La relación entre la Nación y las provincias subyace a la dinámica política. Muchas veces copia el mapa electoral pero otras ordena la disputa en torno a tensiones estructurales, como es el reparto de los recursos fiscales. Esos vaivenes siguen los mandatarios provinciales a la hora de definir alianzas entre sí y con el Estado central. Tras un año largo de posicionamientos regionales o individuales, los desafíos que les plantea Javier Milei en el 2025 parece empujarlos al multilateralismo. Al menos, eso es lo que asomó en la cumbre realizada el martes pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). ¿Renace la liga de gobernadores?
“La idea central es la necesidad de discutir una nueva relación fiscal con la sociedad y con el Estado nacional, en la cual todos los gobernadores participen en pie de igualdad y sean tratados en su condición de tales”, describió el ministro de Economía, Pablo Olivares, el planteo general de la reunión. Y enfatizó: “Se busca que la conversación sea entre las 24 jurisdicciones junto al gobierno central, evitando la vinculación individual, provincia por provincia”.
Minutos después de participar de la inauguración del stand santafesino en Agroactiva, la muestra agropecuaria desde la que el gobernador Maximiliano Pullaro lanzó dardos a la administración nacional por las importaciones, las retenciones y la obra pública, el ministro describió la reunión del CFI en dos dimensiones: una general, destinada a construir una dinámica continua de trabajo común, y una coyuntural, orientada a enfrentar las decisiones federales que afectan los recursos de las provincias.
Con relación a la primera de las dimensiones, enfatizó que no se trató de un encuentro “episódico” sino que “se estableció una agenda de temas y reuniones, enfocándose en cuestiones de fondo”.
La escalada
Desde que el presidente Javier Milei aseguró en el discurso de presentación del fallido presupuesto 2025 que iría por una reforma tributaria para “devolverle autonomía a las provincias” y a la vez exigirles un multimillonario ajuste, la relación entre los dos niveles de gobierno entró en un terreno de desconfianza.
El verano pasado, mientras los gobernadores de la Región Centro toreaban a Milei con la baja de retenciones, el ministro Luis Caputo respondía con una cruzada contra el impuesto provincial a los ingresos brutos. Desde marzo, dio un paso más allá y agitó la propuesta de un IVA mochila que, compartido en partes inciertas entre ambas jurisdicciones, reemplazaría a los tributos locales. Y más recientemente, urgido por la necesidad de dólares, anunció un paquete de medidas de relajamiento de controles tributarios y lanzó una ronda de adhesión con distintos mandatarios, en base a criterios de selección por las afinidades del momento.
En el Ministerio de Economía santafesino ya habían advertido que, enancado en la victoria electoral en las legislativas porteñas, la administración Milei buscaría “cercar” a las provincias, sobre todo las que tienen más espalda para oponerle resistencia, con distintas estrategias para ir mochándoles los recursos. Y estimaban que el método de disputa era llevar a los gobernadores a la negociación uno por uno. Este fue, en realidad, el esquema que todos aceptaron desde el inicio de esta gestión. La mayoría, Pullaro incluido, señalaron a la provincia de Buenos Aires como ofrenda expiatoria del ajuste y profundizaron el regionalismo para encarar negociaciones parceladas con el poder central.
No resultó. Roma no pagó bien a los gobernadores amigables y así llegaron todos a la reunión de mayo en Paraná, donde radicales, macristas y peronistas provinciales se abrieron a compartir cumbre con las “manchas venenosas” como el bonaerense Axel Kicillof. La reunión del martes pasado fue una versión potenciada de aquel encuentro. Tuvo al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, del PRO, como vocero, y se convirtió en un test de unidad para establecer un diálogo conjunto con la Nación. De hecho, de allí partió el pedido de reunión que se realizará a principios de esta semana.
Los temas urgentes
Es probable que en el encuentro estén presentes los temas más urgentes que se trataron en la sede del CFI. Olivares reseñó que se abordó, por ejemplo, la situación del impuesto al combustible. “Casi un 35 por ciento de la recaudación de este impuesto tiene destinos específicos a los que hoy no se están aplicando, como el subsidio al transporte”, señaló. Y agregó que se planteó “modificar esto para que la recaudación vaya a los destinos que corresponden, repartidos entre la Nación y las provincias”.
También se discutió sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo de acumulación de recursos por parte del Estado nacional, cuya distribución es motivo de frecuentes quejas por su arbitrariedad. “Si bien Santa Fe recibió aportes en algunas situaciones específicas como eventos climáticos, hay una enorme disparidad entre los montos que la Nación acumula y lo que se asigna a las provincias”, explicó el ministro.
Pero uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el que involucra a las decisiones de administración tributaria que viene tomando el gobierno nacional y que afectan la recaudación federal. Resoluciones de la agencia recaudatoria afectaron los ingresos por IVA en abril y los de Ganancias en mayo. El fatídico fin de semana en que los fiscos provinciales se encontraron con un tercio de los ingresos por anticipos de este último impuesto colmó el vaso. De hecho, el mes pasado, la coparticipación bajó más del 23 % interanual.
Durante la reunión del martes, explicó Olivares, se analizó “la problemática de impuestos que las provincias han cedido a la Nación y que por las decisiones de administración tributaria del gobierno nacional pueden provocar que la recaudación caiga de un mes para otro”.
El multilateralismo
Entre estas urgencias y aquellas amenazas a futuro, los gobiernos provinciales dan los primeros pasos para superar los alineamientos ideológicos, la regionalización y los agrupamientos por latigazos del Estado central. La liga de gobernadores fue protagónica en los 90, cuando la administración de Carlos Menem avanzó con reformas federales y fiscales, pero lo fue más aún antes, durante y después de la crisis de 2001. Esta nueva aproximación parece a priori un poco más liviana pero su derrotero dependerá del que tome la economía y la política en los próximos meses.
Por lo pronto, los equipos técnicos trabajan con una agenda común que tiene una suerte de “deadline”. En palabras del ministro de Economía santafesino, “es fundamental que las cuestiones de interés para las provincias estén debidamente procesadas y planteadas antes de que el gobierno nacional elabore el proyecto de presupuesto 2026”.
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