 6 de agosto, se murió antes de nacer, por falta de voluntades y no por un presunto receso. El efecto golpe en la mandíbula al Gobierno, el pasado 10 de julio, se desdibujó.
Entre tanto, se van definiendo las posiciones políticas hacia adelante de los aliados con que la Casa Rosada gobernó hasta acá, e intentó y consiguió parcialmente, naturalizar una sucesión de ilegalidades jurídicas, parlamentarias y de gestión del Ejecutivo como no sucedían en la Argentina desde hace al menos 41 años, con la recuperación de la democracia: leyes como la Ley Bases (reforma constitucional encubierta), sucesión de los DNU (como el 70/23) que modificaron las relaciones jurídicas de millones de argentinos, la condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia a la principal dirigente opositora (Cristina Fernández de Kirchner), su proscripción política impidiendo se presente como candidata a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y su ilegal encarcelamiento por una causa inventada por jueces que probadamente la adversan políticamente.
La democracia argentina jaqueada transita el tiempo conservador libertario con alteraciones, violencia policial, aunque la devaluación de la moneda bajó de velocidad o se aplanó respecto del inicio del gobierno de Javier Milei, pero como tantas otras veces en el último siglo, un amplio espectro político y de opinión pública —por lo general, en universo no peronista—, silencia, duda, celebra o finge demencia.
Lamelas gate
Peter Lamelas, inminente embajador de Estados Unidos en la Argentina —como en aquellos tiempos en que la intervención directa de los marines norteamericanos se hacía efectiva cuando un gobierno latinoamericano no le caía en agrado al país del norte— se despachó hace pocos días en el Senado de EEUU hablando de la Argentina: viene a garantizar el triunfo y la permanencia de Milei en el gobierno, a indicarle a los gobernadores con quién deben hacer negocios de comercio exterior y con quiénes no y, entre otras misiones más, a que Cristina Kirchner continúe presa, en lo posible que pierda la detención domiciliaria.
Esas definiciones de un representante extranjero, salvo en el Partido Justicialista, y gobernadores de ese signo, la izquierda y alguna excepción destacable como el caso de los diputados nacionales socialistas por Santa Fe, Mónica Fein y Esteban Paulón, no fueron rechazadas: silencio total de gobernadores filo oficialistas, por caso el quinteto de integrado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), que se juntaron en las últimas horas para expresar, en la voz del mandatario santafesino, “un grito federal con voces en el Congreso para defender los intereses de nuestras provincias y al mismo tiempo contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”. Algo que puede leerse como garantizar la continuidad del ajuste a la vez que evitar el regreso del peronismo kirchnerista al poder.
Grito federal
Los gobernadores que prometen el “grito” en el Congreso sostienen la pretensión de recaudarse de manera directa el impuesto a los combustibles, los Aportes del Tesoro nacional (ATN) (como aprobó el Senado) y autogestionarse, por caso, el mantenimiento de rutas nacionales, algo muy complejo con pocas chances de suceder. A la vez, celebran la baja de retenciones agropecuarias que anunció Milei en la Sociedad Rural el último sábado, y que beneficia al 3% de los argentinos, profundizando el rasgo fundamental de la etapa: la desigualdad social y económica.
Esos movimientos pre electorales de estos cinco gobernadores —que representan un 18 por ciento del padrón nacional de argentinos habilitados a votar el próximo 26 de octubre—, esa toma de distancia respecto del oficialismo libertario (que se verá en las próximas semanas si se trata de una conducta definitiva o un apriete temporario para mejorar la posición de representantes propios en las listas en alianza con la Casa Rosada), es parte de la explicación sobre por qué se cayó la sesión en Diputados del 30 de julio y que esté en duda una posible el próximo 6 de agosto.
Paralelamente, en estas horas, otros gobernadores ex Juntos por el Cambio, “provincialistas”, radicales “con peluca”, toman partido directamente con LLA, como los casos de Entre Ríos, Mendoza y Chaco, entre otros, ya que advierten del peligro de jugar en sus provincias con candidatos en listas propias y quedar aplastados por la polarización entre LLA y el peronismo.
Mientras tanto, corren los plazos de los vetos presidenciales ya anunciados, y que a partir del próximo 4 de agosto deberían quedar firmes: especialmente por el tema aumento a jubilaciones, bono de la mínima, moratoria. En ese punto, a esta hora, y a pesar de muchas especulaciones, nadie tiene certeza respecto de si el gobierno (otra vez) conseguirá la proeza de plantar el tercio de “héroes” que sostengan el ajuste presidencial, y mantener los ingresos de los jubilados en niveles más bajos desde la crisis de 2001.
Respecto de los aumentos de presupuestos para el Garrahan y Universidades, las posibilidades del gobierno de mantener los vetos son bajas; con todo, promete dar la pelea.
La sucesión de fechas será implacable en las próximas semanas: 7 de agosto se cierran los frentes electorales para octubre; el 17, las candidaturas; el 7 de septiembre la elección local de la provincia de Buenos Aires (previamente en Corrientes, el último día de agosto) y todos mirando cómo acomodar el cuerpo y el discurso en ese devenir inquietante que nadie sabe exactamente hacia dónde llevará a la Argentina, aunque muchos lo intuyan. Si habrá lugar o no para que en medio de esa carrera de postas los bloques oscilantes e intermedios de Diputados se pronuncien de un modo taxativo, es la pregunta. Para los que “orejean” la política, siempre es mejor acomodarse con la corriente mayoritaria. Y eso está por verse.
Una reconocida encuestadora, Shila Vilker, explicaba con detalles un trabajo de campo en la provincia de Buenos Aires respecto de la elección del próximo 7 de septiembre: “alta paridad, polarización arriba del 80%, y continúa el rechazo y ausentismo como ya se expresó en otras elecciones provinciales”. Entre otras razones, es por esto que a Diputados le faltó nafta para arrancar en julio.
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